Las FARC fuerzan Uribe a negociar. Intercambio de prisioneros en el horizonte

El secretariado de las FARC-EP, indiferente al discurso arrogante y belicista de Uribe, insistió siempre en la necesidad de un intercambio humanitario de prisioneros.

A finales de septiembre, finalmente, el presidente de Colombia cambió de actitud y, dirigiéndose al país, declaró estar en disposición de desmilitarizar dos municipios a fin de crear una zona adecuada para negociar con las FARC las condiciones de intercambio humanitario, mediado por representantes de Francia, Suiza y España.

A propósito, el comunicado oficial fue redactado en un lenguaje ambiguo. Uribe no ignoraba que la iniciativa sería interpretada como reconocimiento del malogro su estrategia, basada en la búsqueda de la solución militar del conflicto.

Pero para el mundo, y especialmente para el pueblo colombiano, se hizo evidente que las FARC alcanzaron ya una victoria importante cualquiera que sea el desarrollo de la situación creada.

¿Por qué Uribe decidió negociar con la organización revolucionaria que él pretende destruir y que califica de «terrorista»?

En primer lugar, porque después de dos años de combates es imposible ocultar el fracaso del ambicioso Plan Patriot, la mega operación militar cuyo objetivo era el cerco y aniquilamiento de las FARC en los departamentos de Caquetá y de Meta. Sucesivas derrotas, y grandes pérdidas, provocaran tamaño malestar en el ejército que el comandante en jefe, el general Ospina, dimitió, acompañado de algunos otros generales.

También pesó la presión internacional. Los llamamientos a la negociación provenientes del exterior se multiplicaban. El gobierno de Uribe no podía ocultar su incapacidad para liberar a los 58 militares y políticos en poder de las FARC. Entre estos, además de los militares apresados, figuran gobernadores, parlamentarios, autarcas, y la ex-candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt (franco-colombiana).

La imagen de Uribe sufría un desgaste permanente a consecuencia de su rechazo a negociar con las FARC el intercambio de prisioneros. Las familias de estos, independientemente de su posición política, calificaban de deshumana la intransigencia del presidente. La apelación al diálogo con las FARC estaba asumiendo dimensión de clamor nacional.

La sinuosidad de la oratoria del presidente ilumina en estas semanas la dificultad que encuentra para controlar a los halcones del propio gobierno.

Durante años Uribe logró unir a su gente en torno de la «solución militar». Hoy choca con la oposición de gente que siempre le fue fiel. Ministros influyentes no aceptan el proceso de negociación y defienden la intensificación de la escalada militar.

El presidente ya informó que los municipios previstos para el «encuentro» sson los de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Para suavizar la capitulación afirmó que las FARC no podrían utilizar el área desmilitarizada como su territorio y proceder como en El Caguán durante el gobierno de Pastrana.

Pero esas habilidades del presidente no engañan a nadie. Las FARC ya han aclarado que serán ellas las que garantizarán la seguridad de sus negociadores caso que el proceso vaya adelante. Y exigen que todas las fuerzas militares o militarizadas sean retiradas de la zona de las conversaciones durante 45 días al mínimo.

La posición asumida por el secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, a través del comandante Raúl Reys, es muy clara.

Identifican el intercambio humanitario apenas como un paso en dirección de la paz, de la solución política del conflicto existente.

Proponen, concretamente, que el gobierno, luego del intercambio de prisioneros:

1. Desmilitarice los departamentos de Caquetá y de Putumayo a los efectos de las conversaciones de paz.
2. Suspenda las órdenes de captura que pesan sobre los miembros del Estado Mayor Central de las FARC.
3. Solicite a la comunidad internacional la anulación de la calificación de las FARC como organización terrorista.
4. Reconozca la existencia de un conflicto social armado.
5. Suspenda las operaciones militares a escala nacional.
6. Garantice la dislocación de los miembros del Estado Mayor Central.
7. Los encuentros gobierno-FARC serán de «cara al país», es decir, ampliamente divulgados por el sistema mediático.
8. Aceptadas estas condiciones, las FARC, de acuerdo con el gobierno, iniciarían el camino hacia un cese del fuego bilateral y hacia la solución política del conflicto social y armado.

En esas negociaciones los materiales a discutir serían:

a) La Agenda común de Caguán y la Plataforma para un gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.
b) El paramilitarismo de Estado.
c) La depuración de los elementos de las Fuerzas Armadas vinculadas al paramilitarismo.
d) La libertad de la población civil acusada de nexos con la guerrilla.
f) El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
g) La Reforma Agraria inmediata.
h) El regreso de los desplazados a sus áreas de residencia.
i) La Reforma Urbana inmediata.
j) Política de drogas.
k) Tratado de extradición.
l) Asamblea constituyente.
h) Política energética.

Obviamente, el memorando de las FARC, hecho público el 6.de octubre pp., coloca condiciones que Álvaro Uribe ya informó no esar en situación de aceptar.Las FARC exigen la liberación de los comandantes simón Trinidad y Sonia, pero ambos, extraditados ,se encuentran en presidiso estadounidenses.

La posición del presidente es, por ello, muy incómoda. Dar un portazo y cesar los contactos con las FARC después de haber propuesto la apertura de conversaciones haría al gobierno blanco de críticas devastadoras.

El pueblo colombiano exige el intercambio humanitario. Empero, independientemente de un acuerdo sobre el seguimiento del diálogo después del intercambio de prisioneros, no parece fácil un entendimiento sobre la liberación de dos apresados, que son miembros del secretariado del Estado Mayor: los comandantes Simón Trinidad y Rodrigo Granda, secuestrados en Quito y Caracas, con la ayuda de la CIA.

La complejidad de la situación es transparente y desaconseja previsiones sobre el desarrollo de las conversaciones previas, en curso.

Una certeza: la iniciativa está de parte de las FARC.

Washington acompaña con mucha aprensión los contactos establecidos. Al final, su mejor aliado en América Latina, Álvaro Uribe Vélez, figura con el número 82 en la lista de narcotraficantes del Departamento de Estado.

Hoy se exhibe como campeón latinoamericano en la lucha contra el terrorismo, pero en su país todos saben que fue él, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, quien fundó la cooperativa «Convivir», para legalizar a los paramilitares, brazo afirmado del terrorismo de Estado.

Creo que el actual presidente de Colombia, vocacionalmente fascista, hubiera inspirado a Shakespeare un personaje inolvidable.

Serpa, 17 de Octubre de 2006
Traducción de Marla Muñoz. El original portugués de este articulo se encuentra en www.odiario.info