Más de 125.000 menores extranjeros sin papeles viven en exclusión social severa en España

Entre 475.000 y 514.000 personas migrantes residían en situación administrativa irregular en España a finales de 2020. Un escenario en el que en torno al 14% de los migrantes extracomunitarios se les niega la posibilidad de acceder a trámites cotidianos como un contrato de alquiler o laboral, al sistema sanitario o a la creación de una cuenta bancaria propia.

Estos datos son los que denuncia la Fundación porCausa en su último estudio sobre la necesidad de aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles. 

En 2021, el porcentaje de personas migrantes en esta situación creció hasta el 16%, a pesar de la disminución de llegadas durante los primeros meses de la pandemia. Esto contrasta con el enfoque xenófobo que algunos grupos parlamentarios hacen de la frontera sur, cosa que lleva años denunciando el Observatorio del Derecho de asilo, las Migraciones Forzadas y las Fronteras (CEAR). Del total de personas migrantes que llegan a España en situación irregular, el 70% son latinoamericanas y únicamente el 11% son africanas. 

El año pasado se incrementó el número de extranjeros colombianos en estas condiciones, de 93.800 a 124.000, mientras que las personas venezolanas que vivían en España sin papeles pasaron de 51.000 –en 2020– a 14.000 como consecuencia de los 80.800 permisos de residencia temporales aprobados por razones humanitarias (en 2019 fueron 31.000). En la actualidad, hay abierto un proceso de regularización de los cerca de 12.000 migrantes ucranianos sin papeles que se encuentran en nuestro país, una cifra que se ha duplicado desde la invasión de Crimea de 2014.

La falta de papeles implica un factor de vulnerabilidad de los derechos más básicos de las personas extranjeras. El estudio de porCausa avisa de cómo esta situación limita el derecho a la salud y la educación, impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas y multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza. Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social, una proporción tres veces más alta que la de los españoles. Esta tasa se duplica en el caso de los hogares de migrantes con menores a su cargo (60%). 

Las consecuencias son incluso peores para las mujeres y los niños. En torno al 58% de los sin papeles en nuestro país son mujeres, en su mayoría trabajadoras dedicadas a los cuidados y la limpieza con jornadas eternas y salarios muy por debajo del mínimo legal. Una de cada tres empleadas del sector vivía bajo el umbral de la pobreza en 2019. Mientras que para los cerca de 125.000 menores que viven en España (el 25% del total de migrantes sin papeles) la irregularidad lastra su acceso al sistema educativo y de salud y a la protección de la justicia. Este aislamiento los excluye de la sociedad y los expone a patologías psiquiátricas como el estrés, la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio.

Cabe recordar cómo el acceso universal a la sanidad fue retirado a los extranjeros en situación administrativa irregular de 2012 a 2018. En esos seis años, la mortalidad en este segmento de la población se incrementó un 15%. Esta realidad contrasta, paradójicamente, con la vivida durante la pandemia, donde el papel fundamental que cumplen los migrantes en algunos sectores considerados esenciales, como la producción de alimentos, los servicios de limpieza, cuidados y mantenimiento o el transporte de mercancías, han mantenido la economía a flote.

Según los últimos datos de empleo extraídos de la Encuesta de Población Activa, la mayor parte de los migrantes adultos sin papeles tienen trabajo en la economía sumergida, lo que les impide realizar aportaciones directas a través de las contribuciones sociales. Dos sectores agrupan más de la mitad de estos empleos “informales”: los cuidados del hogar (27%) y la hostelería (24%). PorCausa estima que una regularización generalizada incrementaría la aportación fiscal neta media de cada inmigrante hasta cerca de los 3.500 euros por año. Lo que supondría un beneficio de entre 790 y 950 millones de euros anuales para las arcas públicas. La fundación, que ha realizado un estudio del uso xenófobo del “nacionalpopulismo” en el Congreso de los Diputados, propone la regularización de las 500.000 personas migrantes que viven sin papeles.