El jefe de un Estado teocrático ha sido invitado a las Cortes españolas

Antoni Gaudí vivió 73 años. Murió en 1926 tras ser atropellado por un tranvía en Barcelona. Era tan católico que se le ocurrió el famoso templo, que desde hace años es una tortura para los vecinos del barrio por atraer a un turismo permanente y masivo, conocido como Sagrada Familia. Después de muchos años de construcción parece que el templo católico va finalizando. Empezó a construirse en 1882 y está previsto finalizarlo en el año 2035. Más de 150 años es una cantidad respetable. La torre central, de 172,5 metros, está prevista que se culmine en junio de 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

Para muchos, todo un acontecimiento. Y hete aquí que el jefe del Estado Vaticano ha sido invitado para inaugurarla. Resulta que el llamado papa León XIV visitará el Estado español del 6 al 12 de junio de 2026 y paseará por Barcelona, Canarias y Madrid. Desde 2011 con la visita del ultra Benedicto XVI ningún jefe del Vaticano había visitado el Estado. Entre otras actividades, León XIV asistirá invitado a las Cortes españolas el 8 de junio. Una anomalía poco edificante si tenemos en cuenta que el jefe del Vaticano "vulnera gravemente la aconfesionalidad constitucional (...) en pleno corazón de la soberanía popular", en palabras de Europa Laica. Y añade: "y solicita a los grupos parlamentarios que no participen en un acto de «exaltación religiosa»."

Sabido es que el Estado Vaticano fue un regalo del fascista Benito Mussolini. Como resultado de los Pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929 entre la Santa Sede y el Reino de Italia, nació este Estado teocrático. Y que sea invitado a las Cortes españolas su jefe actual, francamente, es cuestionable. En palabras del citado comunicado de Europa Laica:

"Utilizar la figura de «Jefe de Estado» del Vaticano es una «cortina de humo» para encubrir un acto de naturaleza estrictamente religiosa y confesional. «Se legitima al dirigente de una religión como si se tratara del presidente de un Estado democrático, cuando el Vaticano es una teocracia que no respeta los estándares internacionales de DDHH ni la igualdad de género. De hecho, el Vaticano sólo ha suscrito una pequeña parte de los convenios internacionales en materia de DDHH".

¿Qué más da? Siempre habrá quien, en la 'izquierda' (ya que la derecha española, así como la vasca y la catalana, es entusiásticamente católica o amiga de la religión católica), diga que hay problemas más importantes por los que preocuparse. Y así vamos. En cualquier caso, ante la visita del jefe del Estado Vaticano no estará de más recordar el latrocinio histórico, de plena actualidad, de la iglesia católica española. Y dónde estamos.

Desde la llamada "transición democrática" posterior a la muerte de Francisco Franco en 1975, la relación entre el Estado y la iglesia católica en el Estado español se ha articulado principalmente a través de los acuerdos firmados en 1979 con el Vaticano (que algunos llaman ridículamente "santa sede"). Estos acuerdos establecieron un modelo de cooperación institucional que, pese a la proclamación constitucional de la aconfesionalidad del Estado, mantiene diversos mecanismos de financiación pública, beneficios fiscales y presencia institucional de la iglesia en el ámbito educativo y administrativo.

No será necesario recordar, aunque sí sirve para entender parte de lo que vino después, que la iglesia católica española desempeñó un papel central en la legitimación ideológica del régimen de Francisco Franco, consolidado mediante el Concordato firmado con el Vaticano en 1953.

Tras la muerte del dictador Franco, la Constitución de 1978 proclamó en su artículo 16 la libertad religiosa y la ausencia de religión oficial del Estado. No obstante, el mismo artículo establece que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la iglesia católica y otras confesiones. Parece broma, pero es así.

En este contexto, el gobierno de Adolfo Suárez firmó en 1979 cuatro acuerdos con el Vaticano que sustituyeron al concordato franquista. Estos acuerdos, que poseen rango de tratado internacional, regulan aspectos jurídicos, educativos, militares y económicos de la relación entre ambas instituciones. Dicho de forma poco diplomática: acuerdos que han representado un auténtico chollo para la institución católica. A pesar de los distintos gobiernos de 'izquierda' (o del PSOE, para hablar con propiedad) hasta hoy, dichos acuerdos han consolidado un modelo de cooperación que mantiene muchas bicocas institucionales para la iglesia católica. Con el último gobierno de coalición PSOE-Sumar, de momento todo sigue casi igual.

Los acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano se estructuran en cuatro instrumentos: Acuerdo sobre asuntos jurídicos; acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, acuerdo sobre asistencia religiosa en las fuerzas armadas y acuerdo sobre asuntos económicos.

Estos acuerdos establecen el reconocimiento jurídico de la iglesia como institución con personalidad propia en el ordenamiento español y privilegian su presencia en determinados ámbitos públicos, especialmente en el sistema educativo. Dado su carácter de tratado internacional, cualquier modificación sustancial de este marco requiere negociación con el Estado teocrático, lo que explica la notable estabilidad institucional del sistema desde 1979.

La financiación del credo católico institucionalizado

Uno de los mecanismos más visibles de financiación es la asignación tributaria en el impuesto sobre la renta. Los contribuyentes pueden marcar una casilla que destina el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF a la iglesia católica. Las personas contribuyentes que marcan la casilla son entre 7,5 y 8 millones, con grandes diferencias entre comunidades autónomas (Catalunya es la que menos marca). El porcentaje del total de declaraciones es de alrededor de 30-33 %. Esto supone unos ingresos anuales para la iglesia de aproximadamente 360-380 millones de euros. Este sistema fue reformado en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La reforma eliminó la dotación presupuestaria directa que recibía la iglesia y la sustituyó por el sistema actual de asignación tributaria, aumentando simultáneamente el porcentaje del 0,52 % al 0,7 %. La iglesia ganó con la reforma.

La iglesia católica disfruta de un conjunto amplio de beneficios fiscales adicionales derivados tanto de los acuerdos con el Vaticano como de la legislación española sobre entidades sin ánimo de lucro. Veamos algunos.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles y otros beneficios fiscales

Los bienes destinados al culto y diversas actividades eclesiales están exentos del impuesto sobre bienes inmuebles. Estimaciones realizadas por organizaciones civiles y estudios municipales sitúan el valor aproximado de esta exención en unos 700 millones de euros anuales.

La iglesia también disfruta de ventajas fiscales en Impuesto de Sociedades (para determinadas actividades), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que algunas exenciones fiscales no pueden aplicarse cuando existe actividad económica sujeta a competencia en el mercado. Pero ahí el festival acaba de empezar.

El ámbito educativo constituye el principal canal indirecto de financiación pública de instituciones vinculadas a la iglesia. El Estado español mantiene un sistema de financiación pública de centros privados mediante conciertos educativos. Una parte sustancial de estos centros pertenece a instituciones católicas. La iglesia católica es el principal proveedor de educación privada financiada con fondos públicos en el país. Estamos hablando de unos 7.000 millones de euros de financiación pública anual.

La asignatura de religión católica forma parte del currículo escolar y es ofertada en centros públicos. El profesorado es propuesto o autorizado por los obispos y el salario es pagado por el Estado. No está mal el trato para la parte católica, ¿verdad? Se estima que hay unos 15.000 profesores de religión que cuestan unos 700 millones de euros.

Sigamos sumando. El Estado financia servicios de asistencia religiosa católica en diversas instituciones públicas: fuerzas armadas, hospitales, prisiones, algunos centros universitarios. Estamos hablando de otro montón de millones anuales.

Pero ahora viene la parte más difícil de creer. Entre 1998 y 2015 la legislación hipotecaria permitió a los obispos registrar bienes en el registro de la propiedad mediante certificación eclesiástica. Según el inventario oficial publicado en 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez, la iglesia registró nada menos que 34.961 bienes inmuebles. Entre ellos se encuentran templos, terrenos, edificios residenciales y monumentos históricos. Un ejemplo que ha dado media vuelta al mundo es la Mezquita de Córdoba, registrada por el obispado en 2006. Como todo el mundo sabe la Mezquita es de larga tradición católica.

La reforma de la Ley Hipotecaria realizada en 2015 durante el gobierno de Mariano Rajoy eliminó este privilegio para el futuro, aunque no revisó automáticamente las inscripciones realizadas anteriormente.

¿Un Estado laico?

Un Estado que fuera laico ¿tendría muchas, pocas, escasas diferencias con la realidad del Estado español? La pregunta es ofensivamente retórica. Concretemos.

Un Estado laico sería neutral religiosamente. Ninguna financiación estatal a ninguna religión. Todas las confesiones religiosas deben autofinanciarse. Según diversas fuentes la financiación pública de la iglesia española supera los 11.000 millones anuales.

Ningún acuerdo específico entre el Estado y organizaciones religiosas que otorguen privilegios o reconocimiento especial. En el caso del Estado español ya hemos dado algunos datos que se alejan de eso.

En un Estado laico la educación es secular por lo cual la educación pública es totalmente laica. No se imparten enseñanzas religiosas en las escuelas públicas, aunque se permita la enseñanza religiosa en instituciones privadas pagadas por sus propietarios. En el caso español ya se sabe y lo hemos mencionado: la religión católica se enseña como asignatura optativa en escuelas públicas, y hay una extensa red de escuelas concertadas católicas financiadas por el Estado.

Igualdad fiscal en un Estado laico. No se otorgan exenciones fiscales específicas para propiedades religiosas. Todas las organizaciones, religiosas o no, están sujetas a las mismas leyes fiscales. En el caso español ya lo hemos mencionado. Como el día y la noche en comparación con un Estado laico.

Separación institucional total en un Estado laico. No existe representación oficial de ninguna religión en el gobierno o las instituciones del Estado, asegurando que todas las ceremonias oficiales sean laicas. La iglesia católica española tiene presencia en ceremonias de Estado y en instituciones como hospitales y las fuerzas armadas, con financiación pública para capellanes. Sin contar con las procesiones de la llamada Semana Santa con asistencia de autoridades civiles, militares y de lo que haga falta.

"iglesia libre en Estado libre", es el lema del concordato de los Pactos de Letrán. Para quien sepa algo y le interese genuinamente la libertad, le gustará este lema entre un Estado teocrático y un Estado fascista.

Sinpermiso