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19/07/2022 :: Estado español

Notas sobre el "giro a la izquierda" de Pedro Sánchez

x Gustavo Buster
Hasta qué punto el debate del estado de la nación haya permitido recuperar la iniciativa política al "Gobierno de Coalición Progresista" (GCP), solo lo sabremos en otoño

Con el debate de los presupuestos de 2023 y la evolución de las encuestas de opinión.

Pero Pedro Sánchez ha conseguido sin duda un golpe de efecto, tras el desastre de las elecciones andaluzas, que deja a los sufridos ciudadanos a las puertas del tórrido mes de agosto con una contra-narrativa fuerte frente al “cambio de ciclo” del PP y Vox: el “giro a la izquierda”.

Ese “giro”, por otra parte, profundiza una linea de actuación gubernamental de desarrollo de los llamados “escudos sociales” frente a las consecuencias sociales y económicas acumuladas de las tres peores crisis conocidas del capitalismo contemporáneo: la Gran Recesión de 2007-2008, la crisis del Covid de 2018-2019 y la provocada por la guerra de Ucrania, con una inflación que ha pasado del 0,5% al 10% del PIB en año y medio. Como alardeo Sánchez, el GCP ha dedicado el 2,3% del PIB, unos 11.000 millones de euros, a medidas para defender el nivel de vida de las “clases medias trabajadoras”.

Las referencias de clase y las medidas buscan ante todo movilizar a la base electoral de las izquierdas, cuya creciente abstención, tanto por el lado del PSOE como por el de Unidas Podemos, está detrás de los dos desastres electorales acumulados en Castilla-León y en Andalucia. Se pone el énfasis en el carácter exógeno de los factores que agravan la crisis social y económica -la invasión imperialista rusa de Ucrania- para descargar responsabilidades y en la respuesta “economicista” (“mejorar la vida de la gente”) del GCP. Frente a un discurso de la derecha, que sí ha conseguido movilizar a su base electoral, basado en la “identidad”, reforzada en los peores elementos del nacionalismo conservador, por la pérdida de estatus pequeño-burgués de las clases medias que constituyen la mayoría de su electorado y que, tras las elecciones andaluzas, le permiten alardear de ser un “partido del pueblo”.

Arbitrismo del “mal menor”

Pero ¿pueden las subvenciones de los “escudos sociales” sustituir a un “conflicto de rentas”, de subida de los salarios gracias a la negociación colectiva?. Y ¿puede el enfoque “economicista” del GCP sustituir una alternativa política de izquierdas a los tres marcos políticos que anclan y están determinando la correlación de fuerzas entre las clases?. Tres marcos políticos que son, recordemos, el “consenso de Bruselas” (con sus llamamientos al equilibrio fiscal a partir de 2023), el régimen del 78 de la segunda restauración borbónica (que no ceja en ofrecer escándalos, como la nueva entrega de las grabaciones de Villarejo sobre la campaña negra contra Podemos o los forcejeos en la renovación del Poder Judicial), y la nueva competencia inter-imperialista (que además de la invasión rusa de Ucrania y el reforzamiento de la subordinación europea a EEUU en la OTAN, refuerza la política de “contención” contra China y está provocando una crisis de deuda y de “estados fallidos” en cadena).

Esas eran las dificultades inherentes al discurso del presidente del GCP. Cómo tuvo que reconocer en el debate, la eficacia de las ayudas europeas en las que se asientan los “escudos sociales” se mide por su utilización del 10% en 2021 y del 2,7% en lo que va de año y mientras tanto solo queda el recurso de la deuda pública, situada ya en el 120%. La administración del estado, a todos sus niveles (local, autonómica y central) es ineficaz, esta envejecida y con graves problemas de digitalización, con concepciones de gestión absurdas, como los requisitos del ingreso mínimo vital, una política para pobres que no llega ni al 40% de los supuestos beneficiarios. La reforma laboral del GCP ha conseguido el mayor aumento de los contratos indefinidos en 2022 pero, frente al bloqueo de la patronal de los convenios colectivos, se contiene cualquier conflicto que salga del “diálogo social” y se acepta que la inflación se coma un 20% de los salarios en el mejor de los escenarios. Ahora, Pedro Sánchez centra la financiación de las medidas del “escudo social” de junio en la recaudación de 3.500 millones de euros en los impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y la banca. En su discurso, el GCP une el “economicismo” al “providencialismo estatista” y lo encierra en los límites establecidos por el Régimen del 78, que bloquea cualquier reforma fiscal progresista.

Lo mismo ocurre con el “consenso euro-atlántico” de la OTAN y el “consenso de Bruselas”. Con el primero y el éxito de la organización de la Cumbre de la OTAN de Madrid, para justificar el inevitable giro a la derecha que supone la política prioritaria de acercamiento a Marruecos, explicado en términos de lucha contra la emigración irregular y la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla. Y de paso, con el apoyo del PP, el aumento de un presupuesto de defensa en más del doble, hasta el 2% del PIB en cinco años, como una inversión en planificación de la industria con fines militares que asegure el papel de España en la nueva competencia inter-imperialista. Con el segundo “consenso”, además de la gestión de los fondos europeos comprometidos y su reparto entre las grandes empresas, se desplaza a la opaca nebulosa comunitaria hacer frente a los efectos de una subordinación que ya ha sustituido como primer proveedor energético de la UE a Rusia por EEUU, principal competidor de la industria europea. Y eso con presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023.

La izquierda del GCP

El “giro” no solo es por tanto continuista, sino que acrecienta a medio plazo, a 16 meses de elecciones generales, todas las contradicciones de una “política de mal menor” cada vez más rígida por la creciente polarización social alimentada por la crisis económica. Una polarización que intenta apaciguar, no alimentar como instrumento de cambio social, lo que implica ese lenguaje con referencias de clase pero “centrado” electoralmente. El GCP es en realidad cada vez más el gobierno de Pedro Sánchez. Se reconoce a Unidas Podemos y a Yolanda Díaz su labor en la presión por ampliar derechos y el “dialogo social”. Pero el diseño y el control de la narrativa del supuesto “giro a la izquierda” corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez.

¿Qué espacio político le queda a la alternativa electoral a la izquierda del PSOE que pretende “Sumar”? En primer lugar, la posibilidad de articular una mayoría progresista suficiente, ante la fuerte erosión del voto del espacio de Unidas Podemos y, por lo tanto, la responsabilidad de reinventarse con los viejos mimbres. En segundo lugar, reivindicar la labor del GCP y de Pedro Sánchez, que acepta la presión interna -menos la pública- pero impone los límites de su gestión. Aunque no haya alternativa -y solo puede haberla si surgen nuevos movimientos sociales que cuestionen esa política de mal menor- si han empezado a surgir dudas y debates -más allá del escepticismo de los portavoces de las izquierdas de la mayoría parlamentaria- como hemos visto en el Congreso del PCE, en Bildu frente a las críticas del Mugimendu Sozialista o en la reorientación estratégica de ERC (que tiene que pasar la prueba de la mesa de diálogo con el PSOE).

Periodo pre-electoral

El Partido Popular y Vox se sentían tan seguros de sus diferentes versiones de la narrativa del “cambio de ciclo” -y en los siete puntos de ventaja que le atribuyen al PP algunas encuestas-, que respondieron al órdago de Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación sin arriesgar y con más de lo mismo en el terreno identitario y en el fiscal de la polarización. El novísimo jefe de la oposición, Feijoo, se contentó con dejar en manos de su portavoz en el congreso, Cuca Gamarra, una respuesta basada en la ilegitimidad del GCP por apoyarse en una mayoría parlamentaria en la que están Bildu y parcialmente ERC. Es la misma cantinela desde la cuestión de confianza de 2015 que acabó con el gobierno corrupto de Rajoy, pero ahora bajo la extrapolación del viejo tema de “todo es ETA”, ejemplarizado en la nueva Ley de Memoria Democrática. Sobre las medidas económicas, un discurso escapista basado en el recorte de impuestos, para abstenerse finalmente en la votación del paquete de medidas del GCP de junio. Vox, volvió a reforzar perfil situándose en el papel de garante reaccionario de la coherencia de un gobierno de coalición con Feijoo, un voto útil avalado por los resultados de Castilla-León y Andalucia, a pesar del ascenso del PP gracias a la absorción de Ciudadanos.

Como reconoció Pedro Sánchez, la situación internacional y la evolución de la inflación en estos 16 meses son cuestiones abiertas. Su gobierno solo puede reaccionar como mejor pueda, asegurando al menos a su electorado, “la clase media trabajadora”, su mejor voluntad de defenderlo con los medios de que dispone. Una política defensista, basada en subvenciones estatales, cuyo mayor esfuerzo para cambiar la correlación de fuerzas estructural con la derecha social, tras la reforma laboral del GCP, es la punción fiscal sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y la banca. La verdadera cuestión pendiente es cómo encajará todo ello en el debate presupuestario del próximo otoño, con una inflación del 10% y la presión de la Unión Europea para iniciar el ajuste. Y si el creciente descontento social se convierte en movilización -como apuntan las huelgas del metal- y estas alientan también la movilización electoral, cuyo componente de centro-izquierda esta hegemonizado por Pedro Sánchez, pero queda por definir el que quiere encabezar Yolanda Díaz y “Sumar”.

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