"Venezuela es uno de los países donde la guerra híbrida se observa en todo su esplendor"

El 'Lawfare' es “una táctica de guerra, inserta en una estrategia bélica multifactorial y de amplio espectro, como es la guerra híbrida, que utiliza la ley para neutralizar o eliminar al enemigo político en aras de una reconfiguración geopolítica”. La politóloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, Arantxa Tirado Sánchez, plantea esta definición en su ensayo El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley, editado en abril en la colección A Fondo de Akal. Menciona como ejemplos la persecución al expresidente Rafael Correa en Ecuador, la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil o las causas judiciales contra Cristina Fernández en Argentina.

Además el 'Lawfare' se desarrolla en un contexto de “injerencia de EEUU en los sistemas judiciales de los países de América Latina y el Caribe”, subraya la autora, que califica como “imprescindible” el papel de los medios de comunicación de masas. Profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona, Arantxa Tirado es autora de Venezuela. Más allá de mentiras y mitos (2019), coautora de Desafío. El virus no es el único peligro (2020) y de La clase obrera no va al paraíso (2016). La siguiente entrevista se realiza por correo electrónico.

-¿Cómo definirías, a grandes rasgos, la guerra híbrida?

La guerra híbrida es una modalidad bélica que se ha popularizado en los últimos años, aunque en los estudios militares hay un debate abierto sobre qué tantos elementos de novedad tendría este tipo de guerra respecto a otros previos. En esencia, se trata del uso simultáneo de una pluralidad de instrumentos, militares o no militares, de carácter económico, psicológico, mediático, cibernético, jurídico, político, etc., que se combinan usando tácticas asimétricas y actores de todo tipo -incluyendo crimen organizado, grupos terroristas, mercenarios, etc.- para lograr objetivos políticos.

Estos objetivos generalmente tienen que ver con abrumar, neutralizar o aniquilar a un enemigo político, lograr el cambio de régimen en un país o generar determinado estado de ánimo colectivo que justifique posteriores acciones ante la opinión pública. Lo distintivo respecto a otros momentos es la ausencia de límites respecto a la guerra convencional, de ahí que se hable también de la guerra híbrida como “guerra irrestricta”.

-¿Con qué métodos está desarrollándose en Venezuela la guerra híbrida?

Venezuela es, precisamente, uno de los lugares del mundo donde esta “guerra irrestricta” se puede observar en todo su esplendor. No ha habido límites para tratar de acabar con la Revolución Bolivariana, a través del ataque a sus presidentes por la vía del golpe de Estado tradicional contra Hugo Chávez (2002), el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro (2018), la desestabilización vía revolución de color a través del movimiento estudiantil o las guarimbas, la autoproclamación de un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó (2019), la ciberguerra para hacer colapsar el sistema eléctrico venezolano de manera coordinada en el marco de la operación golpista de Guaidó, los intentos de enjuiciar a Nicolás Maduro en las cortes internacionales, la penetración paramilitar en los barrios que asesina de manera selectiva a militantes de la Revolución o el uso de comandos mercenarios para la invasión al país como fue la Operación Gedeón (2020), por poner algunos ejemplos nada más.

Estas operaciones puntuales se dan en el marco de una estrategia en paralelo que pasa por socavar la economía venezolana vía instrumentos de desestabilización económica, documentados de manera detallada por la profesora Pasqualina Curcio, y, en los últimos tiempos además, a través de un bloqueo financiero de facto y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, aplicadas contraviniendo el Derecho Internacional, que se unen a la persistente campaña mediática en contra del proceso venezolano.

-¿De qué manera han influido los medios de comunicación?

Esta vertiente mediática es fundamental como parte de la propaganda encaminada a posicionar que “el socialismo de Venezuela es un fracaso” y se enmarca en una guerra psicológica de largo aliento, consustancial y central en la concepción de la guerra híbrida, usando tanto los medios convencionales como las redes sociales. La combinación de todos estos elementos da como resultado que la mayoría de la población mundial tenga una imagen negativa de lo que pasa en ese país, y de su dirigencia política, por el bombardeo de supuesta información que recibe sobre Venezuela, claramente sobredimensionado en la agenda mediática con una intencionalidad política (y bélica, como vemos). Pero, paradójicamente, esta supuesta información no ayuda a comprender lo que está sucediendo, sino todo lo contrario. De hecho, este es uno de los objetivos de la guerra híbrida y sirve para que la opinión pública acabe avalando y hasta justificando cualquier eventual ataque contra la Revolución Bolivariana.

-¿Puede afirmarse que los medios informativos también participaron en el lawfare (guerra judicial) contra la expresidenta de Argentina (2007-2015), Cristina Fernández?

En toda estrategia de lawfare es imprescindible el papel de los medios de comunicación para posicionar determinadas noticias que moldeen la opinión de la población objetivo. Esto se ha observado en todos los casos que se han producido en la región y Argentina no es una excepción. Así que se puede afirmar que sí, sin duda. Y, es más, esta activa participación, como actores políticos de parte, fue algo reconocido por los propios medios. Como recojo en mi libro, el editor del diario Clarín, Julio Blanck, reconoció que su periódico había llevado a cabo un “periodismo de guerra contra el kirchnerismo”. Esto fue calificado por la expresidenta argentina como una guerra no convencional para destruir su imagen y limitar sus posibilidades de reelección, que era uno de los propósitos centrales del lawfare contra su persona.

-“El caso de Lava Jato es ejemplo de cómo la ultraderecha utilizó la guerra judicial para llegar al poder en Brasil”, escribes. ¿Qué relevancia atribuyes al exjuez y exministro de Justicia (2019-2020) con Bolsonaro, Sergio Moro?

Tiene una importancia fundamental como brazo ejecutor del lawfare en contra de Lula da Silva aunque, a la vez, si no hubiera sido él, seguramente se hubiera usado a cualquier otro juez que compartiera con él formación judicial de la mano de EEUU, vínculos estrechos con los intereses de ese país y con los intereses de clase de la oligarquía brasileña, y una ambición desmedida. Esto significa que, a pesar de su papel protagonista en la persecución judicial a Lula da Silva, una tarea que realizó con diligencia, fruición y hasta saña, él no es el ideólogo del lawfare sino una pieza más -importante, sí, pero sustituible- de un engranaje mucho más amplio que tenía como propósito la reconfiguración geopolítica suramericana.

Sus ambiciones fueron premiadas con el cargo de Ministro de Justicia y, cuando salió del gobierno, en una empresa de asesoría vinculada a los intereses de EEUU. Ahora que su labor ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo de Brasil, que ha considerado que su actuación fue “parcial” al condenar a Lula, hay empresarios empecinados en rescatarlo como candidato a la presidencia de Brasil. Esto es bastante sintomático de los intereses de clase que estaba defendiendo Moro en su ejercicio profesional.

-¿Cómo interpretas que en abril la Corte Suprema ratificara la anulación de condenas al expresidente de Brasil Lula da Silva, de modo que podrá presentarse a los comicios presidenciales de 2022?

Lo valoro de manera positiva, como un acto de reparación que viene a demostrar que las causas que le crearon a Lula da Silva tuvieron una intencionalidad política. Algo que ha sido denunciado por muchos investigadores e investigadoras a lo largo de estos años, quienes han visto en la acción judicial contra Lula una estrategia coordinada de lawfare, mientras eran acusados de “conspiranoides” o justificadores de la supuesta corrupción del Partido de los Trabajadores (PT). Una estrategia que formaba parte de una guerra judicial de carácter geopolítico dirigida a impedir que pudiera volver a la presidencia y, con ello, tratar de romper la línea de defensa de la soberanía nacional y del uso de los recursos estratégicos brasileños bajo criterio soberano, con una política exterior más independiente y no tan alineada con los EEUU.

Eso es lo que podrá volver a gobernar en Brasil, dentro de los estrechos márgenes de maniobra que tiene cualquier presidente o presidenta de un país de América Latina y el Caribe que recibe presiones del capital internacional, si Lula se presenta a las elecciones de 2022 y las gana, tal y como van apuntando algunas encuestas que dan actualmente a Lula más del 50% de la intención de voto.

-¿Has constatado la participación de las agencias de inteligencia en el lawfare, por ejemplo de la CIA en Ecuador contra Rafael Correa?

Más que constatar, he apuntado su participación basándome en información pública existente, bien sea visibilizando la participación directa de algunos agentes de inteligencia, producto de sus propias confesiones, o basándome en los indicios que permiten entender su presencia en las sombras. También recogiendo las declaraciones de los propios mandatarios que, por el acceso que le dan sus cargos y sus contactos, son gente que maneja mucha más información y que, cuando denuncia la participación de organismos de inteligencia extranjeros en los asuntos de sus países o en campañas en su contra, no lo hace por mera propaganda política, sino que cuenta con información privilegiada al respecto.

Yo me limito a dar cuenta de esa información. Sin duda, creo que sería imprescindible un trabajo más profundo de indagación en estos ámbitos que, por su propia naturaleza, son vetados a la opinión pública, incluso de difícil acceso para los investigadores e investigadoras. De esta manera, se podría acabar de trazar quién está detrás y cómo se diseñan y ejecutan las operaciones de lawfare contra la izquierda latinoamericano-caribeña. Porque, si no se hace, y como casi siempre es información clasificada que no sale a la luz hasta después de décadas, se corre el riesgo de acabar siendo vista como alguien que es demasiado suspicaz, mal pensada, cuando no adepta a teorías de la conspiración.

No obstante, no hay más que conocer cómo ha sido la historia de los golpes de Estado en América Latina y el Caribe para entender las líneas de continuidad histórica, pese a los cambios en las modalidades, actores o mecanismos de injerencia, que permiten detectar similitudes en los “modus operandi” que hacen saltar las alarmas y llevar a conclusiones amplias a pesar de la poca información pública disponible. Y, por supuesto, las filtraciones de WikiLeaks son invaluables en ese sentido porque adelantan información y permiten avalar lo que se intuye o vislumbra. De ahí el encarnizamiento de EEUU con Julian Assange.

-¿Existen intereses de EEUU en las guerras judiciales y golpes “institucionales” ejecutados en América Latina y el Caribe, incluidos los casos de Honduras (Manuel Zelaya) y Paraguay (Fernando Lugo)?

Sí, siempre hay intereses estadounidenses que operan junto a las élites locales para ejecutar estos planes de golpe de Estado institucional, judicial, militar o las desestabilizaciones con voluntad golpista basadas en uso de la sociedad civil como actor interpuesto. A veces, incluso, hay participación directa de personal estadounidense en el terreno o aportando apoyo logístico, asesoría legal, política y de cualquier otro tipo.

En el caso de Honduras, por ejemplo, hubo participación del Ejército estadounidense para dar cobertura a los militares hondureños y la secretaria de Estado de entonces, Hillary Clinton, reconoció años después haber adoptado una postura que favoreció la consolidación del golpe contra Manuel Zelaya. Y, en el caso paraguayo, se apunta a la injerencia vía la cooperación a través del Programa Umbral de supuesta lucha contra la corrupción, tema neurálgico que ha servido de excusa, por cierto, en las estrategias de lawfare regional.

-¿Cuál es la conclusión?

En realidad, no puede analizarse nada de lo que ha sucedido en la política y la economía de los países de América Latina y el Caribe desde el siglo XIX en adelante sin tomar en consideración la política exterior de EEUU hacia estos países y su injerencia en las respectivas soberanías nacionales. Desde el momento en que EEUU teoriza la famosa Doctrina Monroe sintetizada en la idea de “América para los americanos” (traducción: el continente americano debe quedar al servicio de los intereses de las élites de EEUU), cuya finalidad era impedir la presencia de los intereses de otras potencias imperiales en el territorio latinoamericano-caribeño, EEUU se arroga el derecho a considerar a la región como un espacio “natural” en el que ejercer, en exclusiva, su influencia geopolítica y la expansión geoeconómica de sus empresas.

A eso se sumó en 1904 el corolario Roosevelt que justificaba la injerencia estadounidense en los asuntos internos de los países latinoamericano-caribeños en aras de la defensa del “interés nacional” estadounidense. Un interés nacional que, como sabemos, corresponde al interés nacional de la élite dirigente de ese país y que se impone al resto de países hasta el día de hoy a través de golpes de Estado de todo tipo, pero también de mecanismos legales, propios de la legislación estadounidense, que se aplican de manera extraterritorial y unilateral, como puede ser la Ley Helms-Burton en el caso de Cuba o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés). Esta, por ejemplo, se utilizó para justificar la injerencia de EEUU en la Operación Lava Jato, que es el eje sobre el que pivotó el lawfare contra Lula da Silva en Brasil.

-Por último, el expresidente Evo Morales señaló el control del litio como una de las causas del golpe de estado en Bolivia (noviembre de 2019). ¿Hay ejemplos de relación entre el lawfare y el dominio de los recursos naturales?

Sí, en el caso brasileño, documentos filtrados por WikiLeaks mostraron la preocupación del personal diplomático estadounidense en Brasil por el destino y control de los recursos brasileños. El descubrimiento en 2006 del yacimiento petrolero de Pré-Sal, en el que se calcula que están las más grandes reservas de petróleo off-shore del mundo, movilizó a estos diplomáticos para evitar la conocida como Ley Pré-Sal que preveía que la estatal Petrobras fuera la operadora principal en su explotación.

Aquí el Departamento de Estado se puso al servicio de los intereses de las petroleras estadounidenses, con cuyos directores ejecutivos se coordinó para maniobrar de distintas maneras. Una de ellas fue el espionaje a funcionarios de Petrobras e, incluso, a la presidenta Dilma Rousseff. Y, por supuesto, no hay que ser muy perspicaz para entender que evitar que Lula repitiera mandato y, con ello, un gobierno del PT pudiera seguir gestionando esos recursos de manera soberana y con una visión diversificada de las alianzas petroleras, era un objetivo deseable para la política exterior estadounidense.

Rebelión