Maras y crimen organizado en El Salvador: relación y diferencias

Introducción

La relación que existe entre las maras o pandillas y el crimen organizado es un tema muy controvertido que amerita un serio debate académico, con el fin de que las políticas a implementar en contra de estas problemáticas, puedan ser más acertadas y eficientes tomando en cuenta sus semejanzas y diferencias.

Uno de los principales errores en los que incurrió la política criminal imperante en los últimos veinte años, ha sido la confusión simplista de ambos fenómenos. Confusión que además fue utilizada consciente o inconscientemente para encubrir la falta de persecución eficaz de las verdaderas modalidades del crimen organizado como el narcotráfico, el contrabando de mercancías, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la corrupción, la defraudación fiscal y financiera, el lavado de dinero etc., ya que las políticas de mano dura o súper mano dura contra las pandillas fueron a la vez presentadas como expresión de lucha contra la criminalidad no convencional.

Un fenómeno tan complejo que se origina en múltiples causas sociales como el de las maras o pandillas requiere ante todo de una fuerte dosis de prevención social y de una intervención policial con un fuerte enfoque comunitario; pero el crimen organizado requiere ante todo de una profunda voluntad política para combatirlo y el desarrollo de instrumentos eficaces de investigación científica e inteligencia policial.

Definiciones y características

Lastimosamente, en El Salvador y probablemente en otros países de Centroamérica, persisten las tendencias legislativas que, con el supuesto fin de dictar leyes más duras y eficaces, no se ciñen las definiciones científicas del crimen organizado y adoptan otras en las que eliminan, agregan o distorsionan las características establecidas en la Convención de Naciones Unidas o en otras fuentes científicamente confiables como la definición del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal, de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Muestra de ello es la definición de crimen organizado que establecía el Código Penal, en su Art. 22-A, que fue derogado por la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, el cual decía: “Art. 22.-A.- Se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un conjunto de personas dedicadas a mantener una estructura jerarquizada, con el propósito de planificar y ejecutar hechos antijurídicos con la finalidad de lucrarse con bienes y servicios ilegales o realizar actividades de terrorismo.

También se considerará crimen organizado aquellas conductas que por sí o unidas a otras, cometidas por dos o más personas, tienen como fin o resultado cometer los delitos de homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, secuestro, pornografía, utilización de personas menores de dieciocho años de edad e incapaces o deficientes mentales en pornografía, robo, robo agravado, extorsión, asociaciones ilícitas, falsificación o alteración de moneda, actos de terrorismo, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, contrabando, lavado de dinero y activos, trafico, fabricación y comercio ilegal de armas de fuego, y los comprendidos en el Capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.”

Una característica que distingue a la criminalidad no convencional, es su relación con la corrupción y la impunidad.

La corrupción es una condición indispensable para la existencia de la criminalidad no convencional. Pueden existir expresiones de corrupción sin que exista por detrás un acto de crimen organizado, pero difícilmente puede existir la delincuencia compleja si no hay detrás diversos actos de corrupción.

Por otra parte, en nuestro país existen acciones y omisiones consideradas en nuestra leyes como delitos, entre ellas las defraudaciones a la economía, el acaparamiento, la competencia desleal, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, los delitos contra la humanidad y los delitos contra el medio ambiente, pero debido a que son perpetradas por altos funcionarios/as, empresarios u otros individuos revestidos de poder político o económico, sencillamente no son perseguidos, procesados o condenados – o al menos no lo han sido en las pasadas administraciones gubernamentales – con la misma severidad que se persigue a la delincuencia común o a las pandillas.

En cuanto a los llamados delitos ambientales, son pocos los casos que han sido presentados ante los tribunales competentes y al hacerlo generalmente quedan en absoluta impunidad.

La impunidad provoca la perpetuación de este tipo de criminalidad. El paradigma de ello lo constituye la impunidad de los crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, que permite la persistencia de algunos de ellos como las ejecuciones sumarias, ilegales o extrajudiciales que se dieron antes, durante e incluso después del conflicto armado con el supuesto propósito de limpieza social a cargo de grupos de exterminio.

Relación entre Crimen Organizado, delincuencia común y maras o pandillas

En la práctica muchas de las expresiones de la delincuencia común se encuentran íntimamente vinculadas con la criminalidad organizada. Para muestra basta un ejemplo: una parte de los homicidios, de la distribución de drogas al menudeo y de las extorsiones, están relacionadas con el gran narcotráfico que no solo transita por nuestro país sino que tiene en nuestro territorio un mercado propio.

A mi parecer, en nuestro país existe una relación de intersección entre el crimen organizado, la delincuencia común y las actividades delincuenciales de las maras o pandillas; es decir, son fenómenos distintos como tres conjuntos que tienen existencia propia pero con espacios de encuentro o de empalme entre ellos.

Esto conlleva también a una relación entre algunas estructuras de las maras o pandillas con el crimen organizado, a quien sirven como ejecutores del llamado “trabajo sucio” como los homicidios por encargo o se constituyen en uno de los eslabones no determinantes de la cadena del narcotráfico, sin que esto signifique que las maras o pandillas lleguen a dominar ese importante nicho de la criminalidad no convencional.

En artículos anteriores he planteado la idea de que las maras actualmente configuran una mezcla de fenómeno social con derivaciones delictivas.

Por un lado, siguen siendo ante todo una problemática social en la medida que la mayoría de sus integrantes, especialmente los más jóvenes, continúan dentro de estas estructuras porque para ellos y ellas las maras son el espacio de identidad, de protección y de pertenencia que no encuentran en la familia, la escuela, la comunidad o la sociedad. Igualmente, los motivos por los que los jóvenes, adolescente y niños de edades cada vez menores, deciden ingresar o son “reclutados” por las maras, siguen siendo una multiplicidad de factores sociales, económicos, políticos, culturales y circunstanciales que, lejos de mejorarse se han empeorado en los últimos veinte años como efectos “colaterales” de las políticas económicas y sociales neoliberales; pero al mismo tiempo, las maras son fuente de actividades criminales y lastimosamente cada vez más extendidas, puesto que dentro de ellas, aunque no todos sus integrantes cometen delitos, existen agrupaciones, clicas [comandos] o individuos que continuamente cometen todo tipo de crímenes dentro de los cuales las extorsiones se han convertido en la base de lo que puede denominarse la economía criminal de las pandillas, que no es más que una de la múltiples variedades de los llamados mercados ilegales. 

Lo anterior no significa que las maras sean grandes agrupaciones mafiosas capaces de controlar los mercados delictivos y a pesar del continuo etiquetamiento que de ellas se hace al respecto, todavía es posible evitar que lleguen a convertirse en verdaderas mafias con la fuerza y los recursos necesarios para adueñarse de nichos enteros de la economía delictiva.

Hoy por hoy, es insostenible pretender que las maras dirigen o controlan el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero y otras expresiones de la criminalidad no convencional; para dominar esos grandes rubros del mercado criminal se debe contar con un nivel educativo, posición social, poder político y capacidad económica que no poseen estos individuos. Pero no hay duda alguna de que algunos grupos o personas pertenecientes a las maras, están siendo utilizados como peones o soldados del crimen organizado.

Además, así como en el mercado legal existen empresas legales de todo tamaño, en el mundo de la economía criminal existen también agrupaciones delictivas de diversas dimensiones, capacidades y alcances, por lo tanto es posible que algunos sujetos integrantes o vinculados a las pandillas,  conduzcan sus propias “micro empresas criminales”  o actúan como “empresarios criminales por cuenta propia”, especializadas en realizar extorsiones a empresas y personas de diferente nivel económico y social y que, como consecuencia de ello, son capaces de amenazar y ejecutar delitos todavía más graves como secuestros y homicidios.

Varias investigaciones aclaran que las transformaciones de las pandillas y su vinculación con el crimen organizado no es una situación generalizada. Una de ellas literalmente dice: “Aunque hay fuertes indicios de la mayor participación de las pandillas en hechos delincuenciales y de criminalidad organizada, es importante aclarar que esta obedece, en muchos casos, a una opción personal y no grupal, tal y como lo aseguran algunos operadores de programas de prevención. En tal sentido, es bastante peligroso etiquetar, de forma indiscriminada, como delincuentes a todos los pandilleros en la medida en que su abordaje e intervención continúa reduciéndose al plano del control y de la seguridad (...)”.

El estudio “Crimen y Desarrollo en Centroamérica”, realizado por una de las organizaciones internacionales más especializadas en el tema de crimen organizado, como es la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (ONUDD), pone en duda la frecuente asociación que se establece entre las maras y el tráfico de drogas, especialmente la cocaína. Entre las razones que se exponen para dudar de esa relación está el hecho de que la mayor parte de la cocaína que transita por la región se transporta por vía marítima y no terrestre, por lo que “No resulta clara la manera en que los miembros de las pandillas juveniles, quienes se encuentran en su mayoría en zonas urbanas interiores, intervendrían en este proceso”.

Este estudio también pone en duda la participación de las pandillas en el tráfico de personas y la trata de blancas, por que “esas afirmaciones no han sido respaldadas por datos cuantificados”.

En cuanto a la responsabilidad del narcotráfico en la región, este documento señala: “La pregunta de quién es responsable por el tráfico de cocaína es un asunto clave para los países de la región, para lograr encontrar soluciones a la violencia.

Muchos de los mayores desmantelamientos, han involucrado conexiones con funcionarios del gobierno, especialmente en los servicios de seguridad y justicia. Si esta conexión puede ser establecida, la solución al problema delictivo de la región, tendría que enfocarse primero en los niveles más altos de las sociedades afectadas, y no en los más bajos”.

Otro estudio realizado desde la disciplina del análisis de discurso por el Instituto GIGA, de Alemania, al referirse al papel importante que discursivamente se atribuye a las maras en el crimen organizado, sobre todo en el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, expresa también sus reservas e incluso cuestiona los supuestos fundamentos de ese rol atribuido: “No parece despertar muchas dudas en los hablantes ni en la mayoría de los escuchantes de este discurso que estas suposiciones son altamente contradictorias.

Por un lado se crea la imagen de unos jóvenes bárbaros y drogadictos que no tienen motivos que vayan más allá de la satisfacción de necesidades (económicas) inmediatas (...). Por otro lado, se les atribuye un grado de disciplina y organización alto que les permite actuar coordinadamente en todo un (doble) continente y que los convierte en socios confiables de los carteles internacionales del narcotráfico.

El repetido discurso amenazante sobre las maras se fundamenta en gran medida en especulaciones y, en aspectos centrales, no corresponde con el conocimiento obtenido en estudios locales (...) Es decir, ese discurso de amenaza y miedo que se genera sobre todo en los medios de comunicación y en espacios discursivos políticos, militares y científicos se basa en conocimientos insuficientes o poco confiables”.

Desde mi punto de vista la afirmación tajante de que las maras son estructuras de crimen organizado enfrenta una serie de obstáculos y puede producir varias consecuencias totalmente contraproducentes para una política efectiva contra este fenómeno que, como se ha visto, responden a múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales y circunstanciales; pero también dificultará el combate contra las estructuras del crimen organizado cuyo verdadero rostro quedó al descubierto con el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en Guatemala, a inicios de 2007, por un grupo de policías guatemaltecos que fueron detenidos y posteriormente asesinados dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Las maras como único blanco de la política criminal

Es cierto que muchas de las clicas de las maras o pandillas, se han convertido en verdaderas agrupaciones delictivas, fuertemente estructuradas, armadas y capaces de participar en ciertos ámbitos del crimen organizado. Pero confundir plenamente el fenómeno pandilleril con la criminalidad no convencional de altos vuelos, puede llevarnos a cometer más equívocos que aciertos. Entre esos errores, en el terreno de la política criminal, pueden señalarse los siguientes:

Primero, el etiquetamiento de toda agrupación juvenil de los barrios, colonias y zonas marginales que pasarían inmediatamente a ser identificadas y tratadas como maras y en consecuencia como estructuras de crimen organizado, más aun si se toma en cuenta que como consecuencia de las detenciones masivas realizadas a través de los operativos policiales de mano dura, ahora las pandillas o algunas de ellas ya no visten como antes ni se tatúan, con el fin de encubrir su pertenencia.

Segundo, las maras como único blanco de la política criminal, si se mantiene la confusión entre maras y crimen organizado, se acentuaría la utilización recurrente que se ha hecho de las pandillas para atribuirles la comisión de la totalidad o la gran mayoría de crímenes, con lo cual no solo se etiqueta a estos grupos si no que se corre el riesgo de encubrir y postergar indefinidamente deficiencias estructurales de la policía y la Fiscalía en la investigación de los delitos.

Tercero, una cortina de humo del crimen organizado, se corre el riesgo de que al perseguir a las pandillas como la expresión más visible del crimen organizado, se persiga todavía menos a las estructuras más elevadas de este tipo de delitos tanto en sus modalidades más comunes como el narcotráfico, el contrabando de mercaderías, el hurto y robo de vehículos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas etc., y todavía más aquellas formas que pasan inadvertidas y suelen ser menos perseguidas por que las ejercen individuos vinculados al poder político y económico como el lavado de dinero, las defraudaciones financieras, el tráfico de influencias, las negociaciones ilícitas, las defraudaciones al fisco, cohechos y otros actos de corrupción.

Cuarto, perpetuación del enfoque punitivo, otra consecuencia sería la continuación de las estrategias punitivas como principal respuesta ante el fenómeno de las pandillas, olvidando los factores sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales que explican el surgimiento de las maras; consecuentemente, se abandonarían o se reducirían a su mínima expresión los programas, proyectos y estrategias preventivas o mediadoras dirigidas a las causas de este conflicto.

De hecho, la gran mayoría de programas preventivos que desarrollan tanto las instituciones de gobierno como la sociedad civil, se caracterizan por ser fragmentarios, dispersos, precarios y de poco alcance, debido a que por mucho tiempo no existió una real política de prevención social de la delincuencia por la falta de apoyo financiero estatal, dejando lo poco que se hizo bajo la dependencia de la cooperación internacional.

Quinto, estigmatización de la niñez y juventud, particularmente de las zonas populosas donde tienen que convivir con las maras o pandillas. Todo niño, niña, adolescente o joven que vive en esos lugares, desde hace mucho tiempo tiene que cargar con el estigma de ser pandillero o marero y con las consecuencias de ser tratado de forma discriminatoria y violenta por diversas personas, incluso autoridades públicas. Confundir sin distingo alguno a las pandillas con el crimen organizado, condenaría a un nuevo estigma a la niñez, adolescencia y juventud de esos lugares.

Conclusión

El verdadero crimen organizado comenzó a revelar todo el horror de su poderío, de su alta capacidad destructiva y de su clara relación con el poder político y económico a través del despiadado asesinato en febrero de 2007, de tres diputados del PARLACEN y un agente policial salvadoreños, a manos de una estructura criminal de la policía guatemalteca, la captura de cuatro policías imputados por ese crimen y el asesinato de éstos dentro de una cárcel guatemalteca de “máxima seguridad”.

Varias personas relacionadas con la investigación de ese delito fueron asesinadas posteriormente. Desde que se cometió ese horrendo crimen, tuvimos que revisar a fondo y darle vuelta completamente al enfoque punitivo prevaleciente, enfrascado casi exclusivamente en las maras o pandillas y, sin dejar de perseguir a estas estructuras que también tienen una arista criminal, poner la mirada más arriba y con mayor detenimiento.

No será que todo este tiempo, esa estrategia empecinada en reprimir más que prevenir el fenómeno de las maras, ha sido útil, consciente o inconscientemente para distraer la atención del verdadero crimen organizado que se reveló con toda su fuerza en Guatemala.

El Salvador no está muy lejos de lo que sucedió en Guatemala. Varios elementos objetivos deben hacernos pensar que lo ocurrido en el vecino país es algo que también puede estar pasando en el nuestro. Primero, la cuestión geográfica. Si Guatemala es un puente de la narcoactividad, El Salvador no es ajeno a eso, es un país vecino, mucho de lo que va para Guatemala pasa primero por aquí y existen antecedentes de cómo ambos territorios han servido de refugio para actividades ilícitas de los nacionales del otro país perseguidos por la justicia.

Segundo, un dato científicamente demostrado, una característica esencial del crimen organizado es su carácter transnacional. Hay muchos aspectos de las organizaciones criminales que realmente no son conocidos, pero sí hay consenso universal sobre varios de sus atributos y uno de ellos es su naturaleza transnacional.

Tercero, debe revisarse si la Ley contra el Crimen Organizado y los llamados Tribunales Especializados “Antimafia”, derivados de la misma, realmente han servido para enfrentar al verdadero crimen organizado transnacional de altos vuelos como el gran narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas etc., o si en la práctica se han convertido en una ley y en tribunales antimaras.

Si hacemos un análisis técnico, crítico, sin pasiones, pensando realmente en el bien común, estoy seguro que no dudaríamos en concluir que ese cuerpo normativo y los tribunales que establece no van dirigidos a ese tipo de criminalidad; es una ley que tiene demasiadas debilidades, demasiados defectos técnicos, jurídicos e institucionales como para enfrentar el inmenso poder de esas organizaciones criminales.

* Abogado. Director de la ANSP

do por La Haine

Nota de La Haine: A principios de septiembre, ante la inminente aprobación de una nueva ley "antimaras" que penaliza hasta la membresía en estas agrupaciones, las maras lanzaron un paro de tres días. Amenazaron a dueños de empresas de transportes y a comerciantes, con el objetivo de que no se apruebe la ley y de ser escuchados, ya que, como ellos dicen, quieren "que se busquen soluciones a la problemática de la violencia, la cual es simplemente una expresión por la injusticia social". A continuación el comunicado que emitieron explicando sus razones, que fue inmediatamente demonizado por todos los medios de comunicación y por el gobierno "progresista".

Comunicado de la mara MS 13 y la mara 18

Al pueblo salvadoreño en general.

Pedimos nuestras más sinceras disculpas, por los inconvenientes causados a través del paro de buses que impulsamos este día, queremos aclarar que dicha medida fue ejecutado con el único objetivo de poder ser escuchados. El nuevo gobierno en su campaña prometió ser inclusivo con todos los sectores, hace un par de meses el presidente funes, llamo a una ronda de consulta a todos los sectores para tratar el tema de la violencia, nosotros no fuimos invitados. A pesar que en diferentes ocasiones hemos planteado la posibilidad de iniciar un dialogo en el que se busquen soluciones a la problemática de la violencia, la cual es simplemente una expresión por la injusticias social.

Actualmente los centro penales están hacinados en un 280 por ciento, con la nueva administración de centros penales a cargo del licenciado DOUGLAS MORENO [FMLN], Crearon mesas de la esperanza con el fin de ir buscado soluciones a la problemática penitenciaria, se adquirieron compromisos de parte de la administración que aun no se han cumplido, y es lamentable que el procurador de derechos humanos licenciado OSCAR LUNA, conociendo esta situación no se haya pronunciado, no hay talleres laborales, la educación es mala, hay muchos enfermos terminales que no son atendidos correctamente como se debe, y a pesar de existir un decreto de ley no puede extinguirse su pena para recibir mejor atención en libertad.

En el centro penal de Zacatecoluca han fallecido varios internos por falta de asistencia médica, los beneficios penitenciarios han sido suprimidos y actualmente sólo los informantes de las autoridades los reciben. En conclusión el estado no tiene una política penitenciaria para buscar rehabilitar a todas aquellas personas que han cometido un delito y han sido condenadas, es claro que el estado no cumple su mandato establecido en el artículo 27 de la constitución de la república.

Aunado a esto, y pese a los fracasos ya establecidos con las leyes mano dura y súper mano dura, se le sigue apostando a la represión en las calles contra la juventud, cuando no existen proyectos reales de prevención y rehabilitación. En ese sentido hay que reflexionar a profundidad. Que los jóvenes solo tienen dos opciones, ser víctimas o victimarios ante un estado que no puede suplir o solventar sus derechos como ciudadanos y seres humanos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad y justicia, son todas estas carencias que obligan a la juventud a buscar una forma errónea de sobrevivir. Como miembros de pandillas hacemos un llamado al gobierno para que vete la ley de proscripción de pandillas y los invitamos a iniciar un proceso trasparente de dialogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia.

Estamos depuestos adquirir compromisos con la sociedad, a fin crear juntos un mejor país, hacemos un llamado a la iglesia, a la empresa privada, a las organizaciones no gubernamentales y a toda la sociedad en general, para crear juntos un proyecto real, industrializando las cárceles para que los internos tengan una formación laboral y puedan ayudar a sus familias y se disminuya el ocio generalizado, y paren las extorsiones y delitos que se generan desde las prisiones, en las calles crear centros técnico vocacionales, donde tengan acceso todos jóvenes de escasos recursos, apostarle a través del arte a la prevención y rehabilitación de miembros de pandillas, y encontrar juntos las soluciones que nos ayuden a disminuir la violencia.

Los Miembros De Las pandillas MS y 18.