Reforma laboral y coyuntura política

La economía global, basada en el beneficio empresarial y la competitividad, necesita abatir constantemente los costes laborales. Esto significa una contradicción antagónica entre cualquier regulación política protectora del trabajo y los cuidados con las leyes que rigen dicha economía.

Las actuales "democracias de mercado" son la forma política desde la que se desmonta la protección social de forma "democrática" y sostenible. Esta dinámica, por un lado, reduce las garantías sociales y las privatiza, convirtiéndolas en oportunidades de negocio para el capital. Por otro, utiliza la necesidad de empleo de la gente como mecanismo de sometimiento a un mercado laboral regido por la lógica del beneficio económico.

Aceptar que el trabajo es una mercancía, que la relación salarial es un mercado o que los puestos de trabajo, condición para la pertenencia social y la autonomía de tod@s, estén en manos de los empresarios, es, desde el punto de vista de la izquierda, un suicidio. Si nos parece normal el término: "mercado de trabajo" no tendremos argumentos para oponernos a que el trabajo sea "de mercado" y que, por lo tanto, la vida de l@s trabajador@s esté sujeta a las leyes de dicho mercado. Tampoco podremos evitar que el "derecho al trabajo" de la población asalariada se transforme en "permiso de trabajo basura" por parte de los empresarios. Al asumir las razones de los de arriba, solo cabe funcionar con la moral del esclavo.

La tendencia compulsiva a abaratar costes, legitimada por la "obligatoria" economía global y sin izquierda que le ponga ningún obstáculo real, permite a los empresarios escoger a trabajador@s sumisos y baratos antes que a trabajador@s libres y conscientes. Esta opción produce grandes beneficios, pero deteriora el perfil calidad/precio de sus mercancías y, al generalizarse, repercute negativamente en la competitividad internacional de la economía española. Para nuestros "emprendedores", la precariedad y la inestabilidad del mercado de trabajo español, (el doble de la precariedad media europea), además de una mina de oro, se ha vuelto una amenaza.

La reforma laboral en curso obedece a la iniciativa política del PSOE para resolver este problema. Desde un acuerdo básico con patronal y sindicatos para "modernizar" el mercado de trabajo y la protección social, el Gobierno ha hecho de la Reforma Laboral uno de los ejes de su política reformista que, hasta la fecha, mantiene el "diálogo social", como seña de identidad.

Sin embargo para el gobierno, la imposición de la Reforma Laboral está condicionada por otros problemas: su estrecha e inestable ventaja electoral respecto al PP; la subida de los precios del petróleo; los despidos y chantajes de las multinacionales que, como SEAT, se toman la justicia por su mano sin contar con el "Diálogo Social"; la amenaza del aumento de los tipos de interés sobre la hipotecada economía de cinco millones de familias en España; la batalla por la financiación de los déficits autonómicos y la renovación de los estatutos de autonomía con la consecuente reforma constitucional; las tensiones soberanistas en Cataluña, y sobre todo, el movimiento popular vasco por la autodeterminación que impide las "soluciones constitucionales" es decir, cosméticas, que exige el PP. El encaje de todos estos problemas en pactos para la estabilidad gubernamental, supone para el PSOE un intento de conciliar intereses irreconciliables. Esto explica la anormal duración del proceso de Diálogo Social (desde Julio de 2004) y los espasmos, interrupciones y desplantes de la patronal que lo han acompañado. Según el calendario original del gobierno, la reforma del mercado de trabajo debería haber estado resuelta antes del Otoño de 2005. Pero ni s¡quiera ha sido posible suscribir el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (A.I.N.C.) para 2006, por lo que ha sido prorrogado el de 2005. La Ley de Dependencia ha sido presentada como un gran avance. Esta ley, que ha conseguido un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social, creará y regulará un enorme mercado de atención a las personas que carecen de autonomía por parte de empresas privadas, con un aparato de productos financieros e hipotecarios para incorporar, como copago, la vivienda de dichas personas.

Sin embargo, para la gente de abajo el dato esencial de la coyuntura política es la desmovilización de las multitudes perjudicadas o amenazadas por el nuevo fascismo que encarnan la dictadura de las multinacionales y la competitividad global. Eso tiene que ver con la vampirización de la izquierda virtual por parte de la derecha real. Lo esencial, por tanto, es reconstruir la izquierda. Una iniciativa para dicha reconstrucción puede ser el impulso de plataformas unitarias contra los abusos patronales y la Reforma Laboral.

Agustín Morán es miembro del CAES