Preocupación. Una respuesta al historiador argentino Luis A. Romero

Resulta llamativa la súbita preocupación manifestada por L. A. Romero (artículos publicados en 'La Nación' los días 25 de Febrero y 24 de Marzo de 2014, en ambos casos) sobre la denominada venganza llevada adelante por el Estado Argentino para con los responsables directos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina (en adelante genocidas, para no profundizar en el uso inadecuado de eufemismos).

Y esto puede afirmarse por variados motivos:

Primero, no se le conocen a Romero posiciones públicas de interés por las numerosas víctimas dejadas por “el proceso”, ni por sus familiares, ni siquiera por el destino de lxs niñxs nacidxs en cautiverio o secuestradxs.

Segundo, tampoco se le ha conocido participación en el intenso devenir militante (a través de un largo proceso de marchas, acciones judiciales y, sobre todo, tareas de esclarecimiento hechas de cara a la sociedad) que llevó al Estado Argentino a reabrir las causas judiciales.

Tercero, tampoco se le conoce malestar ni indignación por las condiciones de detención, ni por la aplicación del Código Procesal ni, mucho menos, por la fortaleza con que el mismo castiga a los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad (la mayoría de los presos argentinos son jóvenes, pobres y en condición de procesados lo cual, vale aclarar, significa que no tienen sentencia firme en su contra y permanecen en prisión “mientras tanto y por las dudas”).

Ahora bien, ¿Por qué se preocupa Romero?

Por la imparcialidad, cargada de espíritu revanchista, con que el Estado Argentino trata a los genocidas en los numerosos juicios que se están llevando adelante en el país.

La operación nos es familiar, la comparación es al extremo:

- los Tribunales de la Revolución Francesa (¿ha visto alguna guillotina dando vueltas por Argentina en los últimos 30 años, señor Romero? ¿ha conocido alguna sentencia de muerte emitida por algún tribunal revolucionario en dicho lapso de tiempo?),

- las sentencias conocidas de antemano (ignorando las absoluciones que efectivamente ocurren en varios de los juicios y en beneficio de varios de los acusados),

- la condición militante de los fiscales o de los abogados querellantes (¿y quienes sino van a querer ser los primeros en llevar adelante dichas causas?), - la impecabilidad del Juicio de 1985 (hecho en un contexto radicalmente distinto, con las Fuerzas Armadas aún firmes, con una sociedad timorata y vapuleada y, sobre todo, llevado adelante sólo contra 9 genocidas),

- el carácter político de los Juicios, que incluyen manifestaciones artísticas y movilizaciones en torno a ellos (la sociedad argentina, a través de sus organismos de Derechos Humanos luchó y esperó pacífica y pacientemente mas de 25 años para ver la realización de tales acontecimientos y el señor Romero no quiere que los mismos tengan un carácter popular),

- la inexistencia de la autocrítica setentista (demostrando como todas aquellas personas que esgrimen dicho argumento su ignorancia respecto a las mismas, realizadas ya durante los propios años setenta y profundizadas a lo largo del devenir democrátrico; sólo por mencionar la mas significativa y temprana, la de Rodolfo Walsh).

La pregunta que surge es casi obvia: ¿Qué mejor demostración del Estado de derecho que la realización de estos Juicios que Romero fustiga, acusándolos de imparciales?

¿Qué mejor demostración del nulo espíritu de revancha que la inexistencia de ninguna otra demanda que no fuera la de “Juicio y castigo”, a través de tantos años de nuestra historia reciente? (ninguna venganza personal, ningún gesto histérico, de esos que tanto le gustan a ciertos medios de comunicación a la hora de tratar la inseguridad, ninguna pose desmedida, ninguna demanda cercana a la pena de muerte)

Romero se preocupa por el estado de salud de los genocidas presos cuando jamás lo ha hecho respecto de ningún otro preso que, seguramente para él, no tiene el mismo valor emblemático que el teniente Vargas (partícipe de la Noche del Apagón en Jujuy) o también se preocupa por la suerte de “los frustrados estudiantes de la UBA” Donda, Rolón y Suárez Mason (medida que puede ser discutible aquella que les negó el derecho a estudiar en la cárcel a los genocidas, pero que fue tomada por amplio consenso de los sectores intervinientes), cuando jamás lo ha hecho por ningún aspecto relativo al surgimiento o desarrollo del programa UBA XXII (la UBA en la cárcel).

Se preocupa también porque “el 24 de Marzo dejó de ser un día para la reflexión y se convirtió en un feriado”, y cualquiera de lxs que ejercemos la docencia en el ámbito secundario sabemos muy bien que precisamente a partir de la instauración del feriado es que se multiplicaron exponencialmente las actividades de reflexión en torno a tan funesta fecha, que antes era prolijamente “pasada de largo” por aquellas instituciones educativas a las que le resultara incómoda dicha conmemoración (las escuelas privadas, sobre todo y dentro de ellas particularmente las religiosas) y ahora se han visto obligadas a poner el tema sobre la mesa, mas no sea por el mero formalismo de cumplir con el calendario protocolar.

En el único aspecto en el cual podemos coincidir con el autor de ambas notas es en la crítica a la transformación del espacio de la ex-ESMA en un lugar propicio para actividades festivas pero como ese no es ni por asomo el objetivo principal de quien redacta los artículos vamos a dejarlo prolijamente de lado.

Suponer que: “…la llamada política de derechos humanos ha contribuido mucho al clima de enfrentamiento faccioso que hoy sufrimos. Ha afectado seriamente a la Justicia … y ha puesto al desnudo la endeblez del Estado de Derecho que se intentó construir en 1983…” es una manera muy poco sutil (y por lo tanto escasamente inteligente) de defender lo indefendible y demuestra adecuadamente la estatura moral de quien lo afirma.

* Edgardo Álvarez (quien también, si gusta saberlo, fue alumno suyo al empezar la carrera de Historia)
1 de Mayo de 2014.

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