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27/12/2020 :: Mundo, Uruguay

Uruguay: cierre de año limitando libertades

x Pablo Álvarez
Finalizando el 2020 y con un panorama sanitario complicándose, el régimen uruguayo intensificó su política de limitación de derechos civiles y sociales

El cierre de año va pincelando el último toque de la política del Gobierno. Si hasta ahora la evolución de la pandemia del Covid-19 le había permitido a Lacalle gestionar la política sin mayores inconvenientes significativos, la nueva situación de la pandemia lo expone a presentar su rostro sin ropajes ajenos.

Pretender que toda política se detenga por la pandemia es ilusorio. Pretender que la visión política de un Gobierno cambie por la pandemia es igual de ilusorio. Lo que se pudo haber evitado, no sin dificultades, es la utilización de la pandemia para articular otras acciones políticas. Una, y muy importante utilidad política de la pandemia, ha sido la limitación de la expresión democrática. Si no se había hecho hasta ahora de forma directa, sí se esforzó el Gobierno en protegerse detrás del miedo y la acusación ciudadana a quienes se movilizan, señalándolos como irresponsables ante la “expansión” del contagio.

La ley de Urgencia primero, y la Ley de Presupuesto después, forman el núcleo político y programático de la agenda del Gobierno. Ambos instrumentos legales tocan casi que completamente todos los campos de acción política; sin embargo, la posibilidad de expresarse y movilizarse contra ellas estuvo obviamente limitada por el Covid-19. Y cuando la limitación no la impidió, el propio Gobierno y los medios de comunicación señalaron acusatoriamente a los manifestantes (algo que se nutría de la evolución positiva del Gobierno, por vía del bajo numero de contagio, que se mostraba como “estrategia exitosa”). Es decir, la evolución de la pandemia le permitió al Gobierno de Lacalle cobijarse detrás de ella.

Un estudio[1] del mes de octubre indica que la aprobación del Gobierno se mantiene prácticamente estable desde su inicio, próxima a los 60 puntos, aunque se nota una breve suba de valoración negativa, que pasó de 11 a 14 puntos entre mayo y octubre. Según esta información, la práctica totalidad de los votantes de la coalición apoyan la gestión, y también un 30% de quienes no lo votaron (Martínez). Pero el dato relevante que se vincula a lo dicho antes señala que 32 puntos (de los 60) indican como principal motivo de apoyo “la buena gestión de la pandemia”, en tanto que sólo un 16% lo hace por una “buena gestión general”. Por otra parte, 10 puntos de los aspectos negativos se motivan por los recortes y la desigualdad creciente.

Pero la primer ola de la pandemia llegó. Hasta octubre, los contagios diarios estaban por debajo de los 30 nuevos casos. Hacia finales de noviembre se alcanzaron los 100, y el 19 de diciembre se llegó a los 600 casos. Esto obligó al Gobierno a asumir una acción más contundente. El 16, el Gobierno presentó nuevas medidas[2] en el marco de la estrategia ante la pandemia. La principal medida presentada indicó la reglamentación del artículo 38 de la ley (prohibición de aglomeraciones). Hay que considerar que el pocos días antes, el 10 de diciembre, la Cámara de Diputados culminó el proceso de aprobación parlamentaria del presupuesto: el paquete de políticas está consumado.

Al ajuste, represión

Como ya hemos mencionado en otros informes, toda estrategia neoliberal precisa del componente policial-represivo para manejar las reacciones sociales a dichas medidas. En el caso Uruguayo, ya se observó que la LUC (Ley de Urgente Consideración) dispone los instrumentos necesarios para la policía, y se han realizado varias denuncias a las intervenciones policiales desde entonces. Los videos muestran cómo los efectivos policiales justifican su accionar en la “la LUC”. Pero el Gobierno da un paso más. Si hasta ahora la Policía “intervenía” para “disolver” reuniones públicas fuera de todo respaldo legal, ahora el Gobierno ha creado dicho respaldo.

El artículo 38º[3] de la Constitución garantiza el derecho de reunión pacífica, base central de cualquier democracia. Esta modificación fue enviada de urgencia al Parlamento y fue votada el mismo día, el 19 de diciembre[4]. El proyecto votado limita transitoriamente “el derecho de reunión” consagrado en la Constitución, y suspende las “aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario, por el plazo de 60 días” que podrán extenderse sin necesidad de ley. La Institución Nacional de Derechos Humanos valoró los riesgos de esta medida.[5]

Un punto central a considerar es que la discrecionalidad hasta ahora ejercida por la Policía permanece, no da garantías a la ciudadanía ni claridad a quienes tienen que implementar la norma: solamente da respaldo legal a la discrecionalidad. Medidas de este tipo deben ser asumidas como de “último recurso”, por lo que abre una duda significativa sobre el accionar futuro del Gobierno si la evolución de la pandemia no responde a la limitación de derechos.

Por último, es necesario destacar que siguen sin aparecer las medidas de impacto dirigidas a ayudar a los sectores más vulnerables. Un estudio[6] identificó entre marzo y julio 700 ollas populares y merenderos (aunque estima más de 800) que no han recibido ningún tipo de apoyo del Gobierno nacional, y que realizaron 6 millones de platos.

La fe liberal limita derechos, mientras deja en manos de los individuos la suerte para enfrentar la pandemia. Mientras tanto, ha logrado vencer en la batalla mediática, logrando que cualquier valoración contraria a los actos de gobierno (asociados o no al manejo de la pandemia) sea tomado como sinónimo de irresponsabilidad: “Si no estás conmigo, estás con el Covid-19”, reza la defensa gubernamental ante quien señale las faltas del Gobierno.

La lucha es contra la LUC

Del otro lado del campo político, el acontecimiento más significativo reside en la articulación social y política para poner en movimiento el instrumento de referéndum[7] ante la Ley de Urgencia. La Intersocial, conformada por el PIT-CNT, FUVAM, FEUU, Intersocial Feminista y muchas organizaciones sociales, territoriales y culturales, acordaron (no consensuaron) lanzar la recolección de firmas para que se pongan a consideración de la ciudadanía 133 artículos de la LUC.

El Frente Amplio, principal partido de oposición, finalmente acompañó la propuesta surgida del movimiento popular. Sin embargo, el debate interno no estuvo exento de diferencias. Las más importantes estuvieron vinculadas a la valoración de oportunidad en cuanto a la posibilidad real de éxito de la campaña y, por otra parte, en la valoración de que la propuesta de la Intersocial incorpora la derogación de artículos que también fueron votados por el Frente Amplio.

Por otro lado, organizaciones que quedaron en minoría en la Intersocial, junto a otros colectivos, resolvieron lanzar una iniciativa de referéndum contra toda la LUC[8], propuesta que presentarán el 21 de diciembre en conferencia de prensa.

Esto significa ir con una estrategia dividida, lo que no alimenta positivamente las posibilidades de éxito de ninguna.

El Frente Amplio ha perdido capacidad de iniciativa y aún escarba un debate autocrítico que le permita salir rápidamente del estado de derrota, luego de perder las elecciones nacionales. Entre las valoraciones comunes dentro de la “autocrítica” el relacionamiento con las organizaciones sociales del movimiento popular es unánimemente anunciado, y esto explica en parte el posicionamiento finalmente asumido.

En otro orden, es preciso destacar que los dos departamentos más importantes en población son conducidos por el Frente Amplio: Carolina Cosse está al frente de Montevideo y Yamandú Orsi de Canelones. Ambos son parte de los principales activos políticos del Frente Amplio de cara al próximo ciclo electoral nacional, y ya se pueden dilucidar acciones que admiten lecturas en ese sentido. Pero aún es muy temprano.

Por ultimo, y a modo de homenaje, la izquierda principalmente (pero la política nacional toda) ha sufrido un impacto enorme con el fallecimiento de Tabaré Vázquez. En Tabaré se refleja en gran medida el ciclo político uruguayo posterior a la dictadura, que lo tuvo como protagonista desde 1989. Fue el primer intendente de izquierda del país, fue el primer presidente de izquierda del país y fue dos veces presidente de Uruguay. Su primer Gobierno inició el proceso de reformas estructurales más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, y todos los indicadores utilizados para evaluar el funcionamiento de una sociedad evolucionaron positivamente. Sin duda alguna, la historia futura le asegurará un lugar de privilegio. Su humanidad y su convicción traspasaron las fronteras nacionales.

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Notas

[1]  https://www.opcion.com.uy/opinion-publica/monitor-de-opinion-publica-aprobacion-de-gobierno/

[2] https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Gobierno-reglamentara-el-articulo-38-de-la-Constitucion–que-significa-y-que-implica–uc773336

[3] Artículo 38. Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.

[4] https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/12/parlamento-aprobo-el-proyecto-del-ejecutivo-que-limita-el-derecho-de-reunion/

[5] https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/sobre-reglamentacion-legal-del-derecho-reunion-pacifica-razones-salud-publica

[6] Realizado por docentes y estudiantes de la Universidad de la República junto con técnicos del sindicato de Bancarios (AEBU): https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/12/Ollas-y-merenderos-populares_Uruguay-2020-1.pdf

[7] https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/12/intersocial-no-llego-a-un-consenso-sobre-la-luc-pero-sus-principales-organizaciones-acordaron-promover-la-derogacion-de-133-de-sus-articulos/

[8] https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/12/coordinadora-contra-toda-la-luc-promovera-un-referendum-para-derogar-toda-la-norma/

www.celag.org

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