Comunicado de Corriente Roja ante las últimas decisiones judiciales en relación con el conflicto vasco

1. La decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de mantener en prisión a Iñaki de Juan a Chaos y no concederle ni la libertad provisional ni la prisión atenuada, significa lisa y llanamente su condena a muerte, tal como se indicaba claramente en el informe de los médicos. El acuerdo de la Audiencia Nacional es una interpretación arbitraria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una medida descarada de ensañamiento y venganza.

2. Exigimos la puesta en libertad de Iñaki De Juan a. Este preso de ETA ya cumplió su pena de 18 años de cárcel. Si continúa actualmente en prisión es porque -tal como señaló en su momento el Ministro Fernando López Aguilar- se le "fabricó" una nueva imputación para impedir su excarcelación. La nueva condena a 12 años y siete meses por haber escrito dos artículos en el diario Gara (que la Audiencia calificó como "amenazas terroristas") es una auténtica aberración jurídica, denunciada públicamente por 150 juristas.

3. La decisión de la Audiencia Nacional sobre Iñaki de Juan a coincide con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "caso Jarrai-Haika-Segi", según la cual la organización juvenil de Batasuna no es ya una "asociación ilícita" (como la Audiencia Nacional había resuelto inicialmente) sino una "organización terrorista". Los jóvenes de Jarrai encausados, que ya habían cumplido cuatro años de cárcel, han visto aumentadas sus penas y deben volver a prisión. A la vez, ha quedado claro que cualquier miembro de la Izquierda Abertzale será tratado directamente como "terrorista".

4. La decisión sobre Iñaki De Juan a, la sentencia sobre Jarrai o la citación a Ibarretxe por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a declarar ¡por haberse entrevistado con Otegi!, no son sino la demostración de que el aparato judicial, desde el primer momento y de la mano del PP, se ha planteado como objetivo expreso reventar cualquier posibilidad de proceso de paz en el País Vasco.

5. No hacen falta más evidencias para demostrar que el aparato judicial está dominado por los herederos de los jueces del franquismo que, a pesar de su directa complicidad con los crímenes y desmanes del régimen anterior, jamás fueron depurados. La Transición representó para ellos -y para los otros aparatos de estado- un pacto de impunidad. Hoy sus continuadores se presentan como intocables. Imponen su voluntad y lo visten de "Democracia" y "Estado de Derecho". Hay que recordar, una vez más, que la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción, como lo era el Tribunal de Orden Público. Su existencia niega por sí misma los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Exigimos su inmediata disolución.

6. En lugar de reaccionar ante este escándalo, Zapatero y la dirección del PSOE se vanaglorian, por el contrario, de "respetar la independencia judicial". Están dispuestos a soportar que los jueces les ningunéen cada vez que les venga en gana, antes de denunciarlos como herederos de los jueces franquistas y obstáculo para la paz en Euskal Herria. Pero es que, además, el Gobierno tampoco ha tenido reparos en colaborar con ellos: fue el Fiscal, a instancias del Gobierno, quien "fabricó" la nueva imputación a De Juan a Chaos; ha sido el Fiscal -mano a mano con la ultraderechista AVT- quien ha pedido que se califique a Jarrai como "organización terrorista". También fue el Fiscal quien propuso al Tribunal que la condena a De Juan a por "amenazas terroristas" fuera entre cuatro y 13 años. Y fue el Gobierno quien no quiso derogar ni reformar la Ley de Partidos, cuando sabía que los jueces no permitirían la legalización de un nuevo partido que sustituyera a Batasuna si permanecían los mismos dirigentes...

7. Para el que quiera ver, la conclusión es clara: con este aparato judicial no hay solución posible al problema vasco. Tre inta años después de una Transición que cometió la aberración democrática de dejar intacta la jerarquía judicial, militar, policial y de la administración pública de la dictadura - perfectamente articuladas en torno a la figura del rey-, los pueblos del estado español continuamos siendo rehenes de los herederos directos de quién presumía justamente de "dejar todo atado y bien atado". Y yendo más allá, es de higiene democrática recordar tres cosas: que el pueblo vasco rechazó en su momento la Constitución monárquica, que una mayoría de vascos quiere decidir libremente sus destinos como pueblo y que no puede haber democracia digna de tal nombre que no reconozca este legítimo derecho. La Constitución monárquica, que selló el pacto de la Transición, niega terminantemente este derecho y establece, además, unos mecanismos de reforma constitucional que hacen imposible que dicho derecho sea reconocido, ya que para ello sería necesario el apoyo de la derecha heredera del franquismo, cosa que nunca sucederá. La lucha por la libertad de los pueblos está indisolublemente unida a la lucha por la III República.

8. En relación con el atentado de Barajas, Corriente Roja reitera su profundo rechazo al mismo y su valoración de que hechos como este perjudican a la izquierda abertzale y a quienes, como nosotros, colocamos en lugar prioritario de nuestro trabajo político la defensa del derecho de autodeterminación. Aunque ahora arrecien los vientos reaccionarios, debemos repetir lo que dijimos con ocasión de la tregua de ETA en marzo de 2006: Sólo sobre la base de la libertad de los dirigentes abertzales, la anulación de los procesos judiciales y el fin de la represión; de la solución al problema de los presos de ETA (su inmediato acercamiento y su posterior excarcelación); de la derogación de la ley de partidos y la legalización de Batasuna y las organizaciones de la Izquierda Abertzale , del reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, habrá una solución política al problema vasco y se pondrán los cimientos de una libre unión entre los pueblos.

30 de enero de 2007
Corriente Roja - Estatal
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