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Mundo :: 03/05/2018

Violencia en Nicaragua: se internacionalizó la guarimba

Edgar Ramírez Ramírez
¿Guarimbas a la nicaragüense o protestas sociales legítimas? A decir de los analistas, ambas

De repente, Nicaragua ocupó los principales espacios informativos en noticieros y portales. La violencia callejera, las declaraciones de la oposición, el impulso mediático y los comunicados de la embajada estadounidense, la OEA y la ONU, tuvieron indiscutible similitud con los episodios en Venezuela contra Nicolás Maduro en 2014 y 2017.

¿Las protestas en Managua fueron guarimbas “a la nicaragüense” o se trata de una reivindicación social legítima de un gobierno que tras 11 años en el poder se desvió del camino revolucionario?

Reforma de pensiones solo la punta del iceberg

Cuando el presidente Ortega impuso por decreto una reforma del sistema de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) -el pasado 16 de abril-, parte importante de la población respondió a mensajes de redes sociales y se reunieron en puntos céntricos de la capital, Managua. Pronto las concentraciones se extendieron a otras ciudades.

“La respuesta del Gobierno fue brutal”, aseguró el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

La reforma buscó revertir el actual déficit, de más de 76 millones de dólares, que enfrenta el sistema de pensiones, aumentando de 19% a 21% el aporte patronal (invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad).
Posteriormente tendría aumentos graduales hasta alcanzar 22,5% en 2020.

El INSS también debía deducir a los jubilados 5% de su pensión para cubrir su atención médica.

Según los estudiantes que iniciaron las manifestaciones, el INSS ha sido “saqueado por el gobierno para financiar todo tipo de gastos, incluso personales”. Algunos datos indican que el Instituto mantenía, hasta 2007, un superávit de más de 32,6 millones de dólares.

Obvio, el aumento en las contribuciones al INSS generó una ruptura del gremio empresarial con el presidente Ortega. Ellos, junto al sector estudiantil, se convirtieron en impulsores de las protestas. Los empresarios advirtieron que los cambios “atentan contra el crecimiento económico y la generación de empleo”.

Ante las violentas manifestaciones, el presidente anunció que la medida fue revocada y se instalaría una mesa de diálogo encabezada por la iglesia para elaborar una nueva propuesta de reforma del INSS.

La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó el “diálogo de paz” en el que se sentarán el gobierno, la Iglesia y la empresa privada. Hasta el momento, la mesa de diálogo no tiene una fecha de inicio y no se ha decidido quiénes serán los representantes de los sectores.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró el anuncio y dijo que espera que el diálogo “genere resultados para resolver los temas institucionales que afectan al país”.

Gobierno violador de los derechos humanos

La línea discursiva de la derecha mantiene que desde el regreso al poder de Daniel Ortega, en el año 2007, ha gobernado con mano dura, forjando una alianza con el sector privado, acallando a los críticos y desarrollando una gestión populista hacia los sectores más desfavorecidos.

Además, impuso una reforma constitucional para conseguir la reelección y, según sus detractores, logró el control del Tribunal Electoral para “hacer del fraude electoral una política de Estado”.

La crítica sobre el arresto de “las voces críticas” que impulsan la insurrección y la vehemencia para controlar las manifestaciones violentas es señalada por sus opositores, entre ellos, Sergio Ramírez, flamante ganador del premio Cervantes, el más importante de las letras en español. Ramírez, de 75 años, fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y participó en la revolución sandinista.

Como en el caso venezolano, desde el año 2008 el Frente Sandinista ha ganado las elecciones con altísimos índices de apoyo y con pocas pruebas contundentes sobre una posible manipulación de los resultados.

Digámoslo todo. A pesar de las fuertes críticas, el país registró uno de los mayores índices de crecimiento de Centroamérica, con un promedio anual de 4,5%. El país se convirtió en un paraíso para atraer inversores.

Ataque a la democracia patrocinado por el norte

La violencia callejera comenzó en la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua. El periodista Adolfo Pastrán explicó que forma parte de una serie de acciones desestabilizadoras que se han generado desde enero pasado. Aseguró que sectores de la oposición se infiltraron en las protestas para llamar a la violencia, crear caos y pedir la renuncia del gobierno ya que no han logrado desalojarlo a través del voto.

El analista internacional, Sandino Asturias, considera que EEUU busca por medio de estas acciones desestabilizadoras recuperar los espacios perdidos en la región en los últimos años.

Igual opina el politólogo Ernesto Wong: EEUU busca entorpecer las relaciones comerciales que Managua ha desarrollado con China y otras economías emergentes, en detrimento de los intereses de Washington.

¿Guarimbas a la nicaragüense o protestas sociales legítimas?

A decir de los analistas, ambas.

La estridencia en la palabra del gobierno a veces nada tiene que ver con su práctica real: exrevolucionarios convertidos en inversionistas, comerciantes y especuladores, y un Frente Sandinista manejado discrecionalmente por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Aunque la crisis de los gobiernos de izquierda de la región es la crisis del reformismo burgués y puede notarse el retroceso en los avances populares, por el perfil del mensaje político, el comportamiento de los medios y los métodos insurreccionales de protesta, estamos ante un nuevo intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores.

Mientras, la cifra no oficial de las protestas asciende a 34 muertos, cerca de 70 heridos y miles de dólares en daños a la infraestructura. Entre los fallecidos se incluyen dos agentes de la policía y un periodista.

Levantando la vista del árbol al bosque, se puede inferir que esta maniobra sirve a EEUU para acelerar la aprobación de la Nica Act, una ley dirigida a cerrar los canales de financiamiento del país en el sistema financiero internacional.

Esto para frenar el interés entre Nicaragua y China por construir un Canal Interoceánico de 270 kilómetros que desplace al de Panamá como única arteria comercial entre los dos océanos.

SupuestoNegado.com

 

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