Molina pide al tribunal que «genere» un concepto de «terrorismo» para el caso

El fiscal de la Audiencia Nacional española Enrique Molina remarcó ayer que es necesario crear una nueva definición del concepto de «terrorismo» que se adecúe a este proceso para poder condenar a los acusados. Dirigiéndose a los jueces, el acusador les dijo textualmente: «Tenéis que generar ese concepto dentro de la legalidad, el que hay no nos sirve». Trajo a colación una sentencia del Tribunal Supremo sobre otra causa en la que se indica que para dar por hecho el delito de «integración en organización terrorista», el imputado debía cumplir condiciones como estar en posesión de armas, algo que evidentemente no se da en esta causa ni el resto de procesos similares instruidos por el juez Baltasar Garzón (éste es el primero que llega a la vista oral). La jurisprudencia sobre el delito de «pertenencia a organización terrorista» exige igualmente la imputación de acciones concretas, algo que tampoco existe en este caso. Al inicio de la sesión de ayer, Molina admitió «la complejidad» de este proceso. Reconoció, además, que «no se puede demostrar la vinculación de los imputados con acciones de kale borroka, aunque esto no exime su responsabilidad como dirigentes de Jarrai, Haika y Segi». Según su tesis, «todos son militantes de una organización criminal y tienen el suficiente grado de formación y compromiso que impide invocar al desconocimiento de las estructuras de estas organizaciones». Sostuvo, en esa línea, que esa labor «dirigente» se plasma, por ejemplo, en «nutrir ideológicamente a las bases» y que éstas puedan practicar kale borroka. En la lectura de sus principales conclusiones, el fiscal incidió en que «Jarrai, Haika y Segi son tres nombres diferentes de una misma organización y sirven a un mismo fin, es decir, a ETA». Yañadió que «los principios asumidos por Jarrai, con una estructura fuertemente jerarquizada en base a los principios del centralismo democrático, eran asumidos por ETA y siempre estaba sometida a la estrategia política de ésta». Añadió que el objetivo de la organización armada era posibilitar «formas de lucha complementarias». Para sostener esta argumentación, Molina se basó en una serie de documentos supuestamente incautados en diversas operaciones policiales a lo largo de los últimos años, citados reiteradamente desde el inicio del juicio por la Fiscalía y los peritos policiales. El concepto de «desdoblamiento», que el fiscal enmarcó temporalmente entre 1974 y 1977, es una de las claves de la argumentación del fiscal. «A finales de 1974, los ideólogos de ETA llegaron a la conclusión de que la estructura "frentista" era ineficaz para sus objetivos, ya que resultaba muy vulnerable a la acción policial y judicial, y, por ello, lleva a cabo un proceso de "desdoblamiento"». Fruto de él son, según el fiscal, estas organizaciones juveniles que vincula por tanto a ETA. En otro de los momentos, hizo hincapié en que la creación de Jarrai y Haika fueron «saludadas por ETA», y que ambas, junto a Segi, «ejercían control» sobre otras plataformas como Duina e Ikasle Abertzaleak. «La ley del silencio absoluto» En la exposición de la conclusiones, que hoy proseguirá, Enrique Molina utilizó como arma arrojadiza contra los acusados el hecho de que se hubieran negado a contestar a las preguntas de la acusación durante la prueba testifical. «Antes de decir algo inconveniente, optaron por la ley del silencio absoluto». También arremetió contra los testigos, tanto los propuestos por él mismo como por los de las defensas. En todo momento, quiso restarles credibilidad al sostener que sus declaraciones fueron «sesgadas». «Todo lo que se salía del guión aprendido caía en la laguna del olvido», subrayó. Y tomó como indicio de vinculación entre los testigos y acusados los saludos que se cruzaron.

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