Rompiendo amarras

 En este artículo, elaborado con motivo de las elecciones a rector por la UPV, no pretendemos hacer un balance de los dos mandatos del anterior ocupante del cargo, Iñaki Goirizelaia, ni del programa de la candidata, Nekane Balluerka, ni de la actual situación de esta universidad o su proyección futura. Aunque tenemos nuestro punto de vista sobre estos aspectos existen personas y sectores universitarios mucho más informados, conocedores e interesados en la problemática universitaria que han dado o darán su visión sobre ella. Aquí simplemente queremos recordar algunos comportamientos del rector cesante con los profesores despedidos y con el movimiento estudiantil, bastante alejados de ese espíritu integrador del que tanto alardea.

Hacia finales de los años 90, en la segunda parte del mandato del rector Pello Salaburu, Goirizelaia entró a formar parte de su equipo en calidad de vicerrector de relaciones con las empresas. Con su presencia avalaba de alguna forma los comportamientos de esa autoridad académica: la del “No Pasaran” y la militarización de los recintos universitarios. La del protagonista del desembarco de los rectores españolistas, el insulto de trazo grueso a la izquierda abertzale y uno de los máximos impulsadores de la expulsión, el destierro, las agresiones, detenciones y juicios a los profesores despedidos de la “Pankarta” que luchamos por el Profesorado Propio. El responsable máximo del intento de criminalización del movimiento estudiantil que se oponía a sus tropelías. Frente a este policía malo, Goirizelaia y otros vicerrectores actuaban como los policías buenos, con la intención de lavar en parte la imagen deteriorada de una universidad en permanente estado de excepción.

Iñaki Goirizelaia fue también vicerrector durante el gobierno de Juan Ignacio Pérez Iglesias y algo más que su mano derecha. En la primera parte de dicho gobierno hubo una cierta tranquilidad si lo comparamos con el reinado de Salaburu, pero esa tranquilidad se rompió con la irrupción del movimiento estudiantil contra “Bolonia”. Este potente movimiento discurría por cauces académicos pero fastidiaba a ciertos grupos políticos y a las autoridades universitarias pues dificultaba y retrasaba la aplicación de los planes previstos para el desarrollo de las directrices de Bolonia. Por ello la Cámara de Gasteiz instó a la UPV a la aprobación de un Protocolo de Seguridad y una comisión universitaria aprobó un listado de sanciones e infracciones que dada su amplitud, dureza y ambigüedad aparecía como un auténtico dislate represivo. La reacción de los estudiantes ante estas medidas, con el boicot al claustro, fue respondida por el rectorado de forma desproporcionada y violenta. Nos acordamos perfectamente de aquel otro claustro celebrado en medio de un enorme despliegue de guardas jurados y policías. Cuando simplemente los estudiantes pretendían leer unas notas llovieron sobre ellos un caudal de patadas y porrazos que llevaron al hospital a algún estudiante. Aquella escena y otras que indignaron a mucha gente que las contemplaba fueron unas de las causas por la que Juan Ignacio Pérez no salió reelegido a pesar de presentarse en solitario. Sectores importantes del PAS, estudiantes y profesorado contratado que en principio habrían votado por él le abandonaron en vista de la violencia desplegada y su carácter arrogante. En su candidatura derrotada se encontraban precisamente Goirizelaia y Nekane Balluerka.

En el aspecto del orden público los dos rectorados de Goirizelaia han sido casi una balsa de aceite. Sin embargo, hacia finales de su mandato y cuando los estudiantes abertzales estaban celebrando sus anuales iniciativas de Universidad Alternativa, la intransigencia de algunas autoridades académicas volvió a reventar la precaria paz universitaria. La policía autonómica desalojó por la fuerza a los estudiantes que se encontraban en la escuela de Ingenieros desarrollando estas clases alternativas. 41 estudiantes fueron sancionados con sendas multas de 701 euros. Los posteriores sucesos que se dieron y se dan en algunos campus no pueden quizás desligarse de estos previos comportamientos, cuya responsabilidad recae precisamente en el rector Goirizelaia con el cual los estudiantes movilizados han mantenido siempre una actitud fuertemente crítica. Debida también a que estos estudiantes han observado durante su mandato un planteamiento y discursos altamente tecnocráticos y neoliberales con los cuales están en total desacuerdo.

Las manifestaciones de continuidad -que no de continuismo- de la nueva rectora con las políticas de sus dos predecesores no parece que ayuden mucho a su valorización de cara a estos grupos de estudiantes.

En relación con el conflicto de los profesores despedidos su actuación en todos estos últimos años no podría haber sido más injusta. La aprobación definitiva de la ley Iztueta que reconocía el Profesorado Propio y creaba categorías de profesorado laboral permanente-objetivo de nuestra larga lucha- permitía nuestro acceso en la UPV en igualdad de condiciones que nuestros restantes compañeros. Sin embargo, la Universidad negoció con una parte del colectivo integrándolo en la Universidad, excluyendo al resto. Todos nuestros intentos para conseguir un acuerdo de readmisión fracasaron, a veces como en el caso de Enrique López con una gran desconsideración. Las firmas de más de 50 profesores de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación solicitando un acuerdo con nosotros no fue respondida. Igual fortuna tuvieron las decisiones por unanimidad de las juntas de Gobierno de varias facultades y escuelas. Nuestra apelación a la Defensora del Universitario corrió la misma suerte. Numerosas iniciativas a título individual o por parte de la comisión de apoyo también fracasaron.

Incluso un conato de negociación fue abortado sin darnos ninguna explicación. Comportamientos estos bochornosos y por supuesto muy poco universitarios. Por ello cuando se van a cumplir 25 años de nuestro despido continuamos en la puerta de la universidad reclamando una negociación que nos readmita en la Universidad de una manera justa y digna.

Goirizelaia ha solicitado al nuevo Parlamento autonómico que “rompa amarras” y elabore una ley propia universitaria. Nosotros, de modo análogo, pedimos a la nueva rectora que rompa amarras con los oscuros poderes que impiden nuestra vinculación a la universidad. Porque nuestro despido es claramente político y existe un veto a nuestra entrada, veto que nadie se atreve a reconocer. La invocación genérica a la legalidad no es más que una excusa. Nekane Balluerka firmó en 1995, cuando era una joven profesora, una petición para que se retomasen los acuerdos con el rector Goiriena de Gandarias que permitían en aquel entonces nuestra reincorporación. Esperemos que aquellos buenos propósitos tengan continuidad en su nueva situación.

José Luis Herrero y Antton Azkargorta. Profesores despedidos de la UPV