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Mundo :: 30/06/2007

Reprimen a comunidades ecuatorianas que se oponen a empresas mineras transnacionales

La Haine
La policía arremetió a los pobladores que cerraban la vía en repudio a la actitud del gobierno nacional ante la presencia de las mineras en el país. 14 detenidos y 2 desaparecidos. El presidente Correa critica a los manifestantes

El conflicto originado por el rechazo comunitario a la radicación de grandes transnacionales mineras en Ecuador, ha ido empeorando con el correr de los dias, y amenaza convertirse en uno de los principales problemas para el gobierno de Rafael Correa.

Las comunidades ecuatorianas afectadas por la entrega de concesiones a empresas mineras transnacionales iniciaron una movilización de protesta el pasado 5 de junio, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente.

El epicentro de las acciones fue la provincia de Azuay, donde distintas carreteras fueron tomadas por parte de la población. Ya en esas primeras horas hubo intervención policial, que despejó el puente de Zhucay con gases lacrimógenos, en proximidades de Cuenca.

Tal como estaba previsto, el levantamiento de las comunidades ecuatorianas afectadas por la entrega de concesiones a mineras transnacionales empezó a las 00h00 del 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Los testigos informaron que hubo 12 personas heridas y cuatro detenidas. El gobernador de Azuay se comprometió a dialogar con el Ministro de Energía, Alberto Acosta, para llegar a un acuerdo sobre el análisis del Proyecto Quimsacocha, conceción otorgada a la empresa IAM GOLD que pretende la extracción de oro y cobre a través de minería a gran escala. El Comité de Defensa del Medio Ambiente de la región infromó que rechazan el proyecto ya que pone en riesgo varias fuentes de agua, incluso el Río Falso. Estos recursos son la provisión de agua para la vida cotidiana de la comunidad y para la principal fuente de ingresos de la zona: las actividades ganaderas.

El proyecto Quimsacocha se divide en 4 concesiones: Cerro Casco, Rio Falso, San Martín y Cristal, con un total de casi 13.000 hectáres. Entre las firmas que operan en el país aparecen la estadounidense Lowell y las canadienses Ascendant Cooper, Conerstone, I Am Gold, Aurelian Resourses y Dinasty Metal.

Las movilizaciones en Azuay se han extendido a las zonas de El Descanso, Molleturo y Girón. Otras actividades de protesta se han producido en la población de Intag, cantón Cotacachi.

La Plataforma de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía ha solicitado el cumplimiento de nueve puntos, encabezados por el que exige "la salida inmediata de las mineras e hidroeléctricas de las comunidades", y que se dejen sin valor las concesiones mineras, hidroeléctricas porque violan artículos de la Constitución. También solicitan que se declare a Ecuador "País libre de minería a gran escala", para preservar a la población y al medio ambiente de la destruccción que originan esos macro-proyectos industriales.

El ministro ecuatoriano de Energía y Minas, Alberto Acosta, pidió el cese de las protestas en el sur del país y reclamó tiempo para solucionar el problema minero. Hace falta un diálogo nacional, el cual constituye el "espacio más adecuado para que los sectores contrarios a la minería y aquellos que la favorecen, expresen sus opiniones y expongan sus puntos de vista", expresó.

El gobierno debe analizar más de cuatro mil concesiones mineras heredadas de gobiernos anteriores que abarcan 2,8 millones de hectáreas. De ellas, unas 700 concesiones están destinadas a la explotación de oro, plata o cobre.


MANIFESTANTES SON DETENIDOS ILEGALMENTE DURANTE PROTESTA

Los dirigentes de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía: Nidia Soliz, Lina Solano, Fernando Mejía; miembros de diferentes comunidades campesinas del Azuay y estudiantes de la Universidad de Cuenca, en un total de 14 personas, fueron detenidos por la policía ecuatoriana el pasado miércoles 27 en represalia a las protestas por el emplazamiento de transnacionales mineras en Ecuador.

También desaparecieron dos comuneros de Jima en la "Y de Cumbe", sector que se encuentra a la altura de la carretera que conduce a Loja. Lina Solano, dirigente de la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía informó que la paralización se mantiene firme y que otras poblaciones se juntaron al paro. Ella también rechazó la brutal represión policial y dijo que "Así venga el ejercito, seguiremos en la lucha por los pueblos, por la soberanía y por la vida". Los manifestantes fueron enfrentados con bombas lacrimógenas y desde las 13h varios de ellos ya habían sido detenidos. Por la noche llegaron al CDP (Centro de Detención Provisional) de Cuenca.

La Coordinadora llama a todos los pueblos del Ecuador y del mundo para solidarizarse con su lucha mediante adhesiones, comunicados y boletines de prensa, que obliguen a las autoridades del Ecuador a garantizar la vida de los 14 compañeros detenidos. Las manifestaciones deben ser dirigidas al Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, al Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea y al Gobernador de la provincia del Azuay, Oswaldo Larriva.

La policía, al mando de más de 200 efectivos, arremetió a los manifestantes que cerraban la vía en repudio a la falta de decisión política del gobierno nacional ante la presencia de las minerías en el país. Los manifestantes pedían que el gobierno respetara la Constitución y los intereses colectivos de los ecuatorianos frente a la amenaza representada por la presencia de empresas mineras multinacionales.

Luis Uzhca, dirigente de la Comunidad de San Juan de Gualaceo, se solidarizó con los compañeros detenidos, además de sentar su enérgica protesta por el despliegue policial y militar (500 efectivos, carros antimotines) que permitió el paso del presidente del Ecuador, Rafael Correa por el sector del "El Descanso" en la provincia del Azuay, en donde se mantiene la medida de hecho.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en declaraciones para los medios de comunicación tachó de inconsecuentes a los manifestantes, dijo que es inconcebible que se suspendan las concesiones mineras, pues "¿el Estado como pagaría las indemnizaciones?". La actitud del mandatario va de encuentro a las propuestas de su campaña electoral cuando pregonaba la protección al medioambiente.

El jefe del comando policial del Azuay negó que haya habido actos de violencia y que cuando se despejaba la vía lo hicieron de forma pacífica. Pero no se sabe que delitos se imputa a los detenidos ya que la detención fue ilegal, pues no tenían orden de captura. Mientras tanto se exige que para su liberación se dé la figura de Habeas Corpus.

Según la coordinadora, la minería a cielo abierto es una industria que causa explotación y extinción de las especies y de los seres humanos. Mientras ella extrae los minerales de la tierra, contamina las fuentes de agua, destruye ríos y vertientes, contamina el aire, no permite los cultivos; propiciando muerte, destrucción y migración.

SERPAL / Adital

 

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