Por la nulidad de la Ley de Menores

El día 21 de Junio de 2005, en nombre de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas (compuesta por 150 colectivos de todo el Estado), la Coordinadora de Barrios de Madrid y la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía presentado una demanda por la que solicitan al Tribunal Supremo que se decrete la nulidad del Reglamento de Menores, dejando en suspenso su aplicación.
El fundamento de esta nulidad es que el contenido de dicho reglamento vulnera de manera flagrante el derecho de los menores internos en centros de reforma a seguir formando parte de la sociedad, dificulta el derecho a comunicarse libremente con su familia, establece penas y sanciones prohibidas por la legislación internacional y ampara el castigo corporal al permitir la presencia de armas de castigo en el interior de los centros de reforma.
Así mismo entendemos, desde el día a día en el trabajo con menores, que el reglamento que entró en vigor el pasado 1 de Marzo establece un régimen de vida más restrictivo que para los presos adultos; sin poder obviar que dicho reglamento está destinado a niños y niñas.
La dramática situación en que viven y crecen los niños y jóvenes que se ven confinados en reformatorios ya se ha puesto de manifiesto en distintos informes de reputadas instituciones como el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común en Canarias, Amnistía Internacional, .
Los últimos acontecimientos acaecidos, con la muerte de cinco menores en distintos centros de reforma y en diferentes circunstancias desde la entrada en vigor de la ley penal del menor, es el exponente máximo de una situación insostenible propiciada por la falta de recursos adecuados al tratamiento de este sector de la población.
Los pilares sobre los que se asienta este recurso presentado ante el Tribunal Supremo son:
• La falta de compromiso del Gobierno con la infancia, y en concreto con los niños y jóvenes infractores -sometidos a medida de reforma-, se pone de manifiesto con la aprobación de un reglamento que no incluye memoria económica. Cuando desde todos los sectores sociales implicados en el desarrollo de la ley (Defensor del Pueblo, Defensor del Menor, Comunidades Autónomas, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, Colegios de Abogados y Colectivos Sociales) se pone de manifiesto la falta de medios para aplicar la ley, el gobierno -sin embargo- aprueba una memoria económica donde se reconoce que la aprobación del reglamento no supone incremento presupuestario alguno.
• La ausencia de políticas de co-educación y favorecedoras de la igualdad, al haberse ignorado por parte del Gobierno los estudios e informes por razón de género, repiten los esquemas penitenciarios según las cuales los centros de reforma mayoritariamente masculinos se convierten en acomodos de ocasión para la niñas privadas de libertad.
• La delegación de una responsabilidad tan "sensible y delicada" como la privación de libertad y las consecuencias restrictivas que ésta tiene, se deja en manos de empresas que tienen un beneficio alejado de los intereses de los menores. La privatización de las cárceles -en este caso de menores- vulnera la práctica de nuestro país: la privación de libertad no puede ser delegada en personas o empresas privadas.