Paraguay: Esperanza e incertidumbre ante las elecciones

Este domingo la ciudadanía paraguaya está llamada a votar para elegir un nuevo Gobierno, la nueva composición del Congreso bicameral (formado por 45 senadores/as y 80 diputados/as) y los cargos de gobernación de cada uno de los 17 departamentos del país (división territorial administrativa) así como sus respectivas Juntas departamentales. Para las elecciones del domingo 30 de abril de 2023 tienen derecho a voto alrededor de 4.800.000 paraguayos y paraguayas de los cerca de sus 7,5 millones de habitantes.

Se trata de una sociedad con una acusada desigualdad económica, índices muy bajos de acceso y calidad de la educación y la sanidad, y donde el conservadurismo social impuesto por el partido político tradicional y hegemónico, la Asociación Nacional Republicana (ANR) --también conocido como Partido Colorado--, que gobierna el Estado casi sin interrupción desde 1947, han producido como resultado un país con amplio margen de mejora en muchos de los aspectos principales de lo que conocemos como estado del bienestar, en los factores económicos per cápita, y también en lo tocante a los derechos de las minorías o la tolerancia a la diversidad social.

Comprender la política nacional de cada país requiere de un amplio ejercicio de análisis de sus estructuras internas, las cuales suelen haber sido conformadas por procesos políticos y fenómenos sociales o culturales diferentes de los del resto de países, pero lo cierto es que el caso paraguayo es a menudo considerado como un paradigma de la heterogeneidad, y lo cierto es que no faltan razones para pensarlo. No es fácil entender el funcionamiento de la política paraguaya en los términos más comunes y con las herramientas habituales con que estudiamos y explicamos la política en las democracias liberales.

El periodista y pensador anarquista cántabro Rafael Barrett, quien se trasladó a estudiar a Madrid y convivió con la Generación del 98, y que vivió sus mejores años como intelectual en Paraguay a comienzos del siglo XX, afirmó que "en política no hay amigos, solo cómplices". Esa frase, que puede tener mucho sentido en muchos casos, resuena como tambores de guerra cada vez que en Paraguay se acercan las elecciones.

La política paraguaya va mucho de "cómplices", porque en ella se dirime de manera mucho más clara y directa el futuro económico de muchas familias y grupos económicos del país (mucho más que en otros países tanto de su entorno geográfico cercano como de su red de relaciones internacionales globales). Los intereses en juego son grandes, como en todos los países, pero el margen para alterar las estructuras institucionales y la dirección de los recursos del Estado es tan amplio que la llegada al Gobierno de la nación supone un salto cualitativo de tal dimensión en términos de poder estructural que, en consecuencia, perderlo es también casi equivalente a caer en el abismo.

La tensión, en consecuencia, no solo se circunscribe a un mero cambio de partido en el Ejecutivo que pueda suponer, a lo largo de los años del periodo legislativo, la modificación, eliminación o incorporación de algunas leyes que el equipo de gobierno considere necesarias, sino que el control de las instituciones y los recursos públicos es, casi de manera literal, el negocio del que viven las familias de los dirigentes, militantes y muchos votantes del partido vencedor. En paralelo, para los grandes grupos corporativos nacionales e internacionales, así como para las grandes fortunas y terratenientes del país, tener a "los tuyos" en el poder es una absoluta garantía de facilidades políticas y financieras, además de las posibilidades de inversión a través de los caudales económicos del Estado, e incluso de parasitación del erario público.

Esa cultura de aprovechamiento de la posición del amigo, familiar, allegado o correligionario es lo que se conoce en Paraguay como cultura o ética del orekueté, y resulta fundamental para comprender su estructura política y de participación electoral. El término orekueté proviene de la palabra oré (el "nosotros" excluyente en lengua guaraní, frente al ñande, el "nosotros" incluyente), que define ese concepto de "nosotros" como un conjunto cerrado sobre sí mismo y que revierte los beneficios del grupo de manera directa y exclusiva sobre sus propios miembros; este término ha sido investigado y teorizado por el reconocido sociólogo paraguayo José Nicolás Morínigo. Entre los partidos políticos paraguayos, la ANR es el paradigma de la cultura del orekueté, y la pérdida del poder fragmenta y desgasta de manera determinante su sistema financiero y prebendario.

No en vano, la única vez en los últimos 75 años que el Partido Colorado (la ANR) perdió el Gobierno del Estado, en 2008, aquella primera experiencia de alternancia política --expresión de profundización en la vía democrática-- fue severamente revertida en 2012, cuando faltaba más de un año para cumplirse los cinco del periodo legislativo; con ello, el proceso de democratización paraguayo fue erosionado por un golpe parlamentario, orquestado tanto por el Partido Colorado --entonces en la oposición-- como por el sector neoliberal del mayor partido de la oposición tradicional en Paraguay, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Basta revisar las primeras medidas legislativas adoptadas en 2012 tras la destitución de Lugo para entender la dirección de política económica del nuevo rumbo que retornaba entonces al Paraguay, profundizado después durante los gobiernos de Cartes (2013-2018) y de Mario Abdo Benítez (2018-2023), ambos gobiernos del Partido Colorado.

En 2008, después de seis décadas de gobiernos de la ANR, con una dictadura militar de 35 años entre medias, una coalición de partidos y movimientos de izquierda y centro-izquierda (la Alianza Patriótica para el Cambio) derrotó a la candidatura del Partido Colorado (ANR) y alcanzó el Gobierno; lo hizo con Fernando Lugo Méndez a la cabeza de aquella coalición electoral, convirtiéndose en el primer Presidente no colorado para varias generaciones de paraguayos y paraguayas. Esa experiencia de alternancia política, que no se producía en Paraguay desde 1947, hubiera podido dar un cierre real a una transición democrática que aún seguía en discusión en 2008 (casi veinte años después de haber salido de la dictadura militar (1989), precisamente por la falta de sucesión partidaria e ideológica efectiva en el Gobierno del Estado.

El golpe parlamentario de 2012 --realizado mediante la fórmula constitucional del "juicio político" y consumado en apenas 48 horas-- reventó la política paraguaya y socavó la confianza de su ciudadanía en la democracia, y tuvo su reflejo también en el ámbito internacional, con la suspensión de la pertenencia de Paraguay a las dos grandes asociaciones regionales a las que pertenecía (Unasur y Mercosur). Incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Gobierno paraguayo investigar la masacre de Curuguaty que había servido como excusa para aquella fulminante destitución de Fernando Lugo. La politóloga Magdalena López es una de las investigadoras que más se han dedicado al periodo político paraguayo que va desde el inicio de campaña de Lugo en 2006 hasta el que habría tenido que ser el cierre de su periodo legislativo, en 2013.

Aquel golpe dejó tanto a la izquierda paraguaya como al sector opositor al coloradismo muy tocados, como un espacio convulsionado, lleno de sospechas y muchas acusaciones --justificadas-- de traición. Sin embargo, en los últimos años las fuerzas y los grupos fueron tratando de converger en torno a la idea de conformar una gran coalición de "cómplices" del cambio. Esa idea de coalición electoral parece haber dado en esta ocasión con la tecla acertada en torno a la denominada Concertación Nacional, aunque como se explica más adelante no ha estado exenta de algunas fugas que, aunque destacadas, podrían no ser determinantes para impedir el cambio político en Paraguay.

Pero para entender lo que está en juego en estos comicios, antes de hablar de datos electorales y de la situación política es relevante conocer un poco mejor el país.

Para entender el Paraguay actual Paraguay es un país ya mayoritariamente urbano, con cerca de dos terceras partes de su población viviendo en localidades metropolitanas (ciudades y sus áreas suburbanas), manteniendo un porcentaje de población rural elevado, en torno al 35% (aunque en retroceso como en muchos todos los países). Lo relevante del caso es que esta destacada proporción de población que vive en áreas no urbanas condiciona las necesidades básicas, las problemáticas culturales, los conflictos sociales y hasta los mensajes políticos en el país. Por eso, y a pesar de que las elecciones en Paraguay ya no se producen en clave de conflicto campo-ciudad, el dato sí es relevante para pensar políticamente el país.

El debate campo-ciudad o ruralidad-urbanidad existe, y está presente sobre todo entre especialistas de la Sociología y también, obviamente, entre las organizaciones y asociaciones campesinas y los gremios corporativos y terratenientes rurales, pero el conflicto a nivel nacional en el Paraguay actual es otro, u otros. Hoy en día el problema no reside en una hipotética conflictividad cultural entre dos mundos con necesidades y tradiciones distintas, con modos diferentes o contrapuestos de entender la vida en comunidad (aunque algo siga habiendo de esto también), sino que el conflicto se centra en elementos mucho más profanos o mucho más simples, según se mire: el problema estructural del Paraguay actual es la discusión sobre el modelo de desarrollo productivo por el que apuesta el país y la implantación de un sistema tributario nacional justo y adecuado a las necesidades sociales actuales y futuras del país. Así de simple, y así de complejo.

Para resolverlo, además, entran en escena otros actores que intervienen estructuralmente en esa discusión principal, como son la corrupción institucional, la falta de transparencia en la justicia, la estrechez de los servicios básicos, la necesidad de inversión extranjera, los intereses de las multinacionales en los recursos del país, la extrema desigualdad socioeconómica nacional, la desigualdad de género que complica la economía de muchas familias, entre otros asuntos.

Paraguay es un país muy extenso en relación con su número de habitantes; la densidad de población se encuentra muy contenida, incluso en áreas urbanas (que suelen ser de edificios de baja o media altura y casas unifamiliares), y eso debería incidir --para bien-- en un precio del suelo y de las propiedades relativamente asequible, y en un modelo de convivencia vecinal más agradable que en otros países con sistemas habitacionales saturados (de gran densidad). En el campo paraguayo --obviamente-- la superficie disponible por familia aumenta con respecto a las áreas urbanas; las localidades de las zonas rurales tienen una extensión mayor en relación con el número de sus pobladores, que suelen disponer junto a la casa o cerca de esta de su respectiva chacra (alquería, o área de labor y cultivo). Por su parte, aunque en las ciudades el espacio disponible para cada hogar es más reducido, son muchas las familias que disfrutan también de un patio privado-familiar o comunitario-vecinal (incluso en la capital, Asunción); en muchos casos esto ocurre con independencia del nivel de renta debido a la enorme oferta de residencias con estas características (que disponen de patios o espacios abiertos). No obstante, como resulta obvio, la ubicación concreta de la vivienda en la ciudad, así como el tamaño y condiciones de habitabilidad, sí que varían --y mucho-- de acuerdo con factores socioeconómicos.

A mayor abundamiento, de los dos tercios de población paraguaya que viven en áreas consideradas como urbanas en términos y estándares estadísticos, una amplísima parte lo hace en localidades o suburbios donde la realidad habitacional y de acceso a servicios básicos que solemos reconocer como propios de las ciudades no están bien satisfechos, o al menos no de manera ininterrumpida: transporte público, buen servicio de internet, proximidad a los centros educativos nacionales, salubridad del agua corriente, acceso sencillo a servicios de salud de calidad, sistema de recogida y gestión de residuos, vías de comunicación en buen estado, saneamiento de aguas o alcantarillado público, estabilidad de la red eléctrica, o la proximidad a los sistemas e instalaciones de gestión de la Administración del Estado (burocracia, seguridad, justicia, financiación, etc.).

Todos estos factores inciden de manera determinante en el estado de bienestar de la gente, y solemos considerarlos como satisfechos en los entornos urbanos; sin embargo, nunca han sido asegurados en Paraguay, ni siquiera en la capital (Asunción), menos aún en muchas zonas de su área metropolitana (Departamento Central); al menos no todos ellos ni de manera constante. Ese conjunto de factores expuesto en el párrafo anterior puede considerarse como lista de problemas para la mayor parte de las áreas urbanas del país y, por supuesto, también para sus zonas rurales, lo que evidencia una acusada aproximación entre las necesidades de las diferentes áreas y conjuntos sociales de Paraguay, al punto de que aun siendo zonas y modos de vida tan distintos, sus problemas del día a día --las características estructurales del país-- pueden ponderarse sin demasiado desequilibrio entre ambos.

El punto al que necesitamos llegar para entender las condiciones estructurales de Paraguay es que los problemas del campo y los problemas de la ciudad empiezan a parecerse bastante, tanto por esa urbanidad suave o atenuada que se ha descrito antes (mucho menos saturada que la de la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas), como por lo que se denomina nueva ruralidad, que se refiere a esas condiciones de vida en las áreas rurales que empiezan a semejarse en comportamientos, necesidad de servicios y demandas sociales a las que pueden ofrecerse o solicitarse en una localidad con urbanidad atenuada.

A todo lo anterior debe añadirse que Paraguay es un país insultantemente joven; más de la mitad de la población tiene ahora entre 15 y 40 años, y apenas 500.000 personas --cerca de un 7%-- tiene más de 65 años. Estos datos podrían garantizar un futuro a corto y medio plazo excepcionalmente positivo en términos de crecimiento del país, pero a su vez obligan a una enorme responsabilidad social e intergeneracional en la que debe mediar la política, a fin de construir un estado de bienestar que asegure una situación favorable a unos 30 años vista. A juicio de quien suscribe, ese ejercicio de mediación de la política no se está cumpliendo, y seré claro: Paraguay está desaprovechando de manera incomprensible e irresponsable el bonus demográfico (al menos si por "aprovechar" entendemos aprovechamiento social del conjunto de la ciudadanía, y no del bolsillo de un 5% o 10% de las billeteras más rollizas del país).

De esas 500.000 personas antes mencionadas que son mayores de 65 años, hoy en día solamente el 10% percibe una pensión del Estado... ¡solo uno de cada diez mayores! El resto subsisten como pueden: algunos con las mínimas rentas que hayan podido acumular, otros con los réditos de alguna empresita que ya no gestionan pero en la que aún tienen algún tipo de participación, otros continúan trabajando en actividades menores de manera informal para subsistir, y una amplia mayoría son asistidos económicamente por las siguientes generaciones de la familia.

Les invito a imaginar la dimensión del problema cuando en lugar de un 7% de población mayor de 65 años este segmento demográfico sea tres veces mayor, de un 21% (como es ahora el de España), y el país tenga un millón y medio de personas --uno de cada cinco o seis ciudadanos-- sin ingresar prestación alguna ni por trabajo ni por jubilación. La simple imaginación debería hacer saltar todas las alarmas al político y al votante, pero en Paraguay a pocos parece importarles nada más allá de los 2, 3 o 4 años siguientes (lo que reste, en cada momento, hasta las siguientes elecciones). Por desgracia no se piensa demasiado en el futuro... o se piensa apenas lo justo --por reducido, no por justicia--, y rara vez se piensa en lo necesario.

La clase media, muy reducida aún en el país, está creciendo en gran medida a través de esas primeras generaciones de adultos de lo que podría denominarse el baby boom paraguayo, que se produjo hace unos 30-35 años, y que ahora tiene entre 20 y 35 años de edad (a unos 30 años de diferencia con España, cuyo baby boom inició hacia 1960). Esto debe hacernos pensar que si Paraguay no apuesta ahora por un modelo de país que cimiente con solidez un estado de bienestar suficiente y que refuerce desde ahora y de manera sistemática un sistema tributario de redistribución adecuado, el futuro social será francamente complejo dentro de 30 o 40 años, cuando ese baby boom se jubile desprovisto en buena parte de garantías sociales, sin un estado de bienestar suficiente, y en un contexto cultural que tiende siempre a la improvisación política y administrativa.

Si yo fuera paraguayo y rondara la treintena, pondría atención al político/a que hablara de estado de bienestar y redistribución, porque eso es, sin duda, lo inexcusablemente necesario para un paraguayo o una paraguaya que tenga ahora entre 25 y 40 años; es fundamental construir el estado de bienestar y el sistema de redistribución social de la riqueza del país. Y si a eso le sumas el reforzamiento de los mecanismos de igualdad de género, la lucha contra la corrupción estructural, tolerancia a la diversidad sexual, protección de la cultura indígena y los territorios de los pueblos originarios, limpieza del corrupto sistema de Justicia del Estado, cuidado y conservación del medioambiente y la naturaleza del territorio nacional, desarrollo de los mecanismos de integración regional, apuesta internacional por la paz, la democracia y los derechos humanos, etc... ¡mucho mejor! Pero si ahora no se produce en el país una apuesta decidida por el estado de bienestar y por una redistribución justa de la riqueza, el Paraguay de 2050 será un país mucho peor para envejecer de lo que hoy es (al menos si para entonces no eres rico).

Hecho este análisis de la situación demográfica, socioeconómica y cultural, es momento de lanzarnos sobre el debate actual en Paraguay: la política y las elecciones del próximo 30 de abril.

Qué opciones políticas hay en Paraguay

En un reciente artículo[1] ya avancé el que para mí es el gran salto que necesita Paraguay en estas elecciones, y en otro[2] anterior había explicado las características de la organización política hegemónica en el país: la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, y que gobierna Paraguay casi de manera ininterrumpida desde 1947 hasta la actualidad (incluyendo 35 años de dictadura militar entre 1954 y 1989). Por ello, en esta ocasión, no dedicaré atención a esos dos aspectos, sobre los que el lector/a puede encontrar información en esos artículos previos, sino que abordaré directamente las dos opciones --el continuismo o el cambio-- entre las que parece debatirse el país en estas elecciones. ¿Cuál es esa alternativa que parece tener opciones de ganar las elecciones presidenciales en Paraguay el 30 de abril?

El politólogo paraguayo Marcos Pérez Talia analizó en un artículo[3] las encuestas electorales realizadas en Paraguay durante el mes de febrero, y concluye que aquellas que tienen mayor credibilidad y mejores muestreos estadísticos apuntan a un resultado muy ajustado entre las dos candidaturas principales a Presidente-Vicepresidente, con una ligerísima ventaja en favor (del 2-3%) de la candidatura de la oposición al Partido Colorado, que presenta una "chapa electoral" con las principales fuerzas opositoras unidas en torno a la coalición electoral denominada Concertación Nacional, cuya dupla está formada por Efraín Alegre como candidato a Presidente y Soledad Núñez como candidata a Vicepresidenta. Una de las encuestas independientes más recientes, la de Atlas Intel[4], publicada en la primera semana de abril, seguía ofreciendo un pronóstico similar al de las encuestas de febrero, con un 38% a favor de la Concertación Nacional y un 36% para la ANR (Partido Colorado).

Los demás candidatos parecen no tener ninguna oportunidad de alcanzar la Presidencia; como en Paraguay no hay segunda vuelta, la campaña electoral no deja lugar para la especulación, de manera que el resto de candidaturas determinarán el desgaste o el voto perdido de las dos candidaturas con posibilidad real: la de la Concertación Nacional de Efraín Alegre y Soledad Núñez (que supondría una alternancia al poder tradicional en Paraguay), y la del Partido Colorado, conformada por Santiago Peña y Pedro Alliana (que representa el continuismo).

La elección de Peña y Alliana supondría reeditar en el poder la hegemonía de la ANR, sustentada, como mantiene la mayoría de los especialistas, en tres elementos: primero, un sistema clientelar y prebendario que aprovecha los recursos del Estado a su favor, ofreciendo puestos, contratos y recursos públicos a sus militantes y votantes (lo consigue gracias a que la ANR lleva décadas gobernando el Ejecutivo y también la mayoría de las circunscripciones regionales, denominadas "departamentos"). En segundo lugar, además de las posibilidades que ofrece la apropiación de los recursos e instituciones del Estado, el éxito social de la ANR se sostiene también gracias a que la adscripción de su militancia se produce por razones familiares o comunitarias, más que por argumentos de tipo ideológico o programático: "soy colorado porque mi padre y mi abuelo son colorados", es el motivo de muchos jóvenes paraguayos para afiliarse y votar por la ANR; esto le ha dado al Partido Colorado una afiliación masiva y mucho arraigo en la sociedad paraguaya, con cerca de 2 millones de afiliados de los 7,5 millones de personas del país --alrededor del 40% del padrón electoral--, aunque no toda la militancia oficial vota al partido en las elecciones. El tercer factor que podríamos tener en cuenta para explicar el éxito del Partido Colorado --tras el uso/abuso del Estado, y la adscripción familiar-- lo expresa muy bien el politólogo Marcello Lachi, al considerar que la ANR es un Partido-Estado con un discurso populista muy maleable que, precisamente por no estar fundamentado en un programa ideológico concreto, tiene la capacidad de alterarse elección tras elección para ir adecuándose en cada momento histórico a la idiosincrasia popular paraguaya, y así mantenerse enganchado a la sociedad en lo cultural.

La realidad es que una secuencia casi ininterrumpida de 75 años de gobiernos colorados ha dado como resultado el Paraguay descrito en la parte inicial de este artículo: un país terriblemente desigual y con un reducidísimo o irregular acceso a servicios básicos de mínima calidad para la mayor parte de su población. Eso sí, en lo tocante a la política económica hacia el exterior, Paraguay se ha caracterizado por aplicar la habitual doctrina neoliberal que permite que las corporaciones e intereses extranjeros multinacionales exploten al máximo los recursos naturales y humanos del país, apoyándose para lograrlo en la clase política dirigente --principalmente de la ANR-- y en una élite socioeconómica nacional hiper enriquecidas, que gracias a estos negocios transnacionales siguen ampliando sus fortunas y sus patrimonios tanto en el interior como en el exterior del Paraguay.

La alternativa a ese escenario está llena de esperanza e incertidumbre, casi a partes iguales: la posible victoria en las elecciones presidenciales de la Concertación Nacional (candidatura de frente amplio con partidos y grupos de izquierda, centroizquierda y derecha moderada), no tendría por delante un escenario de gobierno cómodo, y existe también una duda razonable sobre la capacidad que tendría la Concertación para organizar un Gobierno y un sistema interno de funcionamiento operativo y capaz de llevar adelante el programa de la coalición electoral; sin embargo, después de tanto gobierno colorado, y ante el dantesco escenario socioeconómico histórico del país, cualquier cambio difícilmente puede ser a peor, y el mero hecho de que se produzca una alteración en el poder suena ya a suficiente éxito. A pesar de todo, el programa que ofrece la Concertación Nacional parece mucho más adecuado a las necesidades del país que la clásica receta populista de la ANR, absolutamente ineficiente o inoperante, incapaz de transformar ni la sociedad ni las instituciones públicas paraguayas.

En una reciente entrevista del candidato a Presidente de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, conversación que mantuvo con los periodistas Diego Barreto y Adri Caballero --del diario Última Hora-- el pasado 31 de marzo, aparecieron claramente destacados los tres pilares sobre los que descansa el consenso político y la apuesta programática de esta coalición electoral: renovar y modificar los mecanismos de funcionamiento y control del poder judicial para hacerlo --como debería ser-- transparente e imparcial, a fin de que el sistema ofrezca la seguridad jurídica y la previsibilidad que faciliten la inversión extranjera, el desarrollo económico local y la confianza ciudadana en este Poder del Estado (un objetivo muy complejo por la terrible corrupción que aflige al poder judicial actualmente en Paraguay). En segundo lugar, la Concertación Nacional apuesta por un cambio en la gestión de la energía --Paraguay tiene dos grandes represas hidroeléctricas que garantizan el 100% de la electricidad del país, con un inmenso remanente que se exporta hacia Brasil y Argentina--, para utilizar la energía nacional como factor de desarrollo y bienestar social. El tercero de los pilares del programa electoral de la Concertación es el desarrollo del campo (ese tercio de la población rural antes mencionado, junto a colectivos que viven en áreas urbanas pero que también subsisten económicamente gracias a esa producción, por su distribución y venta), pilar que tendría como finalidad central la de acabar con la expulsión de la gente de las áreas interiores hacia las principales ciudades del país o hacia el extranjero, logrando además reducir la brecha económica nacional.

Los movimientos sociales en Paraguay pueden clasificarse en dos grandes grupos en función del tipo de reclamaciones y reivindicaciones, reclamos que tienen que ver con el ámbito socioeconómico en el que se gestan y ocupan estos movimientos (aunque cada vez son más los elementos de carácter transversal, como la igualdad de género, que se cruzan como reivindicación general de movimientos de ambos grupos. Estas dos eventuales agrupaciones de movimientos sociales paraguayos tienen que ver con las necesidades y preocupaciones del mundo rural y del ámbito urbano.

Por una parte, en el "interior" del Paraguay, eminentemente rural (algo parecido, salvando las distancias, a nuestra "España vaciada"), las reclamaciones giran en torno al desarrollo y tecnificación del mundo agroganadero, al desarrollo comunitario (fundamental en estas áreas), a la protección del pequeño y mediano productor, a los derechos sobre la tierra y los riesgos de la concentración de propiedad, a la extensión del monocultivo y el uso de pesticidas, al acceso a servicios propios del tercer sector y, allí donde existen grupos de población indígena (cerca de 130.000 personas de una veintena de pueblos, que constituyen alrededor del 1,7% de la población total del país), los reclamos giran en torno a la protección de los territorios ancestrales y las culturas de los pueblos originarios, así como a los mecanismos de traslación de servicios básicos de los estados modernos --como la educación o la sanidad-- de forma que se respeten sus respectivas cosmovisiones e identidades étnicas propias.

Por la otra parte, en las áreas urbanas o conurbanas, además de las reclamaciones de mayor calidad de vida, de menor corrupción y mejoramiento de los servicios del Estado que ya fueron mencionados, aparecen con claridad tres ejes fundamentales de reclamaciones fuertemente vinculadas a la agenda internacional progresista: igualdad de género, derechos LGTBI+ y medioambiente. Paraguay es un país fuertemente imbuido por la ideología nacionalista, la cual intensificó el discurso tradicional-conservador en el país, erosionando casi todas las posibilidades de articulación del relato social progresista; este discurso progresista se mantiene todavía muy restringido en la sociedad paraguaya, contenido en los colectivos activistas más afectados, en algunos grupos políticos de izquierda, y también en los centros e instituciones culturales o educativas extranjeras sitas en el país (como por ejemplo el Centro Cultural de España 'Juan de Salazar', que desde hace algunos años despliega con claridad una agenda verde e indigenista y de reivindicación feminista y tolerancia e inclusión de la diversidad sexual, agencias del sistema de las Naciones Unidas como ONU Mujeres, la FAO, la OMS o UNESCO, así como entidades como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales --CLACSO--, organismo académico con mucho peso regional que apuesta por la producción científica crítica).

En general, las reivindicaciones del campo paraguayo son supuestamente defendidas tradicionalmente por el Partido Colorado, sin que el atraso económico de estas áreas, la expulsión de sus habitantes, o la concentración de tierra y la tendencia a explotar los cultivos de acuerdo con principios neoliberales puedan justificar esa supuesta defensa. Entre otros motivos, dar respuesta a esos movimientos sociales --hasta épocas recientes mucho más proclives a ser funcionales a los intereses electorales de la ANR-- puede estar detrás de la agenda de desarrollo rural de la Concertación Nacional de cara a estas elecciones.

Por su parte, las reivindicaciones sociales más propias de las zonas urbanas en Paraguay, donde la agenda progresista nacional empasta mejor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030, están muy relacionadas con aspectos relativos a la tolerancia y la diversidad sexual, así como el feminismo o la igualdad de género; se trata, sin embargo, de una batalla cultural asimétrica y terriblemente desigual en el acceso a los recursos del Estado, en el contexto de una sociedad profundamente conservadora y con la ANR espoleando las bandera habituales de los neopopulismos de derechas más recalcitrantes, apelando con ello al voto identitario tradicional y culturalmente conservador de la sociedad paraguaya en los comicios.

Las fugas de la Concertación Nacional

Pero, cabe preguntarse, ¿hasta dónde alcanza la Concertación Nacional? ¿Ha conseguido este proyecto de coalición coyuntural aglutinar a toda la oposición al coloradismo y a todas las sensibilidades o grupos de la izquierda paraguaya? La respuesta es no.

En los últimos años la izquierda paraguaya estaba organizada en torno a un partido-coalición denominado Frente Guasú (Frente Grande o Frente Amplio, en lengua guaraní), nacido en 2010 al calor de la victoria de Fernando Lugo, para organizar los grupos y fuerzas progresistas de Paraguay, capitalizando el voto opositor y de izquierda. Las disputas internas por las candidaturas y posicionamiento de los principales referentes de la coalición llevaron a una ruptura del grupo, parte del cual optó por el proceso ya tradicional en la democracia paraguaya de acompañamiento de la izquierda al PLRA (el principal partido de oposición en Paraguay, con un nivel nada despreciable de militancia, estructura y recursos, con ideología que podríamos catalogar de centro moderado, con guiños y militantes a izquierda y a derecha).

Esta parte del Frente Guasú y el PLRA terminaron conformando la Concertación Nacional, junto con otro de los partidos históricos progresistas de Paraguay, el Partido Revolucionario Febrerista (de inspiración marxista-socialista, fundado en 1936), y otros partidos de izquierda como el Partido del Movimiento al Socialismo, el Partido Paraguay Pyahura o el Partido Democrático Progresista, además del Partido País Solidario y el Partido Participación Ciudadana (estos dos últimos ambos ya pertenecientes al Frente Guasú). A esta parte progresista de la Concertación se añadieron otros partidos de centro o de derecha liberal, que pretenden posicionarse como oposición a la hegemónica ANR, entre los que algunos de los apoyos más relevantes son el partido Encuentro Nacional (centro), con Kattya González a la cabeza, o el Partido Patria Querida, de ideología liberal (centro-derecha), liderados por Sebastián Villarejo.

No obstante, otra parte de lo que hasta 2022 había conformado el progresista Frente Guasú ha optado por apoyar la candidatura de Euclides Acevedo, de 72 años, un histórico dirigente del Partido Revolucionario Febrerista --partido que concurre con la Concertación Nacional-- que en los últimos tiempos, ya en posiciones mucho más conservadoras que en sus orígenes políticos, fue tendiendo hacia un acercamiento táctico a la ANR (fue Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores durante este último periodo legislativo). El objetivo de Acevedo de conformar una candidatura principal en torno su figura, intentando ganar con ello cierta independencia con respecto al PLRA parece realmente una quimera en el sistema electoral paraguayo de las últimas décadas, donde este partido constituye la base de cualquier opción posible de confluencia opositora exitosa.

No obstante, algunos dirigentes del Frente Guasú optaron por concurrir bajo la chapa presidencial de Acevedo, como Jorge Querey --senador del partido y médico personal de Fernando Lugo hasta el pasado 18 de abril de 2023--, quien completa la chapa de Acevedo como Vicepresidente, o los también senadores por el Frente Guasú Sixto Pereira (líder del Partido Popular Tekojoja, partido de izquierda con fuerte componente social bien implantado en el ámbito rural), Hugo Richer (del Partido Convergencia Socialista) o Miguel Fulgencio 'Kencho' Rodríguez (que acusó a la Concertación de manipulación de la figura de Lugo en su encuentro con Mujica ante Efraín Alegre y Esperanza Martínez).

La fórmula electoral Acevedo-Querey --bajo la denominación de La Nueva República-- alcanzaría en las encuestas entre el 2% y el 6% de los votos (probablemente el voto útil terminará acercando más el resultado al primero de los dígitos). A la vista de las opciones electorales de la coalición, esta otra candidatura con elementos progresistas parece que finalmente actuará más como desgaste electoral de la Concertación Nacional --y en menor medida quizá de algún voto descontento de la ANR-- que como una verdadera candidatura por el cambio (hablando en términos de posibilidades electorales y no necesariamente por programa, en el que podrían asemejarse relativamente ambas candidaturas progresistas). No obstante, aún encontrándonos en los últimos días previos a la celebración de los comicios, sería posible llegar a algún acuerdo entre ambos sectores de oposición, que podría terminar con la solicitud de voto a la Concertación Nacional por parte de los dirigentes de La Nueva República a sus simpatizantes y militancia; este acuerdo dispararía de manera determinante las opciones de esta gran coalición, pero a estas alturas las fuentes consultadas señalan que resulta francamente imposible.

A pesar de esa división de los sectores de izquierda con la escisión hacia Acevedo de una parte del Frente Guasú, las opciones de la Concertación Nacional parecen ser muy reales. Además, un factor indirecto que podría favorecer a esta coalición es que el tercer candidato presidencial con mayor intención de voto según las encuestas (10-15% de apoyo), el controvertido ultraderechista Paraguayo Cubas, sostiene un discurso de anti-política parecido al desplegado durante los últimos años por el sector de la ANR afín a Horacio Cartes y financiado por este, lo que podría eventualmente restar más votos al propio Partido Colorado que a la Concertación opositora en las elecciones.

Cinco detalles transnacionales dan esperanza al cambio

Hay cinco factores de índole transnacional que invitan también a pensar que en Paraguay los vientos de cambio soplan fuertes: el primero de estos factores es el contexto político latinoamericano, que ha virado en los últimos años hacia posiciones programáticas y/o ideológicas progresistas, lo que podría animar a muchos votantes paraguayos a tratar de adecuar el Gobierno de su país al signo ideológico de su región para evitar un relativo aislamiento político durante los próximos años.

El segundo factor viene dado desde Europa, donde la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania ha situado a la Unión Europea, ante el boomerang de las sanciones a Rusia, en la necesidad de impulsar y reforzar los lazos de cooperación internacional con las regiones de relativa neutralidad en el conflicto --como es Sudamérica--, provocando que Europa asuma con mucha mayor firmeza su papel de arbitraje 'democrático', tomándose en serio la Misión de Observación Electoral que desplegará en Paraguay junto con la que se realizará desde la OEA.

El tercero de los factores viene desde el ámbito religioso: la iglesia romana tiene fuerte peso en Paraguay, país mayoritariamente católico y donde, además, la tradición jesuita es muy importante (no olvidemos que el actual papa es jesuita y argentino, y conoce muy bien la realidad pasada y presente paraguaya). Los jesuitas tienen una fuerte y dilatada historia de lucha social y de educación y conformación de clases opositoras y grupos de resistencia al militarismo y al autoritarismo de la dictadura stronista durante la Guerra Fría; además, recientemente están viendo dificultado su proyecto de creación de una universidad en Asunción bajo el sello de su orden. Todo lo anterior puede estar generando fuertes presiones desde Roma y algunas diócesis y órdenes hacia la Iglesia Católica paraguaya en su conjunto, para que suavice el granítico conservadurismo social en que se encuentra instalada desde hace años y apueste también por un discurso de cambio y de justicia social en el país, el discurso que tradicionalmente mantuvieron los jesuitas en Paraguay.

El reciente apoyo del expresidente uruguayo José Mujica a la Concertación Nacional no debe pasar inadvertido, con su presencia en la residencia personal de Fernando Lugo en Lambaré, donde se fotografiaron con la "bandera del cambio" junto a Efraín Alegre y, entre otros miembros relevantes de la Concertación, con la senadora paraguaya Esperanza Martínez (una de las principales referentes de la coalición para buena parte de la clase media joven asuncena). También participó Mujica en un encuentro organizado el 15 de abril en Villa Elisa por la militancia joven efrainista del PLRA, donde declaró que "para conseguir un cambio como país se debe buscar la unidad, no importa la diversidad de ideologías, porque un pueblo que no se une sucumbe"; esta afirmación está en absoluta sintonía con el proyecto de la Concertación Nacional, evidenciando el apoyo simbólico de uno de los referentes de lo que fue la Nueva Izquierda latinoamericana en los albores del siglo XXI (la consideración en Paraguay hacia la figura de Pepe Mujica es alta entre la juventud y la izquierda en general).

Finalmente, el quinto factor transnacional que acompaña la esperanza de cambio en Paraguay, y sin duda alguna el más relevante de todos, lo puso sobre la mesa EEUU a comienzos de este mismo año, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano sancionó al expresidente paraguayo Horacio Cartes y al actual Vicepresidente del país (ambos de la ANR) por "participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay" (según el comunicado de prensa del 26 de enero de la Embajada estadounidense en Asunción).

Este golpe en la mesa de EEUU puede ser determinante por dos motivos: el primero, porque constituye el mensaje político más nítido que los norteamericanos podían dar a un país amigo y aliado en la esfera internacional como es Paraguay; y el segundo porque es un terrible ataque a la línea de flotación financiera de la propia ANR, que se nutre en gran medida de los capitales de este empresario. De hecho, en marzo EEUU informó que incluía también a TABESA en la lista negra de empresas sancionadas, y como afirmaba recientemente[5] la periodista paraguaya Estela Ruiz Díaz, "no es una empresa cualquiera, pues esta tabacalera es la principal fuente de la inmensa riqueza de Cartes, de la que se valió para construir su poder político a fuerza de generosa billetera con la que compró a la ANR para ser Presidente de la República, mantuvo su poder a fuerza de sobornos en el Congreso según consta en el documento norteamericano, y con la que sigue pagando la campaña de su candidato presidencial actual, Santiago Peña".

El mensaje de EEUU ha sido captado por la Concertación Nacional, que ha tomado nota de la situación, algo que probablemente ni quiere ni puede hacer el Partido Colorado; para muestra de ello se reproducen estas palabras del candidato a Presidente de la Concertación, Efraín Alegre, durante la entrevista con el diario Última Hora:

El modelo que ofrece la ANR es un modelo comprometido con el crimen organizado, con el sicariato, con la corrupción... conductas que hoy la comunidad internacional ya no tolera. ¿Qué es lo que nos están diciendo con las sanciones a Cartes? ¿cuál es el mensaje...? Que estas conductas, este modelo que representan Cartes-Peña ya no es aceptado por la comunidad internacional, que las conductas delictivas no terminan en el Paraguay, trascienden las fronteras, y que la justicia internacional no admite este tipo de conductas. (...) Esto es algo que tenemos que ver como país, porque este modelo de Cartes y de Peña pone en peligro el aislamiento del Paraguay, exponiéndolo a sanciones internacionales por practicar conductas ilegales ya no toleradas por la justicia internacional. El 'opareí' [hacer las cosas de cualquier manera, no tomárselo en serio dejando la tarea sin completar] puede que funcione como una 'ley' en el Paraguay, pero no en la comunidad internacional. (...) Tenemos que entender que debemos adecuar nuestro modelo nacional a las prácticas jurídicas internacionales admitidas, y asumir que el cambio se impone.

De las palabras de Alegre se desprende que la Concertación comparte las preocupaciones internacionales sobre Paraguay, y se compromete políticamente a afrontarlas de manera decidida, una determinación que se añade al acertado diagnóstico de los problemas internos de la población paraguaya.

A la luz de las encuestas, parece haber un empate técnico entre la candidatura continuista de la ANR y la alternativa que ofrece la Concertación Nacional. Y si el cambio político finalmente llega en Paraguay, sin duda trae esperanza, pero lo hace en la misma medida en que genera incertidumbre por la capacidad que tenga esta coalición electoral de tendencia progresista para gobernar de manera funcional y, sobre todo, para llevar a cabo su tan ambicioso como necesario proyecto de país.

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* Historiador y politólogo, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid

Notas:

[1] https://www.elsaltodiario.com/paraguay/salto-necesita-paraguay

[2] https://blogs.publico.es/otrasmiradas/70490/elecciones-en-paraguay-entre-la-anr-y-la-pared/

[3] https://tererecomplice.com/2023/03/06/guerra-de-encuestas-2023-primer-round/

[4] https://cdn.atlasintel.org/03a3b3a9-d719-43cf-881b-08305de8f4bf.pdf

[5] https://www.ultimahora.com/marzo-es-paraguayo-n3055836.html

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