Con los detenidos de la LOU

En el mes de diciembre de 2001 se registraron en muchos lugares manifestaciones contra la llamada Ley Orgánica de Universidades (LOU). Al cabo de una de ellas, celebrada en Madrid, varios jóvenes fueron detenidos de resultas de una presunta agresión a policías municipales precedida, según se adujo, de una disputa con un supuesto fotógrafo que luego resultó ser un policía de paisano. El lector interesado en lo ocurrido por aquel entonces encontrará información detallada en www.nodo50.org/fadal2001, una página en donde se recuerda también, por cierto, que los jóvenes en cuestión fueron objeto, con posterioridad, de malos tratos en comisaría.

La Sala 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena contra los jóvenes en cuestión, de tal suerte que si nada ni nadie lo impide dos de ellos deberán entrar en prisión, en tanto los restantes podrán beneficiarse de la libertad condicional. Importa sobremanera subrayar que, conforme a un sinfín de datos y fuentes, las numerosas discrepancias, contradicciones e imprecisiones que se revelan en el relato policial de lo acaecido obligan a concluir que los jóvenes detenidos, y luego procesados, nada podían tener que ver con los hechos que se les imputan. Sorprende en extremo, por lo demás, que —vaya casualidad— algunos de los policías que testimoniaron contra esos jóvenes hiciesen valer prácticas similares en Barcelona cuando, en marzo de 2002, se desarrollaron manifestaciones contra una cumbre que debía organizar el Banco Mundial.

El escenario que tenemos entre manos se completa con la certificación, una vez más, de que hechos como los que ahora nos ocupan no parecen interesar en absoluto a unos medios de comunicación, los nuestros, que muestran una fe ciega, sin atisbo alguno de duda, tanto en lo que declaran los policías como en las decisiones que asumen los jueces. Desde el principio esos medios han aceptado como una verdad inmanente la culpabilidad de los jóvenes procesados. Obligado resulta concluir que sus poderosos y eficientes equipos de investigación, muy saturados de obligaciones, no tienen tiempo para interesarse por hechos escandalosos que colocarían en muy mal lugar —parece— a determinados servicios policiales y revelarían quiebras elementales, por añadidura, en el Estado de derecho. Aunque no es más halagüeño el panorama que ofrecen otros muchos estamentos, y ello por mucho que sea cierto que —honrosa excepción— la Conferencia de Rectores de Madrid ha tomado partido por los jóvenes condenados, como lo ha hecho, por lo demás, un buen puñado de organizaciones políticas y movimientos sociales, junto con numerosos ciudadanos a título personal. No está de más recordar que la propia Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación, en suma, ante los hechos que ahora nos interesan.

Al lector avezado no se le debe escapar qué es lo que despunta por detrás de las circunstancias que hemos invocado: lo ocurrido a duras penas puede explicarse sin un designio firme, del lado de nuestros gobernantes, en lo que respecta a la criminalización, con el concurso de los procedimientos que sean necesarios, de un sinfín de movimientos sociales. Si ese proyecto pervive hoy con fortaleza, parece que sobran los motivos para aseverar que su entidad era aún mayor en el momento —finales de 2001— en el que los hechos se registraron, con José María Aznar como inquilino en el Palacio de la Moncloa. Bueno será que no olvidemos, en suma, que si lo anterior es suficiente para perseverar en la contestación y en la movilización, nuestras obligaciones al respecto son tanto mayores cuanto que es fácil barruntar un horizonte vital duro para unos cuantos jóvenes que merecen nuestra rápida y contundente solidaridad.