México: Cronología abreviada de la imposición y la entrega (I)

El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión, Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de la "alianza energética" entre ambos y Canadá.

En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano, las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques, con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.

En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:

1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico, Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá, México y Venezuela.

1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional, Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación" del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.

Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir, financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el tráfico de drogas y otros ilícitos).

Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde 1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir, una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista, antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y dependiente de Estados Unidos.

1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del golfo Pérsico, Timothy O’Leary dio a conocer que en una reunión celebrada en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés).

1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de México como Estado nación, se profundizó el proceso de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición, la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua, petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y estratégicos" por el Pentágono.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales), han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.

2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".

Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".

Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México −suscrita por los ministros de Energía del hemisferio− una frase que abogaba por la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.

La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre fue "norteamericanizar los mercados de energía" −ante la deficiencia de Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush−, para lo cual se requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países involucrados.

En mayo de 2001, el presidente Bush −principal operativo del cártel petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon­Mobil, Halliburton, Enron y El Paso Corporation− dio a conocer su plan energético nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de Estados Unidos.

Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo.

Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución mexicana.

2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.

La Jornada