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04/06/2016 :: Estado español

Represión política de clase, algo de lo que los partidos no hablarán en esta campaña

x Marat
El Código Penal, se centra en castigos de tipo carcelario, con penas que pueden alcanzar, en algún caso hasta los 6 años de prisión.

“En España no hay presos políticos” (Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior del Gobierno en funciones del PP)

Y esto lo dice alguien que pertenece a un gobierno que reformó el Código Penal (Ruíz Gallardón) hasta convertirlo en el más represor desde el inicio de la transición en España. Un Código Penal que presenta artículos directamente pensados para reprimir la protesta social (550, 551, 553, 554, 556, 557, 557bis, 557ter, 558, 559, 560)

El reformado Código Penal, se concentra en castigos de tipo carcelario, con penas que pueden alcanzar, en lo relativo a los artículos que les he señalado, en algún caso hasta los 6 años de prisión.

La compilación normativa de dichos artículos revela la obsesión del legislador por la “seguridad ciudadana” (“desórdenes públicos”), que se concreta aún más en el apartado “resistencia y desobediencia a la autoridad”: la legislación punitiva por excelencia del Estado español como “ataque preventivo” a la luchas contra las políticas de recortes sociales y austeridad.

Y si esta legislación se queda corta, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana vela por la paz social mediante multas que van desde 601 hasta 600.000 €. Con la bolsa recaudando y con la porra golpeando.

Hace tiempo que el capital y sus Estados (“Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. K. Marx y F. Engels. “Manifiesto Comunista”) son conscientes de que van ganando la lucha de clases, como diría Warren Buffet, pero saben que nada es perenne, que el capitalismo no puede superar su propia crisis porque se encuentra ya en su etapa senil. Si lo que ellos llaman “largo período de estancamiento” se torna severo agravamiento de la recesión (sus expertos y gurús económicos ya avisan de que hay señales de ello), bien podría producirse una agudización de la lucha de clases con perfiles mucho menos pacíficos que hasta ahora. Ese es el peligro que el capital, sus aparatos estatales (policiales, jurídicos, legislativos y, por supuesto, también ideológicos y mediáticos) intentan conjurar anticipándose, como tantas veces han hecho, a la aparición de los acontecimientos.

Al señor Ministro del Interior y al Gobierno del PP hay que decirles que mienten y que lo hacen al menos con el mismo cinismo y desparpajo con el que lo hicieron ante las ejecuciones criminales de los “sin papeles” en la playa del Tarajal (Ceuta) En España hay presos políticos.

Un preso político español es Alfonso Fernández (Alfon), condenado por su participación en la huelga general del 12 de noviembre del 2012 y que, según denunció en su día el desaparecido Shangay Lily, sufrió un proceso judicial con rasgos de farsa y más que posible fábrica de pruebas por la policía para encausarle como terrorista. Alfon ha estado sometido al régimen carcelario FIESen las dos ocasiones en las que ha estado preso, aunque la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aprobar que se le retire este denigrante tratamiento.

Otro preso político es Andrés Bódalo, del SAT, por su participación en unas protestas ante el Ayuntamiento de Jodar, acusado injustamente de agresiones al ex teniente de alcalde del PSOE, Juan Ibarra, y condenado a 3 años y medio de prisión. Juzguen ustedes en este vídeo si la actuación del sindicalista, al que reconocerán por su pañuelo negro en la cabeza, es constitutivo de delito castigable con cárcel.

 

Ingresar en prisión por participar en protestas, manifestaciones, huelgas o cualesquiera otra forma de movilización y lucha contra unas medidas políticas supone ser preso político porque conlleva la represión más drástica contra una toma de posición política.

Sólo la huelga del 29 de Marzo de 2012 ha dejado en el aire posibles penas para cerca de 300 sindicalistas con penas que pueden alcanzar los 120 años de cárcel en conjunto. Imagínense lo que suma el resto de movilizaciones contra la violencia de las políticas de desigualdad social.

Otras personas que participaron en la huelga, aún no siendo sindicalistas, como Carlos Cano, de Granada, sí han estado en prisión, aunque éste afortunadamente hace tiempo que ya está libre.

Detenciones, cacheos, malos tratos en comisarias, denuncias de torturas, brutalidad policial en manifestaciones, condenas de prisión, legislación represiva, criminalización por parte de los medios de desinformación del capital,…Esto es la forma de ejercer la lucha de clases desde la burguesía y sus aparatos del Estado. Frente a ello es más necesaria que nunca superar la división de decenas de plataformas y coordinadoras de solidaridad con los reprimidos. Sólo la unidad de acción y de clase en la lucha antirrepresiva logrará romper el cerco de al que el capital somete a quines luchan.

Sé que me dejo muchos, muchísimos casos de trabajadores conscientes, sean estos antifascistas, militantes comunistas, anarquistas o sindicalistas que, o están en prisión, o ha pendido sobre ellos la amenaza de tal cosa (los 8 de Airbús).

Pero ninguno de los partidos que aspiran a ser relevantes en la configuración política del Parlamento español hablará de ellos (unos por convicción, otros por cálculo), salvo que pueda usar a alguno en provecho electoral propio. En ese caso lo harán con sordina. Decir que vivimos en una dictadura de clase que ha acabado con los derechos de expresión, manifestación y reunión para imponer su “paz social” es demasiado radical para la imagen de moderación que desean proyectar participando del manto de silencio sobre la esperpéntica realidad española. Cínicos.

Sería la campaña, con sus mítines de globitos, músicas horteras y cheerleaders en lugar de militantes, un gran momento para presentarse en ella pacíficamente con pancartas y octavillas en las que aparezca todo el listado de personas reprimidas, condenadas, agredidas policialmente y encarceladas por luchar contra las agresiones del capital y sus gobiernos y preguntar a cada partido y a sus dirigentes qué piensan hacer con ellos. Pero, ¡cuidado!, no sea que en virtud de la “democrática” Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana les casquen una multa de entre 601 y 30.000 € por “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas”. Lleven el DNI consigo si lo hacen.

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