El rey emérito es blindado por el Congreso por "inviolabilidad absoluta"

Este martes, los grupos parlamentarios de VOX, PP y PSOE han rechazado, otra vez, en la mesa del Congreso, que se abra una investigación sobre los crímenes del rey emérito. Podemos ha defendido la constitución de la comisión, solicitada por partidos como ERC, JxCat, Más País y Bildu.

Con su rechazo, consideran que la inviolabilidad del rey tiene un carácter permanente, más allá de su abdicación. Y con esta argumentación, preparan el camino para que el Tribunal Supremo descarte toda investigación.

El pasado lunes la Fiscalía del Tribunal Supremo, había asumido la investigación a Juan Carlos I sobre el cobro de 80 millones de euros como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas. Actividades realizadas después de la abdicación del emérito, al considerar que desde entonces dejaría de estar protegido por la inviolabilidad real, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución.

Pero este lunes, obviando esta decisión, los servicios jurídicos de la Cámara Baja han sugerido a la Mesa del Congreso la no tramitación de la creación de dicha comisión.

Los letrados del Congreso de los Diputados han dado la posibilidad de que PSOE, PP y Vox pudieran votar a favor de impedir una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas ilegalidades de Juan Carlos de Borbón. Y es muy probable que así lo hagan y acaben votando en contra de la constitución de dicha comisión.

La segunda demanda de creación de comisión de investigación registrada, propuesta por Unidas Podemos, limita que toda investigación al padre del jefe del Estado debía estar acotada después a su abdicación, cuando de acuerdo a la Fiscalía, dejó de ser inviolable. 

No obstante, para los servicios jurídicos de la cámara "las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad" son "absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”.

Todo hecho que ataña a Juan Carlos de Borbón durante su reinado está totalmente fuera de posibilidad de petición de investigación parlamentaria. Sin embargo para los letrados, aunque las actividades del rey “hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado".

La investigación suiza reveló que Corinna Larsen, recibió en 2012 una transferencia de 65 millones de euros por parte de la fundación panameña Lucum. Esa cuenta de la fundación había recibido, en el año 2008, la suma de 100 millones de euros por parte del ministerio de finanzas de Arabia Saudí. La cuenta, gestionada por el gestor de fondos ginebrino Arturo Fasana, pertenecería al rey emérito.

En septiembre de 2018, un juez de la Audiencia Nacional archivó la llamada “pieza Carol”, una causa abierta a partir de las grabaciones difundidas por el excomisario Villarejo. Este había filtrado la grabación realizada en 2015 a Corinna Larsen, asegurando que el Rey tenía cuentas secretas en Suiza. ¿Por qué se archivó la causa? La excusa fue la inviolabilidad del Rey, ya que los hechos investigados ocurrieron cuando este aún no había abdicado.

La corrupción de la monarquía española, encarnada ahora en la figura de Juan Carlos, pone en peligro la cada vez más cuestionada imagen de Felipe VI, y, por tanto, todas las redes clientelares que mantienen cohesionada a la monarquía española con otras grandes fortunas del Estado.

Los escándalos de Juan Carlos ya empujaron a Felipe VI a anunciar que renunciaba a su herencia personal y a quitar a Juan Carlos el “estipendio” establecido en los presupuestos de la Casa del Rey: 194.232 euros anuales. Sólo la fortuna de la Casa Real se calcula en más 2.000 millones de euros, sin contar las fortunas y propiedades que deben acaparar en total toda esta banda de parásitos y rentistas “aristócratas”.

La impunidad, lejos de ser un hecho aislado, se trata de una pieza estructural del Régimen del 78 que queda establecido con la inviolabilidad del rey recogida en la Constitución. Este artículo de la Constitución es, en los hechos, una garantía de “barra libre” para la Casa Real y para las acciones de comisionista del monarca, pieza clave en las relaciones con las dictaduras saudíes y contacto imprescindible para las grandes fortunas del Estado español.

Lo que queremos es expropiar la fortuna a la familia real y ponerla a disposición del pueblo trabajador en esta crisis. Y echarles, acabar con esta monarquía corrupta heredera del franquismo y este régimen monárquico para ricos, tomar nuestro futuro en nuestras manos, decidir sobre nuestras vidas, desde el fin de la monarquía, hasta la gestión de la crisis del coronavirus. Así, tal vez, esta crisis no la paguemos los de siempre, y la pague la monarquía.