Los trabajadores evitan la privatización de los muelles del gobierno de Costa Rica

Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que, desde hace 60 años, carece de Ejército, lo que le ha permitido invertir los costosos fondos militares en un sistema con educación, sanidad y garantías sociales públicas.

Pero estas conquistas sociales están en juego hoy. El primer Gobierno del actual presidente Óscar Arias impulsó las primeras reformas neoliberales en los ‘80 y a partir de ese momento se empezó a sentir la falta de inversión en las instituciones públicas.

Una de las entidades clave es la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el órgano que administra los puertos caribeños de Limón y Moín. “La influencia de Japdeva en nuestra provincia es muy fuerte. No sólo porque es el empleador más importante de Limón sino porque el modelo social obliga a la empresa a invertir gran parte de sus ganancias en escuelas, puentes, carreteras y centros de salud. Este modelo es único”, afirma el trabajador José Lobo.

Quien visita los puertos de Limón y Moín se da cuenta que los mejores tiempos ya pasaron. Falta inversión en maquinaria y las grúas están en reparación desde hace décadas. Para acabar con este abandono, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) presentó una propuesta de modernización al Gobierno de Arias, que la recibió con cierto interés. Pero tras su victoria electoral de 2006, Óscar Arias anunció sus planes de privatizar los muelles del país. Pronto lo logró con Puerto Caldera, en el Pacífico, pero en la otra vertiente se topó con un hueso duro.

Al principio los gobernantes no se preocuparon demasiado. Sintrajap, que aglutina a un 90% de los 1.500 empleados del puerto, vivía una crisis interna por casos de corrupción. Además, no tenía una tradición muy combativa. Creado hace 38 años y afiliado a la central sindical católica Rerum Novarum, siempre había destacado por su carácter gremialista. Pero en 2007, una nueva corriente, encabezada por el grupo de orientación socialista Luchemos!, ganó las elecciones sindicales, colocando en la cabeza a Ronaldo Blear.

Este cambio fue recibido por el Gobierno y sus aliados con una dura campaña contra la nueva dirección sindical, que destaca por su firmeza y honestidad. Pero todos los intentos de desacreditar y aplacar a estos sindicalistas, para lo que el Gobierno ha usado desde el soborno hasta la promoción de una junta paralela, no sólo han sido en vano sino que han alentado la resistencia.

Hasta el momento, Sintrajap no sólo ha logrado detener la venta de los muelles caribeños sino que ha conseguido la unión, en un movimiento en defensa de los puertos del país, de todos los sindicatos y de gran parte de la izquierda social y política. En 2009 la lucha en Japdeva fue uno de los temas centrales del I Foro Social en Puerto Limón y Gerardo Vargas, ex-sacerdote rebelde y candidato del Frente Amplio en la provincia es uno de sus firmes aliados. También tiene el apoyo de los grupos ecologistas.

“Japdeva administra áreas importantes de bosque tropical y humedales. También quieren privatizar esta tierra protegida porque es una zona rica en madera”, indica Javier Baltodano, de Amigos de la Tierra. Los ecologistas defienden la propiedad pública de los puertos pero rechazan su crecimiento excesivo. “Tenemos que focalizarnos más en el mercado interno y en la soberanía alimentaria”, resume Javier Baltonado. Golpe de estado en el sindicato

Tras varios intentos fallidos de sobornar a los trabajadores, el Gobierno y Japdeva basan hoy su estrategia en apoyar a un grupo que, usando artimañas que atentan contra la libertad sindical, se ha autoproclamado “nueva junta directiva” del sindicato. Para exigir una reunión con el ministro de Trabajo, la dirección legítima de Sintrajap, acompañada por dirigentes de otros sindicatos, ocupó durante seis días de enero el despacho ministerial.

El Gobierno rechazó todo tipo de diálogo. En los últimos días, la junta directiva golpista ha intentado tomar las oficinas de Sintrajap, pero ni la fuerza policial ha logrado desalojar a los dirigentes legítimos, que tienen el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores.