Constitución española, autodeterminación y violencia

CONSTITUCIóN EXCLUYENTE, 27 AÑOS BASTAN.

El sistema político español, reflejado en la Constitución Española (C.E.) de 1978, surge del "Bloque Constitucional" en el que la izquierda, PSOE y PCE, con sus respectivos sindicatos CCOO y UGT, estuvo condicionada por la amenaza de golpe militar. En los años de la transición política española se produjo un gran auge de movilizaciones sociales protagonizadas por el movimiento obrero, articulado principalmente por el PCE y CCOO, aunque también por importantes colectivos de la izquierda radical, un pujante - y abortado - movimiento libertario y por movimientos populares a favor del derecho de autodeterminación en Cataluña, Galicia y, sobre todo, Euskadi. El PCE, como principal vanguardia popular, fue condicionado por un minúsculo PSOE. Este partido, en 1975, tenía como principal activo, además de su pasado histórico, un pequeño grupo de jóvenes ambiciosos. Entre 1975 y 1977, el PSOE fue fabricado apresuradamente con enormes recursos económicos, el apoyo político de la socialdemocracia alemana y el consentimiento de EEUU, para hacer, junto con la derecha, una pinza contra el PCE y el resto de movimientos antifranquistas y anticapitalistas. El PSOE ofreció al sector negociador del franquismo (UCD, AP), el cadáver del poder constituyente popular como precio para su inclusión en el nuevo estado parlamentario. El PCE, bajo la dirección de Carrillo, entró en esa transacción y al hacerlo, también entró en una larga y penosa agonía.
Lo que ha venido después de esta transición, realizada sin libertad, ha sido el acoso de cualquier proceso de democracia participativa y de acumulación de fuerza política desde la sociedad.

El único movimiento popular con fuerza constituyente, raíces sociales y una compleja y múltiple forma de expresión que ha resistido, ha sido el movimiento popular vasco por el derecho de autodeterminación. La fascinación de la izquierda por incluirse en las instituciones y el abandono de las reivindicaciones democráticas y populares (salario y empleo dignos, vivienda, libertad de expresión, manifestación y asociación para millones de trabajadores y trabajadoras precarizados; autodeterminación del pueblo vasco, erradicación de la tortura, respeto a los derechos humanos de las personas presas y de los inmigrantes, igualdad real de la mujer, etc), han sumido a los movimientos sociales resistentes en un gran aislamiento político. La expresión violenta del movimiento popular vasco y la ausencia de mecanismos democráticos para su resolución pacífica tiene sus causas, por un lado en la negación expresa del derecho de autodeterminación en la Constitución Española y la consiguiente exclusión política del movimiento social que revindica este derecho democrático. Por otro lado, en la ocupación del espacio parlamentario por un bipartidismo neofranquista y antidemocrático que sostienen el PP y el PSOE. En tercer lugar por el sabotaje que ha sufrido el Movimiento Contra la Europa del Capital y la Guerra (MAG) por parte de la socialdemocracia y sus agentes en los movimientos sociales, impidiendo construir, entre otras cosas, una relación cooperativa y solidaria entre los distintos movimientos populares anticapitalistas.

Los derechos y libertades democráticas en España están limitados de forma legal por la C.E. que clausuró un principio esencial de la democracia, el derecho de autodeterminación e impide cualquier modificación de dicha anomalía. La obstrucción constitucional de éste derecho cierra el espacio legal para su reivindicación jurídica. El consenso de "los demócratas" que suman el 75% del arco parlamentario a escala estatal, condena a la marginalidad a quienes intentan dialogar sobre esta "excepción" democrática. Este consenso presenta a quienes luchan por restablecer el derecho de autodeterminación en la práctica y en la teoría como enemigos de la democracia y presuntos terroristas. Desde el punto de vista de la "doctrina Garzón" supone "todos a la cárcel", pero no de broma, como los parlamentarios del PSOE e IU le cantaban al gobierno de Aznar en el Congreso de los Diputados en Enero de 2003, sino de verdad, con encarcelamientos tan reales como injustos, ilegales e impunes.

Por un lado, la Constitución define lo que es democrático. Por otro, la democracia, residenciada en el Parlamento y en los partidos y sindicatos mayoritarios, impide cualquier cambio en la Constitución. Se llega así a un círculo vicioso en el que la Constitución y el orden político se engendran mutuamente en base a mecanismos antidemocráticos de exclusión, criminalización y represión de la disidencia. Cuando las reivindicaciones populares no tienen cauce democrático de expresión, lo hacen por otros medios. El problema de la violencia no se resuelve con menos, sino con más democracia.

Una política de izquierdas contra la violencia no puede combatir la violencia propiamente dicha sin atacar sus causas. Considerar que el llamado "terrorismo" se reduce a los atentados, desconsiderando las relaciones de injusticia y coacción que lo explican, solo sirve para perpetuar las condiciones de existencia de dicho fenómeno. La lucha contra la violencia popular armada, desde una perspectiva de izquierdas, debe empezar interrogándose por las causas que la producen. Sin una causalidad explícita, un fenómeno sólo tiene su origen en la casualidad. Ante un fenómeno casual, solo cabe una respuesta puntual. Pero ante un fenómeno violento que expresa procesos de violencia previos, una respuesta puramente represiva está impulsando la violencia porque retroalimenta sus causas. Es decir, ninguna de las actuales políticas antiterroristas es una política de izquierdas.

Para acabar con la amenaza del terrorismo islámico en España, bastaría con romper relaciones diplomáticas con Israel hasta que cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y cese en su política de appartheid, limpieza étnica y terrorismo de Estado. Para acabar con la violencia de ETA bastaría con modificar la Constitución Española, reconociendo en ella el derecho de autodeterminación y abriendo negociaciones para buscar una forma de aplicación de este derecho que, en un plazo razonable y respetando sobre todo la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, integre el conjunto de voluntades e identidades en conflicto.

Para luchar contra el terrorismo desde la izquierda se debe abrir el dialogo. El dialogo exige la presencia de todas las partes del conflicto. Es preciso que callen las armas. Pero todas, incluidas la represión, la ocupación militar, el dominio económico, la precariedad, la explotación, la ilegalidad empresarial, la tortura, los abusos jurídicos y procesales y la manipulación de masas.

La lucha contra el terrorismo es necesaria pero debería comenzar por combatir a quienes no exhiben más razones ni más legitimidad que su violencia, sus intereses egoístas, su desprecio al por mayor de la vida, la dignidad, el derecho a decidir de los pueblos, los derechos sociales, las libertades sindicales, los derechos humanos y las leyes. Es decir, tendríamos que empezar, si de verdad estuviéramos contra el terrorismo por casi todas las grandes multinacionales y por algunos gobiernos "democráticos" que tomamos como modelo.

La ruptura democrática aún está pendiente
No a la Constitución monárquica. Por la III República.
Por el derecho de autodeterminación
MEMORIA, DIGNIDAD Y LUCHA

Este texto forma parte de un libro en preparación: "Constitución(es), autodeterminación(es) y movimiento antiglobalización

Agustín Morán es miembro del CAES