Miles van al cabildo, ya no hay gobierno en Bolivia

Todos van al cabildo para tratar de definir el rumbo de la gigantesca ofensiva popular desatada hace tres semanas en demanda de la nacionalización del gas y el petróleo.
Los sectores más radicalizados y revolucionarios pugnan por encauzar la lucha popular hacia el derrocamiento de la burguesía y a la estructuración del gobierno de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.
En cambio, los más moderados, militantes del movimiento al Socialismo (MAS) del diputado cocalero Evo Morales, trabajan para impedir el cierre del Congreso y la inminente caída del presidente Carlos Mesa, porque a su juicio eso supondría que no se convoque a una Asamblea Constituyente y se alejen tanto las perspectivas de realizar la Asamblea Constituyente como sus fundadas ilusiones de ser gobierno a través de la vía electoral el 2007 .
Los seguidores de Morales no hablan, en términos reales, de la nacionalización de los hidrocarburos que es demandada por más y más bolivianos y, por el contrario, plantean modificaciones a la nueva Ley de Hidrocarburos para que las transnacionales sigan operando en el país a cambio de pagar el 50% de regalías.
Los más radicales, atrincherados en la dirección de la COB y en las Federaciones de mineros, maestros urbanos de La Paz y Central Obrera de El Alto, exigen la expulsión de las petroleras como Repsol, Total, Pterobras, British Petroleum, Enron, Shell y otras que se han apoderado, sin mucho esfuerzo ni inversiones, de más de cien mil millones de dólares en reservas de hidrocarburos. A través del Cabildo abierto, al que quieren convertir en un germen del nuevo poder, pretenden llenar el vacío de poder que vive Bolivia.
En lo formal, Mesa sigue siendo presidente de Bolivia, pero no gobierna ni tiene el control de grandes regiones del país. En los hechos, la ciudad de El Alto, las laderas y barrios más pobres y gran parte del centro de La Paz están virtualmente en manos de las organizaciones sociales y populares. Lo propio acontece en muchos de los caminos y carreteras bloqueadas en el Altiplano y los valles. En la ciudad de Santa Cruz, el gobierno de Mesa tampoco tiene el control, que es ejercido por los sectores oligárquicos latifundistas y pro petroleros que, con el apoyo del Ejército, impiden las marchas, manifestaciones y protestas de los sindicatos y organizaciones populares e indígenas.
El vacío de poder se hace cada vez más evidente y en las últimas horas la Iglesia buscaba una salida a la crisis, tratando de articular a los poderes públicos en torno a la renuncia formal de Mesa y a la convocatoria a nuevas elecciones generales. Esta opción aún no pudo materializarse por la falta de un acuerdo entre los representantes de la oligarquía cruceña y del MAS sobre la futura Asamblea Constituyente y la realización de un referéndum autonómico, pero sobre todo por la creciente movilización social que lucha por la nacionalización y que madura aceleradamente para comprender que la solución de fondo a los grandes y pequeños problemas nacionales está en manos de los propios trabajadores.
EL DECRETO DE MESA-EVO NO RESUELVE NADA
El presidente de la Federación de Juntas vecinales de El Alto, Abel Mamani, aseguró que el decreto emitido por el gobierno de Carlos Mesa no resuelve el problema central de Bolivia.
"La convocatoria es ilegal y no dice nada del principal pedido de los organizaciones sociales, que es la nacionalización de las hidrocarburos", dijo el dirigente de la poderosa organización vecinal que tiene totalmente paralizada a la ciudad de El Alto. El cuestionado decreto, que convocaba a elegir simultáneamente a los representantes a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico para el 16 de octubre, respaldaba la posición asumida en el Congreso por el Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado cocalero Evo Morales.
Según Mamani, la única salida política a la actual crisis que soporta por tercera semana consecutiva el país más pobre del Sur de América sería la renuncia del presidente Carlos Mesa, un neoliberal defensor a ultranza de las transnacionales.
Hasta ahora, la protesta social alcanza con diversa intensidad a ocho de los nueve departamentos de Bolivia, que tiene todos sus accesos terrestres cortados hacia Perú, Argentina, Brasil y Chile por el corte de rutas protagonizado por campesinos, colonizadores y maestros rurales.
SE AGRAVA ESCASEZ DE GASOLINA Y DIESEL EN LA PAZ
Hora que pasa se agrava la escasez de carburantes en la ciudad de La Paz, advirtieron los responsables de la Asociación que agrupa a los propietarios de las estaciones de suministro de combustibles. El bloqueo en la Planta de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, impide el abastecimiento de diesel y gasolina, por lo que las reservas existentes en los surtidores ya están agotadas.
Desde varias zonas de la ciudad también se reportó la escasez de gas licuado doméstico, por la ausencia de carros distribuidores, afectados también por el bloqueo en Senkata.
MÁS FISURAS EN EL GOBIERNO
El ministro de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, abandonó al presidente Carlos Mesa. El factor que desencadenó la decisión de Kreidler fue la aprobación del decreto de convocatoria simultánea a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico para el 16 de octubre. La pasada semana, el gobierno de Carlos Mesa ya había sufrido la renuncia de su ministra de Educación.
60% DE CARRETERAS DE BOLIVIA ESTÁN BLOQUEADAS
El responsable de la gerencia de mantenimiento del SNC, Carlos Ferreira, informó que el 60 por ciento de las carreteras está bloqueada y que sólo existe transitabilidad en vías de Santa Cruz, Beni, Pando y parte de Tarija. Varios grupos de campesinos y maestros rurales están en las carreteras entre Potosí-Sucre, Potosí- Oruro, Oruro-Cochabamba y Oruro-La Paz. En la zona del altiplano paceño continúa el bloqueo en las vías La Paz-Copacabana, Viacha- Charaña, La Paz- Desaguadero y Patacamaya-Tambo Quemado. En la autopista entre La Paz-El Alto se presenta bloqueos esporádicos.
El anuncio de aperturas de zanjas en las principales carreteras del departamento de La Paz, para intensificar el bloqueo de caminos en el altiplano, generó que autoridades del Servicio Departamental de Caminos llamen a la reflexión a los grupos de manifestantes para prevenir el destrozo de los caminos.







