Invisibilidad y fraude preventivo con la enfermedad profesional

La OIT (Organización Internacional de Trabajo) publicó en 2013 el informe “La prevención de las enfermedades profesionales”, alertando sobre la “Invisibilidad” y el impacto de las pérdidas de salud en los trabajadores y trabajadoras.

Según sus estimaciones, de las 6.300 muertes diarias causadas por los riesgos laborales, 5.500 derivan de enfermedad profesional (EEPP) y señala que anualmente en él mundo se producen 160 millones de enfermedades relacionadas con el trabajo. Las muertes por enfermedad profesional multiplican por 6 las causadas por los accidentes de trabajo.

La Comisión Europea en su informe del 26 de junio de 2021 asegura que en 2018 se registraron 3.300 accidentes mortales en la Unión Europea (seguramente son muchos más), mientras que anualmente más de 200.000 trabajadores mueren a causa de enfermedades relacionadas con el trabajo.

La Estrategia de Seguridad y Salud de la Unión Europea para 2021-2027 realizó un estudio, señalando una escala de muertes de origen laboral: 52% de muertes por Cáncer, 24% por enfermedades cardiovasculares, 22% por otras causas y 2% por lesiones traumáticas.

En el Estado español, las enfermedades profesionales se ocultan e ignoran, tanto por Instituciones políticas y sanitarias como por los Servicios de Prevención. Las fuerzas sindicales y sociales vienen reclamando cambios legislativos como solución al subregistro.

Las estadísticas del CEPROSS (Registro de enfermedades profesionales), que gestiona el Ministerio, no me consta que recojan las muertes por Enfermedad Profesional. Mientras tanto, las estadísticas de siniestralidad cifran unas 800 muertes por Accidente de Trabajo en el 2024.

Las enfermedades profesionales, con un lento incremento en los últimos años, han aumentado de 16.842 enfermedades registradas en 2010, a 26.803 en 2024. Año que registra 106 cánceres profesionales. El subregistro de todas ellas persiste, especialmente del cáncer pulmonar y enfermedades respiratorias.

¿Necesitamos cambios legislativos o cambios en la respuesta sindical?

No voy a negar los beneficios de los cambios legislativos, aunque dudo que exista correlación de fuerzas, ni demanda social que posibilite cambios positivos. Históricamente, las mejoras en la prevención de los riesgos y las enfermedades profesionales han sido resultado de conquistas sindicales o sociales en el marco de la Unión Europea.

Observo demasiadas quejas y lamentaciones sindicales, ante el subregistro u ocultación de las enfermedades profesionales, pero sin expresar voluntad de enfrentarse en la calle a dicha ocultación.

Mientras, algún sindicato vasco demanda eliminar las competencias de las Mutuas y trasladarlas a la sanidad pública. Otros exigen modificar el Cuadro de Enfermedades Profesionales, ampliándolo a las enfermedades causadas por los riesgos psicosociales e incrementar el número de Inspectores de Trabajo.

La gran mayoría no cuestiona la correlación de fuerzas políticas existente para lograr cambios legislativos favorables. Tampoco se cuestionan si son necesarios cambios en su quehacer sindical (huelgas, manifestaciones) para acabar con la escandalosa ocultación del origen de las enfermedades y la precaria prevención de los riesgos laborales.

Pretender que las Instituciones de la Sanidad Pública Autonómica, gobernadas por la derecha extrema, exijan a los médicos la “Comunicación de Sospecha” favoreciendo la investigación de las condiciones laborales o el reconocimiento de las enfermedades, ignorando por otro lado la limitada formación de estos médicos en relación a los riesgos laborales y la nula voluntad, cuando no oposición, de las Consejerías Autonómicas de la Sanidad Pública para promover el cumplimiento del artículo 5 del RD 1299/2006, es un deseo abocado al fracaso, especialmente mientras no haya mayor presión y movilización social.

No voy ser yo quien niegue la nefasta influencia de las Mutuas en las resoluciones del INSS o en él quehacer de los Servicios de Prevención. Su obstaculización permanente al reconocimiento de la enfermedad profesional y los accidentes de trabajo al convertir las Evaluaciones de los Riesgos de las empresas en documentos generales.

Siendo real, no pueden convertirse en la excusa para no hacerles frente, como mínimo planificando campañas de visualización de las enfermedades o denunciando los fraudes preventivos de los Servicios de Prevención, con el reforzamiento del control y la exigencia sindical de inversiones preventivas.

Estos últimos años hemos demostrado desde ASVIAMIE, qué invertir en la prevención de los riesgos, hubiera sido más rentable a las empresas que el pago de indemnizaciones por daños causados por el amianto. Quedó en evidencia que la totalidad de las empresas, grandes o pequeñas, todas incumplieron la legislación, que les requería medidas de seguridad frente a la fibra, reconocimientos médicos, medidas de protección colectiva e individual, frente al riesgo cancerígeno.

Ante las demandas de daños o perjuicios y recargos por falta de medidas de seguridad, las empresas no han tenido más argumentos que culpabilizar al hábito tabáquico del enfermo y esperar a encontrarse con un juez “negacionista”, que evitase la condena al pago de indemnizaciones perjudicando la imagen empresarial.

Mi propia experiencia sindical, con las campañas realizadas hace más de dos décadas, mientras fui responsable de Salud Laboral en CCOO de Euskadi, pudo demostrar la rentabilidad de dichas campañas, incrementando en afiliación y representación, mejorando las condiciones de trabajo.

Vale como ejemplo: 1) Miles de hipoacusias, o perdidas auditivas causadas por el ruido, fueron indemnizadas tras ser reconocidas como EEPP, incluso, dotando las Mutuas los audífonos necesarios. Por cierto, existen centenares o miles de nuevas hipoacusias, aunque la generación más afectada ya se ha jubilado. 2) Generar la “alerta sanitaria” por los casos de silicosis en marmolerías por los aglomerados de cuarzo, dejando al descubierto la pésima Evaluación de Riesgos y vigilancia de la salud de SPA. 3) Las numerosas lesiones de Túnel Carpiano y Epicondilitis, reconocidas a trabajadoras lesionadas por los movimientos repetitivos, derivando algunas en incapacidad permanente. 4) Las enfermedades del amianto. 5) Las concentraciones sindicales frente a las Mutuas, denunciando su despótica actuación o la denuncia por las malas prácticas sanitarias de los Servicios de Prevención, que posibilitó un importante incremento de las “Comunicaciones de sospecha”.

Una acción sindical que mereció la pena, al situar la Salud Laboral como un objetivo estratégico, implicando en las campañas a las secciones sindicales y estructuras comarcales, posibilitando a CCOO crecer en afiliación e implantación en la pequeña empresa.

Sin campañas sindicales específicas, para lograr el reconocimiento profesional (incluida la denuncia al Departamento de Sanidad del incumplimiento del R.D 1299/2006 por los médicos de los Servicios de Prevención), decenas de miles de enfermedades de origen laboral quedan ocultas, con el agravante de la pérdida de prestaciones económicas o el fraude a las medidas de prevención.

Considero qué las Asociaciones de Pensionistas deberían prestar mayor atención a la epidemia cánceres pulmonares y enfermedades respiratorias, que afectan a los pensionistas que trabajaron con tóxicos en la industria. Por tanto, probablemente, con derecho a reclamar las prestaciones de Incapacidad Permanente o Viudedad derivada de enfermedad profesional, mejorando la pensión y la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por la falta de medidas de seguridad.

No vale lamentarse, hay que actuar en defensa de la salud: si la pierdes, perderás el empleo y el mínimo bienestar.

Sinpermiso