[Babl/Cast] N’Uviéu contra la llei mordaza y la represión del gobiernu

Dende la PAH-Stop Desahucios a les marchas pola Dignidá, dende la Escuela Pública a la Ruta contra’l Racismu, dende’l Frente Cívicu al 15-M, dende Alambique contra la esclusión social hasta ambientalistas participaron güei pela mañana n’actividá, que tuvo a un notificador de la represión de traxe gris, representando y declamando la persecución a los colectivos, hasta que foi convencíu del so nefastu papel y quitóse el traxe y apaeció una camiseta mariella y pasándose al bandu de la ciudadanía.

Toes y toos p’amosar el so refugu esplícitu a la llei mordaza del gobiernu, y señalar acciones represives abondoses n’Asturies: contra movilizaciones obreres, la persecución de la diputada Maniega a la PAH, los intentos de criminalizar al 22-M-Dignidá, los xuicios contra activistes contra la llei del albuertu, o la multa antiindígena de Xixón por una actividá d’aniversariu zapatista...

Comunicáu en castellán:

En nuestro estado, la crisis económica y las medidas de recortes sociales y
económicos a beneficio de capitalistas y banqueros han supuesto recortes en
servicios básicos que afectan a los derechos de miles de personas.

Además, muchas personas han sufrido restricciones a sus derechos a la libertad de expresión y reunión. Se han aumentado las sanciones administrativas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente.

Casos como el de Jorge o Consuelo son un ejemplo de cual está siendo la respuesta de las autoridades ante quienes reivindican sus derechos mediante la protesta pacífica.

Jorge fue falsamente acusado por agentes policiales de haber intentando agredir al Consejero de Sanidad cuando, en un acto público en un hospital madrileño, reclamaba una sanidad pública y de calidad. En otra ocasión fue multado por un agente de policía por estar en una manifestación en la que no llegó a participar.

A Consuelo, su solidaridad con los mineros en la Marcha Negra de julio de 2012, le costó muy cara. El impacto de una pelota de goma lanzada por un agente
antidisturbios, la tuvo dos meses en un hospital, más de uno en la unidad de
cuidados intensivos; a día de hoy, ese agente sigue gozando de impunidad.

Junto a esto, se han anunciado reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad
Ciudadana que ponen en peligro el ejercicio del derecho de reunión y expresión.

El Gobierno de España no debe coartar el derecho de las personas a manifestarse y reunirse pacíficamente sino todo lo contrario:

Debe garantizar el derecho de expresión y reunión pacífica, de acuerdo a las
obligaciones internacionales de derechos humanos.

Debe garantizar el derecho a la protesta espontánea cuando no haya posibilidad de notificación.

Las sanciones no pueden utilizarse como elemento disuasorio para impedir que la
gente ejerza su derecho a la protesta.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza o de
material antidisturbios contra las personas que se manifiestan de forma pacífica.

Cualquier decisión de dispersar una manifestación debe ser realizada bajo los
principios de necesidad y proporcionalidad, cuando pueda haber algún riesgo para el resto de las personas y debe ser claramente comunicada y explicada.

La policía debe abstenerse de llevar a cabo tratos sexistas, racistas o
discriminatorios contra las mujeres, migrantes o personas lesbianas, gays,
bisexuales o transgénero.

Por nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, decimos muy alto:

¡NO PENSAMOS CALLARNOS!