Etxerat recibe el respaldo de Euskal Herria en un acto en Bilbo

Alrededor de medio centenar de personas han arropado hoy a los familiares de los prisioneros políticos vascos en la presentación del manifiesto "Elkartasun uholdea", que se ha llevado a cabo ante el Museo Guggenheim de Bilbo. Allí estaban las representantes sindicales Ainhoa Etxaide y Mati Iturralde (LAB), los miembros de la izquierda abertzale Periko Solabarria, Joxerra Etxebarria o Arantza Urkaregi; la juntera de Aralar Rebeka Ubera; los músicos Txerra Bolinaga (RIP) y miembros de Hesian; los bertsolaris Xabier Amuriza, Unai Iturriaga, Igor Elortza e Iratxe Ibarra; e integrantes de diversos colectivos sociales (Bilgune Feminista, Esait...), entre otros, para dar su respaldo a Etxerat.

En nombre de todos ellos, la bertsolari Oihana Bartra y el periodista Iñaki Olano han dado lectura al manifiesto, que hasta ahora ha concitado el apoyo de 2.500 personas de todos los espectros sociales.

El documento destaca la "total legitimidad" de Etxerat para trabajar en la defensa de los derechos de sus familiares y amigos y amigas y recuerda que "un amplio espectro de la sociedad ha demandado una y otra vez el fin de la dispersión".

Critica que el objetivo de criminalizar las actuaciones en defensa de los derechos de los presos es "el de ocultar a la opinión pública la razón de la solidaridad hacia esos derechos", y expresa el apoyo a Etxerat a la vez que reclama el fin de los ataques y amenazas que está sufriendo.

Finalmente, los firmantes reivindican la repatriación de los y las prisioneras vascas y el respeto a sus derechos y reclaman la puesta en libertad de los que han cumplido la condena impuesta y de los que se encuentran gravemente enfermos.

Tras expresar el agradecimiento a las adhesiones recibidas, han mostrado su "preocupación" por los ataques sufridos en los últimos meses en controles policiales, cacheos y visitas a las prisiones. Junto a ello, han denunciado que la petición de ilegalización de Etxerat es "el último capítulo" de la estrategia de criminalización de la solidaridad, que persigue "dar carta blanca a la vulneración" de los derechos de los presos.