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28/02/2009 :: Estado español

Mil seiscientos días contra la refinería en Tierra de Barros

x Carolina Yacamán
Coincidiendo con el 40 aniversario del Parque Natural de Doñana, la Junta de Extremadura se prepara para la construcción de una refinería cuyo oleoducto atravesará el Parque.

El polémico proyecto de la refinería de Tierra de Barros incluye un oleoducto de más de 200 kilómetros desde la costa de Huelva hacia el interior de Extremadura que atravesaría la comarca de Doñana y una decena más de espacios protegidos.

Desde el momento en el que se conoció el posible emplazamiento de la refinería, hace cuatro años y medio, las movilizaciones se vienen multiplicando por parte de vecinos, agricultores y grupos ecologistas, tanto españoles como portugueses. El 23 de enero, a las multitudinarias movilizaciones que exigen el ‘no’ rotundo a la construcción de la refinería, se sumó un acto de los concejales de grupos independientes, de Izquierda Unida e incluso del Partido Popular, que mediante un encierro reclamaron un debate público con la Junta de Extremadura, además de exigir que se respeten las leyes de protección al medio ambiente vigentes en el territorio.

Mano dura del PSOE

Luis Leza, portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No, denuncia la represión de las protestas por parte del Gobierno autonómico: “Existe una grave represión en lo que respecta a este tema por parte del PSOE regional, hasta el punto de que actualmente hay 11 imputados por haber asistido a una concentración a la salida de un pleno municipal para los que se pide seis años de cárcel. La privación de libertades es tal, que se han eliminado programas de radio a nivel local donde la gente participaba de forma espontánea”.

La Junta de Extremadura y el Grupo Gallardo aprovechan la coyuntura para vender el proyecto como motor económico en tiempos de crisis sin mencionar los gravísimos daños colaterales, tanto a nivel ambiental como económico para la zona, que han denunciado al unísono los principales grupos ecologistas del Estado español.

Para la Plataforma Ciudadana Refinería No, el emplazamiento elegido se debe a una confluencia de intereses particulares que poco tienen que ver con el interés común: el grupo empresarial Gallardo es el dueño de una fábrica de cemento, de una siderúrgica y una vía férrea propia para el transporte de la producción en la misma zona, lo que implica una reducción en los costes para la refinería. “Lo que nosotros llevamos denunciando desde hace cuatro años y medio es que se esté apoyando una iniciativa particular del grupo de Gobierno del PSOE regional de Extremadura y Nacional que va en dirección contraria a las directrices mundiales en materia de medio ambiente y salud”. El Gobierno socialista regional está dispuesto a participar con un 20% de dinero público, a pesar de ser ésta una infraestructura asociada a enormes impactos ambientales.

Para muchos, esto supone no solamente un paso atrás en la conservación de uno de los parques naturales más emblemáticos de la península, sino que también supone un paso atrás en el desarrollo económico de una zona representativa por sus vinos, puesto que la refinería pretende ser construida en Tierra de Barros, una región de tradición olivarera y vinícola de donde proviene la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. Según publica la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura en su página web, este sector, que hasta el momento tiene una facturación anual de más de 180 millones de euros y la generación de más de un millón y medio de jornaleros directos al año podría verse muy perjudicada, como también la producción de vinos ecológicos quedaría inhabilitada.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ya tiene sobre la mesa las denuncias de las organizaciones sociales españolas al Estudio de Impacto Ambiental y está a la espera de recibir las alegaciones de Portugal (que se vería afectado al estar a tan sólo 70 km de la planta petroquímica) para dar luz verde al comienzo de las obras. La docena de alegaciones que se han presentado al proyecto inciden en las importantes consecuencias ambientales derivadas del oleoducto previsto, que aumentaría el tráfico de petroleros que descargarían en el puerto de Huelva, incrementando el riesgos de mareas negras en la costa de Doñana. En segundo lugar, este oleoducto no está exento de presentar un daño a lo largo de su vida útil, lo que también aumentaría el riesgo de filtraciones hacia los acuíferos de gasoil a lo largo de su trayecto. En lo que respecta a la refinería, ésta emitiría miles de toneladas de CO2 anuales y otros gases de efecto invernadero, como también un incremento en las partículas en suspensión, lo que podría derivar en la formación de lluvia ácida que afectaría a la agricultura y causaría una afección directa en la salud de los habitantes de la zona.

Las plataformas ciudadanas esperan por el momento que el Parlamento europeo admita sus denuncias y paralice cualquier intento por destruir este patrimonio natural y cultural de la península.

Periódico Diagonal

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