Declaracion de principios de la Coordinadora Republicana y Antifacista de Cordoba

Los puntos que a continuación se detallan son fruto del debate de ideas y la confluencia en el trabajo de los colectivos republicanos que desde hace años reivindican en Córdoba el establecimiento en España de la III República, como un ejercicio de justicia histórica y política, una vez llegados a la conclusión que el actual régimen político y económico que rige en el Estado español no sólo es en gran parte continuador del régimen fascista del General Franco, sino que está al servicio de los intereses de los más poderos*s: banquer*s, grandes empresari*s, terratenientes y las jerarquías militar y eclesiástica, en detrimento de la clase trabajadora y los sectores populares. Por tanto, señalamos a la monarquía española impuesta por el franquismo, como cómplice de esta situación de injusticia que vive este país desde hace décadas.

Consideramos a la monarquía como una institución medieval, unida intrínsecamente a la superstición religiosa y anacrónica que sirvió y sirve a los más poderos*s, a las clases adineradas en contra de los intereses de las mayorías sociales.

En España, la tradición republicana, democrática y avanzada, ha sido históricamente ahogada en sangre a base de cuartelazos y golpes de estado, a manos de militares al servicio de la oligarquía más reaccionaria de este país, la cual ha tenido en la Iglesia Católica una fiel aliada para sus propósitos.

En España, decir República es decir, libertades política plenas, educación pública mixta, igualdad de derechos para las mujeres, separación Iglesia-Estado, reparto de la tierra, derechos laborales, etc. Tanto en la Iª República ( 1873-1874) como en la IIª (1931-1939), las banderas políticas y sociales siempre fueron más allá que el clásico “libertad, igualdad y fraternidad”: la reivindicación republicana ha sido patrimonio de lo más avanzado y progresista de la burguesía democrática pero sobre todo de las clases populares que han visto históricamente en las experiencias republicanas un anhelo y una esperanza en la mejora de sus condiciones de vida y de extensión de sus derechos políticos, sociales y económicos.

De ahí podemos extraer el carácter verdaderamente popular y progresista de la reivindicación republicana: levantar una bandera republicana en España es recordar que hubo un momento en la historia en que la burguesía reaccionaria echó mano de un puñado de militares que abortaron el avance de la II República con un golpe de estado, una guerra, un millón de muertos y una dictadura fascista de 40 años. La misma burguesía que en la Transición pacta con la “izquierda” domesticada la monarquía heredada de Franco y una constitución que niega el derecho de autodeterminación, que legitima al capitalismo como régimen económico imperante, que revalida el enorme poder con el que cuenta el ejército desde 1939 y que mantiene en sus puestos a los antiguos falangistas y represores del régimen anterior. “Hay que cambiarlo todo, para que todo siga igual”.

Pero no podemos olvidar que el General Franco no dio el golpe de Estado contra la República de 1931, sino contra la de 1936, la del Frente Popular, amplia coalición de fuerzas progresistas y antifascistas para frenar el ascenso del fascismo por la vía legal, como estaba ocurriendo en otros países de Europa.

El carácter antifascista de la reivindicación por la III República, responde legítimamente a la historia: la Transición no supuso una ruptura ni política ni institucional con el fascismo: no hubo depuración de los elementos fascistas y reaccionarios en los cuerpos de seguridad del Estado, ni en el ejército, ni en la judicatura ni en instancia alguna del Estado. No se juzgó a nadie ni se hizo justicia por los crímenes cometidos durante la guerra ni por los 40 años de dictadura.

Es por ello que nosotr*s, republican*s que miramos al pasado con respeto aunque sin nostalgia y al futuro con optimismo y esperanza, establecemos los siguientes principios unitarios que impulsaremos en todas nuestras actividades:

1) Establecimiento de la III República y abolición definitiva de la monarquía
- Igualmente, se tendrá que desconocer por parte del Estado los restos de la nobleza, sus títulos, privilegios y sus organizaciones.

2) Derogación de la Constitución de 1978.
- Consideramos ilegítima esta constitución por haber emanado de unas cortes fascistas, salidas de unas elecciones (1977) en las que había decenas de partidos políticos ilegales y las cárceles a rebosar de pres*s polític*s; cortes a las que nadie encargó la elaboración de una constitución y que hicieron de espaldas al pueblo, ahogando toda posibilidad de voz discordante y disconforme con el proceso de “Reforma Política”.

3) Reconocimiento del derecho de autodeterminación de España
- Resolución política del problema secular de las nacionalidades en el Estado español, reconociendo plenamente el derecho democrático a la consulta popular para todos los pueblos del Estado español.

4) Derogación de la Ley de Partidos.
- La aprobación de esta ley en 2001, bajo el gobierno del PP, con el acuerdo del PSOE y la aquiescencia cómplice de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, ha supuesto la ilegalización de numerosos partidos políticos y organizaciones sociales desde entonces, queriendo criminalizar perversamente su actividad política y social y equipararlas con las acciones de algunas organizaciones armadas del Estado español

- Todo esto ha tenido como resultado un recorte significativo de las libertades políticas, de reunión, asociación y de expresión y dejando a no pocos movimientos sociales y políticos disconformes con el actual régimen monárquico a merced de una posible ilegalización en cualquier momento.

5) Disolución de la Audiencia Nacional
- La Audiencia Nacional es continuadora directa del TOP –Tribunal de Orden Público-franquista, tribunal de excepción encargado de juzgar los delitos políticos. A finales de 1977, mediante decreto de Juan Carlos de Borbón, se disuelve el TOP y semanas después se crea la Audiencia Nacional, en las mismas instalaciones, con los mismos funcionarios, los mismos jueces fascistas y con el mismo cometido: perseguir y encausar las actividades políticas de tod*s aquell*s que no estuvieran de acuerdo con la “Reforma” del franquismo.

- Se da la circunstancia que un órgano judicial no se puede crear directamente mediante decreto, ni siquiera con el ordenamiento jurídico legal del franquismo, por lo que entendemos que la AN es un tribunal de excepción y político para juzgar conductas y actividades políticas. Hoy como ayer, seguimos viendo pasar por su banquillo como acusad*s, no sólo a miembros de organizaciones políticas y sociales, sino a dibujantes críticos con la monarquía, escritor*s, manifestantes que queman fotos de la familia real y a tod*s aquell*s que osan hacer ejercicio efectivo de la libertad de expresión que presumiblemente existe en el Estado español, lo que ha provocado que no sólo no pocos juristas y abogad*s progresistas pidan su disolución como órgano de represión política, sino que hasta el mismo parlamento vasco se ha pronunciado en varias ocasiones en este sentido.

6) Amnistía para todos los pres*s polític*s
- La existencia de centenares de pres*s polític*s independentistas, antifascistas, comunistas, libertarios, etc., responde a un hecho objetivo de déficit democrático y de libertades públicas en España, por lo que la resolución de esos problemas lleva aparejada de modo irrenunciable la puesta en libertad inmediata de todos los pres*s por causas políticas en el Estado español.

7) Salida de España de todas las organizaciones internacionales agresivas y militaristas (OTAN, UEO, etc.)
- La apuesta por unas relaciones internacionales basadas en el respeto, la amistad y la no-beligerancia con otros países, lleva asociada la salida de España de todas las organizaciones internacionales militaristas y agresivas, una vez probado el carácter abiertamente terrorista de la OTAN, principalmente, como brazo armado del imperialismo económico internacional y de los EEUU en particular.

8) Restablecimiento de los derechos laborales arrebatados a la clase trabajadora en los últimos 30 años
- La llamada “Reforma” o “Transición”, tenía un trasfondo económico de primer orden: hacer cargar sobre las espaldas de l*s trabajador*s los efectos de la crisis económica de los años 70 antes un escenario político de derrumbe de un sistema fascista acosado por las luchas populares y desacreditado en el plano internacional.

- Para salvaguardar los capitales y los privilegios de la oligarquía española y la burguesía reaccionaria que financió y colaboró con el Golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y las cuatro décadas de fascismo franquista, la jerarquía política falangista que se reconvertía a demócrata, firmó con las fuerzas de la izquierda oficial los famosos Pactos de la Moncloa, marco de actuaciones para ir recortando progresivamente derechos laborales a l*s trabajador*s, conseguidos a base de lucha y sangre en pleno franquismo.
- Teniendo en cuenta ésto, las agresiones a los derechos laborales ha sido una constante en las últimas décadas: un Estatuto de los Trabajadores redactado a la baja y permanente rebajado, reducciones de las prestaciones por desempleo, precariedad laboral permanente y casi universal, contención salarial, facilidades constantes para el despido, rebaja de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social, etc.
- Es por esto, que exigimos el restablecimiento de los derechos laborales arrebatados a l*s trabajador*s y medidas que mejoren el bienestar inmediato de las familias trabajadoras.

9) Separación efectiva del Estado y la Iglesia Católica, igual que de otros cultos y religiones.
- La Iglesia católica dio su bendición al Golpe del 36, los fusilamientos y al fascismo surgido de la guerra, teniendo desde entonces carácter de religión de Estado en España.

- Exigimos pues, la denuncia y desconocimiento de los acuerdos firmados con el Vaticano y con la Iglesia Católica, derogando aquellas leyes que reconozca a la religión católica como oficial, retirada de los planes de estudio de la asignatura de religión católica, prohibir a toda confesión religiosa la potestad de poder impartir enseñanzas regladas o no, siendo el Estado el encargado de garantizar una educación pública de calidad, laica, racional y científica.

- Paso a la red pública de todos los centros escolares privados y concertados.

- Se garantizará la libertad religiosa y de culto a todos l*s ciudadan*s.

10) Nacionalización (o renacionalización) de los sectores productivos estratégicos: energía, transportes, aguas, tierras, servicios públicos básicos, etc.
- Creemos que existen una serie de sectores económicos y servicios públicos básicos que son los que articulan el funcionamiento óptimo de la sociedad como la electricidad y otras energías, los transportes públicos, la gestión de las aguas, las tierras y latifundios aún en manos de terratenientes, etc. y servicios públicos como la sanidad, la enseñanza, y organismo como la Seguridad Social. Creemos que no pueden ser objeto de mercantilización y especulación en manos de capitalistas sin escrúpulos; estos sectores deben de responder, planificados con eficiencia, racionalidad y austeridad, a una máxima de rentabilidad social y nunca económica para satisfacer lucros privados.

11) Memoria Histórica.
- Reconocimiento y rehabilitación de las víctimas políticas del franquismo como combatientes por la libertad y la legalidad republicana, declaración de ilegitimidad jurídica y política del Golpe de Estado de 1936, del régimen franquista y de la actual monarquía, continuadora del mismo.