Petición Urgente de un ciudadano español ante la degradación sistemática y alarmante de la justicia y de las instituciones en España

Sr. Defensor del Pueblo:

Hay demasiada prisa en convertir a todos los españoles de a pie en potenciales delincuentes mientras los grandes narcotraficantes, los asesinos de guante blanco, los que trafican con mujeres, niños... los especuladores de altos vuelos, los jefes y promotores de mafias internacionales dedicadas al expolio de países enteros, al tráfico de armas a gran escala... permanecen totalmente libres, gozando incluso de plena seguridad para circular y vivir en España, disfrutando de ayudas y subvenciones públicas que pagamos todos los sufridos ciudadanos de una democracia inmadura, de una democracia que castiga a los niños y que condena a los pobres a no tener programas eficaces y alternativos que les permitan una verdadera rehabilitación y reincorporación social, laboral, cultural, educativa...

El mecanismo de juicios rápidos vulnera la presunción de inocencia y no garantiza la adecuada defensa de los ciudadanos, provocando mayores males (que sin duda afloraran en breve) y una mayor y muy legítima desconfianza hacia las instituciones judiciales. (Ni tan lento ni tan veloz... Vísteme despacio que tengo prisa.). Las cuestiones conflictivas y los problemas no se solucionan corriendo o creando competiciones judiciales a ver quien es el que más juicios resuelve... Los ciudadanos reclamamos que exista una justicia eficaz y donde todos se puedan defender, incluso aquellos que no tienen medios y recursos económicos, políticos, culturales... Hasta ahora los únicos que pueden acceder (e incluso manipular) a los representantes y funcionarios judiciales, son aquellos ciudadanos y grupos de presión que tienen grandes recursos económicos, políticos, informativos... tal y como nos muestran los medios de comunicación todos los días, quedando marginados e irremediablemente condenados los que carecen del dinero para lograr una buena defensa o una buena acusación...

El total desmantelamiento de las estructuras asistenciales por parte del actual gobierno neoliberal del Sr. Aznar ha incrementado la violencia, la tensión y el descontento en todos los ámbitos de la sociedad, así como se extiende de manera alarmante la existencia de grandes desigualdades y de enormes contrastes sociales, urbanísticos, educativos... Ruego consulten los informes de Cruz Roja, Caritas, Unesco, ONU, Parlamento Europeo, Amnistía Internacional... España es uno de los países del mundo que menos recursos económicos y humanos a dar atención social, educativa, cultural a sus ciudadanos... Los informes oficiales son indiscutibles y todos los pueden consultar.

Es urgente que la violencia, en todas sus manifestaciones: laboral, económica, judicial, policial, educativa, institucional, urbanística... se estudie de manera racional... evitándose la criminalización maniquea que algunos sectores oportunistas y mezquinos pretenden imponer. No hay violencia exclusiva de un sexo o de un grupo social... Hay que acercarse a la raíz, a las causas del problema para, realmente intentar arbitrar soluciones eficaces, duraderas y solidariamente justas para todos. Hay que huir de las facilonas condenas generales y dedicarse al análisis de las causas concretas, articulando verdaderos programas de atención y rehabilitación integral de las personas y colectivos sociales que padecen situaciones de violencia y de desvinculación socio-laboral... Hay que dejar de condenar de forma tan ligera a colectivos y personas, pues únicamente se consigue enquistar y extender el problema... Todos somos, de alguna manera responsables y coparticipes en esa degradación que vivimos en nuestra sociedad... Empezar a asumir y ver el problema es el primer paso adulto para lograr soluciones tangibles y acertadas...

También solicito con urgencia que usted, como Defensor del Pueblo, investigue todas las actuaciones perversas que el sistema judicial español (uno de los más cuestionados y desprestigiados en todo el mundo que se dice o que presume de ser libre), dada la seirie sistemática de
aberrantes sentencias que últimamente dictan algunos jueces para satisfacer su ego, despreciando la esencia y el espíritu que todo servidor de la Ley y la Justicia debe acatar y respetar... Los ciudadanos contemplamos atónitos el comportamiento alucinado de muchos que dicen llamarse servidores de la justicia pero que olvidan que las personas somos las receptoras de sus impecables e intachables sentencias... Pisar la tierra y conocer la realidad no les vendría nada mal a todos aquellos señores que viven pendientes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal... Vivir un poco cerca de los otros, de sus semejantes es una necesidad para no perder la razón, para no perder el norte...

Vivimos tiempos confusos y miserables, donde todo tipo de atropellos se cometen desde las instituciones sin que nadie cuestione o denuncie de manera eficaz y contundente tanta barbaridad y estupidez. Es hora ya de cuestionar la validez de una legislación y de un proceder judicial que convierte a todos los españoles de a pie en delincuentes, mientras los verdaderos responsables y hacedores sistemáticos y reales de la degradación social, urbanística, cultural, laboral... gozan de todo tipo de privilegios y garantías oficiales...

Por último, espero y deseo también, que proceda a investigar el suicidio inducido del preso Francisco Ortíz Jiménez, de 43 años... Considero imprescindible y urgente que se incoe una investigación, por expertos independientes, para clarificar y exigir las preceptivas responsabilidades de los funcionarios del Centro Penitenciario de Badajoz... A nuestro juicio, es una muerte provocada por unas actitudes y comportamientos claramente negligentes en el trabajo carcelario. Por ello estimamos necesario que se activen los mecanismos legales para castigar un comportamiento lesivo para el preso y para el conjunto de toda la sociedad.

A la espera de que acepte mi petición, dado el alto grado de corrupción y degradación que padece el conjunto del tejido social español, provocado por un sistema político que carece de principios éticos y que considera al ser humano como un objeto, se despide atentamente,

Valencia, a 22 de noviembre de 2003
CERCLE OBERT DE BENICALAP
INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO

Antonio Marín Segovia
Presidente

SR. DEFENSOR DEL PUEBLO

con copia a:

SINDIC DE GREUGES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE ADMINISTRACIóN PÚBLICA
MINISTERIO DE TRABAJO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DECANATO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CORTES VALENCIANAS
PARLAMENTO DE EUROPA
ONU
UNESCO
AMNISTÍA INTERNACIONAL
CRUZ ROJA

Carta dirigida al defensor del pueblo

El Sindicato de Oficios Varios de la Confederación Nacional del Trabajo de Cáceres.

MANIFIESTA:
Que por acuerdo de la asamblea, queremos expresarle nuestra preocupación y alarma por los hechos y circunstancias que han provocado el fallecimiento de Francisco Ortiz Jiménez, de 43 años de edad en el Centro Penitenciario de Badajoz con fecha de Julio de 2003.

Somos conocedores de normas y leyes que regulan la privación de libertad, del catálogo de derechos o deberes reconocidos a las personas presas y las obligaciones que a la ejecución de una pena corresponde a Jueces y Tribunales, JVP o la Administración Penitenciaria.Igualmente sabemos de la realidad que viven en las cárceles los reclusos, por ellos mismos y por otras fuentes.

La Administración Penitenciaria debe garantizar la protección de la salud física y psíquica de los presos, para ello cuenta con unidades médicas dotadas de medios materiales y humanos. No es por ello admisible que Francisco Ortiz Jimenez dispusiera de los suficientes fármacos como para causarle la muerte a pesar de estar vigilado las 24 horas del día, dispensados por el propio equipo médico de la prisión.

Denunciamos el uso de drogas legales por parte de la Administración Penitenciaria no por razones de salud ( únicas admisibles ) sino por criterios de control y seguridad poniendo en riesgo la salud y la vida de los presos, sin que en modo alguno pueda trasladarse responsabilidad alguna a la víctima en este caso, Francisco Ortiz Jimenez.

Pensamos que la responsabilidad tanto moral, civil, o penal corresponde a la Administración Penitenciaria, que ha provocado el suicidio inducido de Francisco Ortiz Jimenez por acción y por omisión del debido socorro y al deber prioritario en todo caso, de protección de la salud física y psíquica y la vida de las personas privadas de libertad.

AFIRMAMOS:

Que Francisco Ortiz Jimenez permanecía, por decisión arbitraria de la D.G.II.PP. en régimen carcelario FIES donde los controles sobre la persona son los máximos en un régimen de aislamiento y desarraigo total. Este régimen de vida carcelario no solo no se acomoda en modo alguna a lo preceptuado en el art. 25 de la Constitución Española que define claramente cual es la orientación de la pena y las medidas de seguridad, sino que es inhumano.

Francisco soportaba esta modalidad de internamiento, pese a que con anterioridad había tenido 6 intentos de suicidio, ante la falta de expectativas y la cruel inhumanidad de desarraigo y represión en los últimos 3 años fue trasladada por la D.G.I.P. de las prisiones de Málaga, Alicante , Picasent, Huelva, Jaén y Badajoz lo que impedía cualquier contacto con familiares o allegados.

Además a cada intento de suicidio era sancionado y trasladado de modo que las causas que pudieran provocar su falta de expectativas se acentuaron hasta provocar su muerte.

Decimos suicidio inducido, porque dada la complejidad profesional y alta cualificación, a decir del Gobierno y los sindicatos de empleados públicos penitenciarios, de sus Equipos Técnicos de trabajadores sociales, educadores, sociólogos, maestras psicólogos, criminólogos, médicos, etc.. no se puede entender que fuera mprevisible el suicidio de Francisco Ortiz Jimenez, afirmamos que sufrió la represión, el abandono y la deshumanización de forma programada por la D.G.I.P. y ejecutada por algunos de sus empleados. Sabedores de la burbuja de impunidad de que gozan de hecho.

Denunciamos igualmente la falta de mecanismos judiciales o fiscales eficaces que garanticen efectivamente el cumplimiento de los objetivos y fines de todo medida de encarcelamiento en ejecución.

Sabemos que las múltiples denuncias formuladas previamente por Francisco Ortiz Jimenez ya sean ante la Fiscalía , el JVP o la propia Administración Penitenciaria fueron desoídas sin que estos organismos emprendieran acción de cara a salvaguardar la salud y la vida de Francisco por lo tanto consideramos corresponsables por acción y/u omisión en el suicidio inducido de Francisco Ortiz Jimenez.

Asimismo queremos trasladarle a usted nuestra estupefacción y alarma ante las declaraciones publicas realizadas por funcionarios de la prisión de Badajoz donde se injuria y calumnia la memoria de un fallecido, al que en todo caso debían de proteger en su integridad dignidad y vida, sin que por el momento se conozca la asunción de responsabilidad alguna.

SOLICITAMOS:

El Sindicato de Oficios Varios de la C.N.T. de Cáceres reclama de la Institución del Defensor del Pueblo ponga los mecanismos precisos para que se esclarezcan los hechos y circunstancias que provocaron el suicidio inducido de Francisco Ortiz Jimenez.
Sr. Defensor del Pueblo:

Hay demasiada prisa en convertir a todos los españoles de a pie en potenciales delincuentes mientras los grandes narcotraficantes, los asesinos de guante blanco, los que trafican con mujeres, niños... los especuladores de altos vuelos, los jefes y promotores de mafias internacionales dedicadas al expolio de países enteros, al tráfico de armas a gran escala... permanecen totalmente libres, gozando incluso de plena seguridad para circular y vivir en España, disfrutando de ayudas y subvenciones públicas que pagamos todos los sufridos ciudadanos de una democracia inmadura, de una democracia que castiga a los niños y que condena a los pobres a no tener programas eficaces y alternativos que les permitan una verdadera rehabilitación y reincorporación social, laboral, cultural, educativa...

El mecanismo de juicios rápidos vulnera la presunción de inocencia y no garantiza la adecuada defensa de los ciudadanos, provocando mayores males (que sin duda afloraran en breve) y una mayor y muy legítima desconfianza hacia las instituciones judiciales. (Ni tan lento ni tan veloz... Vísteme despacio que tengo prisa.). Las cuestiones conflictivas y los problemas no se solucionan corriendo o creando competiciones judiciales a ver quien es el que más juicios resuelve... Los ciudadanos reclamamos que exista una justicia eficaz y donde todos se puedan defender, incluso aquellos que no tienen medios y recursos económicos, políticos, culturales... Hasta ahora los únicos que pueden acceder (e incluso manipular) a los representantes y funcionarios judiciales, son aquellos ciudadanos y grupos de presión que tienen grandes recursos económicos, políticos, informativos... tal y como nos muestran los medios de comunicación todos los días, quedando marginados e irremediablemente condenados los que carecen del dinero para lograr una buena defensa o una buena acusación...

El total desmantelamiento de las estructuras asistenciales por parte del actual gobierno neoliberal del Sr. Aznar ha incrementado la violencia, la tensión y el descontento en todos los ámbitos de la sociedad, así como se extiende de manera alarmante la existencia de grandes desigualdades y de enormes contrastes sociales, urbanísticos, educativos... Ruego consulten los informes de Cruz Roja, Caritas, Unesco, ONU, Parlamento Europeo, Amnistía Internacional... España es uno de los países del mundo que menos recursos económicos y humanos a dar atención social, educativa, cultural a sus ciudadanos... Los informes oficiales son indiscutibles y todos los pueden consultar.

Es urgente que la violencia, en todas sus manifestaciones: laboral, económica, judicial, policial, educativa, institucional, urbanística... se estudie de manera racional... evitándose la criminalización maniquea que algunos sectores oportunistas y mezquinos pretenden imponer. No hay violencia exclusiva de un sexo o de un grupo social... Hay que acercarse a la raíz, a las causas del problema para, realmente intentar arbitrar soluciones eficaces, duraderas y solidariamente justas para todos. Hay que huir de las facilonas condenas generales y dedicarse al análisis de las causas concretas, articulando verdaderos programas de atención y rehabilitación integral de las personas y colectivos sociales que padecen situaciones de violencia y de desvinculación socio-laboral... Hay que dejar de condenar de forma tan ligera a colectivos y personas, pues únicamente se consigue enquistar y extender el problema... Todos somos, de alguna manera responsables y coparticipes en esa degradación que vivimos en nuestra sociedad... Empezar a asumir y ver el problema es el primer paso adulto para lograr soluciones tangibles y acertadas...

También solicito con urgencia que usted, como Defensor del Pueblo, investigue todas las actuaciones perversas que el sistema judicial español (uno de los más cuestionados y desprestigiados en todo el mundo que se dice o que presume de ser libre), dada la seirie sistemática de
aberrantes sentencias que últimamente dictan algunos jueces para satisfacer su ego, despreciando la esencia y el espíritu que todo servidor de la Ley y la Justicia debe acatar y respetar... Los ciudadanos contemplamos atónitos el comportamiento alucinado de muchos que dicen llamarse servidores de la justicia pero que olvidan que las personas somos las receptoras de sus impecables e intachables sentencias... Pisar la tierra y conocer la realidad no les vendría nada mal a todos aquellos señores que viven pendientes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal... Vivir un poco cerca de los otros, de sus semejantes es una necesidad para no perder la razón, para no perder el norte...

Vivimos tiempos confusos y miserables, donde todo tipo de atropellos se cometen desde las instituciones sin que nadie cuestione o denuncie de manera eficaz y contundente tanta barbaridad y estupidez. Es hora ya de cuestionar la validez de una legislación y de un proceder judicial que convierte a todos los españoles de a pie en delincuentes, mientras los verdaderos responsables y hacedores sistemáticos y reales de la degradación social, urbanística, cultural, laboral... gozan de todo tipo de privilegios y garantías oficiales...

Por último, espero y deseo también, que proceda a investigar el suicidio inducido del preso Francisco Ortíz Jiménez, de 43 años... Considero imprescindible y urgente que se incoe una investigación, por expertos independientes, para clarificar y exigir las preceptivas responsabilidades de los funcionarios del Centro Penitenciario de Badajoz... A nuestro juicio, es una muerte provocada por unas actitudes y comportamientos claramente negligentes en el trabajo carcelario. Por ello estimamos necesario que se activen los mecanismos legales para castigar un comportamiento lesivo para el preso y para el conjunto de toda la sociedad.

A la espera de que acepte mi petición, dado el alto grado de corrupción y degradación que padece el conjunto del tejido social español, provocado por un sistema político que carece de principios éticos y que considera al ser humano como un objeto, se despide atentamente,

Valencia, a 22 de noviembre de 2003
CERCLE OBERT DE BENICALAP
INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO

Antonio Marín Segovia
Presidente

SR. DEFENSOR DEL PUEBLO

con copia a:

SINDIC DE GREUGES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE ADMINISTRACIóN PÚBLICA
MINISTERIO DE TRABAJO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DECANATO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CORTES VALENCIANAS
PARLAMENTO DE EUROPA
ONU
UNESCO
AMNISTÍA INTERNACIONAL
CRUZ ROJA

Carta dirigida al defensor del pueblo

El Sindicato de Oficios Varios de la Confederación Nacional del Trabajo de Cáceres.

MANIFIESTA:
Que por acuerdo de la asamblea, queremos expresarle nuestra preocupación y alarma por los hechos y circunstancias que han provocado el fallecimiento de Francisco Ortiz Jiménez, de 43 años de edad en el Centro Penitenciario de Badajoz con fecha de Julio de 2003.

Somos conocedores de normas y leyes que regulan la privación de libertad, del catálogo de derechos o deberes reconocidos a las personas presas y las obligaciones que a la ejecución de una pena corresponde a Jueces y Tribunales, JVP o la Administración Penitenciaria.Igualmente sabemos de la realidad que viven en las cárceles los reclusos, por ellos mismos y por otras fuentes.

La Administración Penitenciaria debe garantizar la protección de la salud física y psíquica de los presos, para ello cuenta con unidades médicas dotadas de medios materiales y humanos. No es por ello admisible que Francisco Ortiz Jimenez dispusiera de los suficientes fármacos como para causarle la muerte a pesar de estar vigilado las 24 horas del día, dispensados por el propio equipo médico de la prisión.

Denunciamos el uso de drogas legales por parte de la Administración Penitenciaria no por razones de salud ( únicas admisibles ) sino por criterios de control y seguridad poniendo en riesgo la salud y la vida de los presos, sin que en modo alguno pueda trasladarse responsabilidad alguna a la víctima en este caso, Francisco Ortiz Jimenez.

Pensamos que la responsabilidad tanto moral, civil, o penal corresponde a la Administración Penitenciaria, que ha provocado el suicidio inducido de Francisco Ortiz Jimenez por acción y por omisión del debido socorro y al deber prioritario en todo caso, de protección de la salud física y psíquica y la vida de las personas privadas de libertad.

AFIRMAMOS:

Que Francisco Ortiz Jimenez permanecía, por decisión arbitraria de la D.G.II.PP. en régimen carcelario FIES donde los controles sobre la persona son los máximos en un régimen de aislamiento y desarraigo total. Este régimen de vida carcelario no solo no se acomoda en modo alguna a lo preceptuado en el art. 25 de la Constitución Española que define claramente cual es la orientación de la pena y las medidas de seguridad, sino que es inhumano.

Francisco soportaba esta modalidad de internamiento, pese a que con anterioridad había tenido 6 intentos de suicidio, ante la falta de expectativas y la cruel inhumanidad de desarraigo y represión en los últimos 3 años fue trasladada por la D.G.I.P. de las prisiones de Málaga, Alicante , Picasent, Huelva, Jaén y Badajoz lo que impedía cualquier contacto con familiares o allegados.

Además a cada intento de suicidio era sancionado y trasladado de modo que las causas que pudieran provocar su falta de expectativas se acentuaron hasta provocar su muerte.

Decimos suicidio inducido, porque dada la complejidad profesional y alta cualificación, a decir del Gobierno y los sindicatos de empleados públicos penitenciarios, de sus Equipos Técnicos de trabajadores sociales, educadores, sociólogos, maestras psicólogos, criminólogos, médicos, etc.. no se puede entender que fuera mprevisible el suicidio de Francisco Ortiz Jimenez, afirmamos que sufrió la represión, el abandono y la deshumanización de forma programada por la D.G.I.P. y ejecutada por algunos de sus empleados. Sabedores de la burbuja de impunidad de que gozan de hecho.

Denunciamos igualmente la falta de mecanismos judiciales o fiscales eficaces que garanticen efectivamente el cumplimiento de los objetivos y fines de todo medida de encarcelamiento en ejecución.

Sabemos que las múltiples denuncias formuladas previamente por Francisco Ortiz Jimenez ya sean ante la Fiscalía , el JVP o la propia Administración Penitenciaria fueron desoídas sin que estos organismos emprendieran acción de cara a salvaguardar la salud y la vida de Francisco por lo tanto consideramos corresponsables por acción y/u omisión en el suicidio inducido de Francisco Ortiz Jimenez.

Asimismo queremos trasladarle a usted nuestra estupefacción y alarma ante las declaraciones publicas realizadas por funcionarios de la prisión de Badajoz donde se injuria y calumnia la memoria de un fallecido, al que en todo caso debían de proteger en su integridad dignidad y vida, sin que por el momento se conozca la asunción de responsabilidad alguna.

SOLICITAMOS:

El Sindicato de Oficios Varios de la C.N.T. de Cáceres reclama de la Institución del Defensor del Pueblo ponga los mecanismos precisos para que se esclarezcan los hechos y circunstancias que provocaron el suicidio inducido de Francisco Ortiz Jimenez.
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