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La Suiza o el extraño caso del pastelero arruinado que contrataba ex jueces de la Audiencia Nacional
Seis trabajadores afiliados al sindicato CNT se enfrentan a tres años y medio de cárcel por hacer sindicalismo. Condenados por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia por el juez gijonés Lino Rubio Mayo, un viejo conocido de los activistas sociales asturianos, famoso por sus polémicas sentencias, fueron declarados en junio de 2021 culpables de haber traspasado los límites que van del piquete sindical a la coacción y las amenazas, siendo además los responsables de llevar a la ruina al propietario de la pastelería La Suiza. Poca broma. Los hechos se remontan al año 2017, cuando la CNT gijonesa inició una campaña informativa denunciando explotación laboral en este local hostelero de la ciudad, propiedad de la familia Álvarez Meana. En el marco de esta campaña tuvieron lugar varias concentraciones en las inmediaciones de la pastelería, suficientes según el controvertido juez, apodado irónicamente “el justiciero de Poniente” (en alusión al barrio en el que se ubican los juzgados de Xixón), como para llevar a pique al pastelero, cuyos clientes habrían dejado de acudir a su establecimiento para no coincidir con las desagradables turbas anarcosindicalistas. Por todo ello, además de la condena de cárcel, “el justiciero de Poniente” impondría a los condenados una indemnización de 35.428 euros en concepto de perjuicios económicos al daño de la pastelería, así como 50.000 euros por daños morales. Repetimos. Poca broma.
“Un dato, en 2014, con M. Rajoy en La Moncloa, llegó a haber unos 200 sindicalistas envueltos en procesos judiciales”
Si sospechan que algo no encaja en esta historia, ya les aviso que no van desencaminados. En efecto, hay bastantes cosas que no encajan en esta historia. Y no vamos a hablar de qué entiende por coacciones, amenazas y obstrucción a la justicia un juez amante de la mano dura para sindicalistas y luchadores sociales y ejercitante en cambio de la mano blanda con otro tipo de delitos, como cuando en 2010 protagonizó una sonada noticia por su polémica absolución de un conductor que circulaba con el doble de alcohol permitido, ya que según la sentencia sus facultades para conducir “no estaban alteradas”. No, no vamos a hablar de esa fantasía jurídica que es equiparar piquetes informativos a kale borroka, limitando la acción colectiva de los trabajadores a un sindicalismo lo más insaboro, inoloro e incoloro posible. Un dato, en 2014, con M. Rajoy en La Moncloa, llegó a haber unos 200 sindicalistas envueltos en procesos judiciales en España por participar en huelgas y manifestaciones. No, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de dinero. Y es que si algo no encaja en esta historia es que el mismo pastelero supuestamente arruinado por los malditos sindicalistas, contrató luego para ir contra ellos los servicios legales de Javier Gómez Bermudez. Sí, han leído bien. Ex juez estrella de la Audiencia Nacional, presidió por ejemplo el jucio a los terroristas de los atentados yihadistas del 11M. En excedencia desde 2018, trabaja ahora como abogado para el bufete Ramón y Cajal, en otro divertido caso de puertas giratorias por el que el mismo juez que instauró “la doctrina Botín”, gracias a la que el difunto banquero se libró de ser condenado por fraude fiscal, fichaba poco tiempo después por el exclusivo despacho de abogados que defiende a… ¡Sorpresa!: Jaime Botín, ex vicepresidente del Banco Santander, hermano de Emilio Botín y tío de la actual presidenta, Ana Patricia Botín.
Cómo un empresario arruinado consigue el dinero para contratar a uno de los abogados más caros de España no es lo único que no encaja en un Caso Suiza lleno de interrogantes, y que fue objeto de un juicio paralelo en la prensa local, abiertamente desfavorable a los acusados. Por ejemplo el hecho de que el local ya se había anunciado con vistas a buscar su traspaso por 325.000 euros un año antes de que estallara el conflicto laboral en la pastelería y tuvieran lugar las movilizaciones sindicales. El fallo judicial lo recogió, pero no sirvió para librar a los sindicalistas de ser condenados a pagar una indemnización de 35.428 euros por el daño económico hecho a la empresa.
Tres de los sindicalistas de CNT condenados. Foto: Luis Sevilla.
Aunque este año el Tribunal Superior de Justicia de Asturias libró a dos de los ocho trabajadores que Lino Rubio había condenado, ratificó sin embargo la sentencia para los otros seis, que pueden acabar en prisión si el Tribunal Supremo no lo impide. CNT ha convocado una movilización en Madrid el próximo sábado 24 para dar a conocer el caso. El sindicato sabe que se juega mucho y está tratando de poner en marcha una campaña de desborde, muy abierta, que interpele a más sectores de la opinión pública y vaya más allá del minoritario espacio del anarconsidicalismo, como pasó con la multitudinaria manifestación celebrada en 2021 en Xixón en apoyo a los condenados, y que congregó a muchas personas no relacionadas con CNT.
Quienes llevan la campaña de apoyo a los condenados saben que el silencio es el principal aliado de quienes quieren que el Caso Suiza se convierta en un precedente de que en España un piquete puede llevar a trabajadores a la cárcel. Estrechar los límites de lo posible en la acción sindical y limitar su eficacia. Aviso a navegantes.
