Decretan prisión formal al "acusado" de matar a Brad Will

Oaxaca, Oax., 22 de octubre. El juez cuarto de lo penal, Luis Salvador Cordero, dictó hoy auto de formal prisión a Juan Manuel Martínez Moreno, seguidor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser el autor material del asesinato de Brad Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006 durante una agresión de policías a una barricada de appistas, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino.

Ante la resolución, Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia del camarógrafo de Indymedia, declaró que la averiguación de la PGR y la actuación del juez Cordero “no soportarán” una revisión del Poder Judicial federal, y puede revocar el auto de formal prisión a Martínez Moreno.

Por su parte, Gilberto López Jiménez, abogado defensor del acusado, aseguró que la decisión “obedece a intereses políticos, no a razones jurídicas”. Dijo que el juzgador fundamentó su resolución en los testimonios ofrecidos por el ex camarógrafo de Televisa Karol Reséndiz y por Alfredo Feria Pérez, sobrino de Manuel Martínez Feria, ex alcalde de Santa Lucía del Camino y quien ordenó la agresión a la barricada.

“Supuestamente, los dos testigos escucharon los dos disparos que se hicieron a corta distancia a Brad Will, pero no señalan quién los hizo ni nada”, asentó.

Además, denunció que el juez Cordero se rehusó a aceptar las pruebas de descargo presentadas por la defensa. “Nos preocupa la postura que está asumiendo, y con esto prácticamente queda evidencia de que es un juez de consigna”, aseveró.

López Jiménez dijo que la defensa no hará uso del derecho a la apelación, sino que promoverá directamente un juicio de amparo para echar abajo la resolución y lograr la liberación del activista.

Los disparos se produjeron a más de 35 metros, afirma la CNDH
Gustavo Castillo, Emir Olivares y Octavio Vélez

Peritajes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contradicen la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al homicidio del periodista Bradley Will, al señalar que los disparos que le provocaron la muerte fueron realizados “a una distancia aproximada entre 35 y 50 metros” y no a dos, como lo afirmó ayer en conferencia de prensa el subprocurador Víctor Emilio Corzo Cabañas.

Mientras, en Oaxaca, Liliana Tejada Romero, esposa de Juan Manuel Martínez Moreno, presunto autor material del crimen, negó que su marido haya asesinado al periodista estadunidense, como asegura la PGR, y denunció que su cónyuge está incomunicado y el juez cuarto de lo penal, Cordero Colmenares, ha obligado al presunto homicida a aceptar que él fue el responsable del crimen.

La CNDH advierte en la recomendación 50/2008, emitida el pasado 26 de septiembre, que en “la averiguación previa 1247/CR/2006, se advierte que el agente del Ministerio Público incurrió en irregularidades y omisiones durante su actuación”.

Señala que “tampoco se ahondó en la investigación de los hechos que refirieron los testigos, respecto de que desde una casa de la avenida Juárez había personas disparando, no realizó interrogatorio a las dos personas que fueron presentadas como probables autores materiales del homicidio respecto a su participación, el número de elementos de la policía municipal que acudieron al lugar de los hechos, el arma que portaban y el tiempo que permanecieron allí, ni llevó a cabo acciones tendentes a investigar el nombre de los sujetos que los acompañaron, ni realizó u ordenó investigación alguna para identificar a las personas que portaban armas y que salieron en diversas fotografías y videos que se hicieron públicos en varios medios de comunicación escritos y de televisión”.

Tras el asesinato, el despliegue policiaco
Gustavo Castillo García

Según los análisis que se hicieron del caso Brad Will, su muerte se habría realizado para “llamar la atención internacional” y presionar a las autoridades mexicanas para que renunciara el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes mencionaron que hay inconsistencias entre los detalles que se recopilaron durante la investigación del caso y las conclusiones que ofrecieron el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Emilio Corzo Cabañas, y el fiscal especial para delitos cometidos contra periodistas, Alberto Orellana Wiarco.

Las fuentes, que solicitaron el anonimato, mencionaron que una de las inconsistencias entre lo investigado y lo mencionado como conclusión es el hecho de que existen evidencias de que el primer tiro que recibió el periodista estadunidense habría sido realizado de manera lateral y no “de frente” como lo afirmó el fiscal Orellana.

Distintas videograbaciones revisadas, incluyendo la de la cámara de Will [Ver más abajo], explicaron los entrevistados, no captan al agresor del que habla la PGR que realizó el disparo a dos metros; si así hubiera sido, la cámara de Brad Will hubiera registrado el tiro, agregaron las fuentes; se lo hicieron por su “lado ciego”.

Otro detalle más que mencionaron las fuentes, es que el fiscal Orellana aseguró el pasado viernes que “el segundo impacto lo produce la misma persona, pero ya encontrándose en una situación detrás de la víctima, cuando a ésta la iban cargando para llevarla a darle auxilio”. Los informantes indicaron que en la investigación se recopilaron datos, varios videos de televisoras nacionales, entre otras pruebas, las cuales evidencian que hasta el momento en que el periodista fue subido a un coche Volkswagen no lleva ninguna otra herida, y que cuando es detectado el segundo disparo, éste se aprecia que fue realizado desde una posición distinta a la descrita por Orellana.

Como se recordará, el pasado viernes, el subprocurador Corzo Cabañas y el fiscal Orellana Wiarco dieron una conferencia de prensa en la que se anunció la captura de Juan Manuel Martínez Moreno, un simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), como el autor material de la muerte de Will y quien presuntamente le disparó a menos de dos metros de distancia las balas que provocarían la muerte del informador.

Se debe mencionar que el asesinato del colaborador de Indymedia fue la excusa que propició que el gobierno federal desplegara miles de policías para intentar terminar con el conflicto social que se vivía en Oaxaca en 2006.

La Jornada

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