lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cE7w

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

10/03/2010 :: Estado español

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (III). La lucha contra la Constitución Española

x La Haine
Tercera de cinco entregas, que realizaremos en La Haine, de una compilación de un libro del autor vasco Iker Casanova, recogiendo los elementos principales de la Transición.

La lucha contra la Constitución Española: ¿Negociación?

1977 había sido el año de las elecciones, pero en octubre de ese mismo año se produciría otro acontecimiento histórico: obligado por una presión social generalizada, el Gobierno de Suárez se ve obligado a conceder una amnistía general. Sin embargo, esta medida, que venía a satisfacer una demanda profundamente arraigada en la sociedad vasca, tendría una serie de carencias que evitaron que tuviera todo el alcance deseado. El 17 de octubre se dicta un decreto de indulto general en lugar de una amnistía política. En lo práctico, no supone el final de la existencia de presos políticos porque, perviviendo las circunstancias que han motivado su existencia, es cuestión de poco tiempo que las cárceles vuelvan a llenarse.

No obstante, la medida no carece de trascendencia ya que de hecho va a suponer a corto plazo que la totalidad de presos políticos del Estado abandonen las cárceles. Esta situación provocará la ruptura de las Gestoras pro-Amnistía entre los que aceptan como definitiva y propugnan la desaparición del organismo (los grupos reformistas y el liderazgo de EIA) y los que pretenden continuar la lucha por una amnistía profunda que incluya las causas que han generado la existencia de presos políticos, fundamentalmente la izquierda abertzale.

La creciente presión popular obligará también a que a principios de diciembre de 1977 se adopte en Madrid un proyecto de ley para la realización de elecciones municipales, aunque su materialización se demorará aún bastante tiempo. El 30 de enero de 1978 se hará pública una nueva versión de la alternativa KAS, que pasa a constar de cinco puntos los cuales con leves modificaciones permanecerán en vigor hasta que ETA sustituya esta propuesta en 1995:

1.Amnistía Total.
2.Legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas sin necesidad de rebajar sus estatutos.
3.Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía.
4.Adopción de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de las masas populares y especialmente de la clase obrera. Satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas expresadas por sus organismos representativos.
5.Estatuto de autonomía que cuando menos abarque los siguientes requisitos:
# Reconocimiento de la Soberanía Nacional de Euskadi. Derecho de autodeterminación, incluido el derecho a la creación de un Estado propio.
# El euskara, lengua oficial prioritaria de Euskadi.
# Las fuerzas de defensa de la ciudadanía que sustituyan a las actuales represiva serán creadas por el Gobierno Vasco y dependientes únicamente de él.
# Las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi estarán bajo control del Gobierno Vasco.
# El pueblo vasco poseerá poderes suficientes como para dotarse de las estructuras económicas, sociales y políticas que considere más convenientes para su progreso y bienestar así como para realizar cualquier transformación autónoma de las mismas.

ETA deja claro que no liga el final de la lucha armada a la consecución de sus fines políticos, sino de una base democrática para poder conseguir esos fines por medios pacíficos. Pero el clima en esos momentos no apunta a un acercamiento de posiciones. En el mes de enero tres militantes de ETA fallecerán en enfrentamientos armados. El día 11 son abatidos en Iruñea los militantes Jokin Pérez y Ceferino Sarasola en un enfrentamiento en el que morirá también un inspector de Policía. La respuesta dada por el ministro de Interior, Martín Villa, al conocer la noticia es reflejo de la actitud del Gobierno hacia la resolución dialogada del asunto vasco: “Dos a uno a nuestro favor”. Tres días más tarde morirá a causa de las heridas sufridas el 8 de diciembre en un enfrentamiento con la guarnición de la central de Lemoiz, el militante David Álvarez.

Será precisamente la lucha contra la central de Lemoiz el nuevo motor movilizador, al verse momentáneamente reducida, por el éxito parcial conseguido, la lucha por la amnistía. La empresa promotora de la central nuclear, Iberduero, será objeto de una gran campaña de ataques por parte de las organizaciones armadas vascas, así como por sectores populares. Igualmente sufrirá una enorme presión social que convertirá este asunto en uno de los ejes de la confrontación política de los próximos años.

A la lucha contra la central nuclear se incorporaría una nueva organización de reciente aparición: los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA). Esta organización no es formalmente una escisión de ETA, pero sus orígenes están claramente en varios grupos de militantes que en un momento u otro había pasado por esta organización. La tendencia autónoma había tenido un peso menor dentro de ETA, más influenciada por el marxismo. [La “autonomía” es una corriente política que rechaza la existencia de partidos, y a veces hasta de sindicatos, y que trata de dar todo el poder a las asambleas, principalmente de trabajadores. Critica el dirigismo y el autoritarismo de los partidos basados en el marxismo leninismo. Aunque podría identificarse con el anarquismo, muchos sectores autónomos prefieren usar otros conceptos como asamblearios, libertarios, antiautoritarios... Este movimiento, en diferentes corrientes que incluyeron la lucha armada, cobró fuerza en Italia durante los años setenta]. El grupo Gatazka, de efímera duración en torno al 1973, había sido la única expresión organizada de esta ideología. Pero esta filosofía había calado en varios núcleos de militantes. En la creación de los CCAA confluyen al menos cuatro corrientes. En primer lugar, grupos minoritarios de la Sexta (asamblea de ETA) que no habían aceptado ni el españolismo ni el trotskismo y que seguían ligados a las luchas obreras. En segundo lugar, sectores de LAIA-ez que no habían aceptado el papel de KAS ni su alternativa a la que consideraban reformista. También aparecen grupos autónomos locales que, ante la magnitud de la represión que se cierne sobre las reivindicaciones sociales, pensaron que éstas debían ser complementadas con la actividad armada. Y finalmente un sector de los Bereziak que no aceptó la fusión con ETAm.

Los movimientos para una confluencia de los sectores autónomos partidarios de la lucha armada se inician en septiembre de 1977. Los ejes ideológicos del nuevo proyecto serían la lucha por una Euskal Herria independiente, el socialismo autogestionario y el asamblearismo. Rechazarían por igual a partidos y sindicatos y acusarían a ETA de militarismo. Los CCAA serían defensores de la independencia de Euskal Herria y de la cultura e identidad nacional vasca. Realizaría sus primeras acciones a principios de 1978 e incorporarían entre sus objetivos a partidos y sindicatos reformistas, lo que les llevará a una gran confrontación con ETA, que era a la postre la que ante la opinión pública aparecía ligada a la globalidad de la lucha armada y que se veía así relacionada con acciones que estaban fuera de su concepción de la lucha.

En el lado reformista, el gobierno había maniobrado con habilidad y había ganado posiciones. Ahora era imprescindible la elaboración de una constitución, que permitiera cerrar el ciclo de la Reforma y dar un marco jurídico-político estable al nuevo entramado del Estado. A aquellos que no aceptaban la reforma se les ofrecía mano dura, encarnada en la represión de las manifestaciones y en la actuación de grupos de incontrolados, cediéndose sólo a demandas democráticas cuando la situación amenazaba con hacerse insostenible. A aquellos que sí se incorporaban al proceso se les dividió, atrayéndose al PSOE en nombre de la política de Estado y frenando el ímpetu inicial de la Asamblea de Parlamentarios Vascos.

A principios de 1978 los frutos de esa política eran evidentes, ya que se había impuesto un régimen de pre-autonomía que excluía a Nafarroa y al mismo tiempo se había marginado expresamente a las fuerzas nacionalistas con representación en las Cortes (PNV y EE) de la ponencia redactora de la Carta Magna. En febrero de 1978 echaría a andar el Consejo General Vasco, una especie de Gobierno vascongado provisional sin competencias reales. El militante del PSOE Ramón Rubial asumiría su presidencia con los votos de UCD. Éste órgano mantendría una línea mucho más disciplinada con Madrid que la que había apuntado la ya finiquitada Asamblea de Parlamentarios Vascos.

El día 17 de abril de 1978 se haría público el resultado del trabajo de la ponencia constitucional y sus resultados defraudaron a los que aún pensaban que la Reforma iba a dar a Euskal Herria la posibilidad de ser reconocida como nación. El título preliminar era concluyente al definir al nuevo Estado:

"1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español (...) 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria (...) 2. La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (...) 8. Las fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional."

El proyecto proclamaba la existencia de una única nación, la española, dejando para las naciones del Estado la denominación de nacionalidades. Además consagraba la monarquía reinstituida por Franco y proclamaba el carácter indisoluble del estado español, encomendando a las Fuerzas Armadas la misión de mantener su integridad. Aunque la Constitución no era definitiva, aún debía discutirse en el Parlamento y someterse a referéndum, estos puntos y otros del mismo tenor serían inamovibles.

La campaña emprendida por ETA en octubre de 1977 estaba aún en marcha en abril de 1978 cuando se presenta el borrador constitucional. En esos momentos el Gobierno está vislumbrando la meta oficial del proceso de la Reforma. Una vez aprobada la Constitución en referéndum el proceso tiene una difícil vuelta atrás. Para el Gobierno la lucha de ETA se convertirá en uno de sus principales desafíos, ya que teme por un lado que pueda ser utilizada como excusa por el Ejército para reconducir la situación y también que el ejemplo se extienda a otros puntos del Estado o que alcance una mayor profundidad en Euskal Herria, lo que haría la situación difícilmente sostenible.

Por eso, en 1978 se vivirán varios intentos de diálogo. Aunque la dirección de ETApm había estado muy interesada, el Gobierno, para tratar de garantizar una recta final pacífica al proceso constitucional, tratará de dirigirse principalmente a ETAm al haberse erigido en el máximo exponente político y armado de la izquierda abertzale.

Tampoco este intento fructificará, principalmente por dos razones. La primera la desconfianza de ETA ante un proceso de negociación. En una Transición en la que palabras como negociación, acuerdo o consenso se estaban empleando de forma abusiva para encubrir la renuncia de los partidos de la antigua oposición al franquismo a sus viejos ideales, tales conceptos habían adquirido un matiz peyorativo entre los sectores más combativos. Además los procesos de diálogo secreto habían desembocado en muchos casos a renuncias inconfesables de los partidos políticos a cambio de contrapartidas poco claras. Por eso ETA pedirá publicidad a cualquier contacto para seguir adelante, cosa que al Gobierno no le interesa lo más mínimo. Para ETA la prioridad es presionar en todos los frentes de lucha para forzar una situación favorable a los sectores populares:

"La táctica del diálogo cuando el Gobierno no está dispuesto a conceder nada, no sirve sino para que la burguesía española gane tiempo y asiente su reforma. Y atención, cuando más se asiente, más fuerza tendrá y menos dispuesta estará a conceder nada. Hoy la capacidad de lucha pacífica y armada de la izquierda abertzale debe utilizarse a tope en torno a un programa capaz de ser asumido por amplias capas de la población de Euskadi. Nuestra lucha radicaliza las contradicciones interburguesas." (Zutik, febrero 1978)

La segunda razón del fracaso de estos contactos es la falta de voluntad del Gobierno para ofrecer una solución política real. Y es que su verdadera voluntad no era tanto la resolución del problema de fondo como la obtención de una tregua que permitiera culminar con éxito el proceso de la reforma. En ese sentido lanzará varias iniciativas de diálogo en los meses de debate constitucional, que no llegan a prosperar del todo por la negativa del Gobierno a establecer un diálogo sobre las premisas de dar publicidad a estos contactos. Por eso ETA decide dar por cerrados de manera drástica los intentos de aproximación gubernamentales y el 29 de junio mata en atentado a José María Portell, acusándole de ser un agente del Gobierno. La respuesta del Estado es inmediata y el día 2 de julio tres mercenarios ametrallan el coche en el que se hallaba Juanjo Etxabe, la persona que había ejercido de mediador por parte de ETA durante los intentos de negociación de los meses anteriores, hiriéndole de gravedad y causando la muerte de su mujer Agurtzane Arregi. ETA había sido advertida con anterioridad de que en caso de no aceptar el diálogo propuesto por el Gobierno se desataría una campaña de atentados contra refugiados y dirigentes de KAS.

Zanjados los escarceos negociadores de forma sangrienta, ETA incrementará su campaña armada de forma radical. Igualmente desestimada la posibilidad de una rendición de ETA el Estado optó por elevar la represión hasta unos niveles inéditos. A partir de ese momento se desataría en Euskal Herria el ciclo de violencia más importante desde la Guerra Civil, con el saldo de varios centenares de muertos en apenas unos años.

La campaña de la Constitución

El verdadero paso histórico para la izquierda abertzale fue la conversión de la Mesa de Altsasu en la coalición política Herri Batasuna en un proceso que se culminó el 27 de abril de 1978 y al que, además de los partidos inicialmente firmantes, se incorporarían la mayoría de los componentes del Grupo de Alcaldes. Herri Batasuna nacía para ser una plataforma electoral e impulsó la movilización popular. Durante los meses siguientes se iría consolidando una estructura propia, más allá de los partidos de la coalición, con lo que iría tomando cuerpo la más amplia plataforma política de la historia de la izquierda abertzale. En marzo de 1978 la celebración del primer Aberri Eguna legalizado [el Aberri Eguna, en euskera día de la patria, en referencia a la patria vasca, es una celebración festiva del nacionalismo vasco que se convoca anualmente en el Domingo de Resurrección en los territorios de Euskal Herria y la diáspora repartida en el mundo entero. Fue creada por el Partido Nacionalista Vasco en 1932 aunque posteriormente han tomado parte organizaciones de izquierdas] volvió a demostrar la efervescencia política de la sociedad vasca, reuniendo a 200.000 personas en las cuatro capitales del sur vasco, con gran presencia de la izquierda abertzale, bajo la demanda unánime de Autodeterminación.

En los primeros meses de 1978 la campaña de ETAm había alcanzado una media de una docena de acciones al mes entre operaciones de abastecimiento, ametrallamientos, explosiones... Una reorganizada ETApm comienza también a actuar y los CCAA entrarán en acción en esas fechas con varias acciones ligadas a reivindicaciones sociales. Pero además de estas acciones, la cadencia de atentados con muertos y heridos contra las FSE es tal que los miembros de estos cuerpos empiezan a perder por completo la moral. La consecuencia de esta situación es la multiplicación de las acciones de “incontrolados” en las calles vascas.

Así, mientras en los primeros meses de 1978 la frecuencia de atentados ultras, cuya dirección se encuentra en los aledaños del Gobierno y los servicios secretos, disminuye, probablemente para facilitar el acercamiento a ETA que hemos relatado anteriormente, las acciones de grupos “incontrolados”, compuestos por policías y ultraderechistas, se multiplican. Estos ataques se convierten en verdaderos actos de terror masivo y suceden a los funerales de miembros de FSE muertos en atentados o a concentraciones fascistas. Grupos compuestos por decenas de personas atacan locales de agrupaciones políticas y a la población con cadenas y barras de hierro, especialmente a aquellos que portan símbolos vascos. Los “incontrolados” hacen permanente ostentación de armas de fuego como pistolas o metralletas, y las usan en varias ocasiones.

Estos hechos hacían el ambiente bastante tenso pero en el verano la situación terminará por estallar. El 10 de mayo una banda de unos cien “incontrolados” penetra en el casco viejo de Iruñea portando armas de fuego y protegidos por la policía. Las agresiones son brutales pero grupos de personas consiguen organizar un piquete de autodefensa y se enfrentan a ellos. Uno de los cabecillas de los atacantes recibe una puñalada y fallecerá días después. Su identidad volverá a evidenciar la composición de estos grupos: teniente de la Guardia Civil Juan Eseberri.

El día 11 de mayo dos militantes de ETA mueren en Gernika por disparos de la Guardia Civil y durante el mes de junio ETA sigue hostigando de forma permanente a las FSE y a sus colaboradores.

En julio en el comienzo de los sanfermines se produce un escenario de tensión cuando las fuerzas policiales cargan violentamente contra un grupo de militantes de izquierdas que había desplegado una pancarta pro-amnistía. Se producen enfrentamientos y la confrontación se traslada a los aledaños de la Plaza de Toros. Muere por disparos de la policía Germán Rodríguez, militante de LKI, hecho que provoca la suspensión de las fiestas.

El 11 de julio, Iruñea vive una huelga general y el resto de Euskadi Sur una jornada de lucha. Ese día, Joseba Barandiaran morirá en Donostia tiroteado por la policía. La huelga general se extiende el día 12 a toda Euskal Herria. La represión también, con numerosos heridos, muchos de ellos de bala. El 27 de junio entra en vigor la Ley Antiterrorista que facilita la impunidad de los cuerpos policiales.

En medio de la indignación por estos acontecimientos ETA decide activar un nuevo frente de lucha, cuya preparación lleva meses gestándose. Un comando de la organización atentará en Madrid el 21 de julio contra dos mandos del Ejército causando la muerte a un general y a un teniente coronel. Era la primera acción directa de ETA contra el Ejército español (ya que en la de Carrero incidían más los factores políticos que su condición de militar). En la reivindicación de la acción ETA acusará a la cúpula militar de estar detrás de la escalada de violencia policial en Euskal Herria, que considera premeditada y diseñada como operación de castigo contra las personas, organizaciones y zonas más combativas. Igualmente advertirá a la cúpula del ejército que de continuar esta actitud ETA seguirá atacando a esta institución. El tutelaje del Ejército al proceso político, marcando límites y amenazando con intervenir, es tan obvio que ETA hablará frecuentemente de dictadura militar reformada o encubierta para referirse al Régimen que se está constituyendo. Además, hay que recordar que tanto la Guardia Civil como la Policía Armada eran cuerpos militares.

El resto del verano transcurrió por unos cauces similares aunque sin llegar a los niveles alcanzados en las primeras semanas de julio, mientras el debate constitucional iba quemando etapas en Madrid. Al comenzar el curso político, con el antecedente del verano caliente y la perspectiva del referéndum constitucional a corto plazo, los agentes políticos fijan sus posiciones. El 17 de abril de 1978 la Comisión redactora de la Constitución, de la que habían sido excluidas las fuerzas vascas, había hecho público su trabajo, la ponencia constitucional. El 20 de junio concluyeron los debates en las Cortes para discutir y votar las modificaciones y el 21 de julio el Congreso aprueba el texto. El día 31 de octubre termina el trámite parlamentario al respaldar en sesión conjunta el Congreso y el Senado la nueva Constitución. La Carta Magna queda finalmente aprobada y lista para ser ratificada en referéndum popular que se deberá realizar en diciembre.

Las cuestiones relacionadas con los derechos nacionales quedaron fijadas en los mismos términos que en el borrador inicial. El día de la votación EE votó en contra y el PNV se ausentó de la Cámara para evitar posicionarse.

El rechazo vasco a la Constitución crecía pero la opción que más claramente se estaba fortaleciendo a los largo de 1978 era HB. A pesar de la pluralidad de partidos que estaban acercándose al proyecto, las ideas de independencia y socialismo como objetivos estratégicos, la alternativa KAS como reivindicación táctica y el combate contra la reforma como línea de intervención constituían un sólido pegamento político que permitió a este sector ir homogeneizando posiciones y adoptando un discurso y una práctica cada vez más unitaria.

Precisamente la articulación de este espacio político había provocado el recelo del PNV. Consciente del nulo bagaje que podía presentar ante la sociedad vasca de su intervención en el debate constitucional, en el que incluso algunos acuerdos conseguidos en los pasillos de la política madrileña habían sido vetados por el Ejército, el PNV se veía obligado a delimitar su propio espacio político. Para ello, sabedor de que su incorporación al movimiento de reivindicaciones vasco no haría sino fortalecer un espacio que nunca podría llegar a controlar, el PNV, al que el Ejército español le acababa de demostrar los límites de la futura democracia española y mientras las calles vascas aún eran sacudidas por las frecuentes agresiones policiales, decide sacar a sus bases a la calle para protestar contra ETA. La dirección del PNV notificará el 11 de octubre su intención de realizar el día 28 de ese mes una manifestación "Contra el terrorismo", en alusión a la lucha de ETA. La decisión provocará una auténtica conmoción en el mundo abertzale y el entusiasmo abierto de la derecha española. UCD manifestará su disposición a participar en la marcha, ofrecimiento que es rechazado por el PNV pero sí será secundado por PSOE y PCE.

Herri Batasuna, en pleno proceso de estructuración, decide aprovechar la jornada para realizar la primera convocatoria de manifestación de su historia. El 28 de octubre de 1978 una gran marcha escenifica el rechazo del PNV a ETA concluyendo con la suelta de palomas, por lo que se le ha llamado “la manifestación de las palomas”. A la misma hora, en el Casco Viejo bilbaíno la Policía apaleaba a las personas que trataban de secundar el llamamiento de HB.

La división en el mundo nacionalista tendría su continuidad en las posturas adoptadas ante el inminente referéndum constitucional. El PNV era consciente de que no podía apoyar una Constitución antivasca y de que tampoco sería conveniente engrosar las filas del NO, porque este resultado podría ser mayoritario y crear en Euskal Herria una crisis de legitimidad del Régimen que podría traer consecuencias no controlables por el partido. Por eso la dirección del PNV elegirá la opción de la abstención para el referéndum de diciembre. EE y HB coincidirán en el campo del NO en una de las últimas ocasiones en que estos sectores confluirán en una campaña política de calado.

HB emprendió una fuerte campaña propagandística por el rechazo a la Constitución. Un librito de masiva difusión, editado por KAS, reunía los argumentos de la izquierda abertzale para rechazar un texto que no reconocía a Euskal Herria como nación. Este exhaustivo análisis recoge también la opinión de ETA que resume así sus razones para el No, centradas en la capacidad del Ejército y de la oligarquía de hacer un texto a su medida:

Pensar, pues, que el presento proyecto constitucional está al margen de la influencia de las FFAA supone simplemente cerrar los ojos a esta realidad. En este proyecto constitucional las FFAA han impuesto (...) una serie de puntos como son: la forma de Estado monárquica, el sistema capitalista, la falta de libertad de opinión y expresión, la continuación del franquismo sin Franco, la negación del derecho de autodeterminación pacífica de los pueblos oprimidos del Estado, la ley antiterrorista, la división de Euskadi Sur entre Navarra y “provincias vascongadas”, la obligatoriedad del castellano y el intento de desaparición del euskara por la miseria económica, en general la carencia absoluta de libertades nacionales para nuestro pueblo (...). Y, por si todo ello fuera poco, el derecho a sí mismos para cargarse la Constitución cuando les venga en gana. Y todo esto al servicio de unos intereses concretos, los de la clase social que provocó el levantamiento del 28 de julio: la burguesía española.

Durante la campaña del referéndum constitucional la ofensiva de las organizaciones armadas se acelera, en especial la de ETAm. Aunque es difícil de precisar, a principios de 1978 ETA disponía de cerca de 400 militantes en decenas de comandos operativos y estructuras de apoyo, y la capacidad de reponer inmediatamente cualquier pérdida. Este potencial junto al de los polimilis y los recién nacidos CCAA hicieron que a partir de mediados de 1978 se encontraran operando en Euskadi Sur más de medio centenar de comandos armados. Desde la escalada de tensión de julio hasta finales de año, ETA provocaría cerca de cuarenta muertos en sus acciones, a las que habrá que sumar las de ETApm y los CCAA. Desde que ETA emprendió la lucha armada el balance de muertos de cada período siempre recogía más víctimas del lado vasco, fueran militantes de ETA o simples ciudadanos abatidos por las FSE. En 1977 la balanza se equilibra. En 1978 pasa a inclinarse claramente del lado opuesto.

El 6 de diciembre se realizó el referéndum de la Constitución. Los partidarios de la Reforma se habían lanzado a una enorme campaña propagandística para lograr el respaldo popular. En el conjunto del Estado se vieron correspondidos por el éxito pero el resultado en Euskal Herria fue muy distinto. A pesar de la campaña institucional, con el uso de todos los medios de comunicación públicos y privados, la activa implicación de PSOE y UCD y de que el PNV había solicitado la abstención sin hacer una potente campaña anticonstitución, los resultados no repitieron los de diciembre de 1976 y junio de 1977. El 6 de diciembre de 1978 tan sólo el 35% del censo vasco dio el Sí a la Constitución española. Más de la mitad, el 51%, se abstuvo. Un 10% votó No y un 5% nulo. En el conjunto del Estado el respaldo había sido del 59% del censo lo que demostraba la diferencialidad de la situación vasca. Sobre tan exiguos apoyos, el Régimen que acababa de instaurarse carecía de legitimidad suficiente en Euskal Herria. Todo ello a pesar de que la Constitución era ofrecida como la única vía para recuperar la libertad cuyas alternativas eran el caos o el retorno de la dictadura militar. Los resultados fueron acogidos con gran satisfacción en toda la izquierda abertzale, que había liderado el campo del No. El bloque rupturista había obtenido por fin un éxito en las urnas y las espadas para la lucha seguían en alto.

Democracia a la española

La aprobación de la Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, había puesto punto y final oficial al proceso de la Transición. Tras un proceso en tres etapas: aprobación de la Ley de Reforma Política, Elecciones Generales y Referéndum constitucional, el Estado español se consideraba formalmente una democracia. Ningún responsable político, policial, judicial, religioso, militar o económico de la dictadura que durante cuarenta años había oprimido al Estado español tras tomar el poder luego de una cruenta Guerra Civil, fue sometido a juicio, destitución ni sanción alguna. El nuevo Régimen se había constituido partiendo de un total ventajismo por parte de los herederos del anterior, que habían contado para establecer sus partidos políticos, UCD y AP, con todos los medios posibles, incluidos los públicos, mientras el resto de fuerzas, incluso las que aceptaban la Reforma, partían de la precariedad de una larga clandestinidad. Además, las Fuerzas Armadas habían puesto los límites en las cuestiones sensibles, como la monarquía, la bandera y la unidad territorial, y sus mandos no se habían privado de hacer ostentación de su capacidad de presión en el proceso político. Sobre estas bases antidemocráticas fueron forjadas unas reglas del juego que serían definitivas.

En el Estado español esta Reforma fue facilitada por la existencia de una amplia franja social identificada con las posturas de la derecha y del Régimen franquista, lo que, unido a su poca vocación luchadora, hizo desistir a las dirección de los partidos de izquierda mayoritarios de intentar defender un proceso de transformación más profundo. Pero la situación en Euskal Herria era diferente. El chantaje de “esta Constitución o el regreso a la dictadura“ no había funcionado y una parte mayoritaria de la población había rechazado un texto que no contemplaba la existencia de la Nación vasca y sus derechos correspondientes. El nacionalismo español había consagrado en la Constitución la imposición de una unidad indisoluble de España. Igualmente se había negado a negociar la solución a la confrontación armada sobre una alternativa KAS que era mayoritariamente respaldada por la sociedad vasca (Txiki Benegas, dirigente del PSOE en Euskadi, había escrito en febrero de 1978 que la nueva alternativa KAS era “razonable” y “positiva en el camino de la pacificación de Euskadi” y meses después el PSOE había participado en el Aberri Aguna bajo la reivindicación de Autodeterminación, además de defender la unidad de los cuatro territorios vascos de Hegoalde). Al mismo tiempo, el proceso de gestación del nuevo sistema político había sido la etapa más represiva desde el final de la guerra Civil.

Esta brutal represión y la frustración política habían generado en Euskal Herria una situación explosiva que se tradujo, entre otros efectos, en la gran ofensiva militar que las tres organizaciones armadas vascas emprendieron en la segunda mitad de 1978. La constatación de que ni el señuelo negociador, ni el proceso constitucional, ni los métodos represivos oficiales servían para aplacar la actividad armada llevó a los responsables de la lucha anti-ETA a reactivar la guerra sucia, que nunca había desaparecido del todo. El 21 de diciembre de 1978 fallecía en Angelu víctima de la explosión de una bomba bajo su coche José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala. La elección de la víctima no era casual, ya que Argala era en esos momentos uno de los principales dirigentes de ETA, liderando su aparato político. Este militante era un interlocutor habitual con otras organizaciones de la izquierda abertzale y de otros ámbitos ideológicos y había participado en reuniones con los principales responsables políticos vascos. También era uno de los interlocutores en los frustrados procesos de diálogo con el Gobierno español. A nivel interno era uno de los militantes más conocidos y apreciados dentro de ETA. En general podría decirse que Argala era la persona más influyente y respetada en toda la izquierda abertzale.

Pero la eliminación de Argala no fue un hecho aislado. Entre enero y mayo de 1979 se producen atentados contra dos dirigentes más de ETA, mostrándose el interés del Estado por descabezar a la organización armada. Junto a estos movimientos extraoficiales, el Estado español también presionaría a las autoridades de Francia para conseguir que se implicaran en el acoso a los refugiados vascos.

1978 había tenido su coste. Al menos 16 personas murieron entre militantes de ETA (7), de CCAA (2) y ciudadanos que perecieron en controles o manifestaciones. La policía informaba a principios de 1979 que en los últimos meses del año anterior había desarticulado 46 comandos armados y detenido a 200 miembros de ETA. La amnistía de 1977 había quedado en agua de borrajas al no estar insertada en un proceso de resolución global del conflicto y a finales de 1978 los presos políticos vascos superaban el centenar.

Pero estas detenciones, algunas indiscriminadas y otras realmente vinculadas a ETA, no redujeron el potencial de la organización armada. El inicio del año 1979 fue contundente al matar a dos altos mandos del Ejército (Donostia y Madrid) y un cabo de la policía (Iruñea).

Además de las numerosas bajas, esta presión había generado entre los miembros de las FSE destinados en Euskal Herria una situación muy dura. Los policías y guardias civiles, entre el miedo a los atentados y el masivo rechazo social, se habían encerrado en sus cuarteles. La prepotencia con la que durante la dictadura los más destacados represores se paseaban por las calles vascas dio paso a una situación de repliegue total. Muchos agentes solicitaron el traslado. Otros muchos desarrollaron problemas psicológicos, hasta el punto que comenzó a hablarse de una nueva enfermedad entre los miembros de las FSE destinados en Euskal Herria, denominada Síndrome del Norte. Tras algunos atentados hubo amagos de amotinamiento por parte de las guarniciones policiales, como el caso de la rebelión en el cuartel de Basauri, en noviembre de 1978, que se saldó con decenas de policías expedientados. Mientras algunos se consideraban carne de cañón en una tierra extraña, otros canalizaron su odio contra la población vasca.

La situación política tampoco permitía ni un momento de respiro y tras la aprobación de la Constitución la Transición entraba en su segunda fase, la de desarrollo de los elementos básicos del nuevo entramado institucional. Este proceso tendría tres hitos fundamentales: la celebración de unas nuevas elecciones legislativas para elegir unas Cortes que sustituyeran a las constituyentes, una vez que éstas habían concluido su labor; la realización de las elecciones municipales que dieran a los ayuntamientos un carácter más democrático, ya que seguían vigentes los consistorios franquistas; y más a medio plazo, la concreción definitiva de los estatutos de autonomía, de los cuales el vasco se percibía como el más peliagudo.

La renovación de las Cortes y de los ayuntamientos se realizaría mediante una doble convocatoria electoral. El 1 de marzo de 1979 se celebrarían las elecciones legislativas y el 3 de abril las municipales. Ésta sería la prueba de fuego ara la nueva coalición Herri Batasuna, que por primera vez iba a pasar el test de las urnas. En 1977 se habían puesto una serie de exigencias, resumidas en la amnistía y la existencia de condiciones democráticas, para aceptar la participación. Pero ahora, aunque se estaba más lejos que entonces del cumplimiento de dichas condiciones, se impondrá el pragmatismo. La izquierda abertzale había constatado que, salvo en la consulta de la Constitución, la opción abstencionista no era del agrado de la sociedad vasca. La gran participación en el referéndum de diciembre del 76 y en las elecciones de junio de 1977 demostraban que la ciudadanía quería participar y expresar su opinión de una forma directa y definitiva a través del voto.

Esto inclinaba la balanza hacia la participación, pero la duda era cómo hacerlo sin legitimar el sistema político que se combatía. La solución a este problema vino de una fórmula novedosa, inspirada en la actitud del Sinn Féin irlandés. HB decidiría participar en las legislativas pero no ocupar los posibles cargos que obtuviera. Con ello se daría a la opción rupturista una visibilidad política notable, al tiempo que se ponía en cuestión la legitimidad del sistema. Adoptada esta posición en HB, ETA la apoyó expresamente.

Los resultados dieron la razón a esta apuesta y de forma sorprendente HB conseguiría 172.000 votos en las elecciones de marzo, convirtiéndose así no sólo en la más potente de las referencias de la izquierda abertzale y la única fuerza rupturista de peso electoral, sino en la cuarta pata del mapa político vasco junto a los mayoritarios sectores de centro vasco y españolista (PNV y PSOE) y la derecha española (ICD y AP), que repetirían los resultados proporcionales de 1977. EE mantuvo sus 80.000 votos pero sus posibilidades de crecimiento quedaron cerradas ante la pujanza de HB.

Cuando la sociedad vasca aún no se había repuesto de la sorpresa, para algunos conmoción, de la potente irrupción de HB en el escenario electoral, las elecciones de abril consolidaron la tendencia al alza de la izquierda abertzale, que consiguió 221.000 votos lo que durante mucho tiempo sería su techo histórico, logrando situarse como segunda fuerza política en Euskadi Sur. Varios hechos explicaban este resultado. En primer lugar el éxito de marzo había dado credibilidad a HB para muchos simpatizantes que antes dudaron de la viabilidad del proyecto. Además, la coalición había preparado con mimo las municipales, realizando una gran campaña y presentando numerosas candidaturas mientras los grandes partidos, más atentos a la macropolítica, habían trabajado menos esta convocatoria. Finalmente se podía constatar como norma histórica: las elecciones de carácter estatal favorecerán el voto de las opciones españolas mientras que las de carácter local impulsarán a las formaciones vacas (el PNV también experimentó un fuerte ascenso).

Este éxito también sería utilizado por el Estado, que encontraba ahora en HB una estructura accesible en la que descargar su impotencia ante la lucha armada. Numerosos cargos y militantes de HB serían a partir de entonces víctimas del acoso judicial y de la guerra sucia.

El estatuto de la Moncloa

La última parte de esta segunda fase del proceso reformista era la elaboración de los estatutos de autonomía. El proceso de gestación del Estatuto vasco fue largo y tortuoso. Los primeros pasos se dieron a partir del 25 de noviembre de 1978, cuando se cerró el plazo para presentar propuestas para el nuevo estatuto en la comisión que el Consejo General Vasco había creado a tal efecto. El 24 de diciembre la comisión redactora ultimó el anteproyecto y tras aprobarse por el pleno de los parlamentarios vascos, el 29 de diciembre en Gernika, se convirtió en el proyecto que se entregaría en Madrid. En consonancia con lo impuesto en el Estatuto pre-autonómico, Nafarroa quedaba excluida.

En la capital del reino la propuesta entraría en una larga y complicada fase de debate en la que la parte española iba a tener la máxima capacidad de veto. Aun así, las negociaciones se prolongaron durante meses, puesto que para el Gobierno central era imprescindible que el proyecto resultara aceptable para algunas fuerzas políticas vascas, ya que de otro modo el frente rupturista podía fortalecerse de forma peligrosa. Mientras tanto las elecciones determinaron una nueva composición del Consejo General Vasco, en el que el PNV se hizo con la presidencia en la persona de Carlos Garaikoetxea (merced al apoyo de EE), quien sería encargado de liderar las negociaciones con el Gobierno central para la aprobación del estatuto. La discusión se prolongaría con el telón de fondo de las acciones armadas de ETA por un lado y las alusiones expresas de altos mandos de las FFAA sobre los límites que debería tener la nueva ley.

La cercanía del verano volvió a marcar un recrudecimiento de la tensión. En mayo un joven fue asesinado en Andoain por la Triple A. Días después, una joven donostiarra, Gladys del Estal, moría en Tudela por disparos de la Guardia Civil mientras participaba en una manifestación antinuclear. Este hecho provocó una huelga general en Euskal Herria plagada de incidentes en la que varias personas resultarían heridas de bala. Además, entre otros incidentes durante el verano, el Batallón Vasco Español matará a dos refugiados en agosto.

Mientras, en Madrid proseguían las infructuosas negociaciones sobre el Estatuto, con una UCD atrapada entre su deseo de cercenar aún más las competencias de la propuesta del Consejo General Vasco y la imperiosa necesidad de evitar que nuevas formaciones se incorporaran al frente rupturista.

Desde ETA se había rechazado frontalmente el texto estatutario, aprobado en una ceremonia que la organización denominó “abrazo de la Moncloa”. Para ETA este acuerdo “ha sumido en un mar de tinieblas la sacrificada lucha de resistencia de un sector de nuestro pueblo que ha combatido honradamente con el Estado opresor y ahora ve cómo sus mismos líderes se rinden al enemigo por un simple plato de lentejas” (comunicado). La organización resumiría sus razones para oponerse a este estatuto en una entrevista posterior: negación del derecho de autodeterminación, exclusión de Nafarroa, no equiparación del euskera con el castellano, permanencia de las fuerzas policiales españolas y competencias económicas cuya naturaleza atentaba contra los intereses de la clase trabajadora. La reacción de ETA fue mantener su campaña armada.

Establecida la fecha del referéndum del Estatuto vascongado para el 25 de octubre las fuerzas políticas desplegarán toda su capacidad para hacer de este reto una victoria de sus posiciones. A nivel interno los partidos que se proclaman abertzales son conscientes de las limitaciones del proyecto. Pero su elección táctica obliga a PNV y EE a luchar por el éxito del proyecto por el que han apostado y tratan de proyectar la imagen de que el nuevo estatuto será una panacea para los problemas vascos.

La campaña por el “Sí” es impulsada desde todos los medios oficiales y políticos excepto HB, al que se le suman EMK y LKI, que defenderán la abstención. Los opositores deben hacer frente a la presión represiva. Manifestaciones reprimidas, dirigentes procesados o encarcelados por emitir sus opiniones, libros y medios de comunicación secuestrados...

En estas circunstancias se celebrará el referéndum en el que triunfa el Sí con el apoyo del 53% del censo. Más del 40% de la población se ha abstenido, lo que en un contexto de tanta trascendencia puede entenderse como un significativo grado de rechazo. Aun así, muchos de los que hubieran deseado otro estatuto decidieron votar a favor y aceptar resignados la oferta de “esto o nada” que se estaba haciendo con el Estatuto de la Moncloa. Para éstos, cualquier estatuto que comenzara a desmantelar siquiera parcialmente algunas de las estructuras de dominación que durante más de cuarenta años habían sumido a estas tres provincias vascas en un asfixiante ambiente de imposición del españolismo sería bien acogido.

Nafarroa debería esperar aún más de dos años para acceder a una autonomía cuyo fin esencial sería consagrar la división territorial del sur de Euskal Herria. En marzo de 1982 el Parlamento navarro aprobaría la llamada Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra que no sería sometida al refrendo de la sociedad navarra. Para conseguir la mayoría de las tesis particionistas había sido necesario que el PSOE cambiara su postura y defendiera la separación creando incluso para ello el Partido Socialista Navarro, desgajado del Partido Socialista de Euskadi.

Con el Estatuto de Gernika o de la Moncloa debía culminar el proceso de Transición o Reforma en el Estado español. El mismo día que el vascongado, y con parecidos problemas de legitimación, aprobará Catalunya su estatuto. El resto de estatutos, a pesar de la identidad de otras naciones del Estado español, no representaba ni de lejos un grado de complicación similar, al estar otros movimientos nacionalistas en una situación muy distinta a los vascos o catalanes. De hecho, la amplitud del proceso de concesión de estatutos de autonomía se ha entendido siempre como un intento centralista de difuminar la personalidad vasca y catalana, resumido en la expresión que hizo fortuna en la época: “café para todos”.

La magnitud que había adquirido la lucha vasca por el reconocimiento de su identidad nacional obligó al Estado a que el estatuto vascongado fuera el primero en tramitarse, el de más alto techo competencial y sobre todo el único (posteriormente también el navarro) que proporcionaba, a través de la reinstauración de los Conciertos económicos, de una cierta autonomía económica y fiscal. Desde el punto de vista de un Estado unitario el Estatuto vasco ofrecía un alto grado de descentralización administrativa y un cierto reconocimiento de la personalidad vasca. Pero, con más o menos autonomía, una Constitución rechazada y un Estatuto aprobado de forma dudosamente democrática negaba a Euskal Herria la posibilidad de elegir su futuro entre todas las opciones posibles. Y Nafarroa quedaba separada del resto de territorios vascos. Por eso, para la izquierda abertzale la aprobación del Estatuto no supuso el fin de nada sino un punto y seguido en la lucha.

De esta manera, el PNV pasó directamente de una cómoda oposición a dirigir una impresionante maquinaria política y administrativa, que permitía la gestión de ingentes recursos y una enorme cuota de poder. Todo ello conseguido a base del sacrificio de una generación de luchadores vascos que habían arriesgado sus vidas, y en muchos casos las habían perdido, para hacer renacer a finales de los años cincuenta la moribunda conciencia nacional vasca que dos décadas más tarde se encontraba en uno de los momentos más fuertes de su historia moderna. Tiempo más tarde alguien resumiría esta situación con otra expresión que hizo fortuna: “unos tienen que sacudir el árbol para que otros recojan las nueces”.

.


Compilación del libro "ETA 1958-2008. Medio siglo de historia", del autor Iker Casanova (www.txalaparta.com). Notas de Wikipedia y Gara. Trascrito y extractado por Grupo PFP para La Haine.org

.

Entregas anteriores:
La Transición en el Estado español: 1970-1983 (I). Del proceso de Burgos a la Operación Ogro

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (II). El “Juancarlismo” y las primeras elecciones

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cE7w

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal