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18/06/2011 :: Estado español

Amnistía Internacional investiga el uso de porras extensibles por parte de varias policías locales

x Ateakireki.com
En principio, ese arma no consta en la indumentaria oficial de la policía local, aunque es utilizada regularmente por agentes de paisano.

Sindicato Profesional de Policías Locales (en 2010): “El problema es su utilización, porque la porra (extensible) no se suele utilizar para golpear, sino para apartar”

En la carga de la policía municipal contra los jóvenes que portaban una ikurriña se ve a varios agentes golpeando a los jóvenes con porras extensibles. En principio, ese arma no consta en la indumentaria oficial de la policía local, aunque es utilizada regularmente por agentes de paisano. En diciembre de 2007, un ex agente de la policía local hablaba en Gara de los “procedimientos novedosos” introducidos en el cuerpo por Simón Santamaría, entre los que citaba el gas pimienta (utilizado en el desalojo del Marqués de Rozalejo) y estas porras: “ha llegado a repartir porras extensibles entre los agentes. Las ordinarias son de madera; éstas, de acero. Pero se hicieron llegar a un grupo concreto...» Efectivamente, en aquella época empezaron a aparecer en Iruñea casos de persecuciones y agresiones con ellas.

La polémica sobre estas porras saltó a las primeras planas de los periódicos hace unos años a raíz del fallecimiento del almeriense Juan Martínez en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Ya en abril de 2005, el Departamento de Interior de Lakua prohibió su utilización a la Ertzaintza, «dada su potencial peligrosidad». Únicamente pueden utilizarla los agentes de paisano que hayan recibido cursos sobre su utilización en la Academia de Arkaute.

La ventaja de este arma es que puede ser ocultada por los agentes hasta el momento de golpear. Consiste en un tubo metálico de unos 20 centímetros, en cuyo interior se ocultan varias secciones tubulares como una antena de radio, pero de mayor grosor, y que se despliegan al realizar un movimiento seco. Y el peligro para las víctimas es la punta de acero del final.

Desalojo del Cabanyal e investigación de Amnistía Internacional
Su uso volvió a generar una gran polémica polémica en el desalojo del barrio del Cabanyal, el año pasado. En este artículo publicado L'Informatiu, un diario digital de Valencia, cuentan que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen prohibida su utilización, y que Amnistía Internacional investigaba su uso por parte de las policías locales de varios ayuntamientos.

“El problema es su utilización, porque la porra no se suele utilizar para golpear, sino para apartar”, indicó entonces el Sindicato Profesional de Policías Locales. Un portavoz del Sindicato Unificado de Policía de Valencia señaló a este diario digital que las porras extensibles “llevan una punta de acero que si das en la cabeza, haces un agujero”. “Es fácil de llevar, es pequeñita, pero no es un instrumento de defensa”, comentó el portavoz del SUP.
Las imágenes de este desalojo saltaron a las televisiones, y este video de La Sexta, lamentablemente ya retirado, denunciaba el uso de estas porras. La descripción de la noticia dice: "Aunque su utilización está prohibida en numerosos cuerpos de seguridad del estado, la policía local valenciana utilizó este tipo de peligrosas porras durante su brutal desalojo de los vecinos del barrio de El Cabanyal".

Carga contra la acampada del 15M en Barcelona
Las porras extensibles han vuelto a los medios con las movilizaciones del 15M. Angel Badia, activista y doctor en Nuevas Tecnologías por la Universidad de Phoenix, presentó una querella contra el consejero de Interior de la Generalitat, varios altos mandos de los Mossos d'Esquadra y algunos agentes por las cargas del pasado 27 de mayo en la acampada de Barcelona. El abogado que presentó la demanda, explicó en declaraciones a Europa Press que la querella se basa en el procedimiento que, según él, fue equivocado, y se usaron armas no reglamentarias como porras extensibles con bolas de acero. Cree que no puede permitirse todo, y menos a un cuerpo que debe velar por los derechos de las personas.

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