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05/05/2018 :: Venezuela, Brasil, Mundo

Lucha contra la corrupción, guerra contra la democracia

x Reinaldo Iturriza
“¿Cómo la oligarquía, la venal y corrupta oligarquía, se erige en custodio de la austeridad republicana y en censora atrabiliaria de sus enemigos, los gobiernos populares?"

En la foto, el corrupto juez brasileño Sergio Moro.

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Para hacerse una idea más clara de la magnitud de la tragedia venezolana, puede ser útil comenzar por recordar lo que Jorge Enea Spilimbergo llamaba “la tragedia del importador de autos”.

En septiembre de 1955, días después del derrocamiento del presidente constitucional de la Argentina, Juan Domingo Perón, Spilimbergo escribió un texto fundamental: “El moralismo: utilización oligárquica de la clase media” (1). En él, ofrecía una explicación sobre los orígenes de la oleada de moralina que sacudía al país sureño. Una pertinaz campaña contra la corrupción había servido para “socavar las bases del gobierno peronista”. Derrotado el peronismo, la misma campaña le permitía a la oligarquía “justificar la dictadura y obtener el apoyo de la opinión pública”.

Se preguntaba Spilimbergo: “¿cómo la oligarquía, la venal y corrupta oligarquía, se erige en custodio de la austeridad republicana y en censora atrabiliaria de sus enemigos, los gobiernos populares? Porque necesita aliados, un mínimo de pueblo, en suma, para poder triunfar. Va a buscarlos a la clase media, cuya debilidad y confusión explota, ocultando sus propios fines tras el canto de sirena” de la lucha contra la corrupción.

Esta singular lucha comienza más o menos como sigue: el importador de autos “desea, naturalmente, que cuanto dólar obtenga el país se destine a la adquisición de su mercancía para cobrar sobre ella el riguroso treinta por ciento de su ganancia «honorable». No cabe duda de que este deseo es perfectamente «moral», aunque signifique anteponer un interés egoísta, de clase, a los intereses generales del pueblo”. Tal es, digamos, el curso normal de las cosas. Pero cada tanto se presenta algún obstáculo: un gobierno de orientación popular comienza a utilizar parte de esas divisas en razón del interés nacional: “El honrado importador monta en furia cuando aparece un gobierno que restringe la compra de autos en el exterior para ahorra divisas destinadas a la industria”.

Pero eso no es todo: “Su indignación llega al paroxismo si se entera que «su» ganancia, su robo legal logrado en una intermediación estéril pasa ahora a un adicto al gobierno que se enriquece con el negocio de las órdenes (…) Como Harpagón, nuestro tendero de automóviles exclama: «¡Al ladrón, al ladrón!», cuando en realidad piensa: «Mi dinero, mi dinero (y después, justicia)». Y así, consumido de indignación, sale a la calle en busca de salvadores, financia diarios… y otras cosas, para destruir ese engendro moral que se llama burócrata de automóviles”.

Mucho menos honorable que su similar argentina de hace sesenta años, la burguesía comercial importadora venezolana no solo nunca se conformó con el treinta por ciento, sino que hizo de la ganancia desmedida un instrumento de guerra contra el gobierno bolivariano. Además, emplea todos los recursos a su alcance para que la sociedad centre su atención en la actuación del burócrata, desviando la mirada de lo medular del conflicto. Explica Spilimbergo: “Tras el pretexto bulle la enconada oposición a una política nacional que lo deja fuera de juego. Como la política es inatacable (aunque susceptible de sustanciales mejoras), procura descalificarla sin polémica apuntando a su deformación burocrática”.

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La tragedia venezolana es, ante todo, la tragedia del importador de autos, es decir, de la burguesía comercial importadora, ya se trate de empresarios de maletín o de Empresas Polar. Puesto en entredicho el orden natural de las cosas por la revolución bolivariana, nuestros importadores apelan a la clase media, a la que transmiten la mala nueva: es su estilo de vida el que está siendo comprometido, no los privilegios de nadie, mucho menos de los importadores. Temerosa, muy inculta políticamente, la clase media cede y se moviliza.

La más reciente arremetida oligárquica, que inicia durante la campaña presidencial de 2012 y se intensifica con Nicolás Maduro en la presidencia, tiene como uno de sus objetivos centrales doblegar la voluntad política de las clases populares, y en particular de los millones que salieron de la pobreza con Hugo Chávez. De eso da cuenta el procaz lenguaje empleado por la vocería del antichavismo, que ve engendros morales por todas partes, y a ese propósito obedece el sistemático ataque contra la economía en su conjunto.

La confusión y el riesgo aumentan cuando, en el campo bolivariano, en lugar de atacar sus deformaciones burocráticas, altos y medios funcionarios comienzan a poner en cuestión políticas de clara orientación nacional y popular, en particular las relacionadas con la lucha contra el latifundio, el control de sectores estratégicos de la economía y el protagonismo del pueblo organizado. Con frecuencia, este cuestionamiento de las políticas es el antecedente de algún tiponte, o tal vez el hecho de que los mismos funcionarios se han convertido en importadores. de alianza con los importadores de autos o pretende encubrir alguna alianza ya existe

Otro riesgo consiste en pasar por alto un principio básico organizador de nuestras sociedades, como recuerda Spilimbergo: “La corrupción es el rasgo típico de todo Estado burgués, por cuanto la sociedad capitalista, basada en la competencia, impele al enriquecimiento privado, no a la solidaridad social”. El problema está en actuar, cuando denunciamos el carácter burgués del Estado venezolano y la corrupción que le es inherente, como si estuviéramos descubriendo el agua tibia, clamando aquí y allá que el socialismo no existe. El riesgo está en ponernos al servicio de la crítica burguesa de la corrupción.

No se trata, en lo absoluto, de salvar la responsabilidad de funcionarios corruptos, sino de estar prevenidos contra esa “estrechez moralista” que, eventualmente, nos puede conducir “a descargar sobre determinados hombres las responsabilidades de un sistema” y, lo que es peor, de su principal beneficiaria: la oligarquía.

El desafío es no conformarnos con la “pasividad descriptiva” y mucho menos convertirnos en agentes multiplicadores de la indignación burguesa, que es otra forma de pasividad. Al fin y al cabo, “la verdadera lucha contra la corrupción pública se liga a la conquista de un exhaustivo control popular sobre el Estado, la economía y la cultura”. Al importador de autos, en tanto que parte del entramado oligárquico, solo le interesa «su» control del Estado.

En cierta ocasión, Alfredo Maneiro se refirió a la izquierda socialdemócrata, adocenada, en los siguientes términos: “son corderos disfrazados de lobos, corderos cansados” (2). Hoy día no faltan quienes desde posiciones de izquierda y en su afán por deslindarse del chavismo, actúan como corderos disfrazados de lobos subordinados a “tigres disimulados de corderos”, para utilizar la expresión de Spilimbergo.

Pero vale la pena volver sobre sus palabras y ponerlas en contexto, para entender mejor a qué nos referimos: “cuando los agentes del gran capital vienen a moralizar contra la administración peronista como pretexto para desprestigiar la bandera nacional y empujarnos nuevamente a la dictadura del dólar o la libra, hay que responderles: «Señores, el pueblo mismo se encargará de barrer con las deformaciones burocráticas; de cruzar los límites burgueses de la revolución nacional. Pero mientras se elabora una conciencia colectiva a ese respecto (y porque así ocurra somos nosotros los que luchamos, no ustedes) preferimos que nos piquen las pulgas antes de que nos devoren los tigres disimulados de corderos»”.

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Es un absoluto despropósito repetir el lenguaje del antichavismo y hablar de “boliburguesía”. El vocablo no supone una crítica de la burguesía, sino la traducción moral de un fenómeno que ocurre en todo proceso revolucionario: la emergencia de una “nueva clase” de ricos, que por supuesto debe ser combatida por nosotros sin clemencia. El propósito del antichavismo es denunciar la “doble moral” del liderazgo chavista, pero fundamentalmente desmoralizar a su base social, promoviendo la idea de que resulta inútil cualquier tentativa de cambio revolucionario. Su problema, en fin, no es la burguesía, sino Bolívar, y de allí el prefijo acusador. La amenaza es Bolívar convertido en idea-fuerza movilizadora de un sujeto que impugna el orden oligárquico.

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Una oleada de moralismo oligárquico recorre América Latina. La lucha contra la corrupción es nuevamente empleada como pretexto para atacar a gobiernos de orientación “progresista”, y en algunos casos, incluso, para derrocar presidentes o para aniquilarlos moralmente una vez culminados sus mandatos.

Silvina Romano resume el “sentido común” promovido por la derecha continental y sus medios respecto de la actuación de estos gobiernos: “abusaron de los pobres para enriquecer a un puñado de funcionarios de gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el único objetivo de ‘saquearlo’ luego. Privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas (…) Son incapaces de manejar al Estado como a una empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y (supuestamente) del Estado en su totalidad”. No es, como pudiera pensar algún distraído, un discurso que “refleja” la realidad venezolana. Es un metarrelato de alcance continental, apuntalado por fuerzas que promueven la restauración neoliberal.

El correlato político de este discurso es una democracia “que nada tiene que ver con la inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente postergadas. Es la democracia de una ‘clase media’ (imposible de ser definida) cuya única causa sería la de ‘instituciones transparentes’, ‘índices de violencia cero’ y ‘cárcel para todos los corruptos, para todos los políticos’. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser gobernada por empresarios y tecnócratas que no tengan ‘nada que ver’ con la política”. Una democracia distópica, vaciada de pueblo.

En el caso específico de Venezuela, tal y como lo expresa Víctor Hugo Majano en uno de los textos más completos que se haya escrito al respecto, “la corrupción ha sido un componente estratégico y medular de la ofensiva de guerra no convencional contra el gobierno bolivariano”. Por eso no sorprende en lo absoluto el deliberado silencio de la prensa local y global en torno a las acciones emprendidas para combatir la corrupción por la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de Tarek William Saab.

La “buena” prensa está reservada para la lucha contra la corrupción que se inscribe en la guerra de las oligarquías contra la democracia. Por eso el juez brasileño Sergio Moro ha sido elegido Personaje Latinoamericano de 2017 por los directores y editores del conservador Grupo de Diarios América.

Pero más allá de la prensa, está la obligación de librar contra la corrupción una lucha sin cuartel. No tanto por una cuestión de principios, que también, sino porque los principales beneficiarios son, como bien apunta Majano, “grupos de la burguesía tradicional aliada con organizaciones de características mafiosas” que eventualmente “captaron y compraron a funcionarios de la administración y de las instituciones jurisdiccionales”.

Por último, tal y como lo plantea igualmente Majano, “la lucha contra la corrupción no sólo es imperativa como parte de los mecanismos de sobrevivencia frente a los ataques del bloque hegemónico, sino que también es indispensable para garantizar la estabilidad política y social al convertirse en un factor unificador. Se trata de una meta colectiva que trasciende las posturas y opiniones partidistas”. En este punto habrá que seguir insistiendo: a la inmensa mayoría de la sociedad venezolana le conviene que las investigaciones que adelanta actualmente la Fiscalía General de la República lleguen a buen término. Y que se abran nuevas investigaciones, tantas como sean necesarias. Y que de una vez por todas se haga justicia.

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Referencias

(1) Jorge Enea Spilimbergo. Patria, pueblo y socialismo. Volumen 1. El moralismo: utilización oligárquica de la clase media. Publicaciones del Sur. Argentina. 2014. Págs. 191-203. https://www.marxists.org/espanol/spilimbergo/1950s/1955sep.htm
(2) Alfredo Maneiro. Escritos de filosofía y política. Fondo Editorial ALEM. Los Teques, Venezuela. 1997. Pág. 300.

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