Presupuesto argentino: prioridades, proyectos y ajustes

Luego de un año sin presupuesto aprobado, se votó el presupuesto del Estado nacional para 2021. Allí se señalan las proyecciones macroeconómicas y las decisiones de gasto y recaudación de impuestos. La visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el ajuste en ciernes.

El presupuesto nacional aprobado hace unos pocos días marca la pauta de lo que serán los próximos pasos del gobierno de Alberto Fernández (AF). De su análisis podemos entender cómo proyecta el gobierno la orientación de la macroeconomía y que propone el gobierno hacer para orientar el proceso de desarrollo en un marco capitalista dependiente.

¿Cómo será la recuperación económica en 2021? Los presupuestos del presupuesto

Lo primero que podemos ver es que el gobierno asume que la economía se recuperará desde el punto bajo que alcanzó en 2020. Luego de 3 años seguidos de caída de la producción general de riqueza (medida por el producto bruto interno, PIB) y de una década de estancamiento e inestabilidad (2010-2020), el ministro de Economía Martín Guzmán (MG) proyecta un crecimiento económico de 5,5% para 2021 (pg. 40 del proyecto de presupuesto). Este crecimiento se produciría después de una caída acumulada de 22% desde mitad de 2017. No parece una recuperación muy robusta. Pondría a la economía por debajo de los valores de 2009. Para colmo, la proyección es que tal crecimiento estará sostenido en un importante aumento del empleo precarizado. Según el Ministro de Desarrollo Social está proyectando para los próximos años, junto con una serie de movimiento sociales y sindicatos, un programa de creación de más de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y unos 240 mil empleos formales.

En cualquier caso, ¿cuál será el motor de ese crecimiento económico? En principio, el gobierno proyecta un crecimiento sostenido en el aumento de la inversión privada cercano al 18% anual en 2021. Sin embargo, no está claro qué impulsará esa inversión en el contexto de una crisis global, de una reducción en el saldo comercial, un aumento muy reducido del gasto de consumo privado y público, y una reducción importante en el déficit fiscal. Más allá del discurso, la proyección gubernamental es que el consumo privado aumentará apenas un 5,5% (en línea con el PIB) y las exportaciones tan sólo 10,2%. Nada indica que la recuperación de 2021 sea importante.

Los acreedores y el ajuste fiscal

Sobre esas estimaciones el gobierno de Alberto Fernández proyecta un aumento del gasto público por debajo de la inflación (estimada en 30% anual, algo menor a la inflación de 2020; queda por verse si la inflación será efectivamente tan baja), o lo que es lo mismo, propone una reducción en la capacidad de compra del gasto público. El gasto público total del Estado nacional primario (antes de pagar la deuda pública) bajará 3,3% en relación con el PIB.

Por un lado, se proyecta una leve reducción en el pago de intereses por la deuda pública. Esta leve reducción (de 2% a 1,5% en relación al PIB) es el resultado de la renegociación de la deuda con el capital financiero internacional. Sin embargo, cabe recordar que esta reducción es sólo circunstancial y contingente. Circunstancial pues la renegociación significó una postergación de los pagos hacia el futuro próximo; en la segunda mitad de esta década comenzarán a aumentar nuevamente los pagos de una deuda odiosa que persiste. Contingente pues el peso de los pagos dependerá de que el gobierno pueda controlar y contener el precio del dólar, algo que de ninguna manera está garantizado.

Los equilibrios del FMI y el botín del ANSES

Por otra parte, la reducción en el gasto público se concentra en la reducción de los gastos de la seguridad social (ANSES). El gobierno ya decidió eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y busca limitar el aumento en las jubilaciones, pensiones y planes sociales. Lo primero que se aprecia es que el gasto del ANSES se reducirá de 9,6% a 9% del PBI entre 2020 y 2021. A pesar del enorme deterioro en las condiciones de vida de la población, a pesar de salarios que mayormente no superan la canasta familiar, de desarticulación de los servicios públicos gratuitos esenciales y de condiciones de trabajo de elevadísima precariedad, el gobierno proyecta contener el gasto social.

Los bonos y programas anunciados para finales de 2020 son en muchos casos excepcionales (sólo se entregan en diciembre) y en otros casos relativamente poco abarcativos (el Potenciar Trabajo se ampliaría en 300 mil beneficiarios, cuando el IFE alcanzaba a más de 9 millones de personas de manera directa); en total, se estima que esos bonos representan ⅓ de lo que significó una cuota del IFE (según el presupuesto -pg. 106-, la Función Promoción y Asistencia Social aumentará sólo 18,3% en 2021, bien por debajo de la inflación). El sistema de seguridad social se ha convertido en el botín en disputa pues supone una redistribución masiva de recursos desde el capital hacia el conjunto de la clase trabajadora.

Los recursos redistribuidos equivalen a 10 veces el proyectado (y resistido) impuesto a las grandes fortunas. Ese es uno de los ejes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por eso el gobierno está tan preocupado por aprobar de manera urgente una nueva ley de movilidad previsional que contenga el pago de jubilaciones y pensiones (y les mantenga en la pobreza), en lugar de discutir cómo pagar beneficios dignos.

Sin deuda, sin emisión y poca voluntad de recaudar entre quienes están ganando con la crisis: el torniquete del ajuste fiscal

En lugar de ampliar la base del derecho al ingreso (avanzando el debate sobre el ingreso básico universal) el gobierno ha decidido priorizar los equilibrios macroeconómicos básicos partiendo de dos supuestos esenciales: que no puede emitir más dinero para financiar el gasto público pero que tampoco se puede seguir endeudando.

La renegociación de la deuda no ha permitido al gobierno recuperar aún el crédito internacional. A pesar de haber aceptado un acuerdo sin una quita en el monto adeudado, el capital financiero internacional ve al gobierno argentino pidiendo plata “y llora”. Por otro lado, la decisión de frenar la emisión monetaria para financiar el gasto público ha sido una decisión errada influida por la incapacidad del gobierno de controlar el valor del dólar. La presión sobre el dólar es en realidad una presión indirecta del capital para frenar la monetización del gasto público, o siendo más precisos, es una presión para reducir la parte del gasto que es dirigida a las clases populares.

Cada dos meses el Banco Central emite para pagar los intereses que cobran los bancos por las LELIQ y otros instrumentos financieros un monto equivalente a lo que pretende recaudar por el llamado Impuesto a las Grandes Fortunas (300 mil millones de pesos, si es que se aprueba, y sí y cuándo se cobre); al mismo tiempo el gobierno ha decidido suspender por lo que resta del año la emisión monetaria para financiar el resto del gasto público (por eso, no habrá un nueva cuota del IFE). Mientras tanto, las mineras, los bancos y las petroleras, las empresas eléctricas y las empresas que operan online (desde Mercado Pago a Facebook), las agroexportadoras y los pooles de siembra siguen mirando desde lejos el sistema tributario: tendrán en 2021 exenciones impositivas (llamado “gasto tributario por regímenes de promoción económica”; pg. 75 del proyecto de presupuesto) por al menos 260 mil millones de pesos (y que aumentará 53% en comparación con 2020, bien por encima de la inflación).

Nada dice el gobierno de buscar ahí, entre quienes hacen ganancias extraordinarias del extractivismo y la pandemia, los recursos que se necesitan para pagar buenos salarios a las y los trabajadorxs esenciales en el Estado (personal de salud y educación, para empezar), o pagar jubilaciones y pensiones dignas (en vez de encorsetarlas para lograr un acuerdo amistoso con el FMI).

Salarios y gasto público: ¿qué es esencial… y qué no?

Por último, el presupuesto proyecta la continuidad de una política de contención de la masa salarial en el Estado y el gasto en servicios sociales. Esto significa que se ha tomado la decisión de consolidar hacia el futuro inmediato la profunda caída salarial en el sector público nacional (y de ahí, en cascada hacia el resto de los niveles del Estado). Entre fines de 2016 y mediados de 2020 el poder de compra de los salarios en el sector público nacional ha caído un 19% en promedio, según datos del INDEC. Sin embargo, en 2020 no todes les trabajadorxs del sector público perdieron: las fuerzas de seguridad lograron una significativa recuperación salarial. Interesante dato a la hora de preguntarse qué trabajadorxs son esenciales.

Por otra parte, el gasto en servicios sociales (que va desde salud y vivienda hasta seguridad social y ciencia y técnica) aumentará de conjunto sólo 18% en 2021 (ver página 108 del proyecto del Presupuesto Nacional), bien por debajo de la inflación estimada. Esto significa, que se espera un ajuste de casi 9% en términos reales. Al mismo tiempo, podemos observar que el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD) recibirá 6200 millones de pesos, mucho más que en 2020, pero aún así equivalente al 1,1% de lo que se dedicará al pago de los intereses de la deuda pública renegociada; la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá un presupuesto 3 veces y media mayor al del MMGD.

Por su parte, los ‘servicios económicos’ destinados a obras de infraestructura ligadas mayormente a los intereses del gran capital, aumentarán en 2021 un 40,1% (página 117 del mismo proyecto), o un 8,6% en términos reales. Si se aprueba el Impuesto a las grandes fortunas, ¼ de lo recaudado se destinará también al proyecto extractivista en Vaca Muerta. 

El presupuesto marca un camino

El presupuesto aprobado da cuenta de la orientación que está tomando el gobierno de AF luego de que la primera fase de la pandemia parece estar cediendo. Más allá de una retórica que se pretende nacional y popular, en sus acciones el gobierno se encamina a configurar un programa económico que consolida las conclusiones de una crisis que ya dura una década. Consolida un programa de ajuste fiscal que garantice el pago de la deuda pública renegociada pero revalidada a pesar de estar plagada de irregularidades y de su ilegitimidad.

Encorseta los salarios de les trabajadores del Estado y las transferencias a les beneficiarios de las seguridad social dentro de los equilibrios necesarios para garantizar la sustentabilidad de esa deuda. Pone así en un riesgo aún mayor la sustentabilidad de nuestras vidas, de la misma manera que propone hacerlo al apuntalar proyectos de inversión que consolidan el saqueo extractivista de nuestros bienes comunes. No es más que la ‘hoja de ruta’ reclamada por la Directora Gerente del FMI. Sobre esa hoja de ruta se pavimenta una nueva espiral de la dependencia. 

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