Propuesta inaceptable

Los congresistas republicanos cubanonorteamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, presionados por los reclamos de sus bases electorales respecto a la cancelación del Programa de Reunificación Familiar (PRF) para los cubanos, llevada a cabo por el expresidente Donald Trump en 2017, ahora se aparecen con la engañosa propuesta de convertirlo en ley y así ocultar su complicidad con el daño que esta medida ha ocasionado a miles de familias cubanas. Ahora pretenden remplazarlo con la Ley de Reunificación Familiar Cubana de 2021.

El PRF es una de las categorías diseñadas por EEUU para cumplir con los acuerdos migratorios firmados con Cuba en 1994, que establecían la aceptación por parte de EEUU de un mínimo de 20.000 visas anuales otorgadas a cubanos. Esto implicó un trato preferencial para la inmigración de Cuba y fue respetado por todas las administraciones estadounidenses (antes de Trump) considerándolo de interés para la seguridad nacional. Su incumplimiento por parte de Donald Trump, con la consiguiente cancelación, hay agradecerlo a los mismos que ahora se presentan como sus defensores.

La excusa aducida fue la supuesta existencia de ataques sónicos contra los diplomáticos norteamericanos establecidos en Cuba, lo que condujo al cierre del consulado en La Habana y el traslado de los trámites migratorios hacia Guyana, una dificultad que no existe para ningún otro potencial migrante latinonorteamericano.

Nadie ha podido demostrar la veracidad de tales ataques, ni siquiera una explicación científica de que sean posibles, por lo que si Díaz-Balart y Salazar quisieran resolver el problema de la reunificación familiar cubana, bastaría que propusieran la reanudación de los servicios consulares en La Habana. Pero el alacrán no puede actuar contra su propia naturaleza, por lo que ahora proponen la peregrina idea de que los trámites se lleven a cabo en la Base Naval de EEUU en Guantánamo.

No voy a detenerme analizando la factibilidad de la propuesta, imagino que los encargados de la seguridad de la base saltaron espantados ante la idea de que pudieran convertirla en una especie de Shoping Center. Por otro lado, requeriría la aprobación de la parte cubana, lo que saben imposible. Por tanto, más interesante es analizar la mentalidad colonialista que se esconde detrás de esta propuesta y sus verdaderas intenciones.

La base naval de Guantánamo fue establecida en virtud del tratado cubano-estadounidense de 1903, firmado bajo la sombra de la enmienda Platt, un agregado impuesto a la Constitución cubana que establecía el derecho de EEUU a intervenir en los asuntos internos de Cuba. Hasta el propio presidente Tomás Estrada Palma, favorito del gobierno norteamericano por sus inclinaciones anexionistas, hizo resistencia al establecimiento de este tipo de bases navales — originalmente pretendían fueran cinco a lo largo de todo el país.

El argumento actual de Cuba contra la permanencia de la base, fundamentado en la Convención de Viena de 1969, es que no resulta válido un tratado firmado bajo la coacción del más poderoso. Pero incluso bajo estas condiciones, el tratado reconoce la soberanía cubana sobre el suelo guantanamero y establece que la base no puede ser utilizada para otras actividades que no sean las acordadas, dígase como base carbonera o para otros asuntos navales.

Aunque EEUU reconoce la soberanía cubana sobre este territorio, ha violado en numerosas ocasiones el tratado respecto a la utilización de la base, ya sea con la creación de campos de concentración para migrantes haitianos y cubanos o para establecer una cárcel para supuestos terroristas extranjeros y de esta manera eludir cualquier amparo legal para estas personas. Quizá tal precedente es el que ha conducido a los congresistas cubanonorteamericanos a pensar que en la base pueden hacer lo que les dé la gana, pero la respuesta es muy clara: bajo el amparo de la ley no se puede establecer un consulado norteamericano en la base.

No deja de resultar paradójico que la maquinaria de la ultraderecha cubanonorteamericana, crecida a partir del supuesto de la excepcionalidad de los migrantes cubanos, hoy día resulte su contrario, hasta el punto de convertirlos en uno de los grupos más maltratados por la política migratoria norteamericana. Crear una cortina de humo respecto a su responsabilidad e intereses es lo que pretenden Díaz-Balart y Salazar con su propuesta. Son conscientes que no tiene la menor posibilidad de que sea aprobada, ni quieren que lo sea. De la separación de los cubanos vive la extrema derecha cubanonorteamericana.

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