Vigorexia fiscal y desigualdad social

"Todos quieren vivir a expensas del Estado. Olvidan que el Estado vive a expensas de todos"
(Frédéric Bastiat)

El clásico vaivén "hombre rico, hombre pobre", que narraba las trayectorias divergentes de dos hermanos en una popular miniserie televisiva de los años setenta, ha trepado peldaño a peldaño desde el ámbito familiar al generacional, y de este escalón al social impulsado por la economía postmoderna. Hace poco más de un lustro inauguramos la era regresiva de la "destrucción creadora" con hijos condenados a vivir peor que sus padres. Y ahora naturalizamos un modelo estamental donde confluyen estados que nadan en la opulencia y ciudadanos en situación de emergencia. Todo bajo el patrón que denunciara Pierre Clastres en La sociedad contra el Estado. Una llamada de alerta sobre el amenazante lastre que supone la concentración de poder, advertencia también apuntada desde otro ángulo por Octavio Paz en El ogro filantrópico al constatar: "La sociedad civil ha desaparecido casi enteramente: fuera del Estado no hay nada ni nadie".

El caso español, aquí y ahora, con un Gobierno de coalición de todas las 'izquierdas' (¿y por ello el más progresista de la historia?) es un reflejo de esta condición parasitaria del Estado a costa de la sociedad a la que debe servir. No se trata de un binarismo elemental, modelo cremallera, botella medio llena o medio vacía, según el código de barras ideológico que se aplique. Lo que se cuestiona es la castrante hegemonía de la dominación política, que tergiversa la interacción entre gobernantes y gobernados. Se bascula del consentimiento de los representados a su suplantación por los representantes, sin apenas daño reputacional para la elite usurpadora. Trazabilidad que solapa la ilegitimidad de ejercicio por la legalidad de origen que otorgan unas elecciones de signo cortoplacista, anilladas en el espectáculo mediático y el culto a la notoriedad fulanista. Mandato sistémico que, en el plano económico, hace posible la simbiosis de un balance asimétrico del Debe y el Haber, con el resultado de un Estado-Gobierno socializando pérdidas y privatizando ganancias.

En la perspectiva macro de la recaudación fiscal, el aumento de bienes y servicios que indica el Producto Interior Bruto (PIB) y la capitalización de las empresas cotizadas (IBEX 35), la economía española "va como un cohete" (Sánchez dixit). Son hechos ciertos que demuestran una fortaleza inapelable. Y por aquello de que vicios privados producen beneficios públicos, con que Mandeville entronizó el espíritu del capitalismo inaugural en La fábula de las abejas, debería deducirse que el panal de rica miel rebosa para todos, obreras y reinas, sin discriminaciones ni distingos. A rebufo del principio de autorregulación que impele la mano invisible del Mercado y del Estado. Lo que en buena lógica daría una sociedad cohesionada donde los ciudadanos, en su doble papel de contribuyentes y electores, estarían remando en la misma dirección que el Estado con beneficio mutuo. El estatus ideal, sin conflicto de intereses. Quid pro quo, te doy para que me des. Pero, vayamos por partes.

Hacienda está pletórica. Esa institución que el Estado patrón (por administrador de servicios y por gestor de empresas públicas) publicita con ese "Hacienda somos todos" que escolta las anuales campañas de la renta, los impuestos, cuyo nominal indica su inexcusable obligatoriedad. Ya el dicho popular asegura que solo hay dos cosas seguras en esta vida: la muerte y los impuestos. Dicho lo cual, que Hacienda haya cerrado el 2025 con un récord histórico de recaudación debería alegrarnos a todos. En concreto, el pasado año las arcas del Estado registraron ingresos por más de 326.000 millones de euros, un 10% más que en el anterior, y a mucha distancia de los 208.685 millones de euros de 2018, cuando el actual Gobierno llegó a La Moncloa. Mención aparte de las fabulosas partidas de los fondos europeos Next Generation (unos 140.000 millones en subvenciones y préstamos).

Aunque significativa sea la mayor eficacia en la investigación del fraude fiscal, la base de este éxito radica en el notable incremento de lo recaudado mediante los tres principales impuestos: trabajo, consumo y beneficios empresariales, por orden de importancia de sus aportaciones al Tesoro. El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que grava los inputs salariales, es el que más ha hecho crecer la recaudación desde que está Pedro Sánchez en el poder. Pasó de 82.859 millones de euros en 2018 a 129.408 en 2024, un 56% más. Menos importante, pero igualmente considerable, resultan los ingresos procedentes del consumo. En el periodo antes considerado, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) subió un 29%, pasando de 70.177 millones de euros a 90.541. Afirmar, por tanto, que hoy los españoles pagan más impuestos que nunca es una perogrullada por obvio. Finalmente, el Impuesto de Sociedades (IS), referido a empresas y personas jurídicas residentes en España, habiendo aumentado un 57,4%, en términos absolutos representa la partida menos abultada. El IS osciló entre 24.838 millones de euros y 39.096 en el lapso de esos siete años.

Parte de la bonanza de las cuentas de Hacienda se debe a un cambio en la filosofía fiscal aplicada por el Gobierno 'socialista' de coalición. Se ha pasado de aquel "subir los impuestos no es de izquierdas", proclamado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a casi lo contrario en la actualidad. Al no intervenir la inflación (aumento de los precios) ni deflactarla en el IRPF (con el riesgo de subida de tramo en la declaración), Hacienda hace caja mientras la renta disponible de los ciudadanos (capacidad de compra) se resiente. Con el añadido de que a menudo los proveedores repercuten la inflación sobre el consumidor para mantener los márgenes de beneficio, bien sea incrementando el precio de los productos y/o reduciendo su cantidad o calidad (reduflación). A esta historia de éxito de los grandes números de nuestra economía durante la era sanchista habría que añadir los buenos datos de PIB, que ha colocado a España en cabeza del crecimiento en toda la Unión Europea (UE) y los niveles logrados en la Bolsa por las empresas cotizadas, superando en el parqué por primera vez la barrera de los 17.000 puntos en diciembre de 2025. Circunstancias todas ellas que vienen a confirmar el trato favorable y la confianza que el Gobierno de izquierdas suscita entre inversores y grandes corporaciones (la banca española es una de las que peor remunera los depósitos de los ahorradores de toda la UE, mientras uno solo de los grandes, el Santander, ejecutó en 2025 la mayor destrucción de empleo de los últimos 20 años).

Sin embargo, la lectura que arroja la microeconomía no es tan halagüeña. Lejos de la euforia que envuelve la hucha de Hacienda, el vigor del PIB y el gran salto hacia adelante del Ibex 35, una mayoría social se siente huérfana de esa gran fiesta. Por el contrario, asiste entre perpleja y resignada no ya a un largo adiós del Estado de Bienestar sino a los primeros golpes de un malestar que a menudo se tiñe de Estado de Beneficencia. La letra pequeña de esa parte contratante, que suele ocultarse tras la fanfarria oficial, habla de paro generalizado, exclusión social; falta de inversión en infraestructuras básicas; dificultad para acceder a un hogar; precariedad salarial (autónomos y trabajadores de baja cualificación, sobre todo); y otras lacerantes limitaciones que contradicen la marcha triunfal de la economía al por mayor. Según la información aportada por Eurostat (Oficina Europea de Estadística), España lidera la tasa de desempleo en todas sus modalidades (general, juvenil y mujeres); figura a la cola en cuanto a construcción de vivienda social; y ostenta uno de los índices más altos de pobreza infantil y exclusión social, solo por detrás de Rumania y Bulgaria. Cifras todas ellas que disputan la eficacia del "escudo social" de la que, en la orla del autodenominado gobierno más progresista de la historia, sigue siendo la cuarta potencia económica de los veintisiete.

Este marco de desigualdad rampante en el contexto de la vigorexia fiscal que exhibe el Estado actúa como las bombas racimo, cobrándose víctimas indiscriminadamente. Contribuye a que la emancipación de los jóvenes españoles sea una de las más tardías de la UE, con una edad media de 30 a 30,4 años frente a los 26,2 a 26,4 de la media europea (hoy suele escucharse que el verdadero estado de bienestar son los padres); y que la renta disponible de nuestros hogares no haya recuperado el nivel adquisitivo previo a la crisis de 2008. Por cierto, crisis internacional que, en comparación con lo ocurrido aquí, no impidió que la media del crecimiento de la renta disponible en los 38 países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) fuera el doble de la nuestra.

Este capítulo desfavorable tendría alguna compensación si desde el plano de las inversiones públicas corroboráramos otro panorama. Pero lo ocurrido en los últimos años con el suministro en Red Eléctrica (el "sabotaje" del apagón); el mantenimiento de las infraestructuras esenciales (accidente de Adamuz en alta velocidad ferroviaria o los más de 300 kilómetros de puntos negros en carreteras estatales) no ofrecen bazas para el optimismo. Y el enigma del "ogro filantrópico" sigue sin respuesta: ¿debemos resignarnos a vivir en un Estado rico mientras una masa cada vez mayor de ciudadanos tiene que contentarse con los únicos bálsamos de los ingresos mínimos vitales, las subvenciones coyunturales y el sueño húmedo de hacerse funcionario?

Una pertinaz polarización económica que no soslaya la maniquea polarización ideológica machaconamente esgrimida desde el poder (con la recurrente Fachosfera y el dogma del Hodio al acecho) para solapar la ingente disrupción social, cuando ya no basta con recurrir a la "herencia recibida" (que haberla hayla). Las opiniones son libres, los hechos tozudos. Hasta los agentes de influencia del Gobierno lo tienen que admitir. "El crecimiento económico de los últimos años ha ido acompañado de un proceso de concentración de riqueza, y, en consecuencia, de un aumento de la brecha [...] El Laboratorio Mundial de la Desigualdad, con sede en París, sitúa a España entre los países europeos con mayor desigualdad patrimonial sin visos de corregirse a juzgar por la evolución vivida en los últimos años" (El País, 20 de enero de 2026). El territorio de la economía que Thomas Carlyle describió como "ciencia lúgubre".

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