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16/06/2021 :: Mundo

Pedro y los lobos

x Ariela Ruiz Caro
El maestro del lápiz derrotó a Keiko Fujimori y a los poderes fácticos del Perú en elecciones limpias. Al estilo Trump, los derrotados usan el 'lawfare'

Pedro Castillo logró bloquear la opción autoritaria y corrupta que representa el fujimorismo.

Después de una semana de gran tensión, finalizó el conteo de votos y la solución de las actas observadas durante el escrutinio del 6 de junio. Pedro Castillo obtuvo el 50.15% de los votos y su contrincante Keiko Fujimori el 49.85%. La diferencia de 50.000 votos a favor de Castillo es mayor a los 42.000 con los que Pedro Pablo Kuczynski le ganó la presidencia a Keiko Fujimori en 2016. Esta sería la tercera derrota consecutiva de la candidata de Fuerza Popular, quien en 2011 perdió frente a Ollanta Humala por una diferencia más holgada (3,24%).

El triunfo del maestro Pedro Castillo será registrado en los anales de la historia como uno de los hechos simbólicos más significativos e importantes del bicentenario de la república. Con su lápiz y megáfono en mano logró encarnar a la población del interior del país, a los más vulnerables, especialmente en la sierra y la selva, que no sucumbieron a la campaña de terror sobre la llegada del comunismo y de Sendero Luminoso si triunfaba Castillo. Será también el triunfo de aquellos que no se dejaron comprar por las propuestas populistas de última hora de su contrincante, Keiko Fujimori, quien ofreció bonos (por unos 3.000 dólares) a los familiares de fallecidos por Covid-19 o el desembolso en mano de un porcentaje del canon minero.

Lo más extraordinario del maestro del lápiz es haberse impuesto a la maquinaria mediática, al poder económico, a la campaña inescrupulosa de noticias falsas en las redes sociales y a la cobertura desigual de las dos fuerzas contendientes en la mayor parte de la prensa escrita y televisiva. La mayoría impuso una línea de defensa cerrada a Fujimori que dio lugar a despidos y renuncias de muchos periodistas por presión de directivos de los medios.

Concluido el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones debería declarar hoy a Pedro Castillo presidente electo del Perú para iniciar prontamente la etapa de transición del gobierno. Lamentablemente, el fujimorismo y los empresarios que financiaron su campaña sacaron las garras y han recurrido a instrumentos legales seriamente cuestionados por expertos en derecho electoral. Se trata de un pedido de nulidad de actas ya certificadas y contabilizadas, con el fin de restarle votos a Castillo y revertir el resultado de la elección. Esto ocurre a pesar del pronunciamiento unánime de los observadores nacionales e internacionales, incluida la OEA, quienes han señalado que las elecciones fueron transparentes, legítimas, y que las irregularidades presentadas son propias de cualquier elección durante la revisión de votos en la mesa de sufragio, que se estaban resolviendo adecuadamente.

El canto del cisne

El pedido de nulidad de actas presentada por Fuerza Popular tiene carácter político y carece de fundamentos jurídicos, a pesar de que cuenta con la colaboración de los bufetes de abogados más poderosos del país. Estos recurrieron a un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones -que permite la revisión de actas ya certificadas y contabilizadas- cuando vieron que los votos de los peruanos en el extranjero fueron un fiasco. Del millón de inscritos en el padrón electoral sólo el 36% acudió a las urnas, por lo que Fujimori sólo obtuvo 219.000 votos. Con esos resultados, no tenía forma de ganar la elección. Su suerte estaba echada.

Fue entonces que se recurrió al artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones que señala cuatro causales para declarar nulas las actas de votación ya certificadas y contabilizadas. Se trata de hechos muy graves puesto que anular un acta implica anular los 200 votos que por lo general incluye cada una. Las boletas de cada voto son destruidas cuando en la mesa de sufragio se aprueba su idoneidad por los miembros de mesa y personeros legales. Sólo se conservan las boletas observadas, que se envían para su resolución al Jurado Especial de Elecciones, proceso que concluyó ayer.

Los abogados de Fujimori han sustentado su pedido de nulidad en la "existencia de fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato". A juicio de expertos en derecho electoral, los pedidos de nulidad presentadas por Fuerza Popular son improcedentes. La mayoría corresponde a actas en lugares donde Perú Libre ganó con amplio margen a Fujimori. ¡Oh casualidad!

Lamentablemente para Fuerza Popular, estos se presentaron fuera del plazo previsto por la ley, pues no lograron juntar a tiempo el número de actas suficientes para revertir los resultados. De las 802 actas que presentó Fujimori, sólo 165 fueron ingresadas de acuerdo a los plazos de ley. En un hecho inexplicable, el Jurado Nacional Electoral violó la ley y extendió el plazo para que pudieran ser aceptadas todas las solicitudes. El cargamontón por violentar la ley fue tal, que a las pocas horas tuvo que retractarse.

Después de estos hechos, la Misión de Observadores de la OEA señaló que el balotaje presidencial entre ambos candidatos fue un "proceso electoral positivo", en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta y en el que no se detectaron "graves irregularidades". Human Rights Watch ha dicho que "una cosa es presentar demandas legítimas para proteger el derecho al voto y otra muy distinta es intentar privar del derecho al voto a quienes apoyan a un adversario. La primera opción busca fortalecer la democracia. La segunda, debilitarla".

Los representantes de las comunidades indígenas, campesinas y amazónicas también rechazaron las denuncias de nulidad de los abogados del fujimorismo para anular actas que involucraban más de 200.000 votos y señalaron que se trataba, de "un evidente racismo" al no respetar los votos rurales de la segunda vuelta en las zonas más alejadas del país. Declaraciones como las de Julio César Castiglioni, abogado del fujimorismo que sostiene que "en las serranías del país han llenado las ánforas a su antojo", han generado un profundo rechazo. Se ha anunciado que iniciarán medidas legales como una acción de amparo que "haga respetar" el voto de las zonas rurales.

En la historia de procesos electorales en el Perú no se había visto un aluvión de pedidos de nulidad de actas como los presentados por Fuerza Popular. Esto no sólo es inédito sino peligroso, porque pone en tela de juicio la seguridad jurídica y el manejo institucional de los comicios. Se pretende crear desconfianza con argumentos sin fundamento que, al estilo de Donald Trump, instalan la idea de una elección "robada" que dificulta la gobernabilidad.

La falta de elementos probatorios de las acusaciones para invalidar las actas en esta treta del fujimorismo, permite suponer que la mayoría de los casos serán desestimados por las autoridades del Poder Electoral. Aun si eso no ocurriera, Julio Arbizu, ex procurador del Estado y actual miembro del equipo legal de Perú Libre, señala que los 165 pedidos de nulidad de actas que ingresaron a tiempo representan unos 38.000 votos. Si todos los pedidos fueran admitidos, ese número de votos no le alcanzaría a Keiko Fujimori para revertir el resultado.

El escenario que le espera

Los autodenominados "salvadores de la patria del comunismo", encolumnados detrás de Fuerza Popular, saben bien que eso es sólo una estrategia de su campaña. Aún si Castillo quisiera instalar un régimen comunista, no tiene respaldo en el Congreso para hacer mucho. Se trata de un gobierno sumamente débil. De un total de 130 congresistas, cuenta apenas con 37, de los cuales 20 son cercanos al secretario general del Partido, Vladimir Cerrón, y 17 cercanos a Castillo. Tiene el apoyo de los cinco congresistas de Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza y, muy probablemente, de algunos partidos de centro como el Partido Morado (del Presidente Francisco Sagasti) y algunos miembros de Acción Popular, entre otros. Pero la alianza de la derecha es mayoritaria pues cuenta con el apoyo del célibe candidato enamorado de la virgen, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, de Hernando de Soto, de Avanza País, y de Alianza para el Progreso.

El jefe del equipo económico de Perú Libre, Pedro Francke, ha señalado que las principales preocupaciones del gobierno serán la pandemia, el desempleo y la pobreza. El Perú ha sido uno de los países más castigados por la pandemia. Con 32 millones de habitantes, tiene casi 190.000 muertes por la Covid-19. Es por lejos, el país con mayor número de muertes por habitantes en el mundo.

Han reiterado que no habrá estatizaciones ni confiscación de ahorros. Tampoco control de cambios. El Perú no tiene un problema de falta de divisas. Las reservas internacionales netas superan los 77.000 millones de dólares, el superávit comercial se ha incrementado con respecto al año anterior y los niveles de endeudamiento externo son manejables. Impulsarán la reactivación económica con foco en las Pymes y los emprendimientos agrarios de la sierra.

Se ha señalado que los recursos para la reactivación económica provendrán de una mayor presión tributaria, que a su vez se conseguirá a través de dos elementos: una menor evasión y elusión tributaria (según Francke el Perú recauda menos de la mitad de lo que debería por la evasión) y, en segundo lugar, un incremento de impuestos o regalías a la minería. "La riqueza adicional de la minería por los altos precios debe compartirse con los peruanos". En efecto, los precios del cobre, estaño y oro, principales productos de exportación de Perú, han incrementado significativamente sus precios en el mercado internacional.

Se destinarán más recursos al gasto social, especialmente en salud, educación, innovación y tecnología. La nueva política económica dejará de hacer del gasto social la variable de ajuste para tener el déficit fiscal controlado como lo han hecho todos los gobiernos en los últimos treinta años en los que el país ha sido alabado por el establishment internacional, de la misma manera en que lo hicieron con Chile y Colombia. El camino de una distribución más justa del ingreso será complejo y probablemente requiera de un acuerdo de gobernabilidad con mediadores como el Acuerdo Nacional o, inclusive, la iglesia católica. La campaña de Fuerza Popular ha generado un grado de polarización y temor que será duro de remontar.

Castillo ha derrotado a su contrincante Fujimori en elecciones limpias y transparentes, avaladas hasta por la OEA y todos los organismos supervisores. El intento de revertir la elección mediante métodos falaces, no impedirá que Castillo sea el próximo presidente del Perú. Lo único que logra la candidata y sus socios con su irrespeto a la democracia es producir crispación en la población y exponerla a enfrentamientos en un escenario de pandemia. El mayor legado de Castillo habrá sido derrotar a la artillería desplegada por el poder fáctico. Asimismo, haber bloqueado la opción autoritaria y corrupta que representa el fujimorismo. Su triunfo, como todo parece indicar, se inscribe en el camino iniciado por Chile y que muy probablemente continuarán Colombia y Brasil.

elcohetealaluna.com

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