Sentencias y sanciones en Myanmar

La reciente condena de dieciocho meses de arresto domiciliario que ha recibido la dirigente opositora Aung San Suu Kyi ha traído inmediatamente la respuesta de parte de la llamada comunidad internacional, ansiando el aumento de la presión y el embargo sobre el régimen birmano.

En este nuevo escenario que se avecina, y sobre el que nuevamente esos actores extranjeros han dejado de manifiesto su doble rasero y doble moral (no hay más que observar la actitud de los mismos en Honduras), se hace más conveniente que nunca huir de una mirada sencilla e intentar aproximarse a la fotografía en su conjunto.

Algunas fuentes extranjeras anunciaban movilizaciones y protestas en Myanmar si se producía una sentencia condenatoria, sin embargo otros analistas apuntaban en la dirección opuesta. El pasado ocho de agosto, una fecha conmemorativa de las protestas y de la brutal represión del régimen (referido como 8-8-88), no ha dado lugar a movilizaciones, el temor a que se repita la represión de hace unos años unido al cansancio de buena parte de la población, más preocupada por buscar la formar de sobrevivir el día a día, han hecho que la respuesta en la calle no haya sido del calado que algunos esperaban.

Tampoco la política de embargos y sanciones recibe una lectura unánime. Algunos opositores defienden la misma como la vía necesaria para acabar con el actual régimen, sin embargo cada vez se oyen otras voces que manifiestan justamente lo contrario. Estos últimos señalan correctamente la inviabilidad de esa política de castigo que se ceba fundamentalmente con las clases más desfavorecidas del país, ya que los dirigentes y su entorno tienen cubiertas las espaldas a través de sus múltiples negocios y empresas. Pero es que además, ese llamamiento al embargo no es seguido por todos los actores internacionales, y potencias como China o Rusia no están por la labor.

Una analista birmano apuntaba los resortes que el actual gobierno utiliza para burlar esas medidas de presión, manifestando la capacidad de éste para "sobrevivir con el comercio y la inversión regional". Además, para éste, los intentos de aislar a Myanmar del exterior siguen jugando a favor del régimen, que no tiene que evitar o contrarrestar las influencias que podría recibir la población a través de los turistas o de otro tipo de contactos con el exterior.

Los cambios que se avecinan representan para algunos "los más importantes en los últimos veinte años", y coinciden las transformaciones administrativas con un importante cambio generacional dentro de las propias fuerzas armadas. Paralelamente en el país se pueden observar algunas transformaciones, y a pesar de la tragedia personal y material que supuso el ciclón Nargis, los kilómetros de carretera asfaltada han aumentado considerablemente, lo mismo que se pueden ver construcciones modernas en Yangon, e incluso el sector de las telecomunicaciones se ha extendido y abaratado.

También es cierto que buena parte de todas estas mejoras son disfrutadas por los llamados "nuevos ricos locales", muchos de ellos de origen chino, como por el entrono de los militares y e algunos extranjeros ligados a diferentes organismos de desarrollo y cooperación.

La junta militar tiene su propia hoja de ruta. El pasado referéndum para aprobar una nueva constitución, junto a las elecciones del próximo año son clave para ese plan que tienen preparado los militares birmanos, y que se materializaría en lo que ellos mismos han definido como "democracia disciplinada".

Hasta entonces, según algunos informes, los actuales dirigentes birmanos podían estar preparando "un gobierno interino liderado por civiles y que dirigiría el poder administrativo hasta la cita electoral". Con la reciente sentencia contra Suu Kyi logran eliminar de la escena a uno de sus mayores rivales de cara a esas elecciones, al tiempo que intentarán marginar en cierta medida a la líder opositora y a su partido político, la Liga Nacional por la Democracia (LND)

Lo cierto es que los militares birmanos podían estar mirando con atención la llamada transición de algún estado europeo en el pasado, ya que su intención sería dejarlo todo bien atado, y a pesar de darle un barniz supuestamente democrático a la futura Myanmar, ellos seguirían controlando las riendas y los resortes económicos y políticos del país.

El movimiento opositor tampoco pasa por sus mejores momentos. La presencia de decenas de grupos y alianzas, muchas de ellas operando exclusivamente desde el exterior, conlleva en ocasiones divergencias importantes y de calado estratégico. Una de éstas la encontramos en torno a la participación o no en el próximo proceso electoral.

Los partidarios de tomar parte alegan que puede ser la fórmula para salir del actual impase de enfrentamiento con el régimen, y se deberían utilizar "las elecciones como una oportunidad para ganar cierto espacio político y profundizar posteriormente en mayores cambios democráticos". Dentro de la propia LND hay quien lleva tiempo apostando por entablar negociaciones con los dirigentes birmanos, mientras que otros grupos opositores, cansados del excesivo protagonismo de Suu Kyi y su partido señalan que ha llegado la hora de cambios en la dirección de la oposición, como vía para superar el atasco político actual.

Esa diversidad de agrupaciones, cada una con sus propias demandas, con sus agendas e incluso con sus diferencias étnicas, puede acentuarse conforme se acerque la fecha de las elecciones del próximo año, y puede hacer que muchas de las voces más "pragmáticas" de la actual oposición corran a pactar algún tipo de acuerdo con los militares para participar en las mismas y lograr algún tipo de gestión en el futuro.

Las demandas de las diferentes etnias es otro de los aspectos que muchas veces se oculta. La junta militar ha sabido utilizar todos los resortes a su alcance para acabar con las demandas de los grupos étnicos que están sujetos al estado birmano. Las divisiones entre éstos, con grupos que mantienen un alto el fuego y otros que han pasado a colaborar con los militares para perseguir a las fuerzas que mantienen la lucha armada contra los dirigentes del país; la guerra sucia y una política de aniquilamiento de los dirigentes rebeldes por parte del régimen; o la política de tierra quemada contra las comunidades rebeldes, son algunos de los aspectos que hoy en día caracterizan la situación de buena parte de las etnias de la región.

Cualquier solución al futuro de Myanmar pasa necesariamente por afrontar y resolver las demandas de estos pueblos, y cualquier intento de avanzar hacia una democratización del país deberá hacer frente a dichas demandas.

El protagonismo mediático que algunos medios occidentales otorgan a Suu Kyi, contrasta con el silencio que mantienen ante la realidad de otros dos mil presos políticos en Myanmar. Además, algunos de los actores extranjeros que apuestan por una "transición hacia la democracia" en Myanmar están en realidad defendiendo un cambio de régimen, situando al frente del mismo a protagonistas afines a sus propios intereses.

Mientras tanto, la mayoría de la población birmana sigue pagando los efectos de un sistema que ha permitido la corrupción y que ha desarrollado un plan económico desastroso, y que a día de hoy tienen como preocupación central la búsqueda de los mecanismos suficientes para sobrevivir y alimentar a sus familias. La esperanza de un verdadero cambio para esa mayoría social pasa necesariamente por una transformación política y económica, y la mayoría de los modelos que Occidente gustaría ver implantados en Myanmar no solucionarían esas demandas.

Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)