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México :: 27/05/2014

Matan a líder campesino, opositor a la minera Paradox en Sinaloa

La Jornada
Corrales había permanecido escondido, debido a que fueron encarcelados varios de quienes realizaron protestas contra la minera y las autoridades estatales.
Un comando mató a balazos a Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado ejidal de la comunidad Cajón de Cancio, municipio de Choix, quien hace tiempo encabezó protestas de campesinos contra la empresa minera Paradox Global Resources, que explota hierro en sus tierras. El dirigente ejidal desapareció el jueves pasado; el viernes lo encontraron en una zona deshabitada de la comunidad Huizachapoa, de ese municipio. En el lugar fueron encontrados decenas de casquillos calibres 7.62, para fusil AK-47, y .223, para AR-15. Se presume que el líder fue asesinado el mismo jueves, pero eso no ha sido confirmado por la Procuraduría General de Justicia del Estado; el cadáver fue trasladado a la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome. Corrales había permanecido escondido, debido a que fueron encarcelados varios de quienes realizaron protestas contra la minera y las autoridades estatales. En agosto y septiembre de 2013, medio centenar de campesinos bloquearon durante unos 15 días el paso de vehículos y trabajadores a la mina Paradox, ubicada en la comunidad Corral de Cancio, en demanda del pago de 5 millones de dólares que les adeuda la compañía desde 2006 –cuando comenzó operaciones– por la extracción de 350 mil toneladas del mineral. Reclamaron también el compromiso incumplido de la empresa de pavimentar las calles de la comunidad, ampliar la clínica de salud e introducir servicios públicos a cambio de explotar el yacimiento de 29 hectáreas. Por estos actos, 30 campesinos fueron aprehendidos durante un operativo efectuado por la Policía Ministerial en octubre de 2013, de los cuales 17 permanecen prisioneros en el penal del poblado Felipe Ángeles, municipio de Ahome. “La asamblea del ejido definirá los pasos a seguir, luego de la detención de los 30 compañeros, pero es seguro que van a continuar con todo, porque se están robando nuestro patrimonio”, afirmó Ramón Corrales, luego del operativo realizado por la ministerial, en representación de los 145 campesinos que integran esta comunidad. El saqueo del mineral de hierro comenzó en 2006, cuando María Hermila Márquez Rodríguez, representante legal de Paradox, entró al ejido con la oferta de pagarles regalías y reconstruir el ejido a cambio de la cesión de la explotación del predio Cuauhtémoc. Ella entregó al ejido cien mil pesos como anticipo del contrato y después los pidió prestados para no pagarlos nunca. Despúes entregó un cheque de 50 mil pesos que fue “rebotado” y finalmente los campesinos pudieron cobrar 300 mil dólares de regalías. Ese fue el primer y único pago en siete años de operación de la empresa. Los dueños del predio demandaron a Márquez Rodríguez por fraude específico y despojo desde el año pasado, pero la querella no tiene avance. Lo que sí ha pasado son los actos judiciales emprendidos por el gobierno de Mario López Valdez que tienen presos a los manifestantes, a quienes acusa de daños en propiedad ajena y despojo. “Le llevamos al gobernador Mario López Valdez todas las pruebas del fraude de la señora Hermila Márquez Rodríguez y de la minera Paradox Global Resources”, afirmó Gervasio Osuna, uno de los dirigentes campesinos preso en septiembre, antes de ser detenido. –¿Y qué les respondió? –Que no le importaba lo legal, sólo el dinero de los chinos, y que no hiciéramos ruidos porque nos sacaba. Y ya ve, nos sacó.
Tres activistas más, asesinados en 5 años por desafiar la actividad extractiva. LaJornada En los cinco años recientes, al menos otros tres dirigentes opositores a la explotación que realizan las compañías mineras fueron asesinados: Bernardo Vázquez Sánchez en Oaxaca, Ismael Solorio Urrutia en Chihuahua y Mariano Abarca Roblero en Chiapas, sin que se hayan resuelto los casos satisfactoriamente. Vázquez Sánchez fue emboscado el 15 de marzo de 2012 y atacado con armas de fuego, lo cual le ocasionó la muerte, mientras sus acompañantes, su hermano Andrés Vásquez fue herido en un brazo y Rosalinda Dionisio lesionada en la pierna y el hombro. Todos eran miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que durante años se opusieron a las acciones de la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver, en San José del Progreso, Oaxaca. En Chihuahua, los activistas Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís, que se oponían a la exploración de la minera canadiense Mag Silver y su filial mexicana Minera Cascabel en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, fueron asesinados el 22 de octubre de 2012. Ambos se dirigían a Chihuahua capital a una consulta médica, horas después sus cuerpos fueron localizados en la camioneta donde viajaban en la carretera Cuahtémoc-Alvaro Obregón, con disparos de grueso calibre en la cabeza. Ocho meses después, la Fiscalía General del Estado informó que el presunto asesino, Juan Ismael Granillo Chavira, fue ultimado en una balacera con la policía única estatal en el poblado El Sueco y dio por cerrada la investigación del doble crimen. Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de minas, fue asesinado a balazos en el municipio de Chicomuselo, la sierra de Chiapas, el 27 de noviembre de 2009. Los testimonios indican que un hombre que se transportaba en una motocicleta le disparó con un arma de fuego afuera de su casa. Familiares de la víctima denunciaron en febrero de 2014 que no hay ninguna persona detenida por el crimen, pues a finales de enero pasado fueron liberados Luis Antonio Flores Villatoro y Ciro Pérez Roblero, los dos detenidos acusados del homicidio. Flores Villatoro era gerente de relaciones públicas de la empresa canadiense Black Faire, que explotaba la mina de barita en el ejido Grecia, mientras que Pérez Roblero era empleado de la compañía. Otros tres hombres detenidos poco después del asesinato fueron liberados, el último de ellos el año pasado. Recordaron que durante varios años Abarca Roblero encabezó la lucha en contra de la explotación de la mina de barita ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomueselo, fronterizo con Guatemala, cuya concesión fue otorgada a la Black Fire. Como consecuencia de su asesinato las autoridades protectoras del medio ambiente clausuraron la mina días después, con el argumento de que no reunía los requisitos para su explotación y hasta la fecha no ha sido reabierta. En Zacatecas, policías estatales enviados a liberar accesos a complejos mineros desalojaron a ejidatarios de Cedros y San Tiburcio que exigían renegociar contratos de renta y compraventa de sus tierras a las mineras, respectivamente. Elio Henríquez, Miroslava Breach y Alfredo Valadez, corresponsales
 

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