nota de prensa de Behatokia

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El día 5 de mayo, se examinó en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la actuación del Estado español en esta materia, concretamente en las sesiones del denominado Examen Periódico Universal. Este mecanismo es dirigido por un Grupo de Trabajo formado por los 47 Estados, si bien en el Examen participan también la totalidad de los Estados de la comunidad internacional.

El Examen Periódico Universal fue adoptado como procedimiento de examen en 2007 y los primeros Estados sometidos a este análisis lo fueron en el año 2008. Es, por lo tanto, un procedimiento novedoso ante el cual el Estado español comparece por primera vez. Se debe subrayar que son los propios Estados quienes examinan a los demás, quedando en evidencia el carácter político de este procedimiento, ya que no lo desarrolla un mecanismo independiente e imparcial de expertos, como en otros casos del sistema de Naciones Unidas.

Para el Examen Periódico Universal y el posterior debate en el Plenario, se han tomado en cuenta tres informes. Por una parte, el informe realizado por el Gobierno español. Por otro lado, los dos realizados por el Alto Comisionado de DDHH, uno el que recopila los informes y recomendaciones dados por diferentes mecanismos de NU respecto al Estado español, como son el CAT, Comité de DDHH, y los Relatores Especiales para la cuestión de la Tortura o para los DDHH en la lucha contra el terrorismo, y el segundo, la recopilación de informes enviados por organismos que trabajan en el área de DDHH, la sociedad civil u ONGs, en el que también participó Behatokia, con su informe sobre la situación de los DDHH en Euskal Herria.

Durante el debate llevado a cabo el miércoles 5 de mayo de 2010, los 26 delegados del Gobierno español tuvieron que responder a las numerosas cuestiones planteadas por los Estados, centrándose en la situación de los inmigrantes y la violencia contra las mujeres, así como el tráfico de seres humanos y la explotación sexual. Sin embargo, quedó patente la preocupación por parte de varios Estados por la aplicación de la legislación antiterrorista y sus efectos sobre los DDHH, hecho que se quiso minimizar por parte del Estado en sus intervenciones.

Estados como México, Argentina, Costa Rica e Irán, requirieron al Gobierno español que siguiese las constantes recomendaciones dadas por diferentes mecanismos de NU en esta materia. Curiosamente, quienes más contundentes resultaron ser en esta posición fueron Estados miembros de la Unión Europea, tales como Dinamarca, Austria, la República Checa, Noruega, Eslovenia, Reino Unido, Alemania o Paises Bajos, quienes reclamaron la abolición de la incomunicación, la revisión del Código Penal sobre la definición de la tortura, la investigación de denuncias de torturas, preocupación sobre el modo en el que se aplica prisión preventiva y el secreto de sumario, que obstaculiza el derecho a la defensa.

Precisamente, estos cuestionamientos a la política antiterrorista del ejecutivo español tienen un valor especial en un momento en el que ostenta la Presidencia de la Unión Europea. Las constantes denuncias de torturas, el secreto de sumario o los largos períodos en prisión preventiva son objeto de preocupación, no ya de mecanismos independientes o de expertos en DDHH, sino también de los propios Estados.

Hoy, viernes 7 de mayo de 2010, se ha hecho público el informe sobre este Examen Periódico Universal (A/HRC/WG.6/8/L.5). En él se recogen todas las recomendaciones dadas por los Estados, que suman un total de 137. De ellas, el Gobierno español comparte 56, considera que sobre otras 29 ya ha tomado medidas para su implementación o están en proceso, y sobre otras 34 opina que las debe analizar con más detalle y deberá dar su opinión al respecto antes de septiembre. Ponemos el acento en las 18 recomendaciones que viene a rechazar, actitud por la que también deberá dar la oportuna explicación antes de septiembre, cuando se celebre la 15ª sesión del Consejo de DDHH y en el que el informe del Examen Periódico Universal se hará firme.

Casualmente muchas de las recomendaciones rechazadas se refieren a los requerimientos realizados sobre la incomunicación, las garantías de los detenidos sospechosos de delitos de terrorismo y peticiones para la revisión de la legislación antiterrorista para que se ciña a los estándares internacionales de DDHH.

Una vez más, el Gobierno español deja clara su postura de que su prioritaria política antiterrorista pasa por encima del respeto a los derechos humanos. Si bien se compromete a adecuar ciertas acciones a los compromisos adoptados ante el resto de los Estados de la comunidad internacional, mantendrá activa la vulneración de los derechos más básicos en el contexto vasco. Hoy volvemos a remarcar que hace caso omiso de las recomendaciones realizadas desde el ámbito internacional. Antes desoyendo a expertos internacionales en DDHH de Naciones Unidas. Ahora, el Estado español ignora asimismo las peticiones de sus iguales. El día 5 de mayo, se examinó en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la actuación del Estado español en esta materia, concretamente en las sesiones del denominado Examen Periódico Universal. Este mecanismo es dirigido por un Grupo de Trabajo formado por los 47 Estados, si bien en el Examen participan también la totalidad de los Estados de la comunidad internacional.

El Examen Periódico Universal fue adoptado como procedimiento de examen en 2007 y los primeros Estados sometidos a este análisis lo fueron en el año 2008. Es, por lo tanto, un procedimiento novedoso ante el cual el Estado español comparece por primera vez. Se debe subrayar que son los propios Estados quienes examinan a los demás, quedando en evidencia el carácter político de este procedimiento, ya que no lo desarrolla un mecanismo independiente e imparcial de expertos, como en otros casos del sistema de Naciones Unidas.

Para el Examen Periódico Universal y el posterior debate en el Plenario, se han tomado en cuenta tres informes. Por una parte, el informe realizado por el Gobierno español. Por otro lado, los dos realizados por el Alto Comisionado de DDHH, uno el que recopila los informes y recomendaciones dados por diferentes mecanismos de NU respecto al Estado español, como son el CAT, Comité de DDHH, y los Relatores Especiales para la cuestión de la Tortura o para los DDHH en la lucha contra el terrorismo, y el segundo, la recopilación de informes enviados por organismos que trabajan en el área de DDHH, la sociedad civil u ONGs, en el que también participó Behatokia, con su informe sobre la situación de los DDHH en Euskal Herria.

Durante el debate llevado a cabo el miércoles 5 de mayo de 2010, los 26 delegados del Gobierno español tuvieron que responder a las numerosas cuestiones planteadas por los Estados, centrándose en la situación de los inmigrantes y la violencia contra las mujeres, así como el tráfico de seres humanos y la explotación sexual. Sin embargo, quedó patente la preocupación por parte de varios Estados por la aplicación de la legislación antiterrorista y sus efectos sobre los DDHH, hecho que se quiso minimizar por parte del Estado en sus intervenciones.

Estados como México, Argentina, Costa Rica e Irán, requirieron al Gobierno español que siguiese las constantes recomendaciones dadas por diferentes mecanismos de NU en esta materia. Curiosamente, quienes más contundentes resultaron ser en esta posición fueron Estados miembros de la Unión Europea, tales como Dinamarca, Austria, la República Checa, Noruega, Eslovenia, Reino Unido, Alemania o Paises Bajos, quienes reclamaron la abolición de la incomunicación, la revisión del Código Penal sobre la definición de la tortura, la investigación de denuncias de torturas, preocupación sobre el modo en el que se aplica prisión preventiva y el secreto de sumario, que obstaculiza el derecho a la defensa.

Precisamente, estos cuestionamientos a la política antiterrorista del ejecutivo español tienen un valor especial en un momento en el que ostenta la Presidencia de la Unión Europea. Las constantes denuncias de torturas, el secreto de sumario o los largos períodos en prisión preventiva son objeto de preocupación, no ya de mecanismos independientes o de expertos en DDHH, sino también de los propios Estados.

Hoy, viernes 7 de mayo de 2010, se ha hecho público el informe sobre este Examen Periódico Universal (A/HRC/WG.6/8/L.5). En él se recogen todas las recomendaciones dadas por los Estados, que suman un total de 137. De ellas, el Gobierno español comparte 56, considera que sobre otras 29 ya ha tomado medidas para su implementación o están en proceso, y sobre otras 34 opina que las debe analizar con más detalle y deberá dar su opinión al respecto antes de septiembre. Ponemos el acento en las 18 recomendaciones que viene a rechazar, actitud por la que también deberá dar la oportuna explicación antes de septiembre, cuando se celebre la 15ª sesión del Consejo de DDHH y en el que el informe del Examen Periódico Universal se hará firme.

Casualmente muchas de las recomendaciones rechazadas se refieren a los requerimientos realizados sobre la incomunicación, las garantías de los detenidos sospechosos de delitos de terrorismo y peticiones para la revisión de la legislación antiterrorista para que se ciña a los estándares internacionales de DDHH.

Una vez más, el Gobierno español deja clara su postura de que su prioritaria política antiterrorista pasa por encima del respeto a los derechos humanos. Si bien se compromete a adecuar ciertas acciones a los compromisos adoptados ante el resto de los Estados de la comunidad internacional, mantendrá activa la vulneración de los derechos más básicos en el contexto vasco. Hoy volvemos a remarcar que hace caso omiso de las recomendaciones realizadas desde el ámbito internacional. Antes desoyendo a expertos internacionales en DDHH de Naciones Unidas. Ahora, el Estado español ignora asimismo las peticiones de sus iguales.