Las multinacionales españolas que hacen posible el plan colonial de EEUU en Venezuela

Con el secuestro del Presidente Maduro y de Cilia Flores, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la 'nueva' Venezuela se construiría con la participación de grandes empresas españolas.

Pocos días después del 3E, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse "más en serio" a Trump, no de forma literal --parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca--, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados.

El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares --300 millones sobre un total de 500-- por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la "paralegalidad" (por no decir ilegalidad) en la que está operando Trump.

Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales --China sobre todo-- que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: "No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto".

Los recursos de la venta del petróleo venezolano serían gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderían dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. "Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad", declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.

Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del "acuerdo" están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países "a discreción del Gobierno estadounidense". Falta ver qué opina el Gobierno venezolano.

Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema "paralegal" para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol.

Negocios en la "paralegalidad"

En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir "con fuerza" en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump "abrir la puerta a una Venezuela mejor" y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como "Golfo de América", la ridícula nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval.

El entusiasmo del chihuahua Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.

Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la "necesidad imperativa" de que la legislación "se adapte a los nuevos tiempos", especialmente para que los "capitales fluyan" hacia los recursos petroleros "a través de modelos de negocios exitosos".

La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial -y por lo tanto recibe la mayoría de los beneficios-, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.

Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor "flexibilidad en las regalías", una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un "aumento en las garantías jurídicas" para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de "mecanismos independientes" de resolución de conflictos, pero no internacionales.

Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI --organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio siempre de las empresas--, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano, con razón o sin ella, se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondría la reducción de las regalías y -si Trump sigue presionando- la vuelta de Venezuela al CIADI.

Negocios a punta de pistola

Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en "cómplices de estos crímenes".

El marco coercitivo en el que se produciría la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU atacara y robara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco "que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump" demuestra la "determinación" de las fuerzas armadas de EEUU de que "el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal".

La "paralegalidad" también se define con palabras: el 21 de enero, El País, como siempre apoyando al imperio, sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el "contrabando de crudo". En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.

La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas que han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de DDHH y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos.

Sin embargo, el Gobierno 'socialista' se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarían directamente de una intervención militar en Venezuela. Es más, tras las polémicas declaraciones de Imaz, Pedro Sánchez declaró que los "criterios privados" con los que opera Repsol en Venezuela son "absolutamente legítimos".

¿Repsol conseguirá salirse con la suya?

Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los DDHH o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador. Aunque casi nunca funcionan.

La impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno 'socialista' español o la Unión Europea emitan algún tipo de denuncia o demanda: "Repsol podría argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela", cosa que no es cierta. Pero la falta de reproches no "convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales", agrega.

En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. "Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español", dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y "permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales".

Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.

Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los DDHH y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una "actitud favorable" hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido. Y tampoco es que la ONU sirva para mucho en estos tiempos.

Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como "esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial" en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover "armaduras jurídicas y políticas" que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten.

Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la centroizquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad --juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España-- nunca ha sido un "tema central en sus agendas".

Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que "los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios" gracias al nuevo esquema de negocios a punta de pistola.

Aire y dinero para Repsol

La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios que intenta implantar en Venezuela ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque criminal (dejó al menos 100 muertos) de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.

Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los ataques imperiales a Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022 comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano.

Gracias a la flexibilización de las sanciones ilegales contra Venezuela durante el Gobierno de Biden, Repsol pudo vender petróleo a EEUU y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025.

Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol --unido ahora al de Trump-- se juega en Venezuela. El Gobierno 'socialista' español ya le ha dado su bendición.