Contra el cierre de páginas webs sin intervención judicial

La FeSP, la PDLI y otras organizaciones piden al Senado que presente enmiendas para eliminar ese y otros artículos, por ser contrario a la Constitución y a la normativa europea vigente.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones han difundido un manifiesto, en el que instan a los grupos parlamentarios del Senado a que presenten enmiendas al proyecto de ley que modifica la vigente Ley de Propiedad Intelectual, porque si entra en vigor en los términos en los que ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados permitirá cerrar páginas web sin intervención de un juez.

Además de la PDLI y la FeSP, el escrito ha sido firmado por Facua-Consumidores en Acción, Asociación de Internautas, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Asociación Española de Startups.

Este proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de noviembre por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso, para incorporar al ordenamiento jurídico español dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. Durante su tramitación, el PP, el PSOE y Ciudadanos pactaron y aprobaron incorporar un artículo que permitirá, en el caso de reincidencia, que la administración pública pueda cerrar una página web sin necesidad de que lo autorice un juez. Ese apartado ha sido muy polémico y ha provocado reacciones en contra de distintas organizaciones, que ahora piden al Senado que lo revoque.

El manifiesto íntegro es el siguiente:

"Las organizaciones, entidades y personas abajo firmantes:

Consideramos muy grave que la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados haya aprobado, por unanimidad, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas como el cierre de páginas webs sin necesidad de autorización judicial.

Manifestamos nuestro rechazo a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en el Congreso, porque permite que se ordene administrativamente la retirada de contenidos de Internet sin que un juez evalúe si afectan o no a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

Entendemos que esta reforma es inaceptable jurídicamente, porque acababa con la garantía procesal que aporta la intervención judicial por el mero hecho de que el sujeto haya incumplido antes la ley y vulnera la presunción de inocencia.

Expresamos nuestra preocupación porque este cambio aprobado obliga, en la práctica, al titular de una web a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas actualmente vigentes.

Advertimos que, a nuestro juicio, se trata de una reforma contraria a lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución que exige una orden judicial para el secuestro de publicaciones.

Denunciamos que esta reforma tiene un impacto grave, desproporcionado e injustificable sobre las libertades en Internet, en particular la libertad de expresión e información, y también sobre el desarrollo económico de las empresas digitales.

Por todo lo anterior, instamos a los Grupos Parlamentarios en el Senado a enmendar el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, eliminando la reforma aprobada por el Congreso".