La necesidad de justicia en España: Expropiar los bienes inmatriculados de la iglesia católica

En el Estado español, la cuestión de los bienes inmatriculados por la iglesia católica representa una de las heridas abiertas en la lucha por la justicia histórica y la equidad. Durante décadas, esta institución ha acumulado un vasto patrimonio inmobiliario mediante un proceso conocido como inmatriculación, que le permitió registrar a su nombre miles de propiedades sin necesidad de demostrar titularidad.

El proceso de inmatriculación y la acumulación de bienes

La inmatriculación es el procedimiento mediante el cual un bien se inscribe por primera vez en el Registro de la Propiedad. En el caso de la iglesia católica, este proceso se vio facilitado por una serie de leyes que le otorgaron privilegios extraordinarios. Desde 1946, bajo el régimen franquista, la Ley Hipotecaria permitió a los obispos registrar propiedades con una simple certificación eclesiástica, sin necesidad de presentar pruebas fehacientes de propiedad. Este mecanismo, diseñado para compensar a la iglesia por las desamortizaciones del siglo XIX, se mantuvo vigente hasta 2015.

En 1998, durante el gobierno de José María Aznar, una reforma amplió este privilegio, permitiendo incluso la inmatriculación de lugares de culto, como iglesias y catedrales, que previamente estaban excluidos por su evidente carácter público o comunitario. A través de este procedimiento, la iglesia registró a su nombre no solo templos, sino también terrenos agrícolas, viviendas, plazas públicas, cementerios e incluso monumentos históricos como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.

En muchos casos, estos bienes eran de dominio público o habían sido construidos y mantenidos con el esfuerzo colectivo de las comunidades locales, como la basílica de Santa María del Mar en Barcelona, cuya edificación fue financiada por los vecinos. Este proceso, descrito como un "expolio silencioso", se intensificó especialmente entre 1998 y 2015, aprovechando la falta de control y transparencia en los registros.

La magnitud del patrimonio inmatriculado

Según un informe del Gobierno español presentado en 2021, entre 1998 y 2015, la iglesia católica inmatriculó 34.961 bienes, de los cuales 20.014 son templos y dependencias eclesiásticas, y 14.947 son propiedades de otro tipo, como fincas rústicas, viviendas, solares o plazas de aparcamiento. Sin embargo, asociaciones como Recuperando y Europa Laica estiman que el número total de bienes inmatriculados desde 1946 podría superar los 100.000, dado que el informe oficial solo cubre un período parcial y los registros anteriores a 1998 son difíciles de rastrear debido a su opacidad.

El valor económico de este patrimonio es colosal. Se estima que los bienes inmatriculados podrían superar los 50.000 millones de euros, considerando el precio del metro cuadrado en zonas urbanas y el valor histórico de monumentos como la Catedral de Sevilla o la de Valencia. Además, la iglesia genera ingresos millonarios mediante la explotación de estas propiedades, como los 15-20 millones de euros anuales recaudados por la Mezquita de Córdoba, mientras que los costes de mantenimiento suelen recaer en las arcas públicas.

Esta situación se agrava por los privilegios fiscales de la iglesia, que está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que supone una pérdida de entre 600 y 1.000 millones de euros al año para los ayuntamientos.

La inacción de los gobiernos desde la Transición

Desde la Transición, ningún gobierno ha abordado con determinación la reversión de este expolio, a pesar de las evidencias de irregularidades. Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, firmados poco después de la aprobación de la Constitución española, han actuado como un corsé que limita la soberanía del Estado para cuestionar los privilegios de la iglesia. Estos acuerdos, junto con la falta de voluntad política', han perpetuado una complicidad silenciosa.

Durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004), no solo se mantuvo el marco legal franquista, sino que se amplió el alcance de las inmatriculaciones, permitiendo la apropiación de lugares de culto. Gobiernos posteriores, incluidos los 'socialistas', han evitado confrontar directamente a la jerarquía eclesiástica. En 2018, el gobierno de Pedro Sánchez prometió revisar la legalidad de las inmatriculaciones y publicó el listado de 34.961 bienes, pero las medidas concretas han sido insuficientes, dejando la carga de reclamar estos bienes a ayuntamientos y particulares, quienes enfrentan procesos judiciales complejos y costosos, en juzgados proclives a apoyar a la iglesia.

Esta inacción contrasta con casos como el de Artà (Mallorca), donde el Tribunal Supremo ordenó la devolución de murallas y jardines históricos tras una larga batalla legal, demostrando que la recuperación es posible, pero requiere voluntad política y recursos.

La impunidad de la iglesia y la necesidad de justicia

La iglesia católica goza hoy de una impunidad que se deriva de su estatus privilegiado y de la falta de mecanismos efectivos para revertir las inmatriculaciones. La opacidad en los registros, con descripciones vagas como "capilla en Felgueras" para referirse a monumentos como Santa Cristina de Lena, dificulta las reclamaciones. Además, la iglesia no solo mantiene la titularidad de estos bienes, sino que los explota económicamente sin rendir cuentas, mientras los ciudadanos soportan los costes de mantenimiento de muchos de estos inmuebles.

La necesidad de justicia pasa por una acción contundente: la expropiación forzosa sin indemnización de los bienes inmatriculados irregularmente. Compensar a la iglesia por devolver lo que, en muchos casos, fue apropiado ilegalmente sería un agravio adicional. Esto requiere una auditoría exhaustiva para identificar todos los bienes inmatriculados, una reforma legislativa que anule los privilegios eclesiásticos y la desvinculación de los Acuerdos con el Vaticano. La reversión de estos bienes al dominio público podría destinarse a fines sociales, como educación o sanidad, corrigiendo una injusticia histórica que choca con los principios de un Estado aconfesional.

La apropiación masiva de bienes por parte de la iglesia católica es un capítulo oscuro de la historia española que sigue generando consecuencias en el presente. Con un patrimonio estimado en decenas de miles de propiedades, valorado en miles de millones de euros, la iglesia se beneficia de un expolio amparado por leyes franquistas y perpetuado por la inacción de los gobiernos democráticos. La expropiación de estos bienes no es solo una cuestión legal, sino un imperativo moral para restaurar la justicia y devolver al pueblo lo que le pertenece.

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