Grande-Marlaska, dimisión

No es solo que en España se esté haciendo una gestión pésima de la crisis de la COVID-19 desde el punto de vista sanitario, que desgraciadamente así es (no es casualidad que aquí tengamos la mayor tasa de mortalidad del mundo por esta enfermedad, después incidiremos en este dato), sino que es en donde se está haciendo la peor gestión socio-política de la crisis en Europa. La peor para las clases trabajadoras, seguramente muy útil para los intereses del poder.

Algunos antecedentes

Durante la Transición todo se justificaba por el riesgo del golpismo. El riesgo del golpismo no era sino la voluntad clara de una intervención de las Fuerzas Armadas y de la Corona de una forma mayor aun de lo que venían haciendo en el devenir del proceso político, muy especialmente en el momento en el que se estaba materializando la construcción de las Autonomías. A la Corona y a una buena parte de las Fuerzas Armadas no les gustaban algunos de los gestos y actitudes de Adolfo Suárez, motivo principal de su forzada dimisión; y aprovechando la coyuntura que se creó con esta, pusieron en marcha una jugada de cierta maestría en la que el Rey Emérito jugó el papel de incendiario en la sombra y de bombero de cara a la galería, precipitando un pronunciamiento militar que, aunque no tenía posibilidad alguna desde una perspectiva estratégica como Golpe de Estado, sí la tenía y de hecho la tuvo como Pronunciamiento. A partir del 23 de febrero de 1981 se recondujo sin oposición institucional alguna el proceso autonómico y en julio de 1982 se aprobó por amplísima mayoría en Cortes la “LOAPA”, la ley que materializaba esa posición política para recortar y reconducir el proceso de construcción de las Autonomías. Por supuesto que el Pronunciamiento militar del 23-F consiguió los efectos políticos buscados, no para sus protagonistas formales -que no eran más que peones de una operación mediático-política de altos vueltos-, pero sí para sus inspiradores: Juan Carlos I y, por tanto, para el Régimen monárquico. Estos fueron los principales beneficiados de esta operación. Fue a partir de ese momento cuando la figura de ese golfo-fascista se empezó a vender como la del “Héroe de la democracia”, como el que había parado el Golpe, el mismo que lo había instigado con la colaboración de otros “insignes personajes” como el recién fallecido Enrique Múgica.

Los medios de comunicación, a sabiendas de que era totalmente falso, estuvieron vendiendo durante décadas una imagen de Juan Carlos de Borbón que nada tenía que ver con la realidad, tal como se ha demostrado en los últimos años; eso sí que eran “fake news” sistemáticas y continuadas. Pero aquella coyuntura también sirvió para impulsar el llamado plan ZEN (1983), que desarrolló el caldo de cultivo necesario para impulsar una salvaje represión en Euskal Herria y también en el conjunto del Estado. En ese ambiente del “contra ETA vale todo” proliferaron los malos tratos y torturas en cuartelillos y comisarías. En ese marco también surgieron los GAL, es decir, el terrorismo de Estado inspirado, organizado y sostenido desde el propio Gobierno de Felipe González. Por cierto que la única manifestación que se hizo en Madrid contra el terrorismo de Estado fue la convocada conjuntamente por Unidad Popular Castellana y Solidaridad Obrera y a la que asistieron -para las circunstancias no fue poca cosa- más de 500 personas, así como un número similar de antidisturbios.

Como está ocurriendo en la actualidad, en cualquier coyuntura con dificultades socio-económicas, el bloque dominante español utiliza de forma prioritaria el instrumento de la represión. Por cierto, en aquella época también sufrimos una tremenda epidemia que afectó, como esta, muy especialmente a Madrid y al conjunto de Castilla: la del aceite de colza contaminado. Esa epidemia, que casi nadie quiere recordar, produjo más de 10.000 afectados y más del 1.000 muertos; y en cuya clarificación por vía judicial jugó un papel primordial nuestra compañera Doris Benegas, que consiguió que el Estado fuera condenado por su actitud negligente en la génesis y control de aquella epidemia y fuera, por tanto, declarado responsable civil subsidiario. También por supuesto jugó un papel importante en la organización del movimiento social de la lucha de los afectados y afectadas y la gente solidaria con ell@s.

La lucha por los números

De nuevo estamos en un momento crítico para el Régimen monárquico español y de nuevo quieren aprovechar la coyuntura para hacer un relanzamiento de este, o al menos conseguir la neutralización de cualquier movimiento de oposición a él, que sea coherente y que pueda tener un apoyo social suficientemente significativo.

El Estado de Alarma, que debería ser un Estado de Alarma Sanitario tal como se ha declarado en Portugal, se ha convertido aquí de facto en un Estado de Excepción. Su principal objetivo no es luchar contra la COVID-19, sino controlar la movilización social, especialmente pensando en el futuro y en la tremenda crisis económica y social que se nos avecina y en la que ya hemos entrado.

Insistimos en el dato de que España tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, lo cual es una clarísima expresión de las burdas deficiencias del plan para combatir la pandemia aquí. El indicador más significativo para medir el impacto de una enfermedad en la sociedad es la tasa de mortalidad, que es el número de muertos que esa enfermedad provoca por cien mil habitantes; y ese dato no es tan fácilmente manipulable como otros, porque se conocen los habitantes que tiene España, 47 millones. Se puede manipular, y así lo están intentando, disminuyendo estadísticamente el número de fallecidos por esa enfermedad; de ahí el monumental cabreo de la Ministra Portavoz del Gobierno con el President de la Generalitat, que en un gesto de decencia ha incorporado a los fallecidos en Cataluña por COVID-19 a todos aquellos casos sospechosos por reunir los criterios clínicos y epidemiológicos aunque no se les hubiera hecho la prueba. Desde el Gobierno español dicen que eso no se puede hacer porque la OMS solo considera casos a los confirmados analíticamente, pero esto es una verdad a medias y como todas, se convierte en una mentira fáctica.

La OMS y la epidemiología en general hacen dos consideraciones sobre los casos de una enfermedad: casos sospechosos y casos confirmados. Casos sospechosos son los que cumplen los criterios clínicos (la sintomatología) y los criterios epidemiológicos. Casos confirmados son aquellos que, además de cumplir los criterios de los sospechosos, dan positivo en laboratorio; pero para eso, tal y como recomienda la OMS, hay que hacer test a todos los sospechosos y a sus contactos, al menos. Pero aquí no, en el Estado español se ha comenzado a hacer test de forma significativa, aunque aún insuficiente, en los últimos días, por lo que desde el mismo Gobierno se impedía materialmente dar ese paso de sospechoso a confirmado. No es difícil imaginarse el porqué: si se disminuye el numerador, como el denominador es fijo, la tasa disminuye. En algunos medios hemos visto un ejercicio de lo que podríamos llamar ya “psicopatía mediática”: decir que lo fundamental no es la tasa de mortalidad, sino la de letalidad, que se obtiene por la división entre el número de fallecidos y el numero de enfermos. La tasa de letalidad tiene mucha importancia desde el punto de vista epidemiológico porque da una idea de la virulencia de la enfermedad, pero desde el punto de vista socio-sanitario lo que tiene mayor interés e importancia, como es obvio, es la tasa de mortalidad.

Vigilar y castigar

El concepto de “guerra”, aplicado desde el Gobierno en la lucha contra la COVID-19 no es casualidad. Es uno de los “pecados veniales” del plan de la lucha contra la pandemia en España que tan desastrosamente se está llevando desde el Gobierno, no desde las trabajadoras y trabajadores de la Sanidad Pública, sin cuyo tremendo esfuerzo los resultados serían mucho peores de lo que están siendo. Es curioso, sin embargo, el cómo los aspectos represivos de su plan sí funcionan como un reloj suizo, ya van más de 5.000 detenciones y 600.000 aperturas de expedientes sancionadores; casos de malos tratos, que solo conocemos a través de las redes; y algo que planteábamos en nuestro editorial anterior ya empieza a emerger: las repercusiones para la salud en la población en un sentido general de un confinamiento tan brutal como ineficaz, tal como el que estamos sufriendo. El martes en el barrio de Parrillos (Valladolid) una mujer fallecía por caída al vacío desde una ventana de su domicilio. El Ministro del Interior se apresuró a decir que era una muerte por violencia de género; nos gustaría saber de dónde sacó esa información cuando testigos presenciales desde el principio dieron una versión que no coincidía exactamente con la del Ministro, ni tampoco la propia Subdelegación del Gobierno de Valladolid avalaba la versión dada por el sr. Grande-Marlaska. Según parece, la mujer fallecida sufría una situación de violencia de género verbal crónica, además de padecer un trastorno mental. Una persona en esa situación y en circunstancias de confinamiento total tiene una alta probabilidad de optar por el suicidio, que parece ser la hipótesis más plausible en este caso. Pero aceptar esa posibilidad hubiera obligado al sr. Grande-Marlaska a reflexionar sobre la idoneidad de las condiciones del confinamiento. Su versión en plan “fake news” resolvía fácilmente todos los problemas, pero las mentiras tienen las patas cortas. Aún estamos esperando una explicación del sr. Marlaska sobre este episodio, que a él seguramente le parecerá sin importancia, pero a nosotr@s de una tremenda gravedad.

El sr. Grande-Marlaska, en su época de Magistrado de la Audiencia Nacional, se caracterizaba por hacer caso omiso de las denuncias por torturas de los detenidos; tampoco había “pruebas analíticas” que lo demostraran, como por ejemplo las imágenes grabadas por vídeo de los interrogatorios, pero estas por supuesto no existían porque tales grabaciones no se hacían. Ahora tampoco existen los test. Marlaska es un auténtico peligro para el mantenimiento de los ya más que precarios espacios de libertad que nos quedan en el Estado español, y por ello pedimos su dimisión. Ya sabemos que no va a dimitir por este hecho, pero nos parece de la más elemental dignidad democrática solicitarlo. Con lo que no parece encontrarse a disgusto el Ministro es con la aparición de los chivatos y acosadores que están surgiendo en este “Estado de Excepción”, tal como siempre ha ocurrido. Esos, habitualmente son tremendos ignorantes y fascistoides que se amparan en que todas las medias coercitivas son para el “bien común” y para luchar contra la pandemia, a pesar de sus escasísimos resultados e incoherencias, como la de mandar a millones de personas a trabajar a producir plusvalía para el capital, mientras se tiene confinada al resto de la población. Creen tener barra libre para dedicarse a acosar desde las ventanas o a delatar a gente que está en la calle sin saber si tienen alguna motivación para ello. Son los delatores de toda la vida.

Planes y proyecciones

Si en los años ochenta se utilizó el golpismo y a ETA como el argumento de base que servía para tomar medidas que eran un auténtico maltrato de forma estructurada a la sociedad, ahora se utiliza a la COVID-19 y a Vox para una operación similar, pero si cabe, de pretendidos mayores vuelos. Difícilmente lo van a conseguir, pero desde luego están en ello. El espantajo de Vox o la Covid 19 les vale para todo, también para intentar frenar cualquier movimiento de oposición crítica a la política del actual Gobierno. Las “fake news” más peligrosas se han lanzado precisamente desde el propio Gobierno: inicialmente la epidemia por COVID iba a ser similar a una gripe; después que la puesta en práctica de medidas como las que se habían tomado en otros países, tales como la medición masiva de temperatura o uso de mascarillas eran una chorrada; o que si la realización de test diagnósticos de forma extensa tenía más inconvenientes que ventajas… y así sucesivamente. Pero el Gobierno con toda su artillería, CIS incluido, están avanzando en la imposición de un auténtico y brutal recorte de libertades y caminando hacia un Estado más autoritario de lo que es actualmente.

Vox es un residuo del franquismo sociológico e institucional que ha reverdecido en una especial coyuntura política; esas son sus fortalezas pero también sus debilidades. Obviamente las limitaciones estratégicas de Vox son claras. Pero estamos asistiendo a un fenómeno mediático-político-sociológico mucho más peligroso y enmascarado, tal cual es la construcción de un neofascismo con ciertos aires de modernidad, basado en el españolismo más atroz y en elementos típicos de los programas nacionalsocialistas, tal como es el secuestro socio-político del lumpenproletariado. Ese proyecto va más en la línea del fascismo italiano o del nazismo alemán que del franquismo, y por supuesto tiene una pretensión estratégica de futuro. Y ese proyecto tiene su núcleo principal de acción y probablemente también de inspiración en el actual Gobierno y sus apoyos mediáticos.

En síntesis, el Gobierno y sus apoyos están trabajando en un proyecto al servicio del gran capital español e internacional. Por supuesto, no saben aún cuáles van a ser las líneas para salir de esta magna crisis socioeconómica en la que estamos entrando, pero tienen una cosa clara: necesitan tener a la sociedad amordazada para manejarse con las menores dificultades posibles.

Izquierda Castellana, 17 de abril de 2020