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06/12/2017 :: Europa

Ucrania, ardor nacionalista

x Higinio Polo
Mientras las bandera yanqui ondea en edificios oficiales

El pasado septiembre de 2017 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, después de introducir las exigencias holandesas (expresadas tras un referéndum) de que el convenio no implicase que los ucranianos pudiesen vivir dentro del espacio comunitario, ni obligaciones militares de defensa por parte de la Unión, ni que fuese anuncio de una futura integración de Ucrania en Europa. El propio embajador comunitario en Kiev, el diplomático francés Hugues Mingarelli, advertía el mismo mes que el ingreso de Ucrania en la Unión Europea ni siquiera está en la agenda comunitaria. Mingarelli no es una figura menor: dirigió la delegación europea durante las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Ucrania. Además, desde enero de 2016, se estableció entre ambas partes un área de libre comercio, que provocó la suspensión de otro acuerdo comercial entre Ucrania y la CEI, solicitada por Rusia, para evitar así la entrada en territorio ruso de productos de la Unión Europea, a través de Ucrania, sin el pago de aranceles. Ese Acuerdo de Asociación era un objetivo largamente acariciado por Kiev. Sin embargo, el insatisfactorio balance de los dos últimos años y el panorama que se abre han llevado al gobierno de Poroshenko a reclamar la revisión del Acuerdo con la Unión Europea. Mientras tanto, la implantación de criterios de la Unión Europea va a suponer la progresiva desindustrialización del país, cerrando los combinados industriales creados por la Unión Soviética, y su conversión en un estado predominantemente agrícola y suministrador de materias primas. Un incierto futuro.

El anterior presidente del país, Víctor Yanukóvich, marchó al exilio tras el golpe de Estado que culminó tras los graves disturbios y la matanza del Maidán, impulsados por Estados Unidos y la Unión Europea precisamente por la negativa de Yanukóvich a firmar ese Acuerdo de Asociación que el presidente derrocado consideraba lesivo para su país… y que ahora quiere revisar Poroshenko. Las protestas contra el golpe de Estado fueron aplastadas en todo el país por el ejército, la policía y las bandas paramilitares fascistas, que protagonizaron incluso la matanza en el edificio de los sindicatos de Odessa, donde asesinaron a cuarenta y ocho personas, quemándolas vivas, e hirieron a más de doscientas cincuenta. No consiguieron, pese a todo, acabar con las protestas en el este del país, donde estalló la rebelión, contestada por Kiev con la guerra que dura hasta hoy y que ya ha causado más de diez mil muertos aunque no ha podido recuperar el control del territorio, en manos de las denominadas repúblicas populares.

Uno de los objetivos del golpe de Estado fue aprobado en diciembre de 2014: el parlamento golpista decidió anular el estatus de Ucrania como país no alineado y aprobó solicitar el ingreso en la OTAN, a expensas de lograr el visto bueno de sus integrantes. El propio Poroshenko afirmó que la entrada de Ucrania en la OTAN es la principal prioridad de la política exterior del país, aunque, pese a las apabullantes campañas del gobierno y a una política de toda la prensa y la televisión orientada a reforzar el nacionalismo ucranio y la desconfianza y el odio hacia Rusia, sólo el 40% de la población se muestra favorable a la entrada en la OTAN, según encuestas del propio gobierno de Kiev. Hasta el momento, Estados Unidos procede con cautela: aconseja y dirige al ejército ucraniano, pero mantiene en suspenso la incorporación de Ucrania a la alianza, hipótesis que encuentra fuertes reticencias en sus socios europeos. El propio Kurt Volker, antiguo embajador norteamericano ante la OTAN y hoy representante especial en Kiev, afirmaba el pasado verano que Ucrania no estaba preparada para ingresar en la OTAN. Ello no impide que Estados Unidos desarrolle su expansión en la zona: tras conseguir la derogación por el parlamento de las leyes que impedían el establecimiento de bases extranjeras en el país, Washington inició los trabajos para construir su propia base naval en Ochakiv, cerca de Odessa.

Desde el golpe, Ucrania se ha aproximado más al abismo y teme convertirse en un Estado fallido, con la guerra en el Donbás agravando la crisis. En septiembre de 2017, Poroshenko planteó ante la Asamblea de la ONU el envío de una misión de paz al este de Ucrania; significativamente, matizó que esa misión debía “garantizar la paz y liberar Donbás”. Previamente, Putin había apoyado el envío de cascos azules con la misión de proteger a los observadores de la OSCE que controlan el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, nuevas fuerzas que se desplegarían en la línea de contacto entre ambos bandos, aunque admitió también que actuaran en todo el Donbás siempre y cuando contasen con el aval de las dos partes enfrentadas: Moscú acepta mediar en el conflicto pero rechaza ser considerada parte de él, como pretenden el gobierno de Kiev o Estados Unidos. Tras ello, Poroshenko rechazó la propuesta rusa acusando a Moscú de pretender congelar el conflicto, y exigió que la misión de la ONU se desplegase no en la línea de contacto sino en la frontera con Rusia: en realidad, pretende arrebatar al Donbás el control de esa divisoria; conseguiría así ahogar a la zona rebelde, ya bloqueada por Kiev, que sólo puede comerciar, y recibir alimentos y suministros, desde territorio ruso. El Donbás recibe ayuda humanitaria de Rusia, y el gobierno de las repúblicas populares está intentando reorientar su economía hacia una mayor relación con el mercado ruso, consciente de que la ayuda económica rusa es imprescindible para mantener la resistencia. En la práctica, Kiev está bloqueando el plan de envío de cascos azules.

Adoptando el criterio norteamericano durante las presidencias de Obama y Trump, Poroshenko calificó a Rusia como “la mayor amenaza para la seguridad internacional”. Por su parte, Estados Unidos defiende también que esas fuerzas se desplieguen a lo largo de todo el territorio controlado por las repúblicas populares del Donbás, que Washington califica de “territorio ocupado”, como Alemania, aunque Berlín no descarta la hipótesis del levantamiento de las sanciones de la Unión Europea a Rusia si el plan llega a buen puerto. Además, las frecuentes violaciones de la tregua, con acusaciones cruzadas entre ambos bandos, dificultan los avances diplomáticos: la llamada “tregua del pan”, suscrita para los meses de julio y agosto de 2017 por el ejército ucraniano y las milicias del Donbás con objeto de que los campesinos pudieran recoger las cosechas, fue violada diariamente, y lo mismo ocurrió con la tregua convenida para el inicio del curso escolar a finales de agosto. Kiev sigue acariciando la idea de aplastar a los rebeldes y se abstiene de aplicar los acuerdos de Minsk, aunque mantiene públicamente lo contrario; se niega a pagar las pensiones, a hablar con los representantes del Donbás, e impide el intercambio de prisioneros. Una de las cuestiones que Kiev se resiste a cumplir es la llamada “fórmula Steinmeier”, propuesta por el ex ministro de Exteriores alemán (desde marzo de 1917, presidente del país) que propugna dotar de autogobierno al Donbás y convocar elecciones en el territorio. Ese mismo mes de agosto, la misión de la OSCE confirmó la violación por parte de Kiev de los compromisos sobre retirada del armamento pesado en las zonas que separan ambos bandos.

La situación sigue siendo tensa, Kiev hace mucho tiempo que no paga ni pensiones ni ningún tipo de compensación por la destrucción de casas y propiedades por la guerra en el Donbás, y las acusaciones de romper los acuerdos de Minsk van acompañadas de denuncias de provocaciones, como la que hizo hace unas semanas uno de los dirigentes de la República Popular de Donetsk, Eduard Alesandrovich Basurin, que acusó a Kiev de preparar comandos ataviados con uniformes rusos para crear incidentes en la línea de trincheras que separa a ambos bandos. Mientras, Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia discuten los términos de la resolución de la ONU que haga posible el establecimiento de una fuerza de paz en el Donbás, que Kiev pretende que se extienda hasta la frontera rusa y los dirigentes de Donetsk y Lugansk prefieren que sea en la línea de separación, al tiempo que el gobierno golpista ucraniano se niega a negociar directamente con las repúblicas populares. Moscú ha propuesto que la misión de la ONU tenga como objetivo la protección de los observadores de la OSCE, y una duración de seis meses, y que, al mismo tiempo, se retiren de la línea del frente las fuerzas y armamento de ambos bandos.

Junto a la guerra del Donbás, el asunto que centra la actividad del gobierno de Kiev es el revanchismo anticomunista, que ha ido de la mano de la persecución política contra la izquierda. La ley de “descomunistización” aprobada en mayo de 2015 ha forzado a todas las autoridades locales a cambiar los nombres de más de cincuenta mil calles de las ciudades del país, y ha demolido todas las estatuas de Lenin, al tiempo que casi mil poblaciones han tenido que cambiar de nombre, y han derribado más de mil doscientos monumentos. En Kiev, cambiaron el nombre de la calle dedicada al general del Ejército Rojo, Nikolái Vatutin, veterano de Stalingrado y que liberó a la ciudad del nazismo, para dársela (a propuesta del partido fascista Svoboda) al general Román Shujiévich, que dirigió el batallón Nachtigall de la Wehrmacht y el Ejército Insurgente Ucranio, colaboracionista de los nazis, y que participó activamente en las matanzas de judíos: Shujiévich tiene el título de Héroe de Ucrania. Las manifestaciones de protesta de habitantes de Kiev por ese cambio fueron atacadas por bandas de paramilitares nazis, ante la indiferencia de la policía.

La exaltación del nacionalismo es constante en la vida ciudadana y en todas las decisiones gubernamentales. Esa política nacionalista implica además un severo control de la entrada de ciudadanos de otros países, incluso fichando y tomando las huellas dactilares, como Poroshenko ordenó al gobierno de Kiev, que puso en manos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (SNBO, que dirige Aleksandr Turchínov, uno de los protagonistas del golpe de Estado de 2014) un sistema de control policial de toda la población ucraniana, extranjeros y personas sin documentación, aunque con especial atención a los rusos, según proclamó el propio Turchínov.

En un ejercicio de equidistante y falaz hipocresía, la ley prohibía los símbolos comunistas y nazis, equiparándolos, aunque, en realidad, sólo apuntaba contra los comunistas, puesto que no existían en Ucrania monumentos ni símbolos nazis o fascistas. La mendacidad del gobierno golpista se comprobaba, además, con la abierta tolerancia a la exhibición de svásticas por parte de las bandas paramilitares fascistas y nazis que han proliferado en el país gracias a la protección del poder. Esa ley prohíbe la utilización de los símbolos comunistas y de la URSS, y permite perseguir a las organizaciones de izquierda y a los militantes comunistas. Además, el delirante Instituto Ucraniano de Memoria Nacional elaboró una lista de más de quinientas figuras históricas cuyos nombres debían desaparecer del país. Por añadidura, el ministerio de Justicia estudia la posibilidad de anular todas las actas jurídicas aprobadas por la Unión Soviética.

No se limitaron a eso. La policía detuvo a más de cincuentas manifestantes durante la manifestación conmemorativa de la victoria sobre el nazismo, el 9 de mayo de 2017, que previamente había sido atacada con bombas de humo por decenas de paramilitares fascistas; y poco antes del verano, Amnistía Internacional condenaba la detención de manifestantes pacíficos que enarbolaban símbolos comunistas. La persecución nacionalista de todo lo que contradiga su noción de Ucrania se plasmó también en la ley presentada en la Rada por el ministerio de Educación, y que pese a las palabras justificadoras de la ministra, Lilia Grinévich, y sin mencionar al idioma ruso, pretende imponer la lengua ucrania en todas las escuelas, incluso en las regiones donde siempre se ha hablado ruso; aproximadamente un treinta por ciento de la población del país lo tiene como lengua materna. A los niños de lengua rusa, o de otras, sólo se les permitirá aprender en su idioma durante los primeros años. Rusia considera esa ley una vulneración de los derechos de la población, e incluso los gobiernos de Polonia, Rumania y Hungría, poco sospechosos de connivencia con Moscú, han criticado con dureza la ley. También en la televisión y la radio, el gobierno de Kiev impone severas limitaciones a otras lenguas que no sean el ucraniano, y prohibió las emisiones de la televisión rusa y los programas de radio en ruso. El acoso a la prensa es constante: la periodista rusa Ana Kurbátova fue secuestrada por la policía y permaneció en paradero desconocido hasta que la presión internacional llevó al gobierno ucraniano a dejarla en libertad y expulsarla del país. La OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, mostró su inquietud por las detenciones y deportaciones de periodistas y llamó al gobierno ucraniano a respetar el trabajo de los informadores extranjeros.

Esa severidad contrasta con la tolerancia con los grupos nazis, protegidos de hecho por el gobierno, y se constata con las actividades del Batallón Azov, financiado por el oligarca Igor Kolomoisky y que ahora depende del ministerio del Interior, que ha integrado también a otros grupos fascistas. Los comandantes del batallón entrenan en el uso de armas a niños de apenas diez años, que son educados en el odio a los “moscovitas”, y en los delirios de la “raza blanca europea” y su superioridad. Su fundador, Andriy Biletskiy, participó también en la creación del Partido Nacional-socialista ucraniano, y tuvo un papel destacado en la cadena de complicidades y decisiones que llevaron a que instructores militares del Pentágono adiestren a los soldados del batallón nazi Azov, mientras sus drones vuelan sobre la línea de trincheras del Donbás y en las cercanías de Crimea.

El nivel de vida se ha deteriorado con rapidez. Si las dos décadas y media de capitalismo han destruido la economía y los derechos sociales, desde el golpe de Estado de 2014 Ucrania ha entrado en un pozo negro. Solamente en el primer año tras el golpe, los salarios se redujeron más de un diez por ciento. Ante el creciente deterioro y las protestas ciudadanas, el gobierno decidió a finales de 2016, aumentar el salario mínimo, que pasaría de unos 56 a 113 euros. La situación es tan grave que el propio Poroshenko renonoció en la Rada que los ciudadanos están descontentos con el gobierno, y atribuyó la insoportable caída del nivel de vida a la guerra en el Este… sin reconocer que fue el gobierno golpista quien la inició. A la inseguridad en el país, se une la delincuencia, la corrupción y las guerras entre clanes oligarcas y mafiosos, que llegan a crear situaciones grotescas: el corrupto Mijaíl Saakashvili (un hombre a sueldo de la CIA norteamericana, acusado de ordenar torturas y asesinatos, que fue presidente de Georgia entre 2004 y 2013) fue nombrado asesor de Poroshenko y, después, gobernador de Odessa por el gobierno golpista ucraniano, razón por la que perdió la nacionalidad georgiana. A finales de 2016, en uno de los frecuentes episodios de enfrentamiento entre la élite gobernante ucraniana, Saakashvili renunció al cargo y acusó a Poroshenko de connivencia con la corrupción y con los grupos criminales. Tras abandonar Ucrania, Saakashvili volvió, entrando ilegalmente en el país, y se refugió en la ciudad de Lviv, uno de los centros del nacionalismo ultraderechista, sin que el ministerio del Interior diera orden de detenerlo.

Los enfrentamientos y guerras de banderías son moneda común en el régimen ucraniano, incluso entre los miembros del propio gobierno. En los tensos debates de la Rada golpista sobre el desarrollo de los acuerdos de Minsk, el ministro del Interior (Arsén Avákov, del bloque de Yulia Timoshenko) defendió una reforma de la Constitución actual para “descentralizar el poder” y acabar con el dualismo que a su juicio dificulta la gobernación. También el primer ministro, Vladímir Groisman (que fue ministro en el primer gobierno golpista de Yatseniuk y forma parte del partido de Poroshenko), defiende la descentralización, aunque el propio presidente anunció en la Rada su oposición a cambiar la Constitución antes de las “elecciones” que su gobierno prepara para 2019.

Los enfrentamientos son constantes, a veces soterrados, entre Poroshenko, Avákov, Timoshenko, Yatseniuk, y sus partidarios, que se enfrentan por concesiones del Estado y por negocios corruptos. El diputado Nikolái Martinenko fue detenido a causa de una turbia y millonaria operación en la empresa Energoatom, que controla las cuatro centrales nucleares ucranianas; tras él, los grupos ligados a Poroshenko y a Yatseniuk se alían y se enfrentan en la búsqueda de nuevos negocios, recurriendo al soborno, a la información privilegiada, al robo directo de los recursos del Estado. Martinenko, por ejemplo, participa en oscuras redes comerciales de gas, uranio y titanio entre Ucrania, Kazajastán y Rusia, con ramificaciones en Austria, donde operan desde Viena algunas de sus terminales corruptas para el lavado de dinero. El Parlamento Europeo se hizo eco del escándalo, y las autoridades austriacas investigan a quien era jefe de la administración presidencial de Ucrania hasta el verano de 2016, Boris Lozhkin, otro oligarca multimillonario, que fue sustituido después por Ihor Rainin. El saqueo de Ucrania por parte de los oligarcas es constante, y para ello recurren con frecuencia a la compra de políticos, de diputados de la Rada, o, directamente, son capaces de imponer ministros y responsables en el gobierno.

A principios de 2016, Poroshenko ordenó a su ministro de Defensa preparar un plan militar para la recuperación de Crimea, que debería llevarse a la práctica con unidades del ejército, la Guardia Nacional, los paramilitares fascistas y voluntarios de los tártaros, cuyo dirigente (Refat Chubárov, presidente del Mejlís, Congreso Tártaro de Crimea) colabora con el gobierno de Kiev. La extrema corrupción de los militares, la falta de recursos, agravada por la gravísima situación económica, y la falta de preparación de su ejército, pese a la ayuda norteamericana, mantienen paralizado el plan, aunque Kiev ha reforzado sus unidades en la costa del Mar Negro, y barcos de la flota de guerra norteamericana realizan frecuentes patrullajes en la zona. Los canales de comunicación con Moscú se encuentran afectados porque la OTAN suspendió la colaboración con Rusia, aunque se han celebrado reuniones esporádicas: para el secretario general Stoltenberg, la causa principal de la tensa relación con Moscú es la incorporación de Crimea a Rusia, sin que, en cambio, la alianza occidental considere el golpe de Estado de 2014 en Kiev motivo de preocupación.

Estados Unidos estimula el conflicto ucraniano en el Donbás porque una guerra latente en las fronteras rusas le es muy útil para presionar a Moscú, que hace frente a esa inestabilidad y al inquietante reforzamiento del dispositivo militar de la OTAN en sus fronteras, desde el Báltico hasta el Mar Negro, y porque, al mismo tiempo, ata a sus socios europeos de la OTAN, sobre todo a Alemania, a una dinámica de enfrentamientos que impide la colaboración entre la Unión Europea y la Unión Euroasiática que desarrolla Rusia. La imposición de sanciones económicas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, por la crisis ucraniana, fue contestada por Moscú con el abandono de las importaciones de alimentos estadounidenses y europeos. En septiembre de 2017, la Unión Europea prorrogaba seis meses más las sanciones económicas a Rusia, hasta marzo del 2018. También a finales de agosto de 2017, una delegación de la OTAN llegaba a Kiev para examinar el estado del ejército ucraniano. El suministro de nuevo armamento norteamericano a Kiev, así como la presencia de militares polacos junto a las fuerzas ucranianas en la línea del frente en el Donbás, llevó al ministerio de Defensa ruso a afirmar que esa decisión agravará el conflicto, posición que Berlín comparte aunque evita criticar a Washington.

La preocupante situación llevó a Moscú a preparar los ejercicios militares Zapad en la segunda quincena del pasado septiembre, con participación de doce mil soldados rusos y bielorrusos, mientras la OTAN realizaba en las mismas fechas maniobras militares en Suecia con unos veinte mil soldados. Sin realizar ningún pronunciamiento oficial, la diplomacia norteamericana filtraba a los medios de comunicación la sospecha de que los ejercicios Zapad fuesen, en realidad, la preparación de una hipotética invasión rusa de Polonia, Lituania o Ucrania. Moscú, además, está preocupado por el acuerdo del Senado norteamericano de impugnar algunos aspectos del Tratado sobre Misiles de corto y medio alcance, (INF, Intermediate-Range Nuclear Forces, suscrito en 1987 por la Unión Soviética y Estados Unidos), que se añade al desarrollo del escudo antimisiles norteamericano en Polonia, República Checa y Rumanía. Para completar los malos presagios, Moscú descubrió que intermediarios oficiales norteamericanos compraron armas en Ucrania (así como en República Checa, Rumanía y Bulgaria) asegurando a los proveedores, para burlar los controles aduaneros, que eran para el Pentágono, cuando en realidad se enviaban a los grupos yihadistas en Siria.

De la inquietante situación en Ucrania puede dar idea el hecho de que el neonazi Andriy Parubiy, jefe de los paramilitares fascistas del Maidán en 2014 y dirigente de las bandas armadas que han asesinado impunemente por el país, es hoy presidente de la Rada, el Parlamento, y nada indica que las cosas vayan a cambiar: con la complicidad del gobierno y de los tribunales, sigue sin juzgarse la matanza de Odessa, aunque se enjuician activistas que se opusieron al golpe de Estado en 2014 (denominados “del campo de Kulikovo”, por el lugar donde se concentraban los manifestantes anti-Maidán), y, aunque fueron puestos en libertad ante la evidente falta de pruebas, la policía y los servicios secretos (SBU) volvieron a detenerlos, de manera que el gobierno intenta condenar no a los asesinos de Odessa, sino a quienes intentaron defenderse de ellos. Sin olvidar que la izquierda es perseguida, Borotba y el Partido Comunista son ilegales, y las “elecciones” manipuladas y compradas con el dinero de los oligarcas, aunque sólo concurren a ellas los partidos del régimen y la participación no llega ni a la mitad del censo electoral: según las propias encuestas del gobierno golpista, el partido de Poroshenko recibe menos del 10 % de simpatías, porcentaje similar a los fascistas de Svoboda, y el bloque de Timoshenko, alrededor del 15%.

Ucrania teme un posible destino de estado fallido, pero la guerra sigue, aunque amortiguada. A finales de septiembre, el ejército ucraniano bombardeó la planta de agua Yuzhnodonbasskaya que suministra al Donbás y también a territorios controlados por Kiev, como Dobropole (al norte de Donetsk) o Mariúpol, la gran ciudad de la costa del Mar de Azov; y entre el vértigo por el futuro y las dificultades extremas de la vida diaria, la exaltación nacionalista sigue siendo una prioridad para la actual Ucrania: el 24 de agosto de 2017, el gobierno golpista celebró el Desfile de la independencia en Kiev, sin reparar en el simbolismo de una desafortunada organización que llevó a los soldados norteamericanos a desfilar bajo su propia bandera, que, además, llega a ondear en edificios oficiales, desmintiendo así todas las proclamas sobre la independencia y autonomía del país. Allí estaba Poroshenko, en el desfile, acompañado del general James Mattis, perro loco, secretario del Pentágono y criminal de guerra en Afganistán e Iraq, aventando el odio nacionalista hacia Rusia; calificando, en su discurso ante las tropas, a la Unión Soviética de “horda bolchevique”, y glosando, para la ocasión, la independencia de Ucrania del “imperio del mal”, utilizando la jerga del Reagan de la guerra fría mientras recibía la mirada de simpatía del bravo general Mattis.

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Lista negra elaborada por Ucrania:

http://www.memory.gov.ua/publication/spisok-osib-yaki-pidpadayut-pid-zakon-pro-dekomunizatsiyu

Soldados norteamericanos desfilando en Kiev. 24 de agosto de 2017

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