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Políticos, periodistas y militares de ultraderecha orquestan golpe de Estado contra presidente Petro
En Colombia está en curso una profunda transición que involucra diversas facetas del sistema social, político, económico y cultural.
Con el ejercicio y la presencia del gobierno del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, están emergiendo nuevas realidades e instituciones que conviven con las viejas formas e instrumentos del poder oligárquico que se niega a morir y a retirarse del escenario político, ofreciendo resistencia y haciendo sabotaje para bloquear las nuevas instituciones y los procesos de cambio.
La revista Semana, de reconocida inclinación neonazi, ha dibujado, en su edición del 14 de enero del 2023, un cuadro golpista, con movidas de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con reuniones, debates, posturas, estratagemas y propuestas para desestabilizar el gobierno del presidente Petro a raíz de los recientes desarrollos de la estrategia de Paz total (Ver: Tensión en las tropas: SEMANA destapa las preocupaciones e inconformidades de las Fuerzas Armadas por el cese al fuego bilateral del Gobierno Petro) que, en su más reciente avance, ha establecido un cese bilateral del fuego temporal y nacional con varias organizaciones guerrilleras y con otras estructuras de la criminalidad relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Sin lugar a dudas, el cese bilateral del fuego es la medida de mayor impacto estratégico en la erradicación de la violencia, con acciones humanitarias para garantizar el derecho a la vida de las poblaciones mas vulnerables en aquellos territorios en que la presión y la brutalidad se ensañan con las comunidades afros, indígenas y campesinas, como en el Bajo Calima, Docordó, Medio Baudó, Tumaco, Arauca y Putumayo.
La solicitud del levantamiento de las órdenes de captura contra los integrantes de los urabeños y Pachencas es otro desencuentro del presidente con la Fiscalía General de la nación, -y otro foco de sabotaje- con una reconocida ficha de la ultraderecha uribista a la cabeza, empeñada en poner trabas en la rueda de la paz total, como lo hemos podido observar con el caso de la libertad de los integrantes de la Primera Línea (grupos de autodefensa en las manifestaciones contras el ex narcopresidente Duque), encarcelados con montajes judiciales de la Fiscalía, la policía, el ejército y los jueces corruptos que proliferan en las oficinas del poder judicial, supuestamente independientes.
Los oficiales militares, ligados al exgeneral fascista Eduardo Zapateiro -y por supuesto a Uribe Vélez-, relacionado con masacres, desfalcos y el exterminio de los líderes sociales y reincorporados de las FARC, de acuerdo con Semana, se están reuniendo y organizando en redes sociales para masificar el bloqueo del cese al fuego bilateral con acciones ofensivas en los territorios en que hace presencia la resistencia guerrillera.
La Fudra Omega, (en el Yari, Caquetá, Meta y Guaviare), y la Tercera división del ejército, en el Cauca, al mando del general John Jairo Rojas, un fanático de la ultraderecha neonazi uribista, compadre de Zapateiro y del ex general Leonardo Barrero (ex candidato uribista a la gobernación del Cauca y reconocido aliado de las mafias de la droga), son los dos bloques militares más importantes encargados del sabotaje al cese bilateral del fuego.
La Fudra Omega es un apéndice directo del Comando sur de los EEUU, responsable de la deforestación de la selva amazónica, pues oficiales del ejercito de esta estructura de guerra se han enriquecido autorizando de manera criminal la deforestación de los Parques Naturales Tinigua, Macarena, Lindosa y Chiribiquete, no obstante ser los encargados del Plan Artemisa para proteger la Amazonía, que ha sido un absoluto fracaso propiciando su suspensión por la ministra del Medio Ambiente.
La Tercera división del ejército, con presencia en el Cauca y el sur occidente colombiano, es parte de las redes del tráfico de cocaína por el Naya, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Gorgona, Iscuandé, Tumaco y el Pacífico. Oficiales de esta unidad militar participan directamente en el negocio de las drogas hacia Centroamérica, México y los EEUU.
Sin lugar a dudas, el cese bilateral es un paso trascendental en la construcción de la paz total que requiere de todo el apoyo de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como regional. En ese sentido, es prioritario adoptar los correspondientes protocolos que ojalá no repitan los esquemas acordados con las FARC de Timochenko, porque los mismos implicaron la destrucción de la resistencia guerrillera revolucionaria en un proceso controlado por el esquema de la paz neoliberal del santismo.
En ese sentido, la participación de las comunidades es crucial, mediante la conformación de veedurías y comités de control social del cese bilateral del fuego para denunciar oportunamente el sabotaje y la acción criminal de los militares y de los políticos corruptos que como en el caso del departamento del Meta, es notoria en la acción contra la paz del actual gobernador de ese departamento, el señor Zuluaga, jefe de la corrupción en Villavicencio y socio de los paramilitares organizados en los Puntilleros y el Bloque Meta, de acuerdo con las denuncias de varias organizaciones de DDHH.
El presidente Gustavo Petro debe perseverar en sus acciones para alcanzar la paz total. Todos debemos respaldar esos pasos, a pesar de algunos tropiezos, que se pueden subsanar, como se ha previsto para la reunión que la delegación de paz del gobierno, en cabeza de Danilo Rueda, sostendrá este 15 de enero con la delegación del ELN en la mesa de negociaciones que esta funcionando en Caracas. Los desencuentros y los malos entendidos no deben afectar la agenda establecida con dicha organización guerrillera para erradicar la violencia.
Hay que estar alertas a todas estas movidas golpistas de la ultraderecha que ya está anunciando paros de camioneros y otras actividades ilegales para destruir el gobierno progresista del Pacto Histórico.
Se requiere que el movimiento social se organice y ponga en marcha, pues es la única manera de parar toda esta ruta golpista que, sin lugar a dudas, es apoyada y financiada por el gobierno de los EEUU.
