Larrinaga, condenado en el caso Gestoras dice que el estado usa la fuerza, porque no tiene proyecto

Esta entrevista fue realizada antes de que el Tribunal Supremo emitiera el fallo contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna.

¿Albergan alguna esperanza en la sentencia del Supremo?

Como dijimos en el juicio, damos por hecho una condena. El fallo está decidido por el Gobierno español, que en su día decidió emprender una cadena de ilegalizaciones por motivos políticos y no va a ser frenado por ningún poder del Estado. No hay una división de poderes, y a base de retorcer leyes el «Estado de Derecho» que decían se ha convertido en un Estado policial con uno de los ratios más grandes de gente armada en el mundo. Puede haber alguna modificación de las penas, pero sería un maquillaje para ofrecer una imagen más garantista, porque la ilegalización y el encarcelamiento de militantes se va a mantener.

¿Por eso renunciaron a la defensa jurídica?

El análisis que hacíamos antes del juicio era que en sumarios precedentes como el del «caso Jarrai-Haika-Segi» o el 18/98 se había intentado utilizar mecanismos jurídicos ante pruebas inexistentes, pero vimos que daba igual porque la decisión estaba tomada. Por lo tanto, nuestra intención fue poner de manifiesto que era un juicio político.

También denunciaron la represión en la Audiencia Nacional.

En los últimos 30 años el Estado español ha utilizado todo tipo de violencia contra la disidencia vasca. Desde la guerra sucia hasta políticas penitenciarias de exterminio, deportación, tirar a matar en manifestaciones, persecución política en base a ilegalizaciones, brutalidad policial, tortura,... La utilización de la violencia ha creado una gran bolsa de represaliados que el Estado deberá asumir. El movimiento pro-amnistía siempre ha trabajado con este colectivo y quisimos decir ante el tribunal que podrán ilegalizar las estructuras y encarcelar militantes pero que ningún represaliado se va a quedar solo.

¿De qué os acusan?

Es curioso que en la sentencia de la Audiencia Nacional se desestimen todas las acusaciones realizadas por Garzón por falta de pruebas, pero se nos ilegaliza en base a que «todo es ETA» vía ideológica. Se nos acusa de trabajar ideológicamente para ETA por denunciar la situación en las cárceles o la tortura, cuando es el Estado el que genera la dispersión o la represión, y las dinámicas en contra surgen de forma natural.

¿Qué objetivo persigue el Estado con las ilegalizaciones?

Cuando el Estado emprendió una estrategia a largo plazo de persecución política a nivel penal, aunó todos los poderes para que no haya ninguna voz crítica en Euskal Herria ni en el Estado español. Intenta aplastar a la izquierda abertzale para que pierda la esperanza, la referencialidad política y la iniciativa. Espera generar una especie de crack en la izquierda abertzale y que se pida una solución a cualquier precio, que para el Estado es nada, tanto a ETA como al resto de agentes políticos.

¿Y con el sumario 33/01?

El Estado quiere asegurarse impunidad, además de dejar a la deriva a todo el colectivo de represaliados. Pretende que no haya nadie que pueda poner en cuestión que esto sea una democracia. Siempre han tenido impunidad, pero había espacio para la crítica. Ahora quieren una impunidad total para emprender un camino de aplastamiento a corto plazo.

¿La sentencia de Estrasburgo avala toda esta estrategia?

El relator de la ONU realizó un informe demoledor para los intereses del Estado en relación al conflicto vasco. Se esperaba que Estrasburgo también emitiera una sentencia que no refrendara las tesis españolas. Sin embargo, hemos visto la capacidad de presión diplomática que tiene el Estado español. Da la impresión que en instancias internacionales se ha vendido que es una sentencia que no va a tener recorrido porque en tres o cuatro años se va a aplastar a la disidencia vasca. La terminología que utiliza también llama la atención porque era calcada a sentencias de la Audiencia Nacional y el Supremo. Después, conocimos que uno de los jueces era español. Habrá que ver si el recurso llega a la gran sala.

¿Cómo ve la actual situación?

Las formas de represión cambian, pero la voluntad de reprimir en vez de buscar soluciones políticas se mantiene. Han ido perfeccionando la represión dejando la brutalidad policial con cuentagotas. Ya no es represión, es aplicación del Estado de Derecho. Las leyes especiales han permitido una persecución política incluso más dura que en el franquismo. No obstante, lejos de mostrar fortaleza, enseñan debilidad. El Estado da por perdida la batalla ideológica en Euskal Herria, ya que carece de proyecto político como demostró en el último proceso de negociación. Tiene terror a la decisión de la ciudadanía y por eso ataca a la izquierda abertzale, que entiende que es el motor de la demanda de soberanía. Apuestan por la represión para ganar tiempo y también buscan atar en corto al PNV con los intereses del Estado. La paradoja es que el Estado tiene fuerza para reprimir, pero instituciones como tribunales o la Guardia Civil están deslegitimadas en sectores que van más allá de la izquierda abertzale como EA, IU o hasta del PNV.

¿Como se le puede hacer frente?

En mi opinión personal creo que hay que articular una unión de fuerzas soberanistas. No es ninguna novedad, ya se intentó en Txiberta, Lizarra-Garazi o con la propuesta de Bergara, pero por diferencias de intereses fracasó. Creo que habría que unirse y hacer una demanda unitaria ante Madrid para encauzar el conflicto político por vías democráticas. Es necesario dar la vuelta a esta situación que quiere imponer el Estado con la represión y salir hacia otro escenario en el que el Estado español sabe que va a tener problemas.

¿Y desde el movimiento pro-amnistía?

Hay que seguir con el trabajo de denuncia y solidaridad, pese a las prohibiciones. La denuncia de la represión siempre ha tenido consecuencias, pero la bolsa de represaliados que está generando cada vez es más grande. Y ese colectivo tiene una potencialidad política enorme para denunciar y exigir una reparación histórica.