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11/03/2010 :: Estado español, Nacionales E.Herria

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (IV). Los años de plomo

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Cuarta de cinco entregas, que realizaremos en La Haine, de una compilación de un libro del autor vasco Iker Casanova, recogiendo los elementos principales de la Transición.

Los años de plomo, la alta confrontación y la guerra sucia

El referéndum del Estatuto de autonomía vascongado marcó la línea divisoria entre los dos grandes bloques políticos que se enfrentarían en Euskal Herria durante los próximos años. Los partidarios de este Estatuto consideraban que con él había concluido el proceso de democratización del Estado español, bien porque aceptaban la legitimidad de todo el proceso de la Reforma, bien porque creían que el Estatuto suplía las carencias de la Constitución. En el lado contrario, reclamando un marco basado en la libre decisión de la ciudadanía vasca, quedaba la izquierda abertzale agrupada en HB y otros grupos menores, principalmente LKI y EMK.

El espacio social de la izquierda abertzale se consolidará en torno al 15% de la población, aunque el carácter militante de este grupo hará que su presencia social aparezca multiplicada por su capacidad movilizadora y su participación en la vida organizativa del país.

Durante el franquismo la lucha obrera había sido el principal referente para los movimientos de izquierda. El sindicalismo estaba prohibido y la actividad reivindicativa se llevaba a cabo en estructuras ilegales y asambleas de trabajadores. Todas estas connotaciones revolucionarias desaparecieron durante la Transición, al legalizarse los grandes sindicatos y aceptar éstos el proceso reformista. Su relevo lo tomarían los importantes movimientos sociales que habían surgido durante los años setenta, como el ecologista, el juvenil, el vecinal, el feminista, el antirrepresivo... (a partir de Mayo del 68 se empieza a hablar abiertamente en la izquierda en Europa de la crisis del proletariado como sujeto revolucionario y de la necesidad de encontrar nuevos motores del proceso en los movimientos sociales, aunque en el Estado español este relevo había quedado ralentizado por la pervivencia de la dictadura). Estos movimientos se habían forjado en la clandestinidad, en base a principios de democracia directa y con un carácter muy combativo. Tras la Constitución y el Estatuto los militantes más activos de estos grupos vieron insatisfechas sus demandas y se creó un importante sentimiento de desengaño hacia el nuevo Régimen y hacia las estructuras partidistas que lo habían diseñado. Cuando surge HB como fuerza de rechazo al nuevo sistema y sus instituciones y con una organización asamblearia, se produce una confluencia entre gran parte de estos movimientos y la nueva formación, que aglutina además a los sectores netamente independentistas del nacionalismo vasco. Con ello la izquierda abertzale logrará lo que durante el franquismo se le había resistido, en buena medida por la lejanía del movimiento obrero de la problemática nacional: ser la principal referencia de los sectores sociales más progresistas y revolucionarios.

Desde 1977 en adelante, KAS había homogeneizado su línea política, pero pronto habría de hacer frente a la problemática de contar en sus filas con dos partidos de similares características, LAIA y HASI. La pretensión de LAIA de convertirse, siguiendo su inspiración leninista, en el partido dirigente de la coordinadora la había aislado frente a HASI, ASK y el sector pro-KAS de LAB, que propugnaban una dirección colegiada, opción definida como Bloque Dirigente (el marxismo leninismo propugna la existencia de un partido obrero revolucionario que constituya la vanguardia del proletariado y el grupo dirigente la revolución). Cuando en mayo de 1979 surge una organización juvenil dentro de la coordinadora, Jarrai, ésta se convierte en escenario de la confrontación entre las tesis de Bloque y las de Partido. La abrumadora victoria en el congreso de Jarrai de las tesis probloque y la constatación de su aislamiento llevaron a LAIA a abandonar KAS en diciembre de 1979.

Otras fuerzas políticas también habían vivido sacudidas internas ante el nuevo escenario político. El PSE, insatisfecho con sus resultados electorales, aprobaría en su II Congreso, en noviembre de 1979, un abandono de sus escarceos vasquistas y un realineamiento en posiciones más centralistas. En el PNV, un amplio sector de Bizkaia, encabezado por el presidente provincial Antón Ormaza, abandonará el partido en diciembre de 1979.

A finales de año la actividad de las organizaciones armadas había registrado un nuevo récord. A lo largo de 1979 la policía les atribuyó la comisión de atentados que costaron la vida a 75 personas, la gran mayoría de ellos a cargo de ETAm, aunque ETApm y los CCAA también habían causado varias víctimas mortales. Así mismo, 21 ciudadanos vascos morirían ese año a manos de las FSE y la guerra sucia.

En abril, el general Ibáñez Freire, ex combatiente nazi, será nombrado ministro de Interior.

Las Gestoras pro-Amnistía denunciarán que en el mes de diciembre el número de detenciones son 200 al día, incluyendo las retenciones para identificaciones. Las denuncias de torturas en comisaría son constantes. Al concluir el año había 170 presos políticos vascos, la mitad de ellos en la cárcel de Soria.

Ejército contra Ejército

Desde el inicio de la Transición ETA había subrayado el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso político. Nadie negaba el papel de tutelaje que el Ejército había llevado a cabo en el desarrollo del nuevo entramado institucional y los altos mandos hacían frecuentes intervenciones de manera abierta. Pero mientras para algunos era un peaje que había que atravesar para ir profundizando en los niveles de democracia, para ETA esta situación constituía un vicio de origen del sistema que anulaba su legitimidad. Además de su intervención en la configuración de un marco jurídico que se presentaba como definitivo, las FFAA contaban con importantes resortes de poder para influir en la vida política. Primeramente había que constatar que la máxima institución del Estado, la monarquía, era una institución castrense que aseguraba siempre a un militar la jefatura del Estado. También estaban controlados por las FFAA los servicios secretos del CSID. Y también era militar el principal cuerpo policial, la Guardia Civil, así como la mayoría de la antigua Policía Armada, reconvertida en diciembre de 1978 en Policía Nacional. Todo ello, además de la propia presión directa, llevaba al Ejército a tener un papel principal en la vida política del Estado y aún más en Euskal Herria, dado que la dirección de la lucha anti-ETA y el orden público estaban en sus manos.

Partiendo de esta lectura, ETA había lanzado desde julio de 1978 una potente ofensiva contra las FFAA en Madrid y Euskal Herria, que a lo largo de 1979 se había cobrado 11 víctimas mortales entre la oficialidad española. Además, había incrementado sus ataques contra las FSE, a las que definía también con terminología militar como Fuerzas de Ocupación, hasta unos niveles sin precedentes. Esta dinámica de alta confrontación se incrementaría a lo largo de 1980 hasta llegar a su cenit, ya que ese año fue el más duro dentro del conflicto tanto en lo referente a la actividad de las organizaciones armadas como en los referente a la guerra sucia. El período transcurrido entre julio de 1978 y febrero de 1981 no tiene parangón en Europa occidental salvo en el caso del conflicto norirlandés. Esto ha llevado a algunos analistas a referirse a esta época como “los años de plomo”, utilizando la expresión acuñada en Italia para denominar al período de apogeo de la lucha armada en ese país.

El año 1980 comenzó con una fuerte ofensiva de ETA contra las FSE y sus colaboradores que se saldó con nueve muertos en enero, entre ellos el comandante en jefe del cuerpo de la Policía Foral alavesa, acusado de actividades de los Guerrilleros de Cristo Rey. La guerra sucia dio un salto cualitativo con la violación y asesinato en Loiu de la joven Ana Tere Barrueta. Aunque esta acción no sería reivindicada, el 8 de mayo de 1980 se produjo otra idéntica e la que la víctima fue la donostiarra María José Bravo, de 16 años, en un crimen asumido por el Batallón Vasco Español. Otras violaciones similares pero sin muerte se produjeron en esas fechas. Ya a finales de 1979 una de ellas, en Lezo, había sido atribuida por grupos feministas y el abogado de la víctima a fuerzas policiales, por la “forma de conducirse, pidiendo documentaciones, exhibiendo pistolas y efectuando cacheos sin ninguna prisa”. Otra acción sin precedentes fue la voladura el día 20 de enero del bar abertzale Aldana en Alonsotegi, que se saldó con la muerte de cuatro clientes. Los GAE (Grupos Antiterroristas Españoles) reivindicarán este atentado.

La acción que marcaría el punto de inflexión sería la que llevó a cabo el 1 de febrero un comando de ETA en la localidad de Ispaster. Ese día siente militantes prepararon una emboscada contra un convoy de la Guardia Civil que escoltaba un transporte de armamento. Los seis guardias del convoy resultarían muertos bajo los disparos y las granadas de los asaltantes. En el enfrentamiento morirían también dos miembros de ETA. La reacción del Gobierno ante este acto de guerrilla es fulminante. Ese mismo día es nombrado delegado especial en el País Vasco, con plenos poderes policiales, el general Sáez de Santamaría. El día 2 de febrero el Batallón Vasco Español mata en Elgoibar y Madrid al militante de EE José Miguel Zubikarai y a la estudiante vasca afiliada al PST Yolanda González. El día 6 son enviados a Euskal Herria los nuevos cuerpos especiales de la policía: las UAR (Unidad Antiterrorista Rural) de la Guardia Civil, unidad con funciones de ocupación militar de las zonas rurales y los GEO (Grupo de Operaciones Especiales), grupo de asalto de la Policía Nacional. Igualmente son enviados a territorio vasco vehículos blindados para patrullar las calles y carreteras. En abril Juan José Rosón es nombrado ministro de Interior. A finales de año se aprobará una nueva legislación antiterrorista que amplía los poderes policiales y criminaliza ciertas actividades políticas.

Ni estas medidas ni el aumento de la guerra sucia conseguirán frenar la ofensiva de las organizaciones armadas. Por eso primero desde un sector de UCD (febrero) y luego desde el PNV (abril) se intentará entablar conversaciones políticas con ETA, pero los intentos no prosperarán.

Tras el fracaso de estos contactos el conflicto sigue con múltiples focos de confrontación. En junio se lanzan una serie de redadas que se saldan con decenas de detenidos. El día 14 un asalto de la policía en el interior de la prisión de Soria concluye con decenas de presos vascos heridos, ocho de ellos de gravedad. El día 11 de junio es secuestrado y hecho desaparecer en Iparralde el refugiado vinculado a los CCAA, Joxe Miguel Etxeberria, Naparra. Sin abandonar las acciones contra los refugiados vascos, la guerra sucia se dirige en estos momentos de forma preferente contra militantes políticos de la izquierda abertzale y algunos atentados sólo pueden entenderse como operaciones de castigo contra la población vasca en general. A los asesinatos, desapariciones, razias de incontrolados y violaciones se unen acciones como la colocación el 23 de julio de una bomba en una guardería de Bilbao cuyo propietario era militante de HB, que se salda con la muerte de tres personas. Las acciones de los “escuadrones de la muerte” españoles son respondidas con amplias movilizaciones y huelgas generales que con la consiguiente represión policial configuran un escenario de permanente enfrentamiento en las calles vascas. La lucha por la amnistía y por los derechos de los presos, y la pelea antinuclear, que de forma incansable promueve boicots, apagones, caceroladas... terminan por dibujar un panorama de permanente ebullición social.

En el terreno institucional, las fuerzas vascas partidarias del Estatuto estaban experimentando un malestar creciente ante la constatación de que este texto, que tanto había costado negociar y cuyos logros estaban por debajo de las expectativas iniciales, iba a ser además objeto de de un doble ataque por parte del Gobierno. En primer lugar, la transferencia de competencias, que se suponía iba a ser un trámite a cumplimentar en pocos años, ahora parecía que iba a ser objeto de regateo por parte de la administración central [las competencias del Estatuto vascongado de 1979 no han sido plenamente transferidas siquiera treinta años después de su aprobación]. Por otro lado, la elaboración de Leyes Orgánicas (aquellas que desarrollan aspectos de la Constitución que ésta no ha definido con precisión) se erigía en una amenaza de recorte competencial. Por estos motivos, a los que habría que añadir en el caso del PNV la necesidad de presentarse como una fuerza combativa de cara a las inminentes elecciones autonómicas, los proestatutistas realizaron diferentes movimientos de confrontación con Madrid.

La conflictividad de la vida laboral, con una crisis económica que estaba empezando a producir efecto devastadores, vino a añadir tensión a una situación de por sí explosiva. En junio, trabajadores de la empresa Nervacero ocuparon el Parlamento vascongado, reunido en el edificio de la Diputación de Bizkaia en Bilbao. Una vez dentro, tras ser apaleados por las FSE, retuvieron a los parlamentarios hasta obligarles a estudiar una solución para evitar el despido de los mil empleados de la compañía. Ese mismo mes, ETApm realizará un atentado mortal contra un directivo de la empresa Michelín, destacada por su persistente conflictividad laboral.

Obligado por la situación, la UCD se compromete a una primera ejecución de transferencias competenciales y en septiembre de 1980 el PNV retoma la actividad en el Parlamento español. Sin embargo para ETApm este regateo de competencias obligaba a una política de ataque al Estado y en especial a su gestor político la UCD. En apenas un mes matarán a dos dirigentes políticos de esta formación en Álava y Gipuzkoa. Por su parte los CCAA matarán también en octubre a otro dirigente gipuzkoano de UCD.

ETAm rechazaba los atentados contra políticos ya que estaba concibiendo la confrontación como la lucha contra un ejército de ocupación. A lo largo de 1980 ETA organizó varios cursillos de entrenamiento de sus militantes en Yemen, merced a la intermediación del FPLP palestino. En estos cursos, en los que la organización aportaba sus propios instructores, alrededor de cincuenta militantes recibieron una sólida preparación militar, lo que les permitía afrontar operaciones de entrenamiento abierto con las FSE. Una operación similar a la de Ispaster se repitió el 13 de julio en Aia, aunque en esta ocasión fallecieron dos militantes junto a dos miembros de las UAR. Los ataques se siguieron sucediendo. El 25 de julio ETA robó 7 toneladas de goma-2 en Cantabria. Tras el verano la organización aún tenía margen para incrementar el ritmo de sus acciones. En varias ocasiones cayeron abatido grupos de dos, tres o cuatro policías. En otras llegan a coincidir en un día tres atentados mortales. Ante la negativa del Estado a negociar la alternativa KAS y su apuesta por responder a la insurgencia vasca por vías exclusivamente militares, para ETA la confrontación ha llegado a un estadio de práctica guerra abierta:

Nuestra actual estrategia de lucha armada dirigida a la consecución de un objetivo político como el recogido en la alternativa táctica KAS, responde a un principio elemental de las guerras de guerrillas: el hostigamiento de las fuerzas enemigas, en nuestro caso las fuerzas españolas de ocupación militar en Euskadi Sur, hasta obligarles a reconsiderar la inseguridad e incomodidad de su presencia en territorio vasco y en consecuencia obligarles a abandonar éste (...). La retirada de estas fuerzas invasoras se va a lograr en la medida que el conjunto del Movimiento de Liberación Vasco, experimente un avance progresivo y cualitativo en el grado de organización y resistencia popular -civil y militar-.”(Zuzen, diciembre 1980)

Durante el verano ETA había incorporado a sus objetivos “la mafia de la droga”. En los años anteriores habían hecho su aparición en Euskal Herria nuevos tipos de drogas. Entre ellas, la que más alarma estaba causando por su rápida extensión y sus fuertes efectos era la heroína. Esta droga se extendió con rapidez tanto en los cada vez más amplios círculos socialmente deprimidos como entre sectores alternativos. La izquierda abertzale realizó una lectura totalmente contraria al uso de las nuevas drogas, a las que calificó de instrumentos tanto para anular a la juventud potencialmente más combativa como para reclutar entre los dependientes colaboradores policiales y acusó a redes conectadas a las FSE de facilitar la distribución de estas sustancias. En consonancia con esta lectura, ETA colocó varios artefactos en locales a los que relacionaba con el tráfico de heroína y atentó mortalmente contra dos personas a las que acusaba de ocupar puestos principales en estas tramas, un hostelero de Donostia y un abogado de Hernani, los días 29 y 31 de octubre.

ETA alcanzó en 1980 el nivel operativo más alto de su historia: 81 bajas mortales en sus diversos frentes. Perdió en acción a cinco de sus militantes. Por su parte Iparretarrak (IK) había sufrido sus primeras bajas al fallecer en marzo dos de sus componentes por explosión de una bomba. IK, surgida en 1973, había centrado su intervención en la denuncia de la especulación inmobiliaria y de la desertización económica y cultural a la que el Estado francés sometía a los territorios vascos del norte, a través de la práctica de la lucha armada que buscaba sólo daños materiales. A estos siete militantes muertos había que añadir el fallecimiento de veintidós personas y la desaparición de otra en acciones de guerra sucia reinvindicadas por las siglas fantasmas GAE, BVE y Triple A. La solidez de la estructura estatal que apoyaba las acciones perpetradas por estos mercenarios queda demostrada con la actuación de estas bandas en Madrid, París o Caracas, donde dieron muerte a un matrimonio de simpatizantes de la causa vasca.

El 23 de noviembre, tras un atentado en el bar L'Hendayais de Hendaia en el que fallecen dos clientes sin afiliación política, tres mercenarios atraviesan la frontera rompiendo las barreras y son detenidos por la policía española. Tras llamar los agentes a un número de teléfono que los mercenarios les habían facilitado, son puestos en libertad con armas incluidas. Antes de finalizar el año el diario Deia hacía un balance de la actividad de los escuadrones de la muerte que aportaba las siguientes cifras: desde 1975 se habían producido 500 atentados con resultado de 38 muertos y 128 heridos. En Iparralde habían sido detenidas 15 personas en relación a estas actividades y en Hegoalde solamente 4, cifras que contrastan con las miles de detenciones practicadas en la lucha contra la izquierda abertzale. En 1980, según las Gestoras pro-Amnistía habían sido detenidas 2.140 personas y a finales de año había 265 presos políticos vascos.

La escalada de tensión

La decisión de ETApm de atacar a dirigentes de UCD provenía de su análisis sobre la debilidad de esta formación y la necesidad de golpear duramente para arrancarle concesiones. Además crecían que el proceso de democratización estaba aún en fases iniciales. EE en cambio, pensaba que el partido del Gobierno era sólido y que la democratización estaba consumada Para EE, la capacidad de ser el eje de la izquierda abertzale era ya nula, e incluso su actitud ambigua y prepotente le estaba empezando a granjear una frontal animadversión por parte de estos sectores. Por eso estaba valorando la posibilidad de una alianza con las fuerzas de izquierda estatal, especialmente PCE-EPK. La alianza parecía la tabla de salvación para ambos proyectos, pero la vinculación de EE con la lucha de ETApm era un obstáculo insalvable para el EPK. Esta razón, junto a la propia convicción de la dirección de EE de la necesidad de abandonar la lucha armada, llevó al partido a convencer a ETApm de la necesidad de decretar una tregua. La organización armada aceptará la propuesta de alto el fuego pero en la mente de unos y otros subyacían diferentes valoraciones sobre esta medida. Para EE debería ser el inicio de un proceso incondicional de abandono de la lucha armada, mientras para ETApm sería una medida de presión para tratar de negociar concesiones del Estado en los cuatro temas clave: amnistía, Nafarroa, transferencias y salida de las FSE. Lo que ETApm desconocía era que, ya en octubre de 1980, dirigentes de EIA se habían entrevistado con el delegado del Gobierno Marcelino Oreja para tratar el desarme de la organización.

La comunicación oficial de alto el fuego deberá realizarse a primero de 1981, tras un procedimiento acordado. Para ETApm la tregua debía ir acompañada en un incremento de la movilización social por parte del partido, a lo que EE se comprometió. La intención de los polimilis de acometer este proceso desde una posición de fuerza les llevó a desarrollar el 16 de noviembre el asalto al cuartel militar de Berga (Catalunya) para apoderarse de armamento y dar un golpe simbólico al Ejército. Pero tras el asalto de un comando de 13 militantes a las instalaciones, éstos tienen que huir sin materializar el robo y días después siete de ellos serán detenidos.

Esta acción, que en el tiempo sigue a las dirigidas contra UCD y coincide con la demoledora ofensiva de otoño de 1980 de ETA, provoca en las fuerzas institucionales la necesidad de movilizarse contra la lucha armada. La posibilidad de organizar la política anti-ETA en un frente institucional es nuevamente rechazada por el PNV, quien en un comunicado revela su doble juego al afirmar que mientras no se produzcan transferencias “seguirá habiendo jóvenes que se sientan cargados de razón para acusarnos de ingenuos o farsantes y para recurrir a vías de acción violenta” (Deia, 16/11/80). Consciente de la gravedad de la situación y ante la necesidad de acallar las crecientes críticas internas, Suárez visitará Euskal Herria en diciembre de ese año. A pesar de la frialdad del recibimiento por parte de la sociedad y del Gobierno vascongado, días después se decretan las dos principales transferencias, la de la Policía Autónoma y los Conciertos Económicos.

A finales de 1980 la situación del partido en el poder en el Estado y de su líder, Adolfo Suárez, era muy delicada. A nivel económico la crisis era imparable. Para los sectores más conservadores del partido la constatación de que el proceso autonómico no había frenado la lucha independentista sino que incluso la había incrementado, unido a otros factores de malestar, como los derivados de la apertura social o los ataques contra dirigentes en Euskal Herria, había motivado un serio malestar contra el presidente, a quien se le acusaba de no controlar la situación con suficiente firmeza. La premura con la que se constituyó este partido, más en base a la necesidad de dotar de una plataforma electoral a los planes de los gestores del post-franquismo que a un proceso de convergencia ideológica, hacía que la composición de la formación fuera una heterogénea amalgama de las diferentes familias de la derecha española.

En el Ejército también se vivían sensaciones similares, unidas a los temores a que una modernización de unas fuerzas armadas diseñadas como ejército de ocupación del propio país, envejecidas y sobredimensionadas, terminara con algunos privilegios políticos y económicos de los que disfrutaba el estamento militar. Ya en 1978 se había descubierto un complot para organizar un golpe de estado (la llamada Operación Galaxia), que en estos meses los rumores sobre una intervención militar cobran fuerza. En estas fechas se difunde en el Estado español el análisis de que la lucha de ETA podría estar incardinada en un gran plan de la Unión Soviética para desestabilizar el mundo occidental. Estas lecturas, que incluyen a todas las organizaciones armadas del mundo en una red de inspiración comunista, provienen de la visión paranoide con que en los EEUU se está analizando la realidad mundial al hilo de la ofensiva conservadora de la administración Reagan. A pesar de lo inconsistente de la hipótesis, ésta contribuye al nerviosismo de la derecha.

En este escenario, Suárez sabe que carece de los apoyos necesarios para mantenerse en el poder. Consciente de que en círculos políticos y militares está tomando cuerpo la necesidad de contar con un gobierno fuerte, bien de concentración nacional bien de carácter militar, el presidente trata de evitar que esta decisión se imponga mediante el golpe de estado y presenta su dimisión el día 29 de enero de 1981. Para algunos observadores su marcha es una exigencia militar directa. En su discurso de despedida hará una velada alusión a los motivos de su renuncia: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un breve paréntesis en la historia de España”.

Ante las declaraciones de responsables de Iberduero en las que habían manifestado que la central de Lemoiz podría entrar en funcionamiento a lo largo de 1981, los Comités Antinucleares habían cambiado su campaña Lemoiz Gelditu! (Parar Lemóniz) por la de Lemoiz Apurtu! (Lemóniz Demolición). La tensión social que produjo la posibilidad de una apertura inminente de la central se tradujo en un incremento de la actividad armada de ETA contra la misma. A lo largo de enero atacaría hasta en 16 ocasiones instalaciones de Iberduero, falleciendo en Tutera en una de estas acciones el militante Pepe Barros. El día 29 de enero ETA secuestraría al ingeniero jefe de la obra y futuro director de la central, José María Ryan y daría un ultimátum al Estado e Iberduero para que comenzaran la demolición de las instalaciones en el plazo de una semana si querían evitar la ejecución del rehén. La situación generó una importante respuesta política, que descartando el cumplimiento de las exigencias, se centraba en erosionar la capacidad de maniobra de ETA. Las movilizaciones sociales y los comunicados de repulsa fueron numerosos. El PNV, cada vez más abiertamente defensor de la energía nuclear y más vinculado al ato empresariado vasco, encabezará esta maniobra.

En medio de este tenso pulso se producirá la visita a territorio vasco del rey de España. Con esta iniciativa la Corona pretendía trasladar una imagen de normalidad y dar formalmente zanjada la reintegración de derechos históricos vascos con la puerta en marcha del Estatuto. El monarca llegará a tierra vasca el 3 de febrero, donde será objeto de un gélido recibimiento. El acto central de la visita debía producirse con el discurso de Juan Carlos I ante los representantes institucionales vascos en la casa de Juntas de Gernika, el día 4. A ese acto acudieron los cargos públicos de HB que al iniciar el rey su discurso comenzaron a cantar puño en alto el Eusko Gudariak lo que motivó su expulsión de la sala.

Este gesto, que provocó las iras de la derecha española, vino seguido de la aparición el 6 de febrero del cadáver de Ryan una vez expirado el plazo dado por ETA para el cumplimiento de sus exigencias. En la reivindicación de la acción la organización hará extensiva su amenaza a todos los cuadros directivos y técnicos del proyecto. Esta vez la conmoción alcanza a la sociedad vasca y los partidos reformistas la aprovechan para convocar una huelga general contra ETA el día 9, a la que por primera vez en años, se suma el PNV, y que obtiene una gran respuesta. Sin embargo, las advertencias de ETA surten efecto y los trabajos de la central quedan paralizados.

Pero el día 13 de febrero la situación dará un vuelco al conocerse la noticia del fallecimiento en Madrid de un militante de ETA, Joseba Arregi, víctima de las torturas a las que había sido sometido durante varios días. La imagen del cadáver destrozado de Arregi provocó un impacto tan brutal que las autoridades no tienen más remedio que proceder a algunas medidas simbólicas para hacer ver su predisposición a castigar los hechos, lo que a su vez se saldó con varias dimisiones de altos mandos de la policía. Euskal Herria vivió su segunda huelga general en una semana, esta vez con la izquierda abertzale liderando las masivas movilizaciones. El mismo día 13 la policía francesa había detenido a diecisiete refugiados en Ziburu y Hendaia, la mayoría pertenecientes a los CCAA que se encontraban realizando una importante asamblea, lo que supondrá el descabezamiento temporal de esta organización. El 15 de febrero, siguiendo un guión preestablecido con ETApm, una asamblea general de EIA solicitará a las organizaciones armadas una tregua. El día 20, ante la inminencia de su declaración de alto el fuego y al objeto de amplificar la repercusión internacional de la misma, ETApm lleva a cabo el secuestro de los cónsules de Austria, El Salvador y Uruguay, resultando frustrada la prevista detención de los de la RFA y Portugal.

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Compilación del libro "ETA 1958-2008. Medio siglo de historia", del autor Iker Casanova (www.txalaparta.com). Notas de Wikipedia y Gara. Trascrito y extractado por Grupo PFP para La Haine.org

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Entregas anteriores:
La Transición en el Estado español: 1970-1983 (I). Del proceso de Burgos a la Operación Ogro

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (II). El “Juancarlismo” y las primeras elecciones

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (III). La lucha contra la Constitución Española

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