Perú: La dictadura neoliberal y el poder popular

La apresurada y arbitraria vacancia del ex – presidente Pedro Castillo, pocos minutos después del mediodía del último 7 de diciembre, fue la puesta en escena de un bien planeado golpe parlamentario – militar.

Hemos sido testigos de cómo, desde el instante mismo en que Pedro Castillo ganó la segunda vuelta de las elecciones del 2021, Keiko y sus aliados iniciaron su guerra contra el “fraude” y desataron una feroz campaña de demolición para traerse abajo el gobierno. Ella y sus secuaces – el contralmirante retirado Jorge Montoya, Lourdes Flórez, Jorge del Castillo y “Porky”, entre otros - afirmaron entonces que Castillo no duraría ni seis meses.

El gobierno de Pedro Castillo duró en realidad algo más, casi año y medio. Al final fue decapitado por la alianza de los extremistas de la derecha del Congreso, las grandes empresas y la prensa oligopólica, que han retomado el control completo del aparato estatal para ponerlo al servicio de sus intereses. En el momento culminante intervinieron, para no dejar lugar a dudas, la embajadora norteamericana y los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Como hemos afirmado en otras ocasiones, han contribuido a este resultado los muchos errores del propio Castillo y las traiciones e inconsecuencias de la izquierda que proclamó respaldar inicialmente a su gobierno.

Ejemplos hay para todos los gustos. Las componendas de Castillo con diversos grupos de la derecha ofreciéndoles altos cargos y prebendas a cambios de sus votos en el Congreso contra la vacancia, por una parte. La estéril carencia de unidad en la acción de los grupos y partidos de izquierda, y aun el oportunismo de sus propios parlamentarios, que con poquísimas excepciones votaron por la vacancia para acomodarse con la derecha, por otra.

EL ACTUAL GOBIERNO

El golpe del 7 de diciembre ha dado paso a un opaco régimen dictatorial cuya fachada es la vicepresidenta del anterior gobierno, Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso pretendió durante meses sancionarla y apartarla de su cargo. Solo 48 horas antes del pleno del 7 de diciembre fue exculpada, evidentemente cuando ya estaba de acuerdo con la prepotente vacancia de Castillo. Sus medidas durante el último mes muestran su total sintonía con la extrema derecha, la represión y su alto costo en vidas humanas.

La “presidenta” de la dictadura es rehén del grupo de extrema derecha que controla el Congreso, en alianza con las grandes empresas, la prensa mercenaria, la policía y las fuerzas armadas, con el propósito de reprimir el movimiento popular. No se contentan solo con la caída de Castillo, su plan estratégico es cerrar el paso al surgimiento de nuevos líderes populares que pugnen por otro modelo económico, una nueva constitución y más derechos de participación democrática con respaldo de las masas.

Han bastado pocos días para que las diferencias entre ambos gobiernos queden bien contrastadas. Mientras que Dina Boluarte asume el triste récord de más de 50 muertos y quinientos heridos de bala por la represión de las manifestaciones populares, el gobierno de Castillo no reprimió violentamente ninguna protesta. Y el nuevo régimen le ha regalado a la prensa y la TV un jugoso botín de ochocientos millones de soles, como supuesta publicidad estatal, a lo que se opuso firmemente Pedro Castillo durante todo su mandato.

EL PODER POPULAR

Sin embargo, la extrema derecha no previó la dimensión y profundidad de la protesta popular que ha conmocionado el país en las últimas semanas.

El golpe puso al descubierto el dramático descontento de los millones de compatriotas del “interior del interior” del país, víctimas de las políticas de sobre explotación y privatización impuestas por el modelo económico neoliberal desde los años 90 y de la segregación racista heredada desde la fundación misma de la república criolla.

En la primera constitución de la república, en 1823, se estableció como requisito para ser ciudadano peruano saber leer y escribir castellano, así como no ser sirviente doméstico ni jornalero. De esta forma la república, cuyo Bicentenario acabamos de recordar, funcionó de espaldas a los pueblos originarios, considerados “inferiores” por la colonia española, gobernó casi siempre exclusivamente para los habitantes de las ciudades y de las clases pudientes.

A lo largo de muchas décadas, los peruanos y peruanas del Perú profundo han tomado conciencia del sistemático maltrato de las leyes y los gobiernos republicanos, del desprecio de la élite “blanca” dominante y del pisoteo de sus propios derechos. De allí que respaldaran a Pedro Castillo, un hombre como ellos, cuando inició su campaña electoral, y lo apoyaron para convertirlo en el primer presidente de origen indígena en la historia republicana. Y con sus combativas movilizaciones en defensa del voto popular y la democracia, ahora se alzan contra el golpismo y la dictadura.

Muchedumbres organizadas en asambleas comunales, frentes de defensa poblacionales, federaciones de agricultores, organizaciones de ronderos, comunidades campesinas, se han movilizado sobre todo en la macro región Sur (Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Ayacucho), en Junín, en Cajamarca, en las regiones amazónicas. Algunos informes periodísticos afirman que las movilizaciones provienen de más de 200 provincias. Aun hoy se han producido cortes y bloqueos de carreteras en más de 50 zonas. En la costa y en las ciudades, incluso Lima, continúan produciéndose grandes marchas de protesta, con mayoritaria participación de jóvenes y gran proporción de mujeres.

Estamos frente al poder popular, un nuevo sujeto histórico. Los “nadies”, de los que hablaba Eduardo Galeano, se han puesto de pie en el Perú. Han llegado para quedarse e intervenir protagónicamente en el desenlace de la crisis. Varios factores han hecho posible su eclosión. En primer término, el gobierno de Castillo, incapaz de convertirse en un cabal gobierno de izquierda, con un programa unitario y coherente, por carecer de solventes cuadros técnicos con formación política. Pese a lo cual, sí fue capaz de comunicarse directamente con las organizaciones sociales y populares del interior del país, sobre todo en los momentos en que arreciaba la ofensiva golpista de la extrema derecha. Esta conexión contribuyó a la acelerada toma de conciencia en el Perú profundo.

Ahora no nos sorprende que hombres y mujeres campesinos o sencillos jóvenes de pueblos, respondan con propiedad cuando se les pregunta ante la cámara sobre la urgencia de la Asamblea Constituyente o el porqué de su protesta contra la dictadura.

Debemos destacar también el rol que cumplen las nuevas tecnologías de la comunicación (teléfonos celulares y redes digitales) en la ruptura del control de la información por parte de los medios al servicio del sistema (prensa comercial y TV). El acceso generalizado a las nuevas tecnologías ha hecho posible una democratización de la información y una respuesta inmediata ante las circunstancias de las movilizaciones. Se acabó el cerco informativo impuesto a las generaciones anteriores.

También ha sido relevante el papel de la “prensa alternativa” en este proceso. Un nuevo género de prensa directamente vinculado con las causas sociales y políticas, impulsado por periodistas comprometidos con la verdad al servicio del pueblo. Otro campo de trabajo para los militantes revolucionarios.

LA CRISIS DE FONDO

La actual dictadura es un síntoma más de la crisis insondable que pone en riesgo el futuro del propio Perú. Es una cruda verdad que todo el sistema político institucional, el sistema de partidos, los poderes del Estado, las leyes electorales, tal como fueron establecidos por la constitución del 93, no sirven. La inmensa mayoría de la sociedad no está representada. Los derechos de los explotados y los pobres no son reconocidos. La corrupción reina por todos lados y el Estado mismo se ha convertido en pasto de las mafias.

No es sólo una crisis de los partidos y las instituciones. Es también la crisis final del neoliberalismo impuesto por Fujimori. La privatización del Estado no significó otra cosa que la desprotección de las grandes mayorías y la pérdida de sus derechos. Recordemos que la privatización comenzó con el despido de miles de trabajadores públicos y con el remate de las empresas estatales entre los amigos y compadres del dictador. La educación, la salud, los laboratorios y los fondos de pensiones fueron privatizados para generar inmensos negocios a costa de la pobreza de la mayoría. Este modelo no sirve en el Perú y en ninguna parte. Ha fracasado.

El Perú en la economía capitalista mundial no es más que un país proveedor de materias primas. Las dos terceras partes de los ingresos nacionales derivan de las exportaciones extractivas mineras, gasíferas, pesqueras, agropecuarias y no tradicionales, a través de un puñado de corporaciones y grandes empresas tratadas a cuerpo de rey por los funcionarios de un Estado débil y servil. La otra parte de la economía peruana son empresas que satisfacen al mercado interno, en su mayor parte informales y carentes de competitividad. Esta economía no permite la industrialización ni el desarrollo, enriquece a un puñado de grandes intereses, y esquilma a los legítimos dueños del país. El capitalismo mundial no necesita más.

Para agravar las cosas, los millones de pobres y explotados del “milagro peruano” han ido tomando conciencia de su triste suerte, en los años recientes, posiblemente por los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por los líderes más destacados de los partidos de la derecha. Por eso ganó Pedro Castillo las elecciones del 2021, como una esperanza de cambio. No es otra la razón por la que la derecha tiene tanto miedo a las elecciones democráticas.

Esta crisis es de tal profundidad que no es posible solucionarla con meros discursos ni arreglos superficiales. Hay que volver a leer al Amauta Mariátegui y a Lucho de la Puente. Se necesita una auténtica revolución, la refundación del país, un nuevo Perú, para construir otra vez una patria grande y justa. Para eso tenemos que persistir en luchar al lado de los trabajadores y explotados por el capitalismo, para que el pueblo en su conjunto asuma el poder político.

Para comenzar hay que abrir “las grandes alamedas” de la historia, aquellas que preconizaba Salvador Allende, para que por ellas transiten hacia el futuro las multitudes del pueblo organizado, el poder popular.
Solo así podremos vencer a la dictadura derechista, cerrar de una vez por todas el infame Congreso, conquistar la realización de elecciones democráticas y avanzar hacia la Asamblea Constituyente. No queremos solo una democracia formal y tramposa, sino una democracia participativa al servicio de las mayorías populares.

LAS ALTERNATIVAS INMEDIATAS

Según los analistas políticos, nuestro futuro inmediato depende de si la contundencia de la protesta popular logra la renuncia de Dina Boluarte o no. Por supuesto que esto no depende exclusivamente de su decisión personal, porque su renuncia obligaría a la convocatoria inmediata de elecciones generales y al cierre del Congreso, abriéndose un cronograma de regreso a la institucionalidad. Su salida traería abajo todo el tinglado de la dictadura, que necesita tiempo adicional para las modificaciones constitucionales que cierren el paso a las candidaturas de un campo popular y de izquierda cada vez más fuerte.

De no renunciar la presidenta golpista, la perspectiva es la continuidad de la dictadura hasta 2024. Una dictadura que concentraría todos los poderes del Estado, como queda claro con la propuesta del Congreso de recortar el mandato a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE. Por tanto, una dictadura que podría intentar hacer en el país lo que quisiera, sin contrapeso institucional alguno. Y que, según todo lo indica, endurecerá la represión antipopular, con el pretexto de combatir el “terrorismo”, al servicio de sus propios intereses.

Es bastante probable, entonces, que la extrema derecha se incline por continuar con su dictadura abierta. El riesgo de esto es el agravamiento crónico de la protesta social y política, dada la existencia de un poderoso movimiento popular en el interior del país. En estas condiciones, se pueden fortalecer las tensiones separatistas, sobre todo en el Sur andino, como está prácticamente anunciado. Y no es difícil prever que la ruptura de la legalidad institucional por parte de la extrema derecha y la represión sangrienta contra la protesta social y popular, estarían creando las condiciones para un nuevo estallido de violencia interna en nuestra patria. Recordemos los inmensos sufrimientos de nuestro pueblo por estas circunstancias en el pasado.

Son desafíos colosales a los que hay que hacer frente, en forma responsable, en la difícil situación presente. Soy de quienes piensan que las organizaciones y partidos de la izquierda peruana no hemos cumplido un rol adecuado en el último período, en buena parte por nuestros propios errores, que estamos obligados a rectificar.

No hay otro camino para la izquierda en la presente coyuntura que la unidad y la lucha. Tenemos que unirnos entre los distintos contingentes de la izquierda para luchar contra la dictadura. Intensificar nuestro trabajo político en el seno de las bases de los trabajadores y del pueblo. Unirnos e integrarnos al movimiento popular a nivel nacional. Esforzarnos por incorporar nuestros aportes y contribuir activamente a la solución histórica de la crisis. Sólo así seremos parte de la solución y conquistaremos un lugar en el futuro de la patria.

Lima, 8 de enero, 2023
La Haine